Las cooperativas rurales y su rol articulador en la nueva ruralidad del postconflicto en Colombia: un balance desde la reintegración socioeconómica de los desmovilizados

The role of rural cooperatives in shaping the new rural reality of post-conflict Colombia: a perspective from the socioeconomic reintegration of former combatants

Iván Vargas-Chaves[1]

Universidad Militar Nueva Granada (Colombia)

doi: https://doi.org/10.18543/baidc.3175

Recibido: 21.10.2024

Aceptado: 18.02.2025

Fecha de publicación en línea: marzo de 2025

Resumen:

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto en Colombia supera el mero desarme de la guerrilla, requiriendo la reincorporación socioeconómica de los excombatientes para una reintegración completa. Las cooperativas agropecuarias, con su naturaleza participativa, solidaria y equitativa, se erigen como una alternativa viable y duradera para este proceso. El presente artículo tiene como objetivo estudiar el rol que pueden desempeñar las cooperativas rurales en el marco de la reinserción socioeconómica, en consonancia con su naturaleza participativa, solidaria y equitativa. Basado en un enfoque metodológico de análisis documental de información especializada, se explora el papel de las cooperativas rurales en la reinserción socioeconómica de los excombatientes. Adicionalmente, se analiza el rol del Estado en la «nueva ruralidad» del postconflicto. Como resultados, se plantean consideraciones sobre la oportunidad que pueden representar las cooperativas rurales en pro de la reducción de la pobreza, la reconstrucción del tejido social y el mejoramiento de sus condiciones de vida. Además, se presentan dos casos de éxito de asociaciones conformadas por excombatientes de las FARC que han contribuido a la reconstrucción del tejido social y a una reintegración socioeconómica efectiva.

Palabras clave:

reintegración socioeconómica; cooperativas rurales; posconflicto en Colombia; construcción de paz; Colombia.

Abstract:

The Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace goes beyond the mere disarmament of the guerrillas, requiring the socioeconomic reintegration of former combatants for a complete reintegration. Agricultural cooperatives, with their participatory, solidarity-based, and equitable nature, stand out as a viable and durable alternative for this process. This paper aims to study the role that rural cooperatives can play in the framework of socioeconomic reintegration, in line with their participatory, solidarity-based, and equitable nature. Based on a methodological approach of documentary analysis of specialized information, the role of rural cooperatives in the socioeconomic reintegration of former combatants is explored. Additionally, the role of the State in the “new rurality” of the post-conflict is analyzed. As a result, considerations are raised about the opportunity that rural cooperatives can represent for the reduction of poverty, the reconstruction of the social fabric, and the improvement of their living conditions. In addition, two success stories of associations formed by FARC ex-combatants who have contributed to the reconstruction of the social fabric and an effective socioeconomic reintegration are presented.

Keywords:

socioeconomic reintegration; rural cooperatives; post-conflict in Colombia; peacebuilding; Colombia.

Introducción 

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, suscrito en noviembre de 2016 por el gobierno colombiano y las FARC-EP, trasciende el mero desarme de la guerrilla. La reintegración de los excombatientes a la vida civil no se completa únicamente con su desmovilización, sino que requiere imperativamente de su reincorporación socioeconómica (Sierra y González 2021; Díaz Galán 2021; Massé y Le Billon 2018; Zambrano Palma y Ojeda Pérez 2022).

En este sentido, toda iniciativa que propenda por la generación de alternativas económicas lícitas para los excombatientes les brindará la oportunidad de mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo de sus comunidades. Es ahí donde las cooperativas agropecuarias emergen como una opción viable y duradera para la reintegración social y económica de los excombatientes.

El presente documento, que es producto resultado del investigación (INV-DER-4041) del autor como profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, tiene por objetivo estudiar el rol que pueden desempeñar las cooperativas rurales en el marco de la reinserción socioeconómica, y como parte de su naturaleza participativa, solidaria y equitativa.

Con el fin de cumplir con este objetivo, el estudio efectuado se vale de un enfoque metodológico de análisis documental de información especializada, incluyendo libros, capítulos de libros, informes, estudios y artículos publicados en revistas indexadas en bases de datos en SJR y JCR. Esta metodología tiene la ventaja de permitir adentrarse en un entramado complejo de temas y extraer insights como insumo de trabajo. En el contexto del presente estudio, este enfoque metodológico se convierte en un pilar fundamental para cumplir con el objetivo de estudiar el cooperativismo, el postconflicto y los estudio de paz.

Con base en la relevancia, confiabilidad y actualidad de la información, se seleccionaron un total de setenta y ocho fuentes bibliográficas, adecuadas para el estudio, luego de utilizar unos criterios estrictos de búsqueda a través de palabras clave en español e inglés dentro de las citadas bases de datos, tales como ‘cooperativas AND rurales’, ‘economía AND social AND postconflicto’, ‘acuerdo AND paz AND Farc’, ‘reinserción AND social AND económica’, entre otras.

Como resultado, se presentan unas reflexiones y consideraciones sobre la economía solidaria, y particularmente las cooperativas rurales, como estrategia de abordaje del postconflicto y la reinserción socioeconómica de los desmovilizados. Así, en un primer apartado se detalla el rol y el deber ser del Estado colombiano con la ‘nueva ruralidad’ en el postconflicto. A continuación se aborda el concepto de reinserción socioeconómica de los desmovilizados. El tercer apartado estudia las cooperativas rurales como una oportunidad para los desmovilizados, y, por último, se relacionan como casos de éxito las iniciativas de COMPAC y ECOMUN en la reinserción socioeconómica de desmovilizados.

El estudio concluye con una visión desde el cooperativismo rural, donde se propugna por una distribución justa de los beneficios y la participación de los reinsertados y las víctimas civiles en calidad de asociados, en la gestión de empresas solidarias con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza, la reconstrucción del tejido social y el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas.

I. El Estado colombiano y la ‘nueva ruralidad’ en el postconflicto 

Colombia ha sido escenario de un prolongado conflicto armado que, por décadas, ha afectado a diversas poblaciones y territorios. En algunas regiones geográficamente marcadas por la violencia, el Estado colombiano ha evidenciado una notable debilidad —en ocasiones incluso una ausencia total— en el cumplimiento de su deber constitucional de proteger la vida de todos sus habitantes (Theidon y Betancourt 2006; Giraldo Gómez 2010). Asimismo, ha fallado en la creación de escenarios adecuados que propicien condiciones acordes a las demandas particulares de cada región (Rettberg 2003; Fisas 2010; Nussio 2013)

Esta falta de escenarios propicios en los territorios se ha reflejado, principalmente, en la problemática agraria y la exclusión de sectores rurales. Estas condiciones adversas contribuyeron al surgimiento de grupos armados, los cuales, se han conformado principalmente por actores sociales de orígenes campesinos, quienes buscaban reivindicaciones como el derecho a la propiedad de la tierra, reformas agrarias y protección al sector agropecuario (Calderón Rojas 2016).

En este escenario, la implementación de alternativas efectivas dirigidas a la reinserción de los desmovilizados de estos grupos subversivos ha requerido de políticas públicas diferenciadas (Sierra y González 2021). Estas políticas han tenido distintos ejes de acción, al ser un problema complejo que ha debido abordarse de forma interdisciplinar e integral, por ejemplo, en materia agraria, se han buscado mecanismos como la reforma agraria, la redistribución de tierras o un acceso a crédito en condiciones especiales para la compra de tierras; ello con el fin de garantizar un acceso equitativo a este recurso fundamental para la producción agropecuaria (Díaz Galán 2021).

Desde esta misma óptica, la labor de las instituciones ha buscado promover el uso eficiente de la tierra cultivable, mediante la implementación de prácticas agrícolas sostenibles, inversión en investigación y desarrollo para un manejo adecuado de recursos hídricos y conservación de la biodiversidad. De esta manera, se busca optimizar la productividad del suelo y el recurso hídrico sin degradar el medio ambiente.

Otros aspectos clave se enmarcan en el fortalecimiento de los sistemas de registro y titulación de tierras, inversión en infraestructura vial, educativa, de salud y de comunicaciones en las zonas rurales, o ampliación de la cobertura de servicios públicos esenciales como agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica y acceso a internet.

De acuerdo con autores como Ríos (2017) o Giraldo Gómez (2010), al fortalecer la institucionalidad y la presencia en las comunidades más vulnerables e impactadas durante el conflicto armado, se mejoran los indicadores de la economía local, el desarrollo humano y las condiciones de vida de la población. Todo lo anterior, por supuesto va de la mano de una inversión constante en infraestructura productiva como vías de acceso, sistemas de riego y centros de acopio, logrando reducir costos de producción y transporte, así como mejorar la competitividad.

Con la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por sus siglas FARC, el 26 de septiembre de 2016 finalizaba un conflicto armado que acumulaba seis décadas con este grupo subversivo, dando paso a un escenario de postconflicto (Sierra y González 2021). Este nuevo panorama, si bien ha representado una disminución de combates, secuestros u homicidios, no ha implicado la terminación del conflicto armado, pues las disidencias de esta guerrilla y otros grupos subversivos como el Ejército de Liberación Nacional han ocupado parcialmente territorios donde ejercen aún una influencia (Massé y Le Billon 2018).

Volviendo al escenario de la ruralidad, en el marco del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC, estas últimas propusieron la creación de «Territorios Campesinos» como parte de su visión para un «nuevo campo colombiano». Estos territorios, de propiedad colectiva y administrados por las propias comunidades, se conformarían a partir de las Zonas de Reserva Campesina existentes y de las Zonas de producción campesina de alimentos propuestas por las FARC-EP, que en total sumaban más de 14 millones de hectáreas (Zambrano Palma y Ojeda Pérez 2022; Grajales 2021a).

Esta propuesta aún no se ha materializado, pues, por una parte, en el Acuerdo de Paz no especificó el procedimiento —así como tampoco se ha hecho de forma posterior— para facilitar a los excombatientes de las FARC la creación de estos territorios, o si podrán acceder a los ya existentes. En igual sentido, aún se ha legislado en función de crear las condiciones para un manejo de estos territorios basado en el autogobierno, la autogestión y la autodeterminación, ni acerca de las condiciones para que se destinen recursos destinados específicamente a este fin.

Al final, pese a no contarse con un escenario legislativo propicio para el cumplimiento de los compromisos por parte del Estado colombiano en esta nueva ruralidad, sí queda claro que tendrá una labor muy importante para lograr una reinserción de los desmovilizados, en condiciones sociales y económicas aptas. Para ello, deberá trabajar en fomentar su inclusión productiva mediante estrategias como el acceso a crédito, asistencia técnica, capacitación en emprendimiento y desarrollo de cadenas de valor, con el fin de generar oportunidades de negocio y aumentar sus ingresos a fin de evitar que retornen a las filas de grupos subversivos emergentes.

II. Hacia una reinserción socioeconómica de los desmovilizados 

La concentración de la tierra en manos de una minoría ha sido una constante histórica en Colombia. Esta situación ha generado exclusión social, pobreza y aversión por parte de la población rural hacia el aparato estatal y las instituciones (Grajales 2020). Por este motivo, ha sido prioritaria la diversificación económica en las zonas rurales, promoviendo actividades agropecuarias y no agropecuarias como turismo, artesanías y servicios, para crear nuevas fuentes de empleo y mejorar el nivel de vida de la población víctima del conflicto armado y los desmovilizados (Valenzuela y Caicedo 2018).

En efecto, los sectores rurales más afectados por el conflicto armado en las últimas décadas han tenido un acceso limitado a servicios básicos y a modelos productivos. En este último caso, esto los llevó a dedicarse a los cultivos de uso ilícito o a formar parte de las mismas estructuras de las FARC como únicas alternativas de vida. Esto ha dificultado su desarrollo económico y social, empujándolos hacia la marginalidad y la violencia (Berman-Arévalo y Ojeda 2020; Schmitz 2019).

Al promover la agroindustria, el desarrollo de modelos sostenibles y la comercialización directa de productos agrícolas, se logra un avance importante hacia una reinserción socioeconómica de los desmovilizados y las víctimas del conflicto armado en estos territorios (Aparicio 2020; Villarreal Escallón 2021; Mosquera-Camacho y Marston 2021).

En este punto, debe insistirse en que el Estado colombiano tiene un papel fundamental que jugar para lograr este objetivo, además de brindar garantías de seguridad para la vida e integridad física de estos grupos de interés y ser el eje articulador de un proceso de reconciliación social que permita sanar las heridas del conflicto y reconstruir el tejido social.

Sin embargo, como se ha reseñado hasta este punto, en la práctica los excombatientes no cuentan plenamente con un acceso a oportunidades económicas para reintegrarse a la vida civil. Esto, pese a haberse pactado en el Acuerdo de Paz, que aún requiere la implementación de programas de formación y capacitación laboral, así como el acceso a crédito y financiamiento, entre otras estrategias que garanticen una reinserción socioeconómica (McKay 2018).

En efecto, la reinserción socioeconómica se configura como un componente esencial dentro de todo proceso de reintegración de desmovilizados, el cual se inicia con el desarme, seguido de la desmovilización y culmina con la reintegración en sus diversas dimensiones: social, política y económica. Esta última, se refiere a la generación de oportunidades para que los excombatientes accedan al mercado laboral u obtengan ingresos sostenibles; elementos que, a su vez, incidan directamente en su permanencia en la legalidad y en la prevención de la reincidencia en la criminalidad.

Con todo, este enfoque de reintegración no solo busca proveer a los desmovilizados de medios de subsistencia, sino también contribuir a su reconstrucción personal y sentido de identidad. Diversos estudios y autores coinciden en señalar que la capacidad de generar ingresos y la construcción de un proyecto de vida alternativo a la violencia son factores cruciales para el éxito de la reintegración (García-Trujillo 2020; Grajales 2021b; Navarrete-Cruz et al. 2020; Villarreal Escallón 2021).

Para culminar eficazmente un proceso de esta naturaleza, se deben por supuesto considerar un número amplio de variables. Gutiérrez Sanín (2019), Schmitz (2019) y Howland (2022) describen, desde el grado de escolaridad o las habilidades educativas, agrícolas, técnicas o artesanales de los excombatientes, a efectos de determinar sus oportunidades laborales y la generación de ingresos sostenibles. También se conciben como variables las responsabilidades familiares y las cargas dependientes, que pueden influir en las necesidades económicas y las estrategias de reintegración.

Otras variables pueden incluir la disponibilidad de tierra y vivienda en condiciones dignas, especialmente en zonas rurales; o la existencia de redes de apoyo de trabajo social y psicológico, o el desarrollo de campañas inclusivas que rompan las brechas de discriminación asociadas a la condición de los excombatientes. Esta discriminación se da, por ejemplo, con el acceso a servicios financieros y bancarización (Albarracín et al. 2023).

Es, en este punto, donde es importante ver a los otros actores que tienen la posibilidad de aportar a un mejoramiento de las condiciones de vida de los desmovilizados en el ámbito rural. Dentro de estos actores, se destacan por ejemplo las empresas y el rol que desde la responsabilidad social pueden desempeñar como articuladoras en procesos de reinserción socioeconómica.

Y es que más allá de un deber de cumplimiento legal, las empresas, como actores sociales con gran influencia, tienen la responsabilidad ética de contribuir al bienestar de las comunidades donde operan y proteger el medio ambiente. Su responsabilidad, siguiendo a González-Mendoza et al. (2019) o a Sierra (2021) implica asumir un deber ético que trasciende las obligaciones legales, actuando con integridad y transparencia en todas las operaciones, evitando prácticas corruptas, y promoviendo la ética en la toma de decisiones.

Al margen de sus obligaciones constitucionales y legales, el Estado, por su parte, también debe asumir una responsabilidad social que se puede materializar en un enfoque integral que aporte a la reinserción socioeconómica de los desmovilizados; particularmente como impulsar de modelos asociativos basados en el cooperativismo, propugnando por la creación y formalización de cooperativas rurales de productores desmovilizados, para que puedan acceder a mejores condiciones de compra de insumos, venta de productos, o tengan un acceso a créditos. Esto se analizará en líneas posteriores.

III. Las cooperativas rurales: una oportunidad para los desmovilizados 

La evolución del marco normativo del cooperativismo en Colombia ha sido un proceso gradual y continuo, marcado por la promulgación de diversas leyes y decretos que han contribuido a fortalecer y modernizar el sector. Desde la Ley 134 de 1931 hasta la Ley 79 de 1988, se ha recorrido un camino importante para consolidar el cooperativismo como una alternativa viable para el desarrollo económico y social del país.

En 1931, Colombia dio un paso fundamental hacia el reconocimiento y fomento del cooperativismo con la promulgación de la Ley 134 de 1931, que es considerada como la primera norma cooperativa del país. Esta Ley sentó las bases para el desarrollo del sector, estableciendo principios fundamentales como la libre asociación, la autonomía y la ayuda mutua. Al año siguiente, el Decreto Ley 874 de 1932 complementó la Ley 134, adoptando medidas específicas para el fomento del cooperativismo.

En 1945, el Decreto 1339 se encargó de reglamentar la Ley 134, proporcionando mayor claridad y precisión a las normas que regían el sector cooperativo. Este decreto contribuyó además a la consolidación del marco legal y facilitó la implementación de las disposiciones establecidas en la ley. Acto seguido, un hito significativo se alcanzó en 1963 con la promulgación del Decreto-Ley 1598, que se constituyó en el nuevo marco legal del cooperativismo colombiano.

En 1968, el Decreto 2059 se encargó de reglamentar el Decreto Ley 1598 de 1963, proporcionando detalles y lineamientos para la aplicación de las normas establecidas en el decreto ley. Por lo demás, este decreto contribuiría a la modernización del marco legal y a la mejora de la eficiencia en la gestión del sector cooperativo, hasta que, finalmente, en 1988, la Ley 79 actualizó el régimen legal del cooperativismo, para adaptarlo a las nuevas realidades económicas y sociales. Esta ley, considerada como la segunda Ley General de Cooperativas en Colombia, dio un nuevo impulso al desarrollo del sector y sentó las bases para su crecimiento en el siglo xxi.

En los últimos años, las cooperativas en Colombia han experimentado un crecimiento significativo, consolidándose como un sector económico y social de gran relevancia (Pardo-Martínez y Huertas de Mora 2014). Este auge se debe a diversos factores, entre los que destacan un mayor reconocimiento y apoyo institucional, por ejemplo, el Estado colombiano ha implementado políticas públicas para el fomento del cooperativismo, incluyendo la creación de entidades de apoyo y la asignación de recursos para su desarrollo (Ramírez-Díaz, et al. 2016).

También, las cooperativas han ampliado su campo de acción, incursionando en nuevos sectores económicos como la producción agroindustrial, el turismo comunitario y la prestación de servicios financieros. Todo ello ha repercutido en un aumento en la participación de la población en la creación y gestión de cooperativas, lo que refleja un mayor interés y confianza en este modelo asociativo (Pérez Zea 2022).

En un contexto de postconflicto, la inclusión socioeconómica de los desmovilizados y las víctimas civiles del conflicto se convierte en un pilar para la construcción de paz. El cooperativismo, al ofrecer oportunidades de trabajo digno y autogestión, contribuye a la reintegración social y económica de estas poblaciones, aportando en la misión de prevenir la reincidencia en el conflicto y sentando las bases para un futuro más próspero y equitativo.

Y es que el sector solidario, en su esencia, está inextricablemente ligado al concepto de «construcción permanente de paz». Su compromiso con la inclusión, la cooperación y la solidaridad lo convierte en un actor fundamental en el proceso de sanación social y la consolidación de una paz duradera. Por lo anterior, autores como Martínez (2017), Nilsson, y Jonsson (2023) afirman que la construcción de paz trasciende la mera resolución del conflicto armado, abarcando la recomposición del tejido social y el desarrollo integral de las comunidades. Es en este espectro, donde las cooperativas juegan un papel protagónico, impulsando iniciativas que promueven el desarrollo sostenible.

Al hablar puntualmente del caso de las cooperativas rurales o campesinas, las perspectivas de este modelo asociativo en el escenario del posconflicto rural, puede llegar a ser particularmente positivas. Su enfoque en el desarrollo local, la promoción de prácticas solidarias y la inclusión grupos sociales vulnerables lo convierten en un motor fundamental para el crecimiento económico del campo, la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales y la construcción de una paz duradera en las zonas afectadas por el conflicto (Ramírez Diaz et al. 2016; Stilma 2023; Chavez-Miguel et al. 2022).

De acuerdo con Lora Ochoa et al. (2017) en varios países de América Latina se han implementado modelos propios de economía solidaria, no solo en el ámbito económico básico de la sociedad, sino también en la distribución equitativa de la tierra y el agua. Esto ha significado la incursión de la economía solidaria en el sector agrario como pilar fundamental para un Estado más justo.

Pese a ello, autores como Serna Gómez y Rodríguez Barrero (2016), Coque (2002) o Ramírez Diaz et al. (2016) son enfáticos en que el progreso o el retroceso del cooperativismo en las zonas rurales de América Latina se debe a la existencia de diversas corrientes, lo que resulta en un desarrollo desigual que varía según los diferentes contextos sociales y las estrategias de promoción empleadas.

Así, mientras las cooperativas rurales en Argentina no solo representan un modelo económico, sino que están profundamente arraigadas en la historia y la identidad nacional, En contraste en el caso de Bolivia el sistema cooperativo ha sido fundamental para combatir la pobreza y se ha convertido en un mecanismo para promover el trabajo decente (Lora Ochoa et al. 2017).

Este es el caso de los excombatientes de la Guerra del Chaco en Bolivia, quienes promovieron el concepto de «asociación idealista» de producción y comercialización individual, que sirvió de base para el movimiento cooperativo. De esta manera, se conformaron las primeras cooperativas agrícolas y ganaderas en áreas cercanas a las zonas petroleras, ya que los excombatientes fueron beneficiarios de tierras, maquinaria, equipos y semillas (Moller 1987).

A su vez, las cooperativas agropecuarias son una alternativa viable y sostenible. Su estructura permite la participación de los desmovilizados brindándoles acceso a recursos, capacitación, mercados y servicios, lo que se traduce en beneficios socioeconómicos para todos sus miembros. De esta manera, las cooperativas rurales pueden facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales, logrando obtener mejores precios por sus productos, o una reducción de costos de producción, ya que la unión de productores en cooperativas rurales permite la compra conjunta de insumos, reduciendo costos de producción y aumentando la rentabilidad (Pérez Daruiz y Briones Peñalver 2014).

Si a lo anterior se suma la organización y la capacidad de gestión de las cooperativas, se puede impactar en un mejor y más ágil acceso de sus miembros a créditos, microcréditos o financiamiento. También, pueden ser plataformas de capacitación y asistencia técnica agroalimentaria, mejorando las habilidades productivas y generando capacidades para que los desmovilizados asociados puedan darle un valor agregado para sus productos.

Por último, pero no por ello menos importante, las cooperativas rurales pueden fomentan la participación de los productores en la toma de decisiones, en conjunto con la propia comunidad civil, fortaleciendo su organización social y estrechando los lazos y la reconstrucción de un tejido social fracturado por el conflicto armado de larga data.

Si se analiza el caso puntual de las cooperativas rurales en el postconflicto, luego de firmarse el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, puede verse el potencial en la contribución a la reintegración social y productiva de los excombatientes. En este sentido, diversos actores han insistido en que las cooperativas rurales pueden servir como espacios de diálogo, encuentro y construcción de confianza entre excombatientes de este grupo armado, y las víctimas y comunidades; facilitando el proceso de reconciliación (Serna Gómez y Rodríguez Barrero 2016).

En suma, las cooperativas agropecuarias se proyectan como un actor relevante no solo para fortalecer el sector agropecuario colombiano, garantizar la seguridad alimentaria, sino para contribuir a la construcción de una paz duradera en el país. Su modelo de organización inclusivo y participativo, junto con los beneficios socioeconómicos que ofrece, las convierten en una opción viable y prometedora para la Colombia del posconflicto.

IV. COMPAC y ECOMUN como iniciativas de reinserción socioeconómica 

En el contexto del posconflicto en Colombia, la economía solidaria se puede presentar como una oportunidad para la reconstrucción del tejido social y un impulso económico en las regiones afectadas por la violencia, así como para la reintegración socioeconómica de los excombatientes (Sanjinés y Barenstein 2021). Los principios del cooperativismo, basados en la solidaridad, la equidad y la justicia lo convierten en un modelo de desarrollo alternativo que puede contribuir al desarrollo económico local, impulsando la producción y el consumo de bienes y servicios a nivel local, fortaleciendo las economías comunitarias y generando empleo (Pardo-Martínez y Huertas de Mora 2014).

De acuerdo con Doria Orozco (2017) la creación de cooperativas y otras formas de economía solidaria puede ofrecer oportunidades de trabajo digno y reintegración social a excombatientes, previniendo la reincidencia en el conflicto y promoviendo la reconciliación. Además, desde el cooperativismo se propugna por una distribución justa de los beneficios y la participación de los reinsertados y las víctimas civiles del conflicto armado, en calidad de asociados, en la gestión de empresas solidarias contribuyen a la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Estos ideales requieren sin duda alguna del fortalecimiento institucional, y del apoyo del Estado y la cooperación internacional para fortificar las instituciones del sector solidario, brindando asistencia técnica, capacitación y financiamiento, así como para promover la educación y la sensibilización sobre los principios y valores de la economía solidaria en la población en general, especialmente en las comunidades afectadas por el conflicto.

La economía solidaria como estrategia de abordaje del postconflicto y la reinserción socioeconómica de los desmovilizados, debe articularse con otros sectores de la economía, aunque especialmente con el sector público, para potenciar su impacto y generar sinergias, tal como ocurrió con la Cooperativa Multiactiva Paz Común COMPAC, en el Departamento del Norte de Santander en Colombia, una asociación cooperativa agrícola que representa su sueño de reintegración impulsada desde las instituciones gubernamentales.

Tal como lo reseña la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz de la Alcaldía de San José de Cúcuta, motivados por un profundo compromiso, un grupo de hombres y mujeres excombatientes decidieron asociarse en torno a este modelo, sembrando café, papa, tomate y otras frutas y verduras, para construir la que es considerada la primera cooperativa de excombatientes en esta región del norte de Colombia.

Figura 1

Nota de prensa ‘Nueve excombatientes se la juegan con la Compac’.

Fuente: La Opinión (2021-11-08)

 

Con el apoyo de la propia Alcaldía Mayor, la Universidad Francisco de Paula Santander, y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización desde finales de la década del 2010 se han venido generando espacios de construcción de conocimiento colaborativo, capacitaciones en economía básica solidaria y programas de formación en producción agrícola. Hoy, este es un ejemplo inspirador de resiliencia que han demostrado que la economía solidaria puede ser un factor clave en la reconstrucción social y económica, la generación de empleo y la construcción de paz (Alcaldía de San José de Cúcuta 2021).

En el caso de los excombatientes de las FARC, debe destacarse el caso de la Federación de Economías Sociales del Común, por sus siglas ECOMUN, una iniciativa que ha buscado impulsar desde la economía social y solidaria, una forma de asociación en red, que busca la reincorporación socioeconómica de los excombatientes.

En palabras de sus gestores, esta cooperativa se basa en los principios de la economía social y solidaria, promoviendo un modelo económico alternativo que busca el bienestar común por encima del lucro individual. Esto se traduce en la creación de proyectos productivos y comerciales que, además de generar ingresos para los excombatientes, también aportan al desarrollo social, económico y ambiental de las regiones.

Los logros alcanzados por esta cooperativa rural de excombatientes de las FARC contrastan con el incumplimiento del gobierno de entregar la ayuda pactada en el marco del Acuerdo de Paz, tal como lo manifiestan sus asociados, quienes han buscado alianzas con la comunidad internacional y, especialmente, con las comunidades locales para impulsar sus proyectos (Sorzano-Rodríguez y Botero-Urquijo 2022).

Gracias a esta colaboración, se han desarrollado líneas productivas en los ámbitos de la ganadería y la caficultura, la piscicultura, la producción agropecuaria a pequeña y mediana escala, la ganadería, en sectores como el textil mediante emprendimientos de confecciones y calzado industrial (Cooperativa Economías Sociales del Común 2023-6-10).

Gracias a la cooperación internacional y al financiamiento de organismos como la Unión Europea, ECOMUN ha establecido un espacio de trabajo colaborativo e inclusivo que va más allá de los excombatientes e involucra a emprendimientos de economía solidaria. Su objetivo es generar un impacto positivo en los territorios y comunidades que han resistido el conflicto durante más de 53 años. La transformación de materias primas y la creación de proyectos productivos conjuntos son pilares fundamentales de esta iniciativa. De este modo, los excombatientes contribuyen al cumplimiento de la obligación de reparación y reconstrucción del tejido social establecida en el Acuerdo de Paz.

Figura 2

ECOMUN en la feria AGROEXPO 2023

Fuente: Reporteros Asociados (2023-07-17)

 

Otras alianzas que se han logrado establecer desde ECOMUN impactan en otras organizaciones del sector cooperativo en Colombia, por ejemplo, en la Cooperativa Multiactiva de Emprendedores del Campo Colombiano, con quienes han construido una relación y lazos de cohesión a favor de todos sus asociados. También, se debe destacar su rol como promotor de la constitución de la Federación de Organizaciones Sociales y Solidarias de Suroccidente colombiano, por sus siglas FEDECOMUN, creada 2002 (Cooperativa Economías Sociales del Común 2024-03-22).

En suma, la economía solidaria se presenta como una alternativa viable y prometedora para la construcción de paz en Colombia. Desde los casos de éxito que representan la Cooperativa Multiactiva Paz Común y la Federación Cooperativa Economías Sociales del Común, inspirado en principios de solidaridad, justicia social e igualdad, le convierten en un modelo de desarrollo alternativo que puede contribuir a una efectiva reinserción socioeconómica de los excombatientes.

V. Conclusiones 

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, firmado en noviembre de 2016 por el gobierno colombiano y las FARC-EP, va más allá del simple desarme de la guerrilla. Sin duda, para alcanzar el objetivo una paz duradera y estable, se requiere un proceso integral de reincorporación de los excombatientes a la vida civil. Este complejo proceso presenta desafíos que abarcan no solo el ámbito social y político, sino también el económico.

Para sanar las cicatrices del conflicto armado y el abandono estatal en regiones marcadas por la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos, es crucial revitalizar la economía rural y robustecer las instituciones democráticas locales. Esto se traduce en la creación de oportunidades laborales y de desarrollo para los excombatientes y sus familias, junto con el fomento de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

Es allí donde emerge el cooperativismo, que se posiciona como un agente crucial, presentando un modelo alternativo de desarrollo social y económico cimentado en la inclusión, la solidaridad y el empoderamiento comunitario. Su visión como modelo asociativo basado en la economía social, en el fomento del desarrollo local y en la cohesión social lo convierte en un aliado clave para la reconstrucción del tejido social.

Ahora bien, en el contexto del posconflicto rural, las cooperativas rurales o campesinas ofrecen perspectivas particularmente prometedoras. Su énfasis en el desarrollo local, la promoción de prácticas solidarias y la inclusión de grupos sociales vulnerables las convierte en un motor fundamental para el crecimiento económico del campo, el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales y la construcción de una paz duradera en las zonas afectadas por el conflicto.

La reintegración de los excombatientes de las FARC en Colombia ha encontrado un impulso prometedor en la economía social y solidaria. Ejemplo de ello es la Federación de Economías Sociales del Común ECOMUN, una iniciativa que promueve la reincorporación socioeconómica a través de redes asociativas y principios de solidaridad. Igualmente, la Cooperativa Multiactiva Paz Común COMPAC en el Norte de Santander representa otro esfuerzo de reintegración socioeconómica de excombatientes.

En conjunto, estas experiencias demuestran que la economía solidaria emerge como una alternativa viable y prometedora para la construcción de paz en Colombia. Inspirada en principios de solidaridad, justicia social e igualdad, el cooperativismo puede ofrecer un modelo de desarrollo alternativo que puede contribuir a una efectiva reinserción socioeconómica.

Para consolidar este modelo asociativo, es necesario el compromiso del Estado en aras de implementar estrategias que fortalezcan las instituciones del sector solidario, promuevan la educación y la sensibilización sobre sus valores, articulen las cooperativas rurales con una política de reinserción plena. Estas experiencias exitosas demuestran que la economía solidaria puede ser un factor clave en la reconstrucción del tejido social.

VI. Referencias bibliográficas 

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