Empresas cooperativas mexicanas durante el período neoliberal 1980-2018

(Mexican cooperative companies during the neoliberal period 1980-2018)

Martha E. Izquierdo Muciño[1]

Universidad Autónoma del Estado de México (México)

doi: https://doi.org/10.18543/baidc.3092

Recibido: 04.06.2024

Aceptado: 03.11.2024

Fecha de publicación en línea: Diciembre de 2024

Resumen:

Las empresas cooperativas de México reflejan claramente cada una de las etapas de la historia. Ellas han tenido que hacer un gran esfuerzo para poder salir adelante, habiendo tenido que afrontar situaciones adversas por las políticas económicas implantadas como ha sido el período neoliberal en el que han sido consideradas como elementos que gradualmente conducen al socialismo, aun cuando en realidad lo que se persigue es una correlación de fuerzas y una alternativa económica en el modo de producción prevaleciente en el país, observándose por otra parte que el citado modelo económico no ha resultado como se esperaba.

Palabras clave:

Cooperativas mexicanas; neoliberalismo en México; problemas existentes

Abstract:

Mexico’s cooperative companies clearly reflect each of the stages of history. They have had to make a great effort to be able to move forward, having had to face adverse situations due to the economic policies implemented such as the neoliberal period in which they have been considered as elements that gradually lead to socialism, even though in reality what is pursued is an acceleration of forces and an economic alternative to the prevailing mode of production in the country, observing on the other hand that the aforementioned economic model has not turned out as expected.

Keywords:

Mexican cooperatives; neoliberalism in Mexico; existing problems

1. Introducción 

Según un informe de la Alianza Cooperativa Internacional fundada en 1895, sostiene que ésta ha fungido como voz de las empresas cooperativas en todo el mundo. Actualmente se considera que representan al 12% de la población mundial. Dichas empresas están basadas en valores y no en ingresos del capital, los tres millones de cooperativas que existen actualmente en el planeta trabajan juntas con el fin de construir un mundo mejor.

Menciona dicho informe que las cooperativas en virtud de su naturaleza especial están centradas en las personas, pertenecen a sus miembros, quienes las dirigen de forma democrática con la finalidad de dar respuesta a sus propias necesidades y aspiraciones socioeconómicas comunes, que…..«Son empresas basadas en valores y principios que dan prioridad a la justicia y la igualdad, y permiten a las personas crear empresas sostenibles que generen empleos y prosperidad a largo plazo. Gestionadas por productores, usuarios o trabajadores, las cooperativas se dirigen según la regla de «un miembro, un voto».[2]

La Alianza Cooperativa Internacional activa desde 1895, menciona que el 12% de la población del planeta genera un volumen de negocios de 21,4 billones de dólares solo entre las 300 más importantes. Un 10% del empleo. Se citan estos datos para resaltar que las cooperativas están lejos de ser un fenómeno marginal, y sin embargo están basadas en valores como la ayuda mutua, la democracia, la equidad y la solidaridad. Hoy día las cooperativas son hoy una garantía de economía sostenible centrada en el bienestar de las personas, capaces de aportar a su entorno derechos laborales, puestos de trabajo y cohesión social. Están presentes en todo el mundo y son reconocidas como una herramienta de primer orden para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030.

En este sentido, se han pronunciado la Organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Unión Europea, gobiernos nacionales y regionales, instituciones económicas Todos destacan la capacidad de las cooperativas para crear economía real, enraizada en los territorios y con poder para mejorar las condiciones de vida. Convirtiéndose asimismo en fortaleza en tiempos de crisis y sustentabilidad para defender puestos de trabajo.[3]

Además de repartir el poder de decisión de una manera más equitativa, cada cooperativista obtiene mediante su participación el control sobre la economía de la que forma parte para conseguir proyectos a más largo plazo, con un empleo más estable, con mejor implantación sobre el territorio en el que se desarrollan, contribuyendo a mejorar su población y su espacio.

Las cooperativas son ejemplo de generosidad y democracia económica toda vez que lejos de perseguir la maximización de los beneficios individuales, buscan la mejora de las condiciones de trabajo, el desarrollo de nuevas líneas del proyecto, el impacto social sobre el territorio en el que actúan. Los excedentes generados mediante su participación se reinvierten en la propia cooperativa, utilizándose para mejorar la situación de la comunidad en la que se integran o bien repartiéndose en forma equitativa entre los socios, promoviendo con ello la equidad y la solidaridad desde la empresa.[4]

Así nuestras empresas cooperativas en México reflejan todos estos valores y además se proyectan en cada una de las etapas de la historia por el gran esfuerzo y solidaridad que han logrado hacer para poder salir adelante, habiendo tenido que afrontar situaciones adversas por políticas económicas implantadas en nuestro país como ha sido el período neoliberal (1980-2018) en el que han sido consideradas como elementos que gradualmente conducen al socialismo, aun cuando en realidad lo que se persigue es una correlación de fuerzas y una alternativa económica en el modo de producción prevaleciente en el país, observándose por otra parte que el citado modelo económico no ha resultado como se esperaba.

2. Origen del cooperativismo en México 

Los orígenes del cooperativismo en México se ubican en 1839, fecha en que se fundó en Orizaba Veracruz la primera caja de ahorros con las características de una sociedad cooperativa.[5]

Sus fundadores fueron empleados y artesanos, inspirados en ideas de cooperación y ayuda mutua, que en un tiempo les fueron transmitidos por los socialistas utópicos franceses.

En efecto, estas ideas de cooperación y ayuda mutua tuvieron en nuestro país un efecto muy particular pues al ser defendidas por los socialistas utópicos franceses, así como por ideólogos anarquistas, vinieron a sustituir lo que en nuestra tradición existía en las comunidades indígenas con el trabajo colectivo y la propiedad comunal de las tierras en los famosos: «Calpullis».[6]

En consecuencia, las instituciones de tipo cooperativo que surgieron en México, nacen en medio de grandes luchas sociales y agitaciones populares en defensa de tales ideas identificándose desde sus inicios con los movimientos: campesino y obrero (1800 a 1903), por tanto, puede decirse que en nuestro país las diversas leyes de cooperativas que han existido reflejan claramente su momento histórico.

Así se observa que el precursor legal de las empresas cooperativas lo fue el Código de Comercio de 1889-1890, en virtud de que en su capítulo VII les dedicó 22 preceptos y las consideró como sociedades mercantiles confundiéndolas con la sociedad anónima, la cual podía construirse como empresa de responsabilidad limitada o ilimitada y no se les dio ningún tratamiento especial.

De hecho, en el citado Código de Comercio las sociedades cooperativas fueron consideradas como una variante de las sociedades mercantiles y fueron definidas de esa manera, con todas sus características generales como fueron: el número de socios, el capital variable, su responsabilidad solidaria e ilimitada o limitada a una determinada suma menor igual o mayor que el capital social, etc.[7]

Posteriormente y a lo largo de la dictadura porfirista (1876-1910) se observa que una de las grandes aportaciones que trajo consigo la Revolución de 1910 fue que se estableció a través de la constitución de 1917 un nuevo «orden social y económico» así como un nuevo «proyecto de nación», consecuentemente al crearse las bases para un sector social de la economía se insertaron automáticamente las empresas cooperativas, delimitadas por los artículos: 28, 27, 31 F. IV; 73 F. VII y X; 123 y 131 Constitucionales.

En efecto, la Constitución de 1917 se refirió concretamente a las cooperativas en los artículos 28 párrafo 4.º; (actualmente 25y 123 Apdo. A Frac. XXX) en forma «tangencial y casualmente», según lo menciona Alfonso Labriega dado que e las diversas excepciones que existen en dicho precepto menciona dos que son en favor de las asociaciones de trabajadores y en apoyo a las asociaciones o sociedades cooperativas de productores, ambas acepciones vienen a ser consecuencia de la libertad de asociación que consagra el artículo 9 Constitucional, así como la libertad de sindicalización de que nos habla el artículo 123 Apdo. A. F.XVI. Cabe mencionar que originalmente no existían estas dos fracciones, sino que estas surgieron con la intención de fortalecer al mercado del Henequén (en Yucatán) y por iniciativa de la diputación Yucateca.[8]

En consecuencia, sostiene dicho autor que es indudable que el Art. 28 Constitucional encerraba consigo lineamientos fundamentales para la política del país, que conformaba el «Nuevo Derecho Constitucional Económico», pretendiendo con ello abandonar un liberalismo decimonónico, subordinado al interés de la sociedad los privilegios del individuo, confirmando con esto que nuestra economía estaba planteada como una economía mixta en la que debían concurrir los sectores público, social y privado.[9]

Con la Revolución Mexicana fue posible ver al movimiento cooperativo con agrado de tal manera que se fomentó el desarrollo y protección al mismo; como consecuencia lógica del impulso que se pretendió dar a este movimiento y fue hasta el año de 1927 cuando surgió la primera Ley General de Sociedades Cooperativas en el Diario Oficial el 23 de febrero de 1927, que, a diferencia del Código de Comercio de 1889, propiciaba un ambiente legal y adecuado para las sociedades cooperativas.

Luis Hinostroza menciona que: «la primera Ley General de Cooperativas fue promulgada el 10 de febrero de 1927 y estuvo referida a las sociedades cooperativas agrícolas, industriales y de consumo. Esta Ley fue muy progresista al autorizar objetivos múltiples las cooperativas, sin embargo, de vigencia breve, dadas las contradicciones existentes entre las disposiciones del texto legal y los fines mismos del cooperativismo»[10]

Lo cierto es que esta Ley no resultó como se esperaba, además de que no fueron derogados del Código de Comercio los artículos que mencionaban a esta figura y que la confundían con la Sociedad Anónima, además de no haber sabido establecer una clara distinción entre las sociedades mercantiles y las organizaciones sin fines de lucro, constituyéndose una especie de hibrido extremadamente complejo que contribuyo muy poco a distinguir a la sociedad anónima de otras formas de organización social para la producción.

Posteriormente a esta Ley y como consecuencia de las deficiencias que existían en su contenido, fue derogada por otra nueva ley; la de 1933 la cual trató de adecuarse más a las necesidades y a la realidad imperante en el momento de su nacimiento.

En efecto, con fecha 30 de mayo de 1933 apareció en el Diario Oficial, un nuevo ordenamiento que intentó enmendar las deficiencias de la Ley anterior, tratando de ajustarse a los postulados tradicionales de la ideología cooperativa, adoptando con ello algunos criterios de legislaciones extranjeras que enarbolaban estos principios.

En consecuencia, fueron derogadas las disposiciones del Código de Comercio relativas a las sociedades cooperativas (que se encontraban vigentes con la Ley anterior) y se les dotó de un reglamento que no se tenía con la antigua ley[11]

De esta forma le fueron intercalados los postulados fundamentales de la ideología cooperativa, según fue considerado por el Congreso Cooperativo Internacional celebrado en Viena, en agosto de 1930

Posteriormente la Ley de 1938 fue considerada a juicio de muchos como una «magnífica ley», la cual fue promulgada en el año de 1938 (Diario Oficial 15-II-1938), quedando derogada la Ley anterior, así como su respectivo reglamento, al respecto Pedro Labriega comenta:

«... es conveniente recordar primero la tendencia socializadora del régimen cardenista que seguramente se hizo plasmar en esta nueva ordenanza y segundo la intención de adecuar el nuevo ordenamiento cooperativo con el reciente estatuto cooperativo de la Ley de Sociedades Mercantiles (aún vigente), que considera a la cooperativa como sociedad mercantil...»[12]

No obstante, lo anterior, se observa que en la exposición de motivos se alude a su naturaleza especial. Asimismo una de las principales características de la Ley de 1938 y de su reglamentación fue el hecho de que a diferencia de la Ley anterior se estableció que únicamente los trabajadores podían formar parte de las sociedades cooperativas, reiterándose los principios de filosofía cooperativa con algunas modificaciones.

Esta facultad le fue heredada a la Secretaría del Trabajo que con el tiempo vino a compartir con Relaciones Exteriores, Hacienda, Trabajo, Educación Pública, Industria y Fomento Industrial, Pesca, Comunicaciones y Transportes, Energía Minas e Industria Paraestatal, Desarrollo Urbano y Ecología, denotándose en esta Ley un noble deseo por el desarrollo de las cooperativas de producción.[13]

De hecho, puede decirse que el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) fue el periodo de ascenso para el movimiento cooperativo mexicano, ya que el gobierno cardenista propició la constitución de cooperativas tanto en el campo como en la ciudad. Este programa respondía a una política de gran apoyo al cooperativismo que tuvo su máxima expresión en el plan sexenal, cuyas ideas iban tendientes a fortalecer el aparato estatal para convertirlo en un promotor del desarrollo económico y social.

El cooperativismo en ese entonces se concibió como un sistema apropiado para organizar empresas productivas y promover socialmente a contingentes de trabajadores bajo la idea de ampliar y fortalecer al movimiento cooperativo aún bajo el entrenamiento del capital extranjero, lo cual motivó al cardenismo para renovar al cooperativismo mexicano sobre bases más firmes, más populares y solidarias con los sectores obreros y campesinos.

Luis Hinostroza menciona: «Estos planteamientos significaban una clara posición de clase con respecto al cooperativismo, definiéndolo como un instrumento para la cooperación y el trabajo asociado, válido tanto para el campo como para la ciudad»[14]

Por lo anterior podemos afirmar que desde los años 30 el movimiento cooperativo mexicano ha estado ligado directamente a los avances y retrocesos que ha sufrido el movimiento popular, sin embargo una de las críticas que se hacen a esta Ley es que no obstante su marcado corte clasista, impuso una estructura centralista y unitaria de representación gremial, de carácter cupular y legitimo el intervencionismo estatal en la vida interna de las cooperativas, quedando el movimiento cooperativo subordinado a los intereses del Estado.[15]

Rojas Herrera por su parte, resalta el hecho que durante la época de los 40, 50 y 60 el cooperativismo dejó de ser estimulado y sólo cobró auge durante el período de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), períodos en los que el cooperativismo volvió a cobrar interés para el gobierno federal como parte de su estrategia económica y para sus Planes de Desarrollo.[16]

De hecho, fue hasta 1982 fecha en que se recibieron apoyos del Gobierno Federal, con el último «Plan Nacional de Fomento Cooperativo».

El 3 de febrero de 1983 se publicó en el Diario Oficial un decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se incluye lo relativo al artículo 25 Constitucional cuyo párrafo 3.º Menciona: «...al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social los sectores público, social y privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación»… lo que significa que desde ese entonces la Constitución General de la República reconoce la existencia de una economía mixta integrada por los organismos y empresas de los sectores público, social y privado.[17]

Posteriormente se fueron generando cambios y ajustes en la política económica y social, y bajo el arribo de Carlos Salinas de Gortari, los instrumentos financieros prácticamente desaparecieron, para la mayoría de las sociedades cooperativas, en consecuencia, se produjo un cambio en el marco jurídico que regula a las empresas cooperativas con la «nueva» Ley General de Sociedades Cooperativas de 1994.

3. Ley General de Sociedades Cooperativas de 1994 (vigente) 

La Ley que nos rige actualmente en materia cooperativa es la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada el 3 de agosto de 1994; la cual intentó adecuar el contenido de su redacción a las necesidades impuestas por nuestra sociedad, sin olvidar la participación de los otros ordenamientos jurídicos que asimismo regulaban la existencia de él cooperativismo tal es el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Sociedades Mercantiles; Ley Orgánica de la Administración Pública y Código Civil entre otros.

En la Exposición de Motivos de esta nueva Ley se menciona la necesidad de actualizar la Ley de 1983 atendiendo al sector social de economía, haciéndose realizado 14 foros a nivel nacional, así como diversos estudios de la legislación cooperativa en otros países, que han destacado en su economía en base al sistema cooperativo, como es el caso de España, Francia, Italia, Alemania, Colombia, Israel, Inglaterra, Costa Rica, Panamá, Chile, entre otros.[18]

La Comisión de Fomento Cooperativo enfatizó sus objetivos de: actualización, regulación, simplificación de administración interna y se otorgaron opciones de crecimiento.

En base, a lo anterior la comisión de fomento cooperativo consideró que esta Ley respondía más a las necesidades requeridas para el sector cooperativo, adecuándola como lo hizo en algunas de sus partes, como en lo relativo a la organización y administración interna cuyo diseño se dejó como facultad de la Asamblea Constitutiva y para las acciones de fomento y se reconoció el papel que debían adquirir las instituciones de asistencia técnica.

Se contempló la necesidad de crear un tribunal de lo Contencioso Cooperativo para dar más agilidad a la solución de controversias, no obstante, ello se utilizaron los órganos del poder judicial con representantes en los Estados y Municipios.

Otro aspecto trascendente de esta Ley lo fue el hecho de considerar el ámbito económico de estas empresas, esto: que en lugar de mencionar que las cooperativas no debían ser lucrativas o especulativas, se estimó conveniente que se manejaran sin limitar su participación «de manera discriminatoria» respecto a otras sociedades, pudiendo además participar en todos los campos de la economía, sin limitación alguna y con acceso a financiamientos con respaldos de garantía, lo cual deje entrever el giro que da este tipo de empresas cooperativas, se les abrió el campo dentro de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo para manejo las pequeñas capitales de sus socios, en obras y acciones conjuntos para propiciar el ahorro.[19]

En efecto, una de las virtudes de esta Ley fue que por primera vez se reconoce a las Cajas Populares de ahorro y préstamo como Sociedades Cooperativas, señalando la obligatoriedad por parte de la Administración Pública en sus tres niveles de apoyar a través de políticas públicas de fomento a esta organización social, asumiendo también el compromiso de establecer las bases para la creación y reconocimiento de instituciones de asistencia técnica al sector cooperativo.

Con esta nueva Ley no se requería la expedición posterior de un «reglamento» como sucede actualmente con las sociedades civiles y mercantiles, permitiendo que la no previsión por la propia Ley lo determine cada sociedad más conveniente para su estructura productiva.

No obstante lo anterior los comentarios que se han hecho a esta Ley es que lejos de contener un auténtico espíritu cooperativista resultó ser una Ley reguladora más que de fomento y promoción al cooperativismo y si bien mostró algunos avances significativos como lo fue: la plena autonomía tanto en su constitución como en su funcionamiento, han existido escasos avances a partir de su promulgación por parte del movimiento cooperativista nacional, pues continúa estancado el crecimiento de estas empresas pese a las facilidades para su creación y registro.[20]

Asimismo, se critica que dicha Ley si bien libero al movimiento cooperativo de la tutela del Estado, la realidad es que lo puso a competir sin ningún tipo de salvaguarda en el mercado abierto, pues no vino aparejada con una real libertad asociativa, ni fue producto de un verdadero reconocimiento del cooperativismo como palanca del desarrollo nacional, ni como factor de integración social. Por lo tanto, puede decirse que el cooperativismo mexicano ha vivido sin saber qué rumbo tomar ni como sostenerse en el mercado sin la ayuda del aparato estatal, el cual cada vez más imbuido de una ideología neoliberal demostrándose una auténtica falta de sensibilidad con este sector y abandonándolo a su suerte. [21]

En consecuencia resultaba urgente replantear esta situación ya que para que las cooperativas puedan tener éxito los gobiernos deben crearles un entorno favorable para su crecimiento y desarrollo, siendo importante valorar la labor que realiza la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas (ONU) en concierto con la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) sobre el establecimiento de los marcos de referencia y de políticas que puedan definir el papel del Estado en materia de cooperativas, en virtud de que las ventajas que ofrecen, puede mejorar la vida de las personas. Puesto que no debemos olvidar que las cooperativas son empresas centradas en las personas, pertenecen a sus miembros, quienes las dirigen de forma democrática con la finalidad de dar respuesta a sus propias necesidades y aspiraciones socioeconómicas comunes, como bien lo menciona uno de los documentos de la Alianza Cooperativa Internacional:

...Son empresas basadas en valores y principios que dan prioridad a la justicia y la igualdad, y permiten a las personas crear empresas sostenibles que generen empleos y prosperidad a largo plazo. Gestionadas por productores, usuarios o trabajadores, las cooperativas se dirigen según la regla de «un miembro, un voto»[22]

Finalmente vale la pena destacar que el 23 de mayo de 2012 se promulgó la Ley de Economía Social y Solidaria (LESS), reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se reconoce la Rectoría de Estado.

4. Programas sociales (período neoliberal) 

El gobierno mexicano tuvo siempre un especial interés en las cooperativas como forma de realización de planes económicos o proyectos específicos, para ello creó por los años 60-80s la Dirección General de Fomento Cooperativo, y Organización Social para el Trabajo (DIFOCOST), mediante la fusión de la Dirección de Fomento Cooperativo y la de Capacitación y Fomento Cooperativo Pesquero.

La DIFOCOST registraba y supervisaba todas las cooperativas a excepción de las escolares y trabajaba en coordinación con la unidad coordinadora de Políticos, Estudios y Estadísticas de Trabajo (UCPEET).

Posteriormente existió la Comisión Intersecretarial para el Fomento Cooperativo (CIFC), la cual estaba integrada por representantes de las secretarias del Trabajo y Prevención Social, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Fomento y Comercio Industrial, de Agricultura y Recursos Hidráulicos de Comunicaciones y Transportes de Reforma Agraria y pesca.[23]

Durante ese mismo periodo se llevo a cabo la creación del Fondo Nacional Cooperativo (FOSOC), derivado del Banco de Fomento Cooperativo (BANFOCO) observándose en términos generales, que en aquel entonces se consideraban a las Cooperativas como fuente de empleo como fue el programa «COPLAMAR».

Para dicho programa se llevó a cabo la adquisición del 12% de las bodegas de la nueva central de abasto de la ciudad de México para uso exclusivo de las Cooperativas del interior, así como también existió el Consejo Nacional Cooperativo

Este fue un instrumento del Ejecutivo Federal que promovió en el marco de una política social integral, acciones productivas tendientes a apoyar a los grupos que viven en situación de pobreza extrema, con el fin de impulsar y fortalecer sus capacidades y potencialidades y propiciar su incorporación al desarrollo social.

Los recursos Federales se asignaban al programa bajo el rubro de transferencias del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, y se ejercían a través de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) mediante la figura de Aportación Solidaria para el despliegue de sus acciones y con la finalidad de obtener una operación eficiente que permitiera alcanzar los objetivos fundamentales, dicho programa se basaba en el compromiso conjunto del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Desarrollo Social y los gobiernos estatales y municipales bajo el marco de los convenios de desarrollo social, así como de los sectores social y privado.[24]

FONAES fue un programa reglamentario de los artículos 25 y 26 Constitucionales. Funcionaba como: Coordinación general del Fondo Nacional de apoyo para las empresas de solidaridad, el cual posteriormente se transforma en el INAES (2012) Instituto Nacional de Economía Social, consagrado a la ejecución de políticas públicas de fomento al SSE. Este programa tenía la finalidad de seguir dando apoyo a la población campesina, indígena y urbana en condiciones de extrema pobreza, el cual durante buena parte de su existencia se dedicó al reparto de apoyos y subsidios gubernamentales, pero no al fomento real del SSE. De hecho, funcionó más como un fondo económico que como un verdadero instituto de fomento y promoción.[25]

Posteriormente siguieron existiendo diversos programas sociales con el fin de abatir el rezago y la pobreza en que han vivido millones de mexicanos, señalando además como uno de los grandes obstáculos: para el desarrollo la falta de oportunidades productivas. Así el Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000) aludió al programa «PROGRESA» para superar la pobreza, que buscó fortalecer a los grupos más vulnerables, al igual que el desarrollo de sus capacidades productivas, pudiendo construirse en cualquier figura jurídica conforme a las leyes mexicanas, favoreciendo de tal forma la creación de empresas o proyectos productivos propios, variables y rentables que permitieran desarrollar sus capacidades económicas y sociales.

Por su parte el Programa Nacional de Desarrollo Social (2001-2006) «SUPERACION DE LA POBREZA: UNA TAREA CONTIGO», contempló la confluencia de esfuerzos articulados, que atendiera las diferentes acciones, reconociendo los problemas particulares y concentrando esfuerzos en torno a las prioridades regionales, así como también intentó alentar la participación de los diferentes actores de la sociedad civil. Este programa sustituyo al programa «PROGRESA».[26]

Durante el período 2006-2012 se implementaron programas estratégicos como el Programa de Apoyos para el Campo (PROCAMPO), Programa de Abasto Rural (DICONSA), Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Programa de Apoyo Alimentario (PAL) LICONSA entre otros más

Cabe mencionar que para el año 2015 el INAES estuvo en medio de una fuerte crisis financiera y presupuestal, en consecuencia, se decretó su cambio de adscripción a la Secretaría de Desarrollo social (SEDESOL)[27]

5. Empresas cooperativas méxicanas durante el período neoliberal (1980-2018) 

El neoliberalismo es el sistema económico que empezó a implementarse en nuestro país durante el gobierno de Miguel de la Madrid. (1982-1988). Cabe mencionar que el modelo económico que había venido prevaleciendo en México se había caracterizado durante varias décadas por ser un modelo nacionalista, mismo que una vez configurado con la rectoría de Estado se proyectó hacia los sectores público social y privado como lo menciona el artículo 25 Constitucional. Este artículo establece el compromiso del Estado mexicano para la expansión y desarrollo del SSE, tiene la obligación de planear y dirigir el desarrollo nacional mediante el fomento económico de los sectores público, social y privado, que favorezcan el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza entre los individuos, grupos y clases sociales que integran la nación.

Durante este período existieron numerosas barreras arancelarias que protegían a todos los sectores de la competencia internacional. Sin embargo, la situación en México empezó a complicarse dado que la inflación se había casi duplicado en pocos años y el desempleo se disparó hasta a un 15%.

Fue entonces que el presidente Miguel De la Madrid (1982-1988) decidió poner en marcha lo que denominó Renovación Moral de la sociedad y planteó un Plan Global de Desarrollo. Dentro de dicho plan estaba la privatización de empresas y la apertura económica. Posteriormente bajo el período de Carlos Salinas (1988-1994) se terminó de implantar el modelo económico neoliberal en la política mexicana. Culminando con el proceso privatizador en el país. [28]

Puede decirse que uno de los aspectos que ha caracterizado a la implantación del neoliberalismo en México, y que aún sigue haciéndolo, es su incorporación a varios tratados de comercio internacional.

El primero fue el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) y supuso un auténtico cambio de paradigma económico en el país. México se comprometió a eliminar aranceles y los permisos a las importaciones. El segundo acuerdo firmado fue el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, (mal llamado NAFTA por sus siglas en inglés), firmado con los Estados Unidos y Canadá. A través de él, se creaba una zona de libre comercio entre los tres países.

A la fecha existen ciertas contradicciones acerca de cómo ha influido este tratado en la economía mexicana. El sector agropecuario se modernizó, aumentando su competitividad, pero a costa del aumento de la desigualdad social. Otros sectores, como el automovilístico, se han visto beneficiado por el traslado de industria desde el vecino del norte, dada la diferencia de costes entre los dos países.

Las características de ambos tratados han sido:

Políticas fiscales restrictivas, Liberalización y privatizaciones, Dependencia con el exterior, Modelo centralizado, Privatización de empresas mexicanas entre otras cosas más. Los números demuestran este proceso puesto que mientras que en 1982 existían 1155 empresas paraestatales en numerosas actividades económicas y empresariales actualmente solo quedan 207 empresas.

Estas empresas suponían un 18,5% del PIB, y daba empleo a un 10% de la población. Actualmente nuestro país, dada su dependencia del exterior, ha venido perdiendo capacidad de decisión sobre la política económica, contrario a los postulados del artículo 25 Constitucional que habla sobre una Rectoría económica.

Puede decirse que, desde la firma del TLCAN en 1994, las exportaciones crecieron mucho en el país. Sin embargo, no consiguió evitar la pérdida de muchas industrias mexicanas a nivel general y a pesar de ese aumento, el PIB mexicano es uno de los que menos ha crecido en la región.

Los costos sociales no se hicieron esperar dado que el neoliberalismo mexicano ha desembocado en una pérdida de nivel de vida para los más desfavorecidos y trabajadores en general. Las políticas sociales durante ese tiempo vieron como su presupuesto descendió notoriamente, habiéndose reflejado claramente en la educación y la sanidad.[29]

Casi 8 millones de trabajadores cobraban el salario mínimo en el país, que resultaba ser bastante precario para sobrevivir. Con lo cual el aumento de la desigualdad fue una consecuencia inevitable, formándose además bolsas de pobreza en diversos sectores de la población, lo cual fue sumamente preocupante.

La inflación continuó subiendo durante todos estos años, y la economía se estancó con crecimientos no superiores al 2,4%. Pero lo más lacerante fue la reducción de las partidas destinadas a los servicios sociales que fue afectando a un gran número de personas. El aumento del desempleo agravo el problema. Así como la emigración hacia Estados Unidos lo cual ha sido entre otras cosas una de las más grandes consecuencias

Por lo que respecta al ámbito cooperativo se observa con datos recabados por la Secretaria de Relaciones Exteriores (S.R.E.) que para el año 2000, se tenían registradas a más 20 mil cooperativas, de las cuales según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tan solo se encontraban activas 10.156 repartidas de la siguiente manera: 6925 de producción y 3231 de consumo, abarcando todas ellas un total de 469.200 socios sin considerar las cajas populares de ahorro que para 1995 mantenían una membresía de más de 1.5 de socios con la constitución de la Caja Popular Mexicana, integrada por más de 60 cajas populares.[30]

Actualmente se estima que en México existen aproximadamente 18.938 cooperativas, en ellas hay 8.875.186 personas relacionadas directamente con actividades cooperativas, de las cuales 5 millones aproximadamente participan en el sector de ahorro y préstamo popular, siendo Las restantes las que se ocupan de la producción y el consumo, lo cual representa aproximadamente el 7% de la población total.

El mayor número son cooperativas de consumo 12.076, seguidas de las de producción, 5200 y las de ahorro 762, sin embargo, el 96,3% de los socios están integrados en las cooperativas de ahorro y préstamo con 800.000 socios.[31]

Sin embargo y a pesar de los datos aportados una de las razones por las que resulta difícil la identificación confiable de las cooperativas es porque con la Ley de 1994 «desclaso» a las cooperativas del sector obrero, normándolas en una Ley especial pero contradictoriamente sujetas a la legislación comercial lo cual va en contra de su propia naturaleza. En efecto, la Ley actual (1994) las considero como sociedades mercantiles con ánimo de lucro, considerándolas además para efectos económicos en la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales conforman un vasto universo de más de 4 millones de unidades en el país.

De hecho puede decirse que los problemas que ha padecido el sector cooperativo en México, durante estas últimas décadas se debe principalmente al modelo económico que prevalece, esto es que el capitalismo mexicano bajo el modelo neoliberal excluyo al cooperativismo, descartándolo en los esquemas de desarrollo nacional, como lo hemos visto a través de los programas sociales, puesto que fue hasta el año de 1982 que se recibieron apoyos del gobierno federal con el último Plan Nacional de Fomento Cooperativo, aun cuando la Ley contempla en su artículo 25 Constitucional, el compromiso explícito del Estado Mexicano la expansión y desarrollo del sector social de la economía (SSE) dicho compromiso fue ratificado por la Ley de Economía Social y Solidaria (LESS) expedida en 2012. Esta base jurídica supondría la expansión y fomento del SSE y dentro de las principales prioridades de política pública del Estado mexicano.[32]

No obstante lo anterior el cooperativismo, ha sido considerado como sinónimo de retroceso, subversión y fracaso, por lo tanto el cooperativismo en México no se ha ejercido ampliamente por el gobierno federal ni por la mayoría de los gobiernos de las entidades estatales durante todos estos años.

Se ha desconocido al cooperativismo durante todo este período neoliberal y no se aplicaron sus principios universales y compromisos con la comunidad pues se ha carecido de una educación, capacitación y cultura cooperativa, que fuera capaz de estimular la creación y desarrollo de nuevas empresas.

Tampoco existieron apoyos y financiamientos y los que llegaron a existir fueron escasos y caros, ni existieron instancias públicas de asistencia técnica especializada en el tema de cooperativas como es la administración, contabilidad, finanzas, mercados, etc.

La falta de programas oficiales así como de una banca de desarrollo social de apoyo a las cooperativas con créditos flexibles, dificulto aun más su desarrollo, aunado todo esto a la gran estructura política y económica del país, determinada por relaciones capitalistas de exportación y subordinación del trabajo asalariado, saqueo de recursos naturales, prevalencia de monopolios, bancos extranjerizados y empresas transnacionales que son quienes controlan absolutamente todo en nuestro país en la actualidad, pero lo más lacerante ha sido la ignorancia y la falta de compromiso de nuestros dirigentes sobre la naturaleza del cooperativismo durante el período neoliberal que lejos de apoyar a este sector lo han agobiado hasta su extinción, bajo la idea de que las cooperativas van en contra del sistema capitalista.[33]

Asimismo han sido consideradas como elementos que gradualmente conducen al socialismo, cuando en realidad lo que se persigue es una correlación de fuerzas y una alternativa económica en el modo de producción prevaleciente en el país, observándose que realmente el actual modelo económico ha empobrecido al país, dejando cerca del 50% del total de la población en la pobreza patrimonial y otro 10% en la pobreza alimentaria, y la respuesta no se ha hecho esperar pues actualmente contamos con problemas como: el crimen organizado, el narcotráfico, la migración y el desempleo entre otras cosas más.[34] Por su parte Rojas Herrera menciona que a lo largo del período neoliberal, al sector cooperativo se le impuso una política regresiva y discriminatoria así como una legislación controladora, fiscalizadora y mercantilista que hizo que se fueran perdiendo ciertos privilegios que había alcanzado dada su naturaleza especial como es el caso que en 1999 se eliminó el sistema simplificado del impuesto sobre la renta del cual gozaban las cooperativas de productores, pasando a formar parte desde entonces al régimen de cotización como cualquier empresa mercantil.

Cabe mencionar que bajo este contexto desde el año de 1994 la actual Ley General de Sociedades Cooperativas (L.G.S.C) reconoce las siguientes clases de cooperativas:

De consumidores de bienes y servicios, de productores de bienes y servicios y de ahorro y préstamo.

Sostiene el mencionado autor Rojas Herrera que actualmente los mayores problemas que existen para las cooperativas en México son entre otros: La dificultad de acceso y permanencia en los mercados abiertos, escaso desarrollo tecnológico y de equipamiento, exceso regulatorio de carácter legal, ambiental y fitosanitario, carga fiscal excesiva, falta de crédito oportuno y barato, ausencia total de asistencia técnica, cacicazgo gerencial y una falta de educación cooperativa.[35]

Pese a lo mencionado anteriormente y a lo largo de este trabajo, se observa que existe un gran número de empresas exitosas que han logrado sobrevivir a los peores embates de la política económica que ha prevalecido en el país, de las cuales por lo reducido del espacio solo se citaran algunas, como a continuación veremos.

6. Ejemplos de cooperativas exitosas 

La Cooperativa Cruz Azul, es un claro ejemplo de éxito. Es fundada en 1881 como sociedad netamente mercantil y extranjera beneficiada por el inglés Henry Gibbon, ubicada en una parte de la antigua Hacienda de Jasso, en 1932 es expropiada por el gobernador del Estado de Hidalgo, Bartolomé Vargas Lugo. Sin embargo, Fue Don Guillermo Álvarez Macias quien inicio el Cooperativismo moderno y ahora la Cruz Azul sobrevive como empresa en un mundo globalizado, es una de las empresas cementeras más grandes de México. La cooperativa se distingue por su compromiso con el desarrollo social y ambiental de las comunidades donde opera, expandiendo su productividad en diferentes partes del mundo. [36]

La Sociedad Cooperativa de Consumo «El Grullo», SCL., es otro caso de éxito puesto que es la más grande Cooperativa de Consumo en México, cuenta con un registro de más de 4.800 socios, donde cada socio representa una familia; esto equivale al 75% de la población de El Grullo, Jalisco.

La historia menciona a un grupo de socios, del binomio feligreses-cooperativistas, que fundó en 1960 la Caja Santa María de Guadalupe (Caja SMG), tomó la iniciativa de atender el abasto para su comunidad a través de una cooperativa de consumo que le dio por nombre Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en Común y Comercialización «El Grullo». Actualmente cumple 38 años y reúne a 4.800 socios.[37]

En 1995 se constituyó Caja Popular Mexicana, Sociedad de Ahorro y Préstamo. Esta institución, gracias a la confianza de sus más de 1.7 millones de Socias ha logrado mantener su crecimiento y expansión de sus servicios; en la actualidad tiene presencia en 22 Estados de la República Mexicana, con una cobertura de más de 400 sucursales, posición que le permite ocupar un lugar representativo en el sector cooperativo a nivel Latinoamérica.[38]

Así mismo se citan: a la Cooperativa de trabajadores Pascual Boing

La cooperativa pascual Boing nace como una compañía refresquera mexicana fundada desde 1938 que produce bebidas gaseosas, siendo su principal producto una línea de bebidas no carbonatadas que contiene jugo o pulpa de fruta.

Uno de sus principales productos han sido los refrescos «Pascual» que es un refresco con pulpa de frutas. Actualmente compite con las grandes trasnacionales y se mantiene en uno de los niveles más altos de calidad, en ella laboran 4400 personas y casi la mitad de ellos son cooperativistas incorporando anualmente cada vez más.

Cuenta con cuatro plantas: dos en la capital del país, en San Juan del Rio (Querétaro) y en Tizayuca (Hidalgo). Cuenta además con una flotilla de 1000 camiones de reparto, 19 sucursales y 28 distribuidores independientes en casi todo el país.[39]

Cooperativa de trabajadores de Occidente (TRADOC). Esta es una empresa de trabajadores democráticos de occidente, la cual fue formada a raíz de la controversial huelga de EUZKADI, que estalló en 2001 después que la empresa transnacional continental TIRES cerró de manera unilateral la fuente de trabajo, dejando fuera a casi 1300 trabajadores.

El conflicto de huelga se extendió durante 3 años, en los cuales 604 trabajadores permanecieron unidos hasta la celebración de un convenio «marco» a principios de 2005 en el que participó en entonces presidente de México Vicente Fox.

El convenio «marco» que dio fin a la huelga de los trabajadores les entregó el 100% de la propiedad de la planta de neumáticos, los cuales aportaron dicho patrimonio para construir TRADOC.[40]

Sociedad de alijadores de Tampico. La historia del Gremio Unido de Alijadores se remonta al año de 1911, cuando en México nace y se desarrolla el movimiento portuario de Tampico, dada la importancia de la importación y exportación de mercancías que demandaban una mayor carga y descarga de barcos en el muelle fiscal.

Actualmente se cumplen aproximadamente 110 años de su creación, lo cual cobra mucha importancia para el movimiento obrero de México porque fue el principio de lo que después sería el sindicalismo mexicano.[41]

Federación de Alianza de Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo SC de RL CV. Se constituye en diciembre de 2009 con 6 cooperativas, cuya idea era la de formar una entidad enfocada en apoyar a diversas empresas.[42]

Caja popular Morelia Michoacán de C V, originalmente denominada Caja José Ibarrola, en honor del sacerdote que la fundo, en el año de 1964 y actualmente cuenta con 79 sucursales en todo el país con más de 420.000 socios. A partir de 2007 se encuentra regulada por la Comisión Bancaria de Valores.

Al igual que otras empresas de este tipo ha tenido que sortear grandes problemas por los muchos fraudes que se cometieron con una Ley anterior que existía, sin embargo, esta cooperativa se mantuvo fiel a sus principios y ha logrado salir adelante.[43]

Tosepan Cooperativa, fundada en 1994, es una cooperativa cafetalera que agrupa a más de 1.500 productores en Chiapas. La cooperativa se destaca por su producción de café orgánico de alta calidad y su compromiso con el comercio justo. Antes de que naciera la Tosepan, en la Sierra Nororiental de Puebla, al igual que en la mayoría de las regiones indígenas de México, prevalecía un abandono total de las instituciones gubernamentales y, por lo mismo, se mantenían altos índices de marginación y fuertes cacicazgos. La carestía de los alimentos básicos, el intermediar ismo de las cosechas.

La Fundación Tosepan es una institución creada por la Unión de Cooperativas Tosepan, que trabaja con los pueblos rurales e indígenas de la Sierra Nororiental de Puebla. Ofrece atención en salud.[44]

Cooperativa la flor de Xochistlahuaca ubicada en el municipio de Xochistlahuaca, en la zona sureste de Guerrero. Sus integrantes, todas mujeres, elaboran huipiles con diseños tradicionales y transmiten el arte tradicional del telar de cintura entre las nuevas generaciones del municipio. Los diseños plasmados en los huipiles representan su forma de vida, hacen referencia a sus paisajes selváticos, animales de la región y a lo cotidiano. Sus productos son conocidos en Estados Unidos y España.

Desde 1972 ha participado en diversos concursos nacionales e internacionales, en los que ha obtenido 35 premios y galardones, entre los que destacan: participación en el Taller de Textiles en la Conferencia Internacional del Consejo Mundial de Artesanías, en 1976; el premio UNESCO de Artesanía 2001 para América Latina y el Caribe.

En el año de 2004 la Cooperativa La Flor de Xochistlahuaca recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el campo de artes y tradiciones populares.[45]

La Cooperativa Pascual, fundada en 1941, es una de las empresas lácteas más importantes de México. La cooperativa se caracteriza por la calidad de sus productos y su compromiso con el desarrollo rural.[46]

La cooperativa COOP, fundada en 1997, es una cooperativa de consumo que ofrece una amplia gama de productos orgánicos y sostenibles. La cooperativa se distingue por su compromiso con la economía circular y el consumo responsable.[47]

Cooperativa: Coco Loco, fundada en 2009, es una cooperativa que produce chocolate orgánico de alta calidad en Chiapas. La cooperativa se destaca por su compromiso con el comercio justo y el desarrollo social de las comunidades productoras. [48]

Cooperativa Yaxcheel, fundada en 2006, es una cooperativa apícola que produce miel pura de alta calidad en Yucatán. La cooperativa se distingue por su compromiso con la apicultura sostenible y el comercio justo.[49]

Cooperativa La Abeja, fundada en 1982, es una cooperativa panadera que produce pan artesanal de alta calidad en la Ciudad de México. La cooperativa se caracteriza por su compromiso con la tradición y la calidad.[50]

Cooperativa Chiclero, fundada en 2010, es una cooperativa que produce chicle natural de alta calidad en Yucatán. La cooperativa se destaca por su compromiso con el comercio justo y la conservación del medio ambiente.[51]

Cooperativa Tonalá, fundada en 2002, es una cooperativa de artesanos que produce alfarería tradicional de alta calidad en Jalisco. La cooperativa se distingue por su compromiso con la preservación del valor cultural y el desarrollo local.[52]

Se citan entre otras a:

• Confederación Nacional de Cooperativas de Actividades Diversas

• Confederación de abasto y distribución

• Caja Popular Morelia-Valladolid

• Alianza Cooperativa Nacional entre otras muchas más

7. Conclusión 

Como puede observarse las cooperativas en México desempeñan un papel crucial en la promoción de la equidad, la inclusión económica y el desarrollo sostenible, han tenido que afrontar toda clase de vicisitudes y abandono por las políticas neoliberales impuestas en nuestro país, sin embargo los valores comunes que las identifican son: «la ayuda mutua, la democracia, la equidad y la solidaridad», valores que han servido como herramientas muy poderosas para salir adelante y para mejorar la calidad de vida de todos sus integrantes. Observándose que además de estos valores se habla también de: comercio justo, su compromiso con el desarrollo rural, consumo responsable, desarrollo social de las comunidades productivas, su compromiso con la tradición y la calidad, preservación de la cultura indígena, conservación del medio ambiente, preservación de valores culturales y el desarrollo local, desarrollo social y ambiental, entre otros más.

Sin embargo, como se ha señalado a largo del presente trabajo resulta urgente replantear el papel de las cooperativas en México, ya que para que las cooperativas puedan tener éxito los gobiernos deben crearles un entorno favorable para su crecimiento y desarrollo, siendo importante valorar la labor que realiza la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas (ONU) en concierto con la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) sobre el establecimiento de los marcos de referencia y de políticas que puedan definir el papel del Estado en materia de cooperativas, en virtud de que las ventajas que ofrecen, pueden mejorar la vida de las personas.

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