Los programas de compliance en las sociedades cooperativas del sector médico en Brasil: un estudio sobre su aptitud traslativa

(Compliance programs of co-operative societies in the health segment in Brazil: a study about its translative capability)

Victor Hugo Alcalde do Nascimento[1]

Eduardo Oliveira Agustinho[2]

Gabriela Fontana de Moraes[3]

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUCPR (Brasil)

doi: https://doi.org/10.18543/baidc.3363

Recibido: 19.07.2025

Aceptado: 30.03.2026

Fecha de publicación en línea: junio de 2026

Resumen:

Se postula en este estudio, cualitativo y metodología deductiva, la adopción de programas de compliance por sociedades cooperativas. Se argumenta que estos programas disponen de aptitud traslativa, competente para traducir los riegos impuestos en la economía, los innúmeros objetivos ansiados por normas, estatales o privadas y las particularidades del sector medico al lenguaje del cooperativismo. Recurriéndose a las cooperativas brasileñas del sector médico, se investiga la correlación entre los temas objeto de litigios y su respuesta en estas sociedades. Se comprueba la ausencia de correlación en sus programas de compliance. Se concluye que las características de estas sociedades representan el éxito frente al desequilibrio económico, y, los programas de compliance viabilizan su sostenibilidad.

Palabras clave:

Sociedades cooperativas. Programas de compliance. Planes de salud privados.

Abstract:

This article, adopting a qualitative form and deductive methodology, postulates the adoption of compliance programs by co-operative societies. It argues that these programs enjoy a translative capability, advantageous to translating the risks created by the economy, the multiple objectives pursued by national or private rules and the circumstances of the medical environment. Limiting the research to Brazilian co-operatives which operates in the medical sector, it analyzes the correspondence between the subjects more frequent judged in the national courts and the response given by those co-operative societies. It demonstrates the absence of any conformity. It concludes that the characteristics of these societies represent important achievements considering economic inequality and that compliance programs could promote their permanence.

Keywords:

Co-operative societies. Compliance programs. Private health plans.

I. Presentación 

La ortodoxia del Derecho Empresarial concibe las sociedades cooperativas diferentes de las demás sociedades. Las cooperativas exaltan el acceso simplificado de sus miembros, fomentan el carácter democrático de sus deliberaciones y favorecen la instrucción de sus miembros. No obstante, la realidad comercial les incita, progresivamente, nuevos retos. La complejidad de los inúmeros mercados las compele a la aproximación de las demás sociedades empresarias. En estas, los criterios de gobernanza, organización y gestión parecen más maduros, sin embargo, eran desconocidos en el pasado. Como las sociedades cooperativas hoy día, las sociedades empresarias aprehenderán como construir sus estructuras de gobernanza frente a las dificultades impuestas por los mercados e a la regulación de los Estados. Este artigo examina un tema novedoso a las cooperativas: la adopción de programas de compliance.

Se postula en este estudio, de naturaleza cualitativa y de metodología deductiva, el empleo de programas de compliance en las sociedades cooperativas, como herramientas de atenuación de incertidumbres. Estos programas se ocuparían de la construcción de diálogos, entre reguladores y regulados, para la consolidación de los retos buscados por el Estado y atribuidos a las cooperativas. Se observa, no obstante, una propensión contraria: la promulgación de un sinnúmero de directivas desacompañadas de respuestas y vivencias de las cooperativas. La mayoría de los reglamentos, directivas y otros tipos de reglas estiman la arquitectura de las demás sociedades empresarias; no las propias de las cooperativas. Los ejemplos son múltiples. Sin embargo, se puede inferir que la estructura o los métodos de compliance de las sociedades empresarias consideran el socio como un inversor, el director como alguien ajeno a la sociedad y los programas de compliance como simple paso para justificar el valor de la empresa a sus socios. Se observa el monopolio de monologo empresarial, despreocupado con las cooperativas.

Concentrado en cooperativas médicas, proveedoras de planes de salud, este artículo se divide en tres partes. Inicialmente, se discurrirá sobre la delimitación del problema: la justificativa de los programas de compliance en las sociedades cooperativas. Enseguida, se sostendrá el potencial traslativo del compliance en las cooperativas. Estos programas de integridad se responsabilizarían por la construcción de diálogos entre reguladores y regulados. Se presentan tres ejemplos: la aplicación de la responsabilidad solidaria entre cooperativas constituyentes de un mismo grupo, la omisión o insuficiencia en los códigos de éticas o en las políticas empresariales disponibles en sitios en internet de prescripciones sobre el listado de tratamientos ofrecidos, así como, la indisponibilidad de los bienes del administrador frente a la imputación de régimen de dirección fiscal de la sociedad, típico de la reglamentación brasileña. Finalmente, se concluirá por el incentivo en la adopción del compliance como respuesta al presentimiento de la inseguridad jurídica.

Este artículo se vale de precedentes y de la literatura jurídica extranjeros. Las traducciones, por consiguiente, son responsabilidad de los autores.

II. La respuesta de los programas de compliance en los retos de las sociedades cooperativas 

El cooperativismo involucra comprensiones divergentes. Por un lado, se orienta por los principios fundados en algunos retos sociales y políticos, típicos del proceso histórico del cooperativismo. La Alianza Cooperativa Internacional, fundada en 1895 y de naturaleza no-gubernamental, recompila sete principios que apuntan características impares de esta sociedad, como el ingreso libre (puertas abiertas), la índole igualitaria en sus deliberaciones, así como, valores guiados a la educación y desarrollo de sus miembros. Se los reconocen internacionalmente[4]. Por otro lado, inevitablemente, se observan posiciones contrarias, basadas en el individualismo y en el interés, propios de otras sociedades empresarias y sedimentados en la economía[5]. Se observan justificativas distintas en ambos sectores.

Algunos expertos apuntan la incomunicabilidad entre diferentes ramas del conocimiento como explicación a pensamientos muy divergentes sobre las sociedades cooperativas. Victor A. Pestoff afirma que «reconocidas las diferencias entre las disciplinas, los economistas, naturalmente, inquieren diferentes preguntas comparadas a los científicos políticos o sociólogos, mismo estudiando cooperativas» (Pestoff 2017, 77). El autor añade que «el interés por las cooperativas en la sociología o en la política social no coincide con la racionalidad económica sobre su existencia, al contrario, resaltan como podrían contribuir para la sociedad o facilitarían la labor de la democracia» (Pestoff 2017, 77).

Otros juristas cuestionan si el abandono del carácter no-capitalista en dirección a la distribución de ganancias constituiría una amenaza al cooperativismo[6]. Hagen Henrÿ expone que «el gran riesgo de la identidad cooperativa radica en la posibilidad de tales medidas transformar el vínculo entre el usuario cooperado en una relación de inversión» (Henrÿ 2017, 40). Él observa, no obstante, que «la extensión completa de este riesgo es difícil de acceder, porque requeriría un análisis de los efectos de la —a veces, indiscriminada— aplicación de las leyes elaboradas para empresas capitalistas a las cooperativas» (Henrÿ 2017, 40). La filosofía del cooperativismo, construida a lo largo de la historia y basada en la solidaridad, en el ingreso privilegiado y en el carácter democrático de sus deliberaciones, parece colisionar con los imperativos económicos y jurídicos. Se trata, no obstante, de una contradicción aparente, o, al menos, corregible. No obstante, en esta investigación, se identifican estudios que, aunque debaten el mismo tema, concluyen diferentemente, el imperativo de adaptación al contexto económico, y los retos dispuestos por la diversidad normativa.

Inicialmente, los argumentos relacionados a los desafíos impuestos al cooperativismo no se agotan en la eventualidad de repartición de ganancias; la identidad cooperativa y su función en el comercio o en la sociedad constituyen temas de diferentes ramas del conocimiento. Estos brazos del saber se expresan por lenguas propias, y, generalmente, mismo en uno de ellos, se disponen interpretaciones divergentes. El Derecho, la Economía y la Ciencia Política, por ejemplo, se expresan por lenguas distintas, aunque se reconozca que, mismo en estos saberes, se disponen escuelas y perspectivas confrontantes[7]; algunas posicionadas en el polo político izquierdo, otras ubicadas a la derecha. Así como en la Economía no se resume al lucro, el Derecho no se reduce a la certidumbre absoluta y la Ciencia Política a las negociaciones en beneficio de un grupo particular. El resultado exhibe una pluralidad de respuestas sobre el cooperativismo, pero, ni siempre, armónicas o convergentes. Por un lado, se admite perfilar una respuesta en la conclusión de Paula A. Forgioni que cualifica la sociedad cooperativa como un «instrumento de corrección de los efectos autodestructivos, espontáneamente, generados por el funcionamiento propio del mercado —especialmente, la explotación de la clase proletaria y la concentración del poder económico en pocas manos» (Forgioni 2012, 608). Victor A. Pestoff, por otro lado, señala el imperativo de «traspasar la oposición entre las escuelas democráticas y negocial para desarrollar cooperativas de forma más equilibrada en el futuro» (Pestoff 2017, 81). Se reconoce, por consecuencia, que la disposición de diferentes opciones societarias y que la cooperativa se presentaría como una alternativa potencial. Hagen Henrÿ, en este sentido, afirma que «la diversidad de los tipos empresarios no es solamente requerida por el derecho, por ejemplo, en la R. 193, párrafo 6, de la OIT»[8] (Henrÿ 2017, 45), sino, reconocida «como un elemento de resiliencia en las crisis económicas» (Henrÿ 2017, 45), así como, «una expresión de la diversidad, como fuente de desarrollo, en el sentido de la vida» (Henrÿ 2017, 45).

En continuación, se cuestiona como las sociedades cooperativas sobrevivirían en la economía contemporánea. Se indaga sobre la eventualidad de la creación de estructuras hibridas. El cooperativismo, a final, no se excluye del imperativo de adaptación según el contexto que se encuentra. Se afirma que «una empresa compuesta por múltiples partes interesadas, le confiere representación en los órganos de deliberación y les provee una parte en la distribución de las ganancias» (Pestoff 2017, 87). Esta variación se presentaría como una opción a las limitaciones de inversiones en las cooperativas, así como, una alternativa a los desafíos económicos e identitarios del cooperativismo. Aunque importante, no se investigará este tema en este estudio.

En tercer lugar, se enfrenta el reto del cumplimiento de un sinnúmero de principios y valores requeridos por diferentes leyes y reglamentos y sus objetivos. En conjunto, exponen grandes ambiciones: se debe combatir la corrupción, simultáneamente, a la salvaguardia del medio ambiente y a la tutela de los Derechos Humanos. Cuando no exigidos por la vía jurídica, se aspira la realización de estos propósitos por la adopción, voluntaria y eficiente, por las empresas según la responsabilidad social o ESG. Victor A. Pestoff expone que «la democracia organizacional y la eficiencia negocial necesitan de equilibrio» (Pestoff 2017, 81), así como, «ampliar el compromiso de la responsabilidad social-cooperativa para organizar una perspectiva integrada (ecológica, económica y social) que responda a los retos contemporáneos y reafirme la identidad cooperativa» (Pestoff 2017, 81). Una solución reconocida por el autor se dispondría en las auditorías sociales, según las cuales «las metas sociales deben ser encontradas en sus estatutos, pero, necesitan de revisión según circunstancias temporales y contextuales» (Pestoff 2017, 90).

Por cierto, medidas jurídicas adecuadas podrían solucionar los problemas identificados, o, a lo menos orientarlos a resultados razonables. Se admite que «la legislación, por ejemplo, realiza un propósito pedagógico cuando provee un modelo para aquellos que buscan organizar so negocio» (Henrÿ 2017, 44), además, «la armonización de las leyes cooperativas a través de la definición de principios jurídicos cooperativos contribuye para la preservación de la diversidad» (Henrÿ 2017, 48). Antonio Fici, bajo una perspectiva pragmática, señala que «se debe observar que, en un análisis estrictamente jurídico de las cooperativas, especialmente, cuando llevada a cabo en forma comparativa, puede contribuir a la promoción de las cooperativas»[9] (Fici 2013, 5). La legislación y la unificación o armonización se disponen a orientar a las soluciones frente a los obstáculos del cooperativismo.

Esas soluciones, sin embargo, no exceptúan todos los efectos perniciosos. Por un lado, la comparación no se resume al monopolio de semejanzas, pero, se dirige al reconocimiento de que los sistemas jurídicos se orientan por valores y se fundamentan en políticas, historias y culturas distintas[10]. No sería deseable acentuar semejanzas y menospreciar los aspectos jurídicos irritantes[11]. Por otra parte, se reprueba la inflación legislativa y, cuando impracticable, la creatividad judicial[12]. Se necesita de algo concreto y viable, comparado a la inercia y sobreproducción legislativa.

Se postula, en este estudio, la aptitud traslativa de los programas de compliance empresariales para las sociedades cooperativas. Estas herramientas, aunque voluntarias porque independen de la imposición legal, contribuirían al equilibrio entre la conservación de la identidad cooperativa y el carácter negocial y dinámico de la economía contemporánea. Se reconoce la unicidad de los elementos que caracterizan la sociedad cooperativa, como los innúmeros retos demandados por el Derecho y los propósitos pleiteados por terceros, ajenos a la sociedad empresaria. Se debe balancear el principio de las puertas abiertas, el tinte democrático de su proceso deliberativo, la sostenibilidad económica, el combate contra la corrupción, la salvaguardia del medio ambiente y la tutela de los Derechos Humanos y fundamentales, simultáneamente. Los programas de compliance destinados a las sociedades cooperativas auxiliarían ponderar estos retos porque viabilizaría trasladarlos a su lenguaje propia. Se argumenta, por lo tanto, el empleo de programas de compliance, no en su acepción de una estructura realzada en la integridad, pero, como una herramienta de ponderación entre diferentes retos y valores.

III. La aptitud translativa de los programas de compliance contribuye al pluralismo normativo para las sociedades cooperativas 

De igual modo que el cooperativismo, el compliance se disputa entre orientaciones divergentes. Por una parte, él resuelta de los «esfuerzos que las organizaciones emprenden para garantizar que los empleados y otros asociados a la empresa no violen las reglas aplicables, los reglamentos o normas»[13] (Miller, The compliance function 2020, 98). Esta percepción del instituto, sin embargo, lo reduce a un objeto mecánico, sinónimo de conformidad. Se confían escasas responsabilidades a los abogados y a los jueces y, aplicados a las cooperativas, no ensayaría la vigilancia necesaria a la manutención de su identidad. Se viabilizaría la atención exigida por la legislación sobre la constitución formal de la sociedad cooperativa, pero, frustraría la realización de las ambiciones mayores, perseguidas por políticas ESG, demandadas por el público e, a veces, desconocidas por las reglas jurídicas.

Se observa, sin embargo, un potencial mayor experimentado por los programas de compliance. Una vez que los Estados se hallan incapaces de proveer todas las metas que aspiran[14], el compliance simboliza una alternativa para la concretización. Se reconcilia, por consiguiente, el entorno jurídico con las demandas del ámbito propio del soft law; regulación y resultados concretas. Según Marie-Anne Frison-Roche, estos programas empresariales se presentan como la «prolongación del derecho de la regulación, el derecho del compliance obliga una aprehensión concreta del mundo» (Frison-Roche, Compliance et personnalité 2019, 1), ya que busca «rechazar las construcciones jurídicas, las fronteras y, aproximadamente, todo lo que caracteriza el derecho, es decir, su carácter artificial, para introducirse, directamente, en las realidades» (Frison-Roche, Compliance et personnalité 2019, 1). Igualmente, Gustavo Saavedra expone que el «compliance no puede confundirse con su dimensión social, ni política, ni económica, ni jurídica» (Saavedra 2022, 36), porque su comprensión adecuada «necesita trabajar con un concepto descriptivo lo suficiente para abarcar todas sus dimensiones, pero sustantivo lo suficiente para incluir su dimensión ética» (Saavedra 2022, 36). De ahí que «el compliance está directamente conectado con la forma como el derecho concretiza la «institucionalización de la libertad»» (Saavedra 2022, 36). Su filosofía, en consecuencia, se acentúa «como un sistema de autocontrol privado para fines públicos» (Sundfeld 2016, 93).

Los programas de compliance empresariales superan la obligación de la conformidad jurídica y se direccionan a la ética. Una de sus principales herramientas son los códigos, redactados por las propias empresas. Ellos comprenden «guías que buscan describir las responsabilidades de las empresas en sectores como los derechos humanos, el trabajo, el medioambiente o negocios socialmente conscientes» (Smits 2015, 4). La persistencia en la reducción del compliance a la conformidad, no obstante, eximiría las sociedades empresarias de la creación de estos documentos: no se justificaría un documento que solo repitiera el contenido de las leyes. Exceptuados algunas ponderaciones[15], se opta por estos documentos deontológicos para añadir responsabilidades y objetivos desconocidos por el Derecho en vigor. Se reitera, en consecuencia, que «el derecho del compliance se define por los retos monumentales que las autoridades políticas y públicas buscan realizar (y no por todas las regulaciones diversas y acumuladas)» (Frison-Roche, Confronter le rôle du juge et de l»avocat pour imposer la compliance comme caracteristique de l»État de droit 2023, 47). La codificación ordenaría la desorientación natural de estos deseos y valores.

La sociedad cooperativa requiere, en concreto, la conformidad a la legislación que la define. Temas como el ingreso asequible a la sociedad (el principio de las puertas abiertas) o el matiz democrático en los procesos deliberativos se suman a otros objetivos, como la salvaguardia ambiental, la sumisión a la libre competencia y la salvaguardia de los Derechos Humanos y fundamentales. Para el Estado, estas obligaciones representan valores importantes que exigen atención; para las empresas, se traducen en riesgos cuyo incumplimiento incitaría procesos sancionadores. Se deducen dos temas importantes al compliance: los riesgos y la seguridad jurídica.

En primer lugar, la identificación del imperativo de conformidad a la legislación como un riesgo, aunque legitima, carece el análisis de otra herramienta empresarial, propia de las ciencias administrativas: el gerenciamiento de riesgos. El abordaje de los riesgos se diferencia entre los programas de compliance y en la cartografía de riesgos. Geoffrey P. Miller esclarece que «el gerenciamiento de riesgos, comprendido ampliamente, es una actividad que una organización realiza para ocuparse de incertidumbres futuras»[16] (Miller, The law of governance, risk management, and compliance 2017, 962). Se aceptan algunos riesgos, calculados previamente, a favor de retos y estrategias mayores. Se habla de una «apetito de riesgo». El compliance, sin embargo, no toleraría «cualquier «apetito» para el incumplimiento; esto puede afrentar los reguladores y el público, mismo si, en concreto, se trate de una descripción precisa de cómo la empresa ejerce la función de compliance» (Miller, The law of governance, risk management, and compliance 2017, 963). En consecuencia, «para propósitos de compliance, la ideología prevaleciente es la «tolerancia cero» – la perspectiva que ningún nivel de violaciones es aceptable por el compliance» (Miller, The law of governance, risk management, and compliance 2017, 963). Marie-Anne Frison-Roche expresa que, «la cartografía de riesgos exprime, además de la gestión responsable, la preocupación de un interés externo a la entidad que la identifica» (Frison-Roche, Théorie juridique de la cartographie de risques, centre du droit de la compliance 2019, 2434). Los riesgos, en los programas de compliance no suelen admitir mitigaciones.

En continuación, las demandas sociales y las obligaciones jurídicas representan el éxito ansiado en el desarrollo de una sociedad equitativa. Para el emprendedor, no obstante, se presentan como riesgos cuyo incumplimiento generaría sanciones, sea de naturaleza jurídica o de índole social, basada en su reputación. Muchas de estas obligaciones reaniman el dilema entre principios y reglas: el lenguaje abierto y abstracto de los primeros no instila el confort de la seguridad jurídica[17]. La tutela del medio ambiente o de las condiciones de salud, señalados en las constituciones[18], se exprimen por medio de principios donde, naturalmente, inexiste una previsión de resultado especifico, por lo tanto, la percepción de incertidumbre. Una conclusión imprudente llevaría privilegiar la especificidad técnica de las reglas en prejuicio de la subjetividad de los principios. Se trata, no obstante, de simple imprecisión.

John Braithwaite enseña que «las reglas son elaboradas y comentadas en textos jurídicos sin ocuparse de como su cumplimiento será asegurado en la práctica regulatoria por la policía, reguladores, litigantes privados y mismo los tribunales» (Braithwaite 2002, 54). En consecuencia, se debe reconocer que ambos —las reglas y los principios— disfrutan de incertidumbres y, por consiguiente, representan fuentes de inseguridad jurídica. Julia Black fomenta «conversas» entre los órganos estatales y las sociedades empresarias, principalmente, frente a las incertidumbres. La autora expone que «las estrategias de regulación conjunta, según las cuales se espera que varios stakeholders produzcan principios, reglas y estándares o monitorean, conjuntamente, o, aún, ejecuten la regulación bajo los objetivos del estado, dependen de conversas»[19] (Black 2002, 172). La adopción de programas de compliance, en consecuencia, constituiría el desarrollo de conversaciones: un dialogo, permanente y abierto, entre entidades estatales, diferentes sociedades cooperativas y el público, sobre el cumplimiento e incentivo de las metas ansiadas por el Derecho. La seguridad jurídica depende de la construcción de estas conversaciones.

La aptitud traslativa de los programas de compliance, por lo tanto, representa la superación de un modelo basado en la simple integridad o en al cumplimiento de las leyes. Ella apunta dos ventajas. Inicialmente, promueve una respuesta satisfactoria a la pluralidad normativa. Muchas reglas, de naturaleza estatal o no, suelen demandar atención de las sociedades empresariales, y, por consiguiente, de las sociedades cooperativas. En este matiz, los programas de compliance conservan el sentido de manutención de la integridad y de incentivo a la seguridad jurídica. En segundo lugar, estos programas empresariales permiten, además, la mutación de la integridad a las reglas a favor de la conservación de la identidad cooperativa. Su aptitud traslativa concede la traducción de todas estas normas y objetivos en un lenguaje propio de la cooperativa, donde se reconoce su carácter democrático en las deliberaciones, el acceso asequible de sus miembros y la promoción del desarrollo de los cooperados. Si las reglas determinan mandamientos, la capacidad traslativa fomenta la forma del cumplimiento; se estiman las reglas en su naturaleza sustancial y los programas de compliance en su matiz procedimental.

IV. Ejemplos del potencial traslativo de los programas de compliance en las sociedades cooperativas del sector médico en Brasil 

Las afirmaciones del capítulo precedente demandan ejemplos concretos, en los cuales se podría examinar las ventajas de la aptitud traslativa de los programas de compliance para las sociedades cooperativas. Debido a la proximidad de los autores y a las peculiaridades del entorno, se eligió el sector médico del cooperativismo brasileño. Se trata de un entorno que posee reglas propias, diferentes de las demás exigidas de sociedades cooperativas de otros sectores. Se señalan tres temas: la aplicación de la teoría de la apariencia, típica del derecho civil; las denegaciones de proporcionar un servicio médico; y, la posibilidad de bloqueo de los bienes de los administradores frente a procedimientos administrativos que investigan la insolvencia de la sociedad cooperativa.

4.1. La actividad de los grupos de sociedades cooperativas induce a la consideración de la teoría de la apariencia jurídica 

En la región sur de Brasil[20], se disponen 125 cooperativas en el sector medico[21]; algunas integran grupos cuyo ejercicio es tema de la mayoría de las decisiones judiciales. La responsabilidad solidaria entre las cooperativas médicas que comparten un mismo grupo posee la mayor reincidencia entre los litigios judiciales sobre cooperativismo, en el Superior Tribunal de Justicia[22].

La relación conjunta incita que terceros las consideren como una entidad sola, como prescribe el Código de Defensa del Consumidor brasileño[23]. Importaría, entonces, al consumidor elegir contra cual cooperativa litigará, considerándose la solidaridad de la relación jurídica establecida. El Derecho nacional, en cambio, resguarda el derecho de regrese a la sociedad cooperativa que, en efecto, se encargó con el pago de los daños. No obstante, si, por una parte, esta estructura protege el consumidor, destinatario de los planes de salud[24], por otra parte, permite que una cooperativa responda por las obligaciones ajustadas por otra sociedad. Se supone que no se podría exigir del consumidor en conocimiento de las relaciones entre las sociedades integrantes de la cadena, porque se exteriorizan al público valiéndose del mismo nombre, marca y símbolo, incitando la convicción que sería una sociedad única.

Se observa un déficit de informaciones en las cooperativas del sector medico en al ámbito del departamento de Paraná. Este tema, aunque identificado en los fallos de los tribunales superiores brasileños como más recurrente, no se reflete en las herramientas de compliance de las sociedades cooperativas. En una búsqueda en los códigos de ética de las cooperativas, no se encontró alusión sobre las relaciones entre las cooperativas y terceras sociedades. En sus sitios en internet[25], tampoco, se localizó este contenido en las descripciones de sus políticas.

El empleo de un solo símbolo y nombre de estas sociedades cooperativas del sector médico visa fomentar la identidad cooperativa, su capacidad económica y el desarrollo de sus miembros. Bajo un mismo nombre, buscan una forma de protección contra las incertidumbres de la economía. No obstante, esta opción induce, para los consumidores, la ilusión de que negocian con una misma sociedad. Entre el éxito de la sociedad cooperativa y la tutela de los consumidores, los tribunales suelen decidir, basado en el Derecho, en beneficio de los consumidores. Recurren a la teoría de la apariencia. La aptitud traslativa de los programas de compliance busca ponderar la defensa económica de las cooperativas, que se expresan bajo un mismo nombre, y la protección de los consumidores. Estos programas deben aclarar el consumidor, antes de la firma del plan de salud, sobre la singularidad de las cooperativas. Se trata de una medida preventiva.

4.2. La ampliación de la cuantidad de litigios refleja la omisión de la información de las actividades medicas ofrecidas en los planes de salud privados 

Aunque menos frecuente, la denegación de procedimientos médicos se refiere a un tema importante en los fallos de los tribunales superiores nacionales[26]. Ana Luisa Araújo Machado señala que «entre los temas más reiterados en los fallos judiciales están las cuestiones, extensión, límites y denegación de prestación asistencial, temas que están, íntimamente, relacionados al rol de la ANS [Agência Nacional de Saúde Suplementar]» (Machado 2022, 14). Se Reconoce, no obstante, que la naturaleza jurídica de este rol sea controvertida[27], pero, la Ley n.° 14.454, de 2022, impone criterios que permitirían la concesión de exámenes o tratamientos de salud no incluidos en el catálogo de la ANS. Además, se debe considerar otro tema que, en conjunto, contribuye para el aumento de la cuantidad de litigios: en el departamento de Paraná, se observa un pequeño grupo de cooperativas que publican, en sus sitios, la obligación de atención al listado de procedimientos médicos autorizados por la ANS; la denegación de estos tratamientos requeridos por los consumidores, también, se convierte en objeto de litigios.

Se concluye que, aunque el listado de los procedimientos médicos autorizados, las informaciones disponibles en los sitios en internet de las sociedades cooperativas o en sus códigos de ética subsiste impreciso para atender a las necesidades de los consumidores[28]. La eventualidad de dudas, en este sentido, se convierte en litigios judiciales. Además, si la sociedad cooperativa vacila en la divulgación de los tratamientos médicos disponibles en los planes de salud, abre espacio para el ejercicio estatal, cuya respuesta contribuirá a la inflación legislativa. Se estima, además, que «el catálogo de la ANS posee un lenguaje técnico-científico, de difícil interpretación para el consumidor. No obstante, le convendría a la empresa de salud facilitar la comprensión en la firma del contrato, dándole claridad sobre los procedimientos y medicamentos disponibles» (Machado 2022, 31). En este caso, la aptitud traslativa de los programas de compliance transformará la tutela del consumidor en una aspiración del propio cooperativismo, basado en la atención a terceros afectados por su ejercicio comercial.

4.3. Los programas de compliance en las sociedades cooperativas deben considerar los momentos de insolvencia 

El artículo 24-A, de la Ley n.° 9.656, de 1998[29], autoriza el bloqueo de bienes de los directores frente al régimen de regencia fiscal o liquidación extrajudicial[30]. Aunque, recientemente, se reconozca la posibilidad de empleo del instituto de la recuperación de empresas a las sociedades cooperativas[31], las empresas que comercian planes de salud obedecen a procedimientos más riguroso: la liquidación extrajudicial. Aunque se admita la recuperación judicial a las sociedades cooperativas hoy día, las empresas que comercian planes de salud observan procedimientos más rigurosos, establecidos por una agencia estatal (ANS): la liquidación extrajudicial. El procedimiento, cuando instalado, prescribe el bloqueo de los bienes de todos los directores involucrados.

El párrafo 1.°, del artículo 24-A, establece como termo inicial la apertura del procedimiento de liquidación extrajudicial, por la ANS, así como, dispone el período de doce meses, anteriores al termo inicial, como objeto de investigación para evaluar la responsabilidad de los directores. Ya se discutió la conformidad legal del procedimiento de la ANS. El Superior Tribunal de Justiça – STJ, no obstante, concluyó por su legalidad. Según el fallo del REsp. n.° 1.845.214, competiría a la ANS seguir el procedimiento, pero no podría ampliar el periodo de doce meses para incluir empleados que no integran la sociedad. Además, decidió que la medida se conservaría, «hasta la evaluación y liquidación final de las responsabilidades, prorrogándose, en la eventualidad de protocolo de pedidos de falencia o insolvencia civil, hasta determinación judicial futura». El bloqueo de los bienes del director de la sociedad cooperativa, por consiguiente, perdurará hasta el término de la demanda.

Por un lado, el bloqueo de los bienes busca evitar que, según el fallo del STJ, «la insolvencia civil o la falencia de la sociedad proveedora de planes de salud, provocada por la mala gestión, provoque un riesgo sistémico al mercado de planes de salud, asegurando la responsabilidad patrimonial de todos aquellos que consintieron para su instauración» (STJ, 2019, p. 1). Por otro lado, la mala gestión de la sociedad cooperativa incita el riesgo de bloqueo de los bienes del administrador, ampliamente desconocido e inadvertido en los programas de compliance analizados[32]. Se cuestiona si, en el ingreso de un director, la advertencia en el documento lo ahuyentaría de asumir este puesto. Se argumenta, más una vez: inexiste un diálogo entre los legisladores estatales, que elaboraron el artículo 24-A y las sociedades cooperativas, ya que la eventualidad del bloqueo de bienes no es prevista en sus programas de compliance. En este caso, su aptitud traslativa traduciría la cautela del Estado en un mecanismo de sostenibilidad de la propia sociedad cooperativa.

V. Conclusiones 

Las sociedades cooperativas exhiben características impares, comparadas a otros tipos societarios. Ninguna forma asociativa ostenta la asequibilidad de ingreso de sus miembros (principio de las puertas abiertas), la naturaleza democrática de sus deliberaciones (cada cooperado equivale a un voto) y la equidad en la distribución de sus beneficios. Estas cualidades, sin embargo, no eximen las sociedades cooperativas de los riesgos de una economía y, por consiguiente, de la necesidad de adopción de programas de complaince. El riesgo se impone a todos los emprendedores. El cumplimiento de todos los objetivos grandiosos, ansiados por los Estados o por instituciones privadas, demandan diálogos con las cooperativas; resultado solo logrado por medio de los programas de compliance. Se presentaron tres ejemplos, a lo largo de este estudio. En todos, se observa, solamente, un monologo: la determinación de la responsabilidad solidaria en un grupo de cooperativas, la imprecisión en la divulgación de los tratamientos en un catálogo legal, y, la posibilidad de bloqueo de los bienes del administrador mientras tramitar el proceso administrativo de una agencia estatal, el régimen de regencia fiscal.

Estos ejemplos, en conjunto, exponen una semejanza: además de representar riesgos, que se suman a otros típicos de la estructura de las sociedades cooperativas, implican en el descuido de las cooperativas del sector médico, no solo a los riesgos, pero, de su propia sostenibilidad. Los litigios en estes temas amenazan, al final, la existencia de estas sociedades cooperativas. Se recuerda que la responsabilidad solidaria, señalada en el ejemplo, amenaza la independencia económica de las sociedades cooperativas, la imprecisión de los procedimientos disponibles afecta su propio propósito democrático, y, la eventualidad de bloqueo de bienes de los administradores impide su funcionamiento. La aptitud traslativa de los programas de compliance, a final, se realiza en doble sentido. Primero, se identifican los temas y sectores donde exista un risco; en seguida, se los adaptan para el lenguaje de la cooperativa.

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