Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo

International Association of Cooperative Law Journal

ISSN: 1134-993X • ISSN-e: 2386-4893

DOI: http://dx.doi.org/10.18543/baidc

No. 59/2021

DOI: http://dx.doi.org/10.18543/baidc-59-2021

ARTÍCULOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible, crecimiento económico y trabajo decente: las cooperativas como una vía para la consecución de los objetivos

(Sustainable Development Goals, economic growth and decent work: cooperatives as a way to achieve the goals)

Massimo Cermelli[1]
Aida Llamosas Trápaga[2] 

Universidad de Deusto (España)

doi: http://dx.doi.org/10.18543/baidc-59-2021pp339-361

Recibido: 24.05.2021
Aceptado: 16.09.2021

Sumario: I. Introducción. II. Cambio de paradigma económico. III. Las cooperativas como vía para la consecución de los ODS: a) El desarrollo económico como pilar para la consecución de un empleo decente y sostenible, b) Las cooperativas como elemento transformador. IV. A modo de conclusión V. Referencias.

Summary: I. Introduction. II. Change of economic paradigm. III. Cooperatives as a way to achieve the SDG: a) Economic development as a pillar for achieving decent and sustainable employment, b) Cooperatives as a transforming element. IV. In conclusion. V. References.

Resumen: En el año 2015 se adoptaron los ODS con la finalidad de lograr un futuro en paz y más próspero. Erradicar la pobreza, reducir el consumismo, alcanzar la igualdad, una sociedad más justa y garantizar una educación equitativa son algunos de esos objetivos. Entre ellos hay que destacar el desafío de lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. Es necesario un cambio en el sistema económico para que se abran nuevos horizontes en el mercado laboral, crecimiento y empleo decente deben ir de la mano y para ello las cooperativas, con su trayectoria, valores y principios, son las entidades idóneas para el cumplimiento de los ODS.

Palabras clave: ODS, crecimiento económico, cambio de paradigma, trabajo decente, cooperativas

Abstract: In 2015, the SDGs were adopted in order to achieve a peaceful and more prosperous future. Eradicating poverty, reducing consumerism, achieving equality, a more just society and guaranteeing an equitable education are some of those objectives. Among them, we must highlight the challenge of achieving sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all. A change in the economic system is necessary so that new horizons are opened in the labor market, growth and decent employment must go hand in hand and because of this the cooperatives, whit their history, values and principles, are the ideal entities for the fulfillment of the SDGs.

Keywords: SDG, economic growth, paradigm shift, decent work, cooperatives

I. Introducción

El 25 de septiembre del 2015 los líderes mundiales, al amparo de las Naciones Unidas, adoptaron unos objetivos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) con el fin último de trabajar por un mundo más justo, menos desigual, más próspero y más respetuoso con el medio ambiente, en suma, para mejorar la vida de todos los seres humanos del planeta.

Eran 17 los objetivos a alcanzar y los diversos países del mundo se dieron una fecha concreta para cumplir ese reto: el año 2030. Siendo conscientes de que el desafío al que se iban a enfrentar los países era considerable desde las Naciones Unidas se establecieron 3 niveles de actuación, instando a todos los sectores de la sociedad, incluidos los propios ciudadanos, a trabajar para la consecución de un mundo mejor.

Así, esos tres niveles se dividían en acciones a nivel mundial, garantizando la dotación de mayores recursos en relación con los ODS; acciones a nivel local que implican, de forma directa a los Gobiernos, instando a los mismos a incluir en sus políticas e instituciones las acciones y directrices necesarias para incorporar y hacer efectivos los ODS; y acciones por parte de las personas, alentando a la sociedad civil, el sector privado, el ámbito académico y resto de personas y entes interesadas a llevar a cabo acciones para promover la transformación del mundo sustentada en los valores y principios promovidos por los ODS.

Quizás, y antes de poder avanzar con el análisis propiamente, una de las primeras cuestiones que deben matizarse es ¿qué debemos entender por desarrollo sostenible?

De sobra es conocida la divergencia que surge entre los conceptos de crecimiento y desarrollo económico. Si bien son dos términos que van de la mano, el crecimiento económico, si bien puede entenderse como algo positivo, no tiene porque, al menos no de forma automática, suponer que se vaya a producir un desarrollo económico, puesto que mientras el primero se centra en un aumento de la producción y los bienes, el segundo, si bien dependiendo del primero, se focaliza en la consecución de un mayor nivel de bienestar para la población.

Por tanto, al hablar de desarrollo debe entenderse que dicho término, de forma intrínseca, alude a un aumento de la calidad de vida. Pero las Naciones Unidas van más allá y no solo hablan de desarrollo sino de que el mismo debe ser sostenible. ¿Qué supone esto?

Era el comienzo de la década de los años setenta cuando se discutía sobre el modelo de crecimiento de los países desarrollados y de cómo el impacto que ese modelo tenía en la sociedad lo estaba convirtiendo en un modelo insostenible.

Una década después, durante los años 80, se utilizó, por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, siendo mencionado en el Informe titulado: Nuestro Futuro en Común, firmado en Oslo el 20 de marzo de 1987, informe que fue conocido mundialmente como el Informe Brundtland, por ser esta la Primera Ministra noruega y líder de una comisión de carácter internacional que había recibido el encargo de las Naciones Unidas de replantear las políticas de desarrollo económico que se venían adoptando hasta el momento.

El Informe Brundtland definía el desarrollo sostenible como «aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias» (Informe Bruntdland, 1987) y critica, de forma contundente, la forma de vida ligada a la oferta y la demanda que viene dándose en una parte muy importante de los países del mundo.

Hasta el momento el objetivo primordial de todos los estados había sido el de crecer, crecer amparándose en el paradigma de que cuanto más mejor. Sin embargo, para crecer es necesario hacer uso de una serie de recursos que si bien, en principio, parecía que jamás iban a agotarse, la realidad hizo ver que estos no eran infinitos y que el ritmo de crecimiento de los países estaba comprometiendo, seriamente, la disponibilidad a futuro de estos recursos, por ello, el Informe Brundtland en su prólogo hace toda una declaración de intenciones mandando el siguiente mensaje: «lo que ahora necesitamos es una nueva era de crecimiento económico, vigoroso y, al mismo tiempo, social y ambientalmente sostenible» (Informe Bruntdland, 1987).

Por tanto, y para alcanzar un desarrollo sostenible es necesario hacer que converjan 3 áreas o dimensiones: el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la inclusión social. Si no se integran estas tres dimensiones podrían darse desequilibrios que de no ser reconducidos y persistir en el tiempo podrían generar graves consecuencias de cara al futuro.

El problema, o quizás sea más justo decir el desafío, es como reconducir el sistema económico-productivo capitalista a un sistema que sea capaz de generar crecimiento sin comprometer los recursos del futuro y sobre todo sin «dejar a nadie atrás», es decir ¿cómo es posible avanzar hacia una economía más inclusiva y verde? ¿Supondrá eso que el crecimiento económico se verá comprometido y disminuirá? ¿Están dispuestas las empresas a cambiar el paradigma y dejar de centrarse en la maximización de los beneficios, a cualquier coste, en pro de un mayor bienestar para la sociedad?

Ciertamente el cambio de un modelo a otro, sea en la disciplina que sea, no resulta en absoluto fácil, especialmente cuando durante décadas se ha forjado un comportamiento que ha afianzado, y reforzado, unas formas de proceder que en un momento posterior quedan en entredicho.

El modelo económico por excelencia hasta el momento ha sido el del homo economicus un ser racional que basa sus decisiones en función de su utilidad personal. No piensa en los demás, ni en las consecuencias que para el resto de la sociedad pueden tener sus decisiones, simplemente, se limita a sacar la mayor utilidad posible a la información de la que dispone para su propio bien. En síntesis, el homo economicus carece que cualquier atisbo de humanismo.

El Profesor Zamagni, allá por el año 2008 en su obra L´economia del bene comune se preguntaba si realmente era posible humanizar la economía (Zamagni, 2008, 16). El Profesor Zamagni no solo cree que es perfectamente posible, sino que, además, plantea la vía para llegar a ello: la doctrina del bien común, o lo que es lo mismo, es necesario pasar del homo economicus al homo reciprocans.

II. Cambio de paradigma económico

La economía avanzada está entrando actualmente en una nueva fase de su proceso evolutivo, esa que solemos llamar la «economía integrada». La economía integrada surge de la unión de lo mejor de la antigua y nueva economía; sus resultados son difíciles de prever en este momento, pero ya está aportando muchas innovaciones, particularmente en el mercado de trabajo.

Está surgiendo una nueva concepción de la digitalización que ya no está diseñada solo para la automatización, sino también para la colaboración. Es un hecho que se necesita creatividad en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para gestionar procesos diversos. Si estas nuevas tecnologías no se utilizan con precaución podrían tener efectos similares a los antibióticos: son muy útiles, pero suelen debilitar el sistema inmunológico.

La constante evolución del sistema productivo requiere de una readaptación del mercado laboral, pero es importante que los criterios de una economía social, armónica y equilibrada sean capaces de mantener en todo momento el control de tres grandes dimensiones: eficiencia, equidad y fraternidad.

Empezando por el primero, las elecciones de consumo de bienes por parte de los consumidores, de asunción de mano de obra por parte de la empresa y de asignación entre trabajo y tiempo libre por parte del individuo son considerados óptimos en base al principio de eficiencia, es decir la asignación óptima de los recursos escasos.

En los mercados financieros las reglas se dirigen hacia la maximización de la eficiencia aumentando la liquidez y reduciendo los costes de transacción. Esta aproximación todavía soporta el impacto de un mundo donde el desafío principal es aumentar al máximo posible nuestra capacidad de producir bienes y servicios en ausencia de vínculos con los recursos naturales.

Con respecto al mercado laboral, en la teoría microeconómica básica, el trabajo ha sido tan solo un factor de producción y un dato de coste, que debe ser minimizado por cualquier unidad de producción para lograr la eficiencia y ganar, así, la carrera competitiva. Si lo ponemos dentro del contexto histórico, las ideas de los filósofos moralistas que dieron lugar al consenso sobre la teoría económica moderna se formaron a finales del siglo XVIII y estaban tremendamente influidas por un mundo en el que había pobreza y escasez. Tal mundo los estimuló para conseguir el objetivo de gestionar una premisa antropológica (reduccionista) en la que los seres humanos eran, esencialmente, individuos cuya utilidad/felicidad se podía maximizar mediante una amplia gama y variedad de bienes y servicios al precio más bajo posible.

El proyecto logró un éxito inmenso ya que la mano invisible de la competencia (apuntalada por instituciones antimonopolio y normas, dado que la competencia no es un instinto natural en los productores, sino que debe ser controlada mediante una regulación adecuada) fue creando, progresivamente, abundantes bienes y servicios a precios bajos, que originaban un gran superávit del consumidor. Y el objetivo de la maximización del beneficio era importante para acumular recursos que podían invertirse para incrementar la productividad y estimular la investigación y la innovación.

Los fundadores del pensamiento económico moderno eran, evidentemente, conscientes de los fallos de mercado, es decir, de la brecha entre el óptimo privado y el óptimo social cuando la acción económica se deja solo a las fuerzas del mercado. El límite más profundo de este planteamiento se encontraba, sin embargo, en sus premisas antropológicas o, dicho de otro modo, el objetivo original de la economía convencional necesita ser reorientado y no centrarse exclusivamente en la eficiencia.

En gran medida, de la calidad y dignidad del trabajo, la importancia fundamental del sentido de la vida para el ser humano también está refrendada por la literatura empírica sobre el nexo de unión que existe entre la felicidad y la salud, demostrándose que la pobreza del sentido de la vida es un factor de riesgo en relación a la mortalidad.

Además de todo ello, el paradigma de la maximización de la utilidad del ser humano es incapaz de explicar una parte importante del comportamiento humano respecto a las elecciones de identidad. A este respecto, las nuevas contribuciones que dibujan al individuo como un buscador de propósitos antes que un maximizador de utilidad, están empezando a ganar terreno lentamente en la literatura teórica (véase a modo de ejemplo Chater y Loewenstein, 2016 y Akerlof y Kranton 2000).

Un problema más que encontramos en el paradigma tradicional es que la dignidad del trabajo no es necesariamente independiente de la presión competitiva que hace bajar los precios. Cuando la bajada de un precio no está determinada por la innovación tecnológica, solemos encontrar una disminución de la calidad y dignidad del trabajo que se esconde tras ello. Hasta que lleguemos a un punto en el que los procesos de producción estén plenamente mecanizados y en las fábricas no haya trabajadores, el riesgo de que el segundo factor contribuya a explicar los precios bajos será y seguirá siendo alto, generando un intercambio entre el consumidor y el bienestar del trabajador.

Tras haber analizado los límites de la dimensión de la eficiencia vamos a entrar en el detalle de los otros dos aspectos: la equidad y la fraternidad.

La dimensión de la equidad se ha venido considerando como secundaria, es decir, una vez que hayan sido cubiertas las condiciones de eficiencia nos podemos preocupar de los que tienen más y de los que tienen menos y redistribuir parte de la riqueza. En cualquier caso, la equidad ha sido en la historia económica algo menos atractivo y asociado a la excusa que esgrimen los holgazanes para quitar «algo» a las personas talentosas y meritocráticas que han creado riqueza. En realidad, la reflexión histórica y económica nos sugiere que los resultados dependen de las condiciones iniciales, que no son iguales para todos. Por ello el mérito de los meritocráticos no es todo mérito propio y es necesario reflexionar sobre la dimensión de la equidad.

La tercera dimensión de la fraternidad parece totalmente fuera del radar de nuestros sistemas económicos, lejos de la vista y confinada al ámbito más privado y al tiempo libre. Aunque también es cierto que, a pesar de su invisibilidad, la fraternidad aparece como un elemento más atractivo y menos demodé que la equidad.

En el famoso ciclo de vida de los magnates americanos sucede habitualmente que después de haber creado riqueza no existe la voluntad de morir rebosante de dinero y por ello una fundación se convierte en el instrumento idóneo para restituir dinero a la comunidad. Este fenómeno, analizado por la filosofía moral como filantropía suele chocar a menudo con la responsabilidad social corporativa, esta última fundamentada en la generación responsable del valor (ex ante) más que en el reparto sucesivo a su creación (ex post).

Todas las veces que alguno de los tres lados (eficiencia, equidad y fraternidad) se queda corto el sistema se vuelve asfixiante y deja de estar centrado en la sociedad para focalizar su atención exclusivamente hacia algunos aspectos.

Por ejemplo, un mundo hecho solo con eficiencia se parece a ese modelo tantas veces promocionado por los manuales de economía del último siglo, que casi sin darse cuenta transforman los seres humanos en deshumanos sacerdotes de la diosa Eficiencia. La idea clave de esta visión es que sea suficiente con ocuparse de la eficiencia para producir, de modo óptimo, los recursos, y después, aun sin equidad y fraternidad, el sistema automáticamente haría que la riqueza gotee hacia abajo llegando por tanto a «los últimos» (teoría de la mano invisible). La teoría del «trickle down», es decir de este efecto goteo (generado por la mano invisible del mercado) se convierte así en la extrema justificación de un mundo creado solo con la eficiencia, sin equidad y sin fraternidad.

También la equidad sin eficiencia y fraternidad es deshumana. Las experiencias históricas a las que probablemente nos hemos acercado más han sido aquellas relativas al socialismo real. La igualdad en los resultados humilla el espíritu humano de emprendimiento. La equidad es fría y deshumana si no viene acompañada de la fraternidad y lleva al colapso económico si no presta suficiente atención al problema de la eficiencia y de la creación de un sistema de incentivos para que el sistema avance.

El tercer aspecto relevante es el de la fraternidad. Sin embargo, hay que reconocer que un mundo hecho solo con fraternidad, sin eficiencia y sin equidad es falso, ficticio y abre la puerta a todos esos fenómenos de nepotismo, clientelismo, mafias en los cuales los intereses de los miembros del grupo, al que la persona se encuentra ligado por vínculos fraternales, se persiguen a expensas del bienestar de terceros.

Pero si prestamos atención a un mundo hecho solo de eficiencia y equidad, admirablemente sintetizado a través del concepto de la igualdad de oportunidades y que parece ser el horizonte al que pretenden encaminarse la reflexión de una economía eficiente y responsable, puede ser un modelo limitante. Mercado para la eficiencia es «welfare» para la equidad. Pero se trata, siempre y en todo caso, de un sistema en el que faltan reciprocidad, gratuidad e intercambio de dones que son el lubrificante fundamental para producir y poder disfrutar de unas relaciones sociales de calidad, que son el ingrediente esencial de la vida humana, y que a su vez alimentan ese capital social que es el adhesivo fundamental de cada sistema económico.

Por este motivo es importante mantener en todo momento el aspecto de la eficiencia, de la equidad y de la fraternidad alineados para corregir las desviaciones de nuestros sistemas económicos. El socialismo real necesitaba de mayor eficiencia y fraternidad, la economía medieval, por el contrario, adolecía de eficiencia y equidad y la economía moderna de mercado precisa de una mayor fraternidad. Trabajar el aspecto que queda más desprotegido no es solo una obligación atribuida a los políticos y científicos, sino que se trata de un deber que ocupa también a los ciudadanos.

En el mercado laboral actual por ejemplo tanto los trabajadores como los empresarios pueden llevarnos hacia un modelo de economía social y sociedad armónica, en grado de desarrollar una medida igual de las tres dimensiones y creando así un sistema económico más justo y más humano.

En este sentido es importante razonar con una visión inclusiva y no exclusiva de estas tres dimensiones, donde el concepto de fraternidad vuelva a tener su centro y vuelva a recuperar su significado inclusivo.

Un mercado laboral donde haya solidaridad tiende a generar luchas entre colectivos, por ejemplo, empleadores y empleados, determinando un concepto exclusivo de crecimiento económico. La idea de focalizar la atención hacia la fraternidad para construir una economía social es exactamente la de romper las diferentes categorías dentro de las empresas, con el fin de generar un entorno de generación de valor cooperativo e inclusivo, donde no existen colectivos que se enfrentan, sino que cooperan para el bien común.

La fraternidad es la palanca fundamental de la energía de nuestra sociedad. Por eso la visión que al final nos proporciona este nuevo equilibrio entre eficiencia, equidad y fraternidad es la de una empresa o comunidad generativa, rica en relaciones y conectada, que, inspirada en la Doctrina social cristiana, identifica en la calidad de vida, en las relaciones y en la generatividad la raíz de la satisfacción y la riqueza del sentido de la vida.

En este contexto de oportunidad que estamos viviendo en el nuevo siglo xxi es imprescindible tener una visión armónica para construir un reinicio resiliente, sostenible y generativo, dando prioridad a proyectos capaces de crear las condiciones para una vida llena de sentido y caracterizada por relaciones de calidad.

Este paradigma armónico necesita también de la capacidad de hacer equipo. En la teoría de juegos en el juego «trust investment» queda reflejado de forma muy evidente cómo el «homo economicus», parafraseando a Amartya Sen, es un idiota social, un ser humano destructivo, frente al «homo harmonicus» o al «homo reciprocans» que construye equipos y multiplica sus resultados. Porque nuestra vida económica y social no deja de ser un juego en equipo, con la relevancia de las relaciones que se fundamentan en el don, en los mecanismos de gratitud y de reciprocidad. Todo eso es cada día más relevante en el nuevo mercado laboral que ha introducido y sigue potenciando la digitalización y la flexibilidad organizativa.

Otro aspecto importante para avanzar en esta armonía económica de eficiencia, equidad y fraternidad es la asunción del límite que tiene nuestra realidad. Hay que entender en este sentido el límite no como un vínculo o un obstáculo a la libertad, sino como la representación del punto de apoyo sobre el cual apalancarnos para orientar nuestra vida. Necesitamos alcanzar un objetivo de bienestar multidimensional a través de la creación de valor económico, del empleo, de la sostenibilidad ambiental, de la sostenibilidad de la salud, y de la generatividad. Un proceso que sirva para una modernización de las infraestructuras físicas y digitales, un uso razonado del trabajo inteligente como opción adicional a las reuniones presenciales, una estimulación de la innovación en el sector crucial de la economía circular, una mayor eficiencia energética de los edificios, y unas políticas de nacimiento y familia que se sumen a una nueva movilidad sostenible.

Por último, esta visión armónica consiste en juntar a las personas generativas porque queremos ser felices, y los resultados de las ciencias sociales nos sugieren que la satisfacción y la riqueza de nuestra existencia dependen de la calidad de nuestra vida relacional y de nuestra generatividad.

En las grandes multinacionales de Estados Unidos empieza a ser por este motivo siempre más relevante la figura de los CHO (Chief Happiness Officer) es decir el responsable de atraer y retener el talento en las empresas mediante estrategias de felicidad en el trabajo. Porqué es siempre más evidente que las empresas necesitan enamorar y fidelizar a su talento para que sean más productivos, más rentables y al mismo tiempo más felices.

La pobreza, la desigualdad, el futuro del trabajo y el cambio climático no son solo los desafíos no resueltos más importantes que tiene por delante el futuro de la humanidad, sino también el legado de un paradigma económico reduccionista que confiaba en la capacidad del mercado y de las autoridades públicas para gestionar las externalidades y los desequilibrios provocados por la acción de empresas orientadas a la maximización del beneficio y de seres humanos puramente interesados en la maximización de la utilidad.

El cambio de los Objetivos del Milenio de la ONU a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible reconoce el problema con una clara indicación sobre la necesidad urgente de un nuevo paradigma económico. Los nuevos ODS miran a la generación de un nuevo mercado laboral más digno con una participación muy estrecha entre las instituciones, las empresas responsables y la ciudadanía activa.

Atendiendo a la reflexión de Martínez Charterina «el enlace de la cooperativa, poseedora de una identidad de valores y principios de comportamiento en los que la propiedad conjunta y la gestión democrática forman parte esencial de la misma, con la economía del bien común es absoluto. Y en la medida en que la economía del bien común pretende abordar no solamente los aspectos microeconómicos sino también los globales de una sociedad se vuelve a poner de manifiesto la voluntad del cooperativismo por caminar hacia un mundo más justo y solidario, como en tantas ocasiones se ha puesto de manifiesto» (Martínez Charterina, 2013, 196).

En este sentido Puentes Poyatos y Velasco Gámez ponen en evidencia que «cada día se está dando más importancia a las actuaciones responsables por parte de las empresas y se ha producido un gran interés por los impactos sociales y medioambientales que las mismas tienen en la sociedad. Se está reclamando un modelo de gestión empresarial que tome en consideración las implicaciones sociales y medioambientales de sus actuaciones, además de considerar los intereses de sus grupos de interés o stakeholders, es decir, que contemple el impacto de sus actuaciones en una triple dimensión: económica, social y ambiental» (Puentes Poyatos y Velasco Gámez, 2009, 107).

III. Las cooperativas como vía para la consecución de los ODS

a. El desarrollo económico como pilar para la consecución de un empleo decente y sostenible

En efecto si no contamos con un sistema económico fuerte que se capaz de alcanzar un crecimiento económico inclusivo y sostenido no será posible crear empleos decentes y mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas y las familias.

Y es que el objetivo número 8 de los ODS no solo habla del crecimiento económico sostenible sino también del trabajo decente, dos conceptos, el de economía y el empleo que siempre han ido ligados.

En relación con esta cuestión «el progreso económico duradero exige un mínimo de justicia social. A fin de conjugar el desarrollo económico, los derechos en el trabajo y la protección social, la OIT propugna el logro de una justicia social para una globalización más equitativa. La OIT entiende que no debe prevalecer el interés económico, y que no hay que cultivar una ventaja inmediata, sino pensar en las generaciones venideras y en un sistema sostenible a largo plazo. Las normas internacionales del trabajo son un patrimonio para el futuro. No basta con crear empleo, sino que debe ser de calidad. Tampoco debe descuidarse el dialogo social. Hay que proteger a los grupos más vulnerables, como las mujeres y los trabajadores migrantes. La OIT considera que es posible la transición hacia un modelo de desarrollo, pero solo si las políticas económicas se alinean adecuadamente con las políticas de empleo, y se evitan medidas contraproducentes, como los recortes salariales y las políticas de austeridad mal diseñadas. Las recomendaciones de la OIT frente a la crisis apuntan tanto a las políticas macroeconómicas con impacto en el empleo, como a las políticas más específicas al mandato de la OIT en el ámbito del mercado laboral, y que tienen que ver con las políticas de empleo, protección social, fomento del dialogo social y apoyo al cumplimiento de las normas laborales, con el objetivo del trabajo decente. La OIT pone el acento en la dimensión social de la crisis, la coherencia entre la políticas económica y social y la importancia de respetar los estándares laborales y el diálogo social y de considerar el empleo y la protección social como ejes de las políticas públicas» (Gil y Gil, 2020, 145).

El devenir de la economía y el propio modelo económico propuesto en cada momento de la historia han hecho que el ámbito de las relaciones laborales se desarrolle de una manera u otra. Ciertamente, un ejemplo claro y actual de que cualquier embiste que pueda sufrir el sistema económico puede tener consecuencias negativas en el ámbito del empleo, lo encontramos en la crisis que estamos viviendo por la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.

El parón producido en la economía como consecuencia del virus y de las medidas tomadas para hacer frente al mismo ha hecho que en unos meses escasos se haya producido una de las mayores pérdidas de empleos que se conocen desde hace décadas.

Es cierto que anteriormente se han vivido otras crisis no menos importantes, y de gran calado social, pero la actual está caracterizada por un fenómeno que es difícil que se produzca, un fenómeno inusual, puesto que algunas crisis se han dado por una ralentización o caída de la demanda o de la oferta, por lo que los agentes únicamente debían ofrecer soluciones para estimular una u otra.

El problema aquí es que el frenazo se ha producido, no solo de forma brusca y completamente inesperada, sino que ha afectado tanto a la oferta como a la demanda.

Algunas empresas ante la imposibilidad de seguir manteniendo la actividad presencial optaron por hacer uso de una herramienta que, si bien era de sobra conocida en otros países en España, hasta ese momento, no había tenido un gran éxito: el teletrabajo. Esta figura no era, en absoluto ajena a la legislación laboral, puesto que ya en la reforma laboral acometida en el año 2012 se modificó el artículo 13 para dar cabida a esta nueva forma de organización de la actividad laboral.

Sin embargo, no todas las empresas pudieron optar por el teletrabajo y muchas de ellas tuvieron que parar a la espera de que la emergencia sanitaria diese visos de mejoría. Si bien es cierto que otras muchas empresas, aun con parones y cierres puntuales pudieron continuar con su actividad, pero la falta de demanda hizo que la actividad cayese de forma ostensible, e incluso en muchos casos la falta de materias primas o componentes hicieron que la empresa tuviese que dejar de producir.

Todo ello, tuvo impacto, de forma inmediata y dramática, en las relaciones laborales y en el volumen de empleo, siendo muchos los trabajadores que se quedaron, de la noche a la mañana, sin empleo.

Por ello, y para intentar hacer frente a la continua sangría de pérdidas de empleo, el Gobierno puso en marcha toda una normativa en relación con los Expedientes de Regulación Temporal de empleo, más conocidos como los ERTEs. Un mecanismo que a través de ayudas económicas intentaba ganar tiempo a la pandemia manteniendo las empresas y el empleo a flote. Una especie de stand-by para evitar la pérdida definitiva de millones de puestos de trabajo.

A finales del mes de enero del 2021 el número de trabajadores que se encontraban en ERTE era de 739.000, y si bien es cierto que gracias a este mecanismo se han preservado números empleos que de otra forma podrían haberse perdido de forma definitiva, no es menos cierto que a pesar del incipiente y lento optimismo económico que se aprecia en la actualidad, el futuro del mercado laboral se presenta convulso.

La anterior crisis económica tenía su origen en el sistema financiero y la actual deriva de una emergencia sanitaria a nivel mundial sin precedentes en las últimas décadas, pero si bien siendo situaciones diversas ambas han puesto en evidencia la necesidad de afrontar el futuro del sistema económico y de relaciones laborales de forma diversa.

El sistema de relaciones laborales español lleva décadas acumulando una serie de dilemas que no han sido afrontados de forma contundente, por lo que ciertos problemas, sirva como ejemplo el de la temporalidad, el desempleo juvenil o un mercado de trabajo cada vez más envejecido, no solo no han sido resueltos, sino que han ido cronificandose. En este sentido el Informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social apunta a que «durante los últimos trece años, la población joven de hasta 25 años ha ido disminuyendo progresivamente, con una pérdida total en el periodo de 370.400 personas (1.527.800 si se consideran los jóvenes hasta 29 años), mientras que el conjunto de la población ha aumentado en algo más de 1.300.000 personas. Esta evolución evidencia, tal y como se viene destacando en los Informes anteriores, el proceso de envejecimiento de la población que está experimentando España, al igual que la mayoría de países de la Unión Europea» (Ministerio de Trabajo y Economía Social. Informe Jóvenes, Marzo 2021).

Y a los retos y desafíos del pasado se han sumado nuevos retos, como puede ser el de la inclusión y el medioambiente, haciendo que los desafíos de cara a futuro, sean mayores.

b. Las cooperativas como elemento transformador

Es necesario replantear los paradigmas actuales para dejar atrás la crisis sin dejar atrás las personas, el medioambiente y la posibilidad de crear un mayor bienestar para la sociedad.

En este mismo sentido se pronuncia Gaminde Egia al afirmar que «parece innegable que necesitamos un nuevo modelo productivo diferente al especulativo, dado que ha quedado demostrado que con el fin de obtener el máximo beneficio económico se han cometido numerosas injusticias, destruyendo el entorno más inmediato: las relaciones laborales, el medio ambiente e incluso las reglas del juego democrático. Se necesita un nuevo modelo de negocio, un modelo humanista de empresa, que tenga en cuenta la igual dignidad humana de todas las personas que participan en el proyecto empresarial y que busque promover un empleo de calidad y un mayor equilibrio del reparto de la riqueza, a fin de contribuir a una sociedad más estable y menos conflictiva. El paradigma cooperativo constituye una de las fórmulas (no la única) que mejor se ajusta a esos parámetros, dado que funciona con una filosofía especial» (Gaminde Egia, 2018, 39).

Siendo así «el estudio del fomento en las entidades de la economía social por parte de los poderes públicos en España debe partir, por un lado, del deber de persecución del pleno empleo, de acuerdo con la propia configuración de éste en nuestro ordenamiento constitucional y, por otro lado, de las obligaciones del Estado según los compromisos adquiridos a nivel internacional y europeo, en cuanto a su responsabilidad de fomentar un empleo estable y digno» (Canalda Criado, 2019, 79).

Como ya se ha mencionado previamente es fundamental superar los reduccionismos para virar hacía una nueva economía y hacia la creación de empleos decentes. Pero ¿a qué hacemos referencia exactamente cuando hablamos del empleo decente?

Se trata de un concepto amplio que engloba números aspectos de las relaciones laborales tales como la oportunidad que tienen las personas que desarrollar las aspiraciones que tienen a lo largo de su vida laboral, la posibilidad de acceder a una actividad que conlleve un ingreso justo, la posibilidad de desarrollarse como seres humanos al interno de esa actividad, el derecho a tener seguridad en el trabajo y a una protección social adecuada, el derecho a la formación o el derecho a no ser discriminado.

Si se analizan todos los elementos anteriores puede verse que todos ellos son derechos consolidados en los países desarrollados, por lo que, a simple vista, puede parecer que al hablar de trabajo decente se está haciendo referencia a países en vías de desarrollo o países pobres que no cuentan con los mecanismos legales y de protección necesarios respecto de los trabajadores. Nada más lejos de la realidad, ya que a pesar de que en todos los países del denominado como primer mundo los derechos laborales están recogidos en diversas normativas la realidad ha demostrado que, en numerosas ocasiones, en diversos sectores o ámbitos de la sociedad, su cumplimiento ha quedado en entredicho.

El término de trabajo decente apareció por primera vez en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y más concretamente en la 87.º reunión llevada a cabo por la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en el año 1999 (Conferencia Internacional del Trabajo. Trabajo Decente, 1999).

Diez años más tarde, esto es, en el año 2009, y cuando el mundo se encontraba inmerso en una crisis económica de dimensiones considerables el Pacto Mundial para el Empleo entendió que el pleno empleo y el trabajo decente debía ponerse en el centro de todas las respuestas a la crisis que se estaba viviendo (Conferencia Internacional del Trabajo. Pacto Mundial para el Empleo, 2009).

Efectivamente, la globalización ha hecho que las empresas tengan que competir en un mercado salvaje que no conoce reglas y fronteras, un mercado en el que impera de la ley del más rápido, más fuerte o aquel que produce más barato.

Por ello, para poder competir las empresas han buscado maneras más o menos éticas para aumentar la productividad, en muchas ocasiones recayendo ese peso en los trabajadores que han visto como muchos de sus derechos se difuminaban en pro de una mayor competitividad. Y es ahí donde se encuentra una de las claves en este sentido: es necesario encontrar un equilibrio entre la legitima necesidad de las empresas de mantenerse en el mercado, con los continuos desafíos que esta le plantea y los derechos de los trabajadores.

Es muy simplista recordar que la empresa y los trabajadores son un binomio que se necesitan mutuamente, sin empresas no habría creación de empleo, pero sin trabajadores las empresas no saldrían adelante.

Es primordial aumentar la productividad y la competitividad, pero no basándose en la explotación de los trabajadores y en la destrucción de los recursos naturales y el ecosistema, sino apoyándose en la innovación y los avances tecnológicos y respetando el medio ambiente.

Pero para ello también necesitamos contar con políticas que se orienten hacia esos objetivos y una legislación clara que no genere incertidumbre.

Las empresas crean empleo, pero para que puedan hacerlo en unas condiciones óptimas no solo es necesario cambiar la visión que muchas de ellas, no todas efectivamente, tienen de los recursos humanos como un gasto en lugar de como una inversión, sino que resulta fundamental apoyar a las mismas para su crecimiento, inversión en innovación y tecnología y si es necesario también desde un punto de vista financiero.

Al margen de los reduccionismos a los que se aludía previamente otro de los mayores obstáculos, en lo que a la creación de empleo se refiere, es la incertidumbre a la que en numerosas ocasiones se enfrentan las empresas. Esta incertidumbre, en relación con lo que sucederá a corto o medio plazo desincentiva la contratación, y más aún, la contratación indefinida. Se trata de una perspectiva estrechamente ligada con el enfoque que se mencionaba anteriormente de que muchas entidades entienden los recursos humanos como un gasto, y, por tanto, en aquellos momentos de incertidumbre o desequilibrio económico es una «partida» de la empresa en la que puede acometerse recortes para compensar la inestabilidad. De ahí que en numerosas ocasiones cuando una empresa pasa por dificultades económicas una de las primeras medidas a las que se acude es la de los despidos, teniendo en cuenta el «ahorro» económico que eso puedo suponer, pero sin tener en cuenta tanto el coste social como la perdida de riqueza humana, intelectual y de experiencia que supone.

Queda claro que para que pueda lograrse un desarrollo sostenible es necesario que el mismo se sustente en la creación de puestos de trabajo decentes y para ello es necesario contar con empresas comprometidas que crean firmemente en el valor de la persona. Porque como se recogía en la Memoria OIT 1999 «no se trata simplemente de crear puestos de trabajo, sino que han de ser de una calidad aceptable. No cabe disociar la cantidad del empleo de su calidad. Todas las sociedades tienen su propia idea de lo que es un trabajo decente, pero la calidad del empleo puede querer decir muchas cosas. Puede referirse a formas de trabajo diferentes, y también a muy diversas condiciones de trabajo, así como conceptos de valor y satisfacción. Hoy en día, es indispensable crear unos sistemas económicos y sociales que garanticen el empleo y la seguridad, a la vez que son capaces de adaptarse a unas circunstancias en rápida evolución, en un mercado mundial muy competitivo» (Trabajo Decente. Memoria del Director General OIT, 1999).

La economía social y sus agentes, entre los cuales se encuentran las cooperativas, siempre han supuesto un faro ante la incertidumbre económica, un ejemplo de buena práctica empresarial ante actuaciones dudosas y un referente en lo que al empleo digno se refiere, confiriendo a los trabajadores, y sus derechos, un protagonismo inusual.

Coincide en este análisis López Rodríguez al indicar que «in the context of the Social Economy, cooperative values and principles show that sustainability is a part of a cooperative´s identity. In effect, these values and principles lead cooperatives to have a constant concern and care for their surroundings, both for the people and for the environment where they are located and work. As they are based on cooperative values and principles, cooperatives are considered to be appropriate and useful undertakings for the promotion of sustainable development through the creation of green and decent jobs» (López Rodríguez, 2019, 124).

Por ello, la economía social, sus entidades y los valores que estas representan no podían ser ajenas a los objetivos de desarrollo sostenible y la consecución de los mismos. En ese sentido el gobierno español ha identificado a las entidades de economía social como un actor clave para la estrategia de consecución de los ODS en el Informe de Progreso 2020 Reconstruir lo común.

La implementación de la Agenda 2030 en España se reconoce que «los valores que caracterizan a la economía social, como la primacía de las personas y el objeto social sobre el capital, una gobernanza participativa y democrática, la reinversión de los beneficios para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la empresa, la prestación de servicios a sus miembros y a las comunidades locales o la creación de empleo de calidad, contribuyen a hacer avanzar la Agenda 2030. Además, las empresas de la economía social vinculan de forma creciente su actividad en ámbitos como la Economía Circular, la Economía Verde y Azul articulando de forma solvente las tres dimensiones de la sostenibilidad —social, económica y medioambiental— que permea el espíritu de la Agenda 2030» (Informe de Progreso 2020 Reconstruir lo Común, 2020).

Ciertamente, como pone en evidencia el Informe «en marzo de 2020 existían en España 42.140 entidades de Economía Social, que generan 2.177.256 empleos directos e indirectos. Entre ellas hay más de 25.722 cooperativas y sociedades laborales registradas en el Sistema de la Seguridad Social, que empleaban directamente a 357.927 personas. La experiencia reciente muestra cómo esta modalidad de organización empresarial tiene más capacidad para crear y proteger empleo en épocas de recesión económica con menores tasas de temporalidad y mayor estabilidad en el empleo. La priorización de la Economía Social como política palanca en el Plan de Acción se articula en torno a la implementación de la Estrategia de Economía Social 2017-2020, cuya vigencia concluirá este año, y que será próximamente evaluada con el fin de generar aprendizajes que sirvan para la definición de una nueva estrategia con horizonte a 2027» (Informe de Progreso 2020 Reconstruir lo Común, 2020).

Las cooperativas, a lo largo de la historia, siempre han tenido un papel relevante y preponderante para afrontar y dar solución a los diferentes retos que se han ido sucediendo tanto en el ámbito económico, como en el ámbito social. Estas entidades no solo han logrado sobrevivir, con éxito, a los vaivenes del mercado global sino que han conseguido, con su trabajo, esfuerzo y dedicación, evitar que en épocas sombrías la sociedad y aquellas personas más desprotegidas se viesen abandonadas, algo que ha quedado demostrado en multitud de ocasiones y muy especialmente en la crisis del 2008, cuando las cooperativas demostraron una mayor resiliencia y una pérdida de empleos menor, gracias a la aplicación de sus principios, y en épocas de mayor bonanza nunca han optado por el principio de la maximización de los beneficios sino por un reparto justo de las ganancias sin dejar a nadie en el camino. En este sentido la OIT pone en evidencia como «las cooperativas también contribuyen a la creación de un entorno propicio mundial al desarrollo sostenible mediante la reducción de la brecha comercial entre el mundo en desarrollo y el desarrollado, estabilizando los sistemas financieros durante la crisis y proporcionando la base para la profundización financiera en todo el mundo».

La primacía de las personas y el fin social sobre el capital es uno de los principios fundamentales de las cooperativas y debe ser uno de los principios que se encuentren siempre presente en el camino a la consecución de los ODS.

Como señala Martínez Charterina «desde los valores y principios de su identidad, especialmente los valores de responsabilidad social a que son llamados los socios, y el principio séptimo de interés por la comunidad que dirige la actividad cooperativizada al desarrollo sostenible de la misma, las cooperativas asumen la responsabilidad social empresarial por su misma naturaleza» (Martínez Charterina, 2014, 61).

No es posible alcanzar los ODS si no se produce, como decíamos al principio, un cambio en el pensamiento económico y en la forma de enfrentar el tan necesario crecimiento económico, pero tampoco puede hablarse de un empleo decente, de calidad, si en las empresas no existe una gestión participativa y democrática, que sepa guiarse, como en el caso de las cooperativas, por el valor aportado por las personas, porque tal y como recuerda el CEPES es necesaria la « promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad» (La Contribución de la Economía Social a los ODS, 2020).

Para una transformación social y un mayor bienestar es necesario el compromiso de las empresas y de hecho la Organización Internacional del Trabajo, en su declaración del Centenario de esta institución llama a reforzar la economía social y sus entidades al considerar que se trata de una realidad que contribuye a «construir un futuro del trabajo justo, inclusivo y seguro con empleo pleno, productivo y libremente elegido y trabajo decente para todos» (Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, 2019).

Efectivamente, no puede negarse el papel fundamental que estas entidades están llevando a cabo en la consecución de los ODS y muy especialmente en relación con el 8.º objetivo puesto que los propios datos recogidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social los confirman indicando que el 73,5% de los puestos de trabajo en este tipo de entidades son indefinidos y el 80% a jornada completa (Base de datos de la Economía Social, 2019).

Para poder alcanzar los ODS y más concretamente el relativo al crecimiento económico y al trabajo decente ¿cuáles son las propuestas concretas que deben ponerse en marcha?

1. Priorizar las políticas macroeconómicas que promuevan la creación de empleo y apoyen las inversiones.

2. Es necesario aumentar la productividad económica basándose en la digitalización y la innovación, apostando por sectores de alto valor añadido. En este sentido el Consejo Económico y Social hacía referencia al acuerdo histórico alcanzado en el Consejo de julio de 2020 para articular un plan de recuperación económica a escala europea, Next Generation EU, que ha supuesto un impulso adicional para abordar la transición digital, dado que junto con la transición ecológica, se convertía en uno de los vectores clave sobre los que deben pivotar las inversiones de los Estados miembros y representaba una vía de apoyo para salir de la crisis y fortalecer las economías, orientando el gasto y la inversión pública hacia un crecimiento sostenido y sostenible en el medio y largo plazo» (Consejo Económico y Social de España. La Digitalización de la Economía, 2021).

3. Promover políticas para apoyar las actividades productivas, el emprendimiento, la innovación y la creación del trabajo decente, poniendo especial énfasis en la pequeñas y medianas empresas y apoyando a las mismas en sus necesidades de financiación

4. Desvincular el crecimiento económico de la explotación de los trabajadores y de la degradación del medio ambiente, promoviendo un consumo justo y sostenible.

5. Trabajar para la consecución del pleno empleo, pero no un empleo cualquiera sino uno de calidad, facilitando que todas las personas que así lo deseen puedan llevar a cabo una actividad productiva que les permita obtener unos ingresos justos, dignos para su propio mantenimiento y el de sus familias.

Un empleo que no deje atrás a los colectivos más desfavorecidos y especialmente a los jóvenes, a las mujeres y a los discapacitados.

6. Promover políticas específicas en relación con el colectivo de los jóvenes, para facilitar no solo su entrada en el mercado laboral sino su mantenimiento y desarrollo en el mismo en condiciones de calidad.

Igualmente, es necesario incidir en la formación de estas personas, una formación sólida y continua con proyección hacia el futuro.

7. Garantizar a todos los trabajadores los derechos laborales y la protección social, creando espacios de trabajos basados en la igualdad y la seguridad.

IV. A modo de conclusión

Analizando atentamente los desafíos a afrontar puede verse como las cooperativas no solo son importantes sino indispensables en la consecución de estos objetivos, porque promueven la equidad y se preocupan por el bienestar de la sociedad. Por todo ello es necesario mostrar el trabajo que las cooperativas llevan a cabo día a día y no solo poner en evidencia su trayectoria histórica y sus resultados hasta el momento sino la envergadura de su papel de cara al futuro.

Para ello es necesario que no solo el ámbito empresarial sino también la sociedad en general sea participe de los principios y los valores de las cooperativas, mostrando las mismas como una parte esencial en el desarrollo de los territorios.

Por parte de las instituciones es necesario que se aseguren políticas y programas que impulsen las cooperativas y que apoyen tanto su creación como su viabilidad y competitividad de cara a futuro y fondos para llevar a cabo los cambios necesarios para afrontar los desafíos más inmediatos, como pueden ser la sostenibilidad ambiental y la digitalización.

Igualmente, los valores y actuaciones cooperativas pueden servir de inspiración y modelo para otras empresas y suponer un acicate para una nueva forma de hacer empresa, de entender los trabajadores, la sociedad y su bienestar.

Es por ello que debería fomentarse, a todos los niveles, la enseñanza de los valores y las prácticas cooperativas, porque estas entidades han demostrado, una y otra vez, incluso en los momentos de mayor adversidad que son un modelo empresarial responsable y sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental, logrando ese ansiado equilibrio, entre la eficiencia, la equidad y la fraternidad, por lo que su aportación a la consecución de los ODS es vital y no debe dejarse pasar esta oportunidad.

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