Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo
International Association of Cooperative Law Journal
ISSN: 1134-993X
ISSN-e: 2386-4893
DOI: https://doi.org/10.18543/baidc
No. 69 (2026)
Artículos
Cooperativas y responsabilidad social empresarial: convergencia entre principios empresariales y valores sociales
(Cooperatives and corporate social responsibility: convergence between business principles and social values)
María del Pino Domínguez Cabrera[1]
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España)
doi: https://doi.org/10.18543/baidc.3416
Recibido: 08.12.2025
Aceptado: 01.08.2026
Fecha de publicación en línea: noviembre de 2026
Sumario: Introducción. 1. Fundamentos de la RSE: perspectivas moral, económica y socia. 2. El elemento subjetivo de la responsabilidad social corporativa. 3. La implantación de la RSE en el ámbito cooperativo. 4. Aproximación jurisprudencial a la responsabilidad social corporativa. Conclusiones. Bibliografía.
Summary: Introduction. 1. Foundations of CSR: Moral, Economic and Social Perspectives. 2. The Subjective Elements of Corporate Social Responsibility. 3. Implementation of CSR in the Cooperative Sector. 4. Jurisprudential Approach to Corporate Social Responsibility. Conclusions. References.
Resumen:
Este artículo tiene como objetivo analizar la configuración jurídica de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y su aplicación en el ámbito de las sociedades cooperativas, poniendo de relieve la convergencia entre los principios cooperativos y los valores que sustentan la RSE. Para ello, se desarrolla una revisión normativa, doctrinal y jurisprudencial que permite identificar los elementos subjetivos implicados y su relación con el marco jurídico mercantil, complementada con referencias a iniciativas internacionales. Los resultados evidencian que la RSE constituye un componente estructural del modelo cooperativo, reforzado por avances legislativos como la Ley 3/2022, de Economía Social de Canarias, que incorpora por primera vez una definición normativa vinculada a sostenibilidad e igualdad. Se concluye que las cooperativas, por su naturaleza y valores, son entidades idóneas para integrar la RSE como estrategia de gestión responsable y sostenible, consolidándose como referencia para otros modelos empresariales.
Palabras clave:
Responsabilidad Social Empresarial; Sociedades cooperativas; Derecho Mercantil; Economía social; Sostenibilidad; Normativa autonómica.
Abstract:
This article aims to examine the legal framework of Corporate Social Responsibility (CSR) and its implementation within cooperative societies, highlighting the convergence between cooperative principles and CSR values. The study is based on a normative, doctrinal, and case-law review that identifies the subjective elements involved and their connection to commercial law, complemented by references to international initiatives. Findings reveal that CSR is a structural component of the cooperative model, strengthened by legislative developments such as Law 3/2022 on Social Economy in the Canary Islands, which introduces the first statutory definition linked to sustainability and equality. It concludes that cooperatives, due to their nature and values, are particularly suited to adopt CSR as a strategy for responsible and sustainable management, positioning themselves as a benchmark for other business models.
Keywords:
Corporate Social Responsibility; Cooperative societies; Commercial Law; Social economy; Sustainability; Regional legislation.
En las últimas décadas, las organizaciones empresariales han experimentado una profunda transformación en su papel dentro de la sociedad. La concepción tradicional, centrada exclusivamente en la obtención de beneficios económicos, ha evolucionado hacia un modelo más amplio que incorpora la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como elemento esencial de la gestión corporativa. Este cambio responde a una creciente demanda social de prácticas empresariales éticas, sostenibles y transparentes, que reconozcan el impacto de la actividad económica sobre el entorno, los trabajadores, los consumidores y otros grupos de interés.
La RSE se ha consolidado como un modelo de gestión que integra consideraciones sociales, medioambientales y éticas en la toma de decisiones empresariales, más allá del mero cumplimiento normativo. En este contexto, las sociedades cooperativas, por su naturaleza jurídica y principios fundacionales, se presentan como entidades especialmente proclives a la incorporación de la RSE, no solo como estrategia voluntaria, sino como parte intrínseca de su identidad. Este rasgo diferencial convierte a las cooperativas en referentes para otras formas empresariales, al demostrar que es posible compatibilizar la viabilidad económica con el compromiso social y medioambiental.
En este contexto, resulta relevante destacar que la Ley 3/2022, de Economía Social de Canarias, es pionera al incorporar por primera vez en España una definición normativa de Responsabilidad Social Empresarial, recogida en su artículo 13 y en una disposición adicional que la vincula expresamente con la sostenibilidad y la igualdad. Esta referencia normativa refuerza la importancia del análisis jurídico de la RSE en el ámbito cooperativo, especialmente en entornos donde la legislación autonómica impulsa su integración como principio estructural.
El objetivo de este trabajo es analizar la configuración jurídica de la RSE y su aplicación en el ámbito cooperativo, poniendo de relieve la convergencia entre los principios cooperativos y los valores que sustentan la RSE. Para ello, se realiza una revisión normativa, doctrinal y jurisprudencial, con especial atención al Derecho Mercantil español y a la normativa europea, complementada con referencias a iniciativas internacionales como el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Esta aproximación permite comprender cómo la RSE se articula en el marco jurídico y cómo se integra en la práctica empresarial cooperativa.
La relevancia del estudio radica en la necesidad de avanzar hacia modelos empresariales más responsables, donde la sostenibilidad y el compromiso social no sean una opción, sino una exigencia estructural. En un entorno global marcado por la interdependencia económica y la presión social por la transparencia, las cooperativas ofrecen un modelo que conjuga eficiencia económica con valores éticos, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la cohesión social.
El trabajo se estructura en cuatro apartados que permiten abordar el objeto de estudio de manera ordenada y coherente. En primer lugar, se presenta la introducción y la contextualización del concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), situando su evolución y relevancia en el marco jurídico y económico actual. A continuación, se analiza el elemento subjetivo de la RSE, identificando los actores implicados y su papel en la configuración de esta responsabilidad. El tercer apartado se centra en la implantación de la RSE en el ámbito cooperativo, destacando la convergencia entre los principios cooperativos y los valores que sustentan la RSE. Finalmente, se ofrece una aproximación jurisprudencial que permite comprender su alcance práctico, cerrando con las conclusiones derivadas del estudio.
Finalmente, el presente estudio se desarrolla desde una perspectiva jurídico-doctrinal, apoyándose en el análisis sistemático de la normativa mercantil española y autonómica, complementada con referencias al Derecho europeo e iniciativas internacionales como el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Se han utilizado fuentes primarias y secundarias, incluyendo legislación vigente, doctrina especializada y jurisprudencia relevante, con el objetivo de delimitar el alcance normativo y práctico de la Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito cooperativo. La selección de resoluciones judiciales se ha efectuado atendiendo a su pertinencia para ilustrar la vinculación entre buenas prácticas y responsabilidad social, priorizando aquellas dictadas por el Tribunal Supremo, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, así como pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este enfoque permite garantizar la solidez del análisis y la coherencia entre los fundamentos teóricos y las conclusiones alcanzadas.
1. Fundamentos de la RSE: perspectivas moral, económica y social
Los argumentos a favor de la RSE encuentran su fundamento en consideraciones de naturaleza (i) moral (ii) económica y (iii) social, permitiendo efectuar las siguientes reflexiones;
(i) desde un punto de vista moral, el rol de las organizaciones empresariales es de tal importancia, que su actuación como ente con personalidad jurídica propia no atiende a los beneficios económicos en sentido estricto, puesto que se considera sin justificación la realización de políticas económicas tendentes a abaratar costes de producción con la correspondiente contratación o subcontratación de servicios o productos elaborados por personas e incluso menores en condiciones de explotación, deforestando, contaminando, imponiendo reglas de juego al comercio internacional que pretendan tratos de favor para unos pocos,
(ii) desde un punto de vista económico, permite partir de la consideración de la RSE como buena para sus propios intereses a la vez que lo es para toda la sociedad, las empresas cuentan con un capital social y humano al que hay que prestar atención para poder obtener el máximo retorno a los recursos utilizados con una visión de largo plazo —activos intangibles— que constituyen la reputación externa y la cultura interna de la empresa. Luego, visto desde esta órbita no sería necesario regular ni introducir mecanismos que obliguen a las empresas a comportarse respetuosamente, en tanto en cuanto, se van a ver recompensadas por ello, y por lo tanto, adoptarán dichas medidas estratégicas. Esto ha permitido que muchas empresas hayan asumido compromisos públicos, adhiriéndose a pactos, asumiendo principios relativos a derechos humanos, laborales y medioambientales, y que por añadidura están empezando a comunicar los resultados de las políticas, procedimientos y resultados de su estrategia RSE[2]. Igualmente, esto ha llevado a la evidencia de que una gestión no ética de las empresas ha generado la extinción social de las mismas. Además, el buen gobierno corporativo supone que a través de la puesta de los medios adecuados se salvaguarde los intereses de los inversores y propietarios de las compañías, quienes no sólo van a exigir resultados financieros a corto plazo, sino una buena gestión de su dinero con criterios de responsabilidad social y visión a largo plazo.
(iii) desde un punto de vista social se establece la dicotomía entre la (1) voluntariedad de la RSE, que tiene su origen en la práctica anglosajona, y el necesario marco regulador de la RSE, que viene impulsado básicamente por países del entorno europeo, entre ellos, Francia y Holanda. La (1) voluntariedad parte de la máxima de considerar que gestionando los impactos sociales y medioambientales una empresa mejorará su gestión de riesgos y obtendrá mejores resultados, pues es el mercado el que presionará para que así sea, recompensando a los buenos y castigará a los malos. Por su parte el (2) necesario marco regulador tiene su fundamento en el bien común, que genera la consideración de que el Estado no puede prescindir de toda función y responsabilidad en cuanto al impacto de la empresa sobre los bienes, pues se debe proteger a la sociedad.
El tratamiento de que la RSE quede configurada como un asunto el cual debe ser asumida voluntariamente por las empresas debe dar paso a su consideración desde la óptica de una intervención pública, en tanto en cuanto, temas relacionados con la RSE no son sólo de carácter privado, sino que afectan al ámbito de lo público, tales como la educación, la investigación, la protección de los derechos humanos, entre otros.
Como consecuencia de lo anteriormente reseñado, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y como punto de referencia, se desarrolla el Pacto Mundial de Naciones Unidas configurada como una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a incluir entre sus estrategias y operaciones los diez principios universalmente[3] aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción; con el fin de potenciar la cimentación de la legitimación social de los negocios y los mercados. Desde el punto de vista organizativo está formado por el Consejo de administración del Pacto Mundial el cual es nombrado y presidido por el secretario general de Naciones Unidas.
Este trabajo tiene como objetivo analizar la configuración jurídica de la RSE, sus elementos subjetivos y su aplicación en el ámbito cooperativo, con especial atención a la normativa mercantil española y a la jurisprudencia relevante. Asimismo, se pretende demostrar que los principios cooperativos guardan una estrecha relación con los valores que sustentan la RSE, lo que convierte a las cooperativas en modelos de referencia para otras formas empresariales. La investigación se apoya en fuentes doctrinales, normativas y jurisprudenciales, y se enmarca en el estudio del Derecho Mercantil, con una perspectiva interdisciplinar que incorpora elementos de economía social y ética empresarial. La relevancia del tema radica en la necesidad de avanzar hacia modelos empresariales más responsables, en los que la sostenibilidad y el compromiso social no sean una opción, sino una exigencia estructural.
2. El elemento subjetivo de la RSE
Es de resaltar, como a nivel internacional, desde hace unas décadas, se ha iniciado el estudio y elaboración de una teoría que permita la delimitación de la incipiente RSE[4], también es cierto que en nuestro país las contribuciones en esta materia no son muchas, pese a que, parece que determinadas actitudes empresariales están siendo más proclives a aplicarla en su respectivo ámbito comercial. Dicho lo cual, resulta oportuno configurar los elementos subjetivos que participan en su demarcación, prestando para ello, especial atención, a nuestra normativa interna.
Si la adopción de criterios de RSE en la gestión empresarial exige aplicar medidas que afectan a los sistemas de gestión en los ámbitos económicos, sociales y medioambientales, así como, la transparencia informativa respecto de los resultados alcanzados en tales ámbitos y el escrutinio externo de los mismos, dichas organizaciones ejercen su responsabilidad social cuando prestan atención a las expectativas que sobre su comportamiento tienen los diferentes grupos de interés (v.gr. empleados, socios, consumidores, comunidades locales, medioambiente, socios, proveedores,...), con el propósito final de favorecer el desarrollo social y ambientalmente sostenible y económicamente viable.
Luego, y en atención al ámbito del derecho mercantil, esos grupos de interés están integrados por personas físicas y/o jurídicas, públicas y/o privadas, que, en sus relaciones directas o indirectas con ese empresario, ad intra y ad extra, resultan afectados con carácter beneficioso o perjudicial.
Es por ello, que los sujetos que integran este vínculo directo de actuación aparecen delimitados (a) ad extra; por (i) el empresario como sujeto activo de la actividad económica afectante, (ii) los consumidores, (iii) otros empresarios como sujetos pasivos de la actividad económica a ellos afectantes, (iv) las administraciones públicas con carácter general en su parcela de actuación tanto activa como pasiva y (b) ad intra; por (i) el empresario como sujeto activo de la actividad económica afectante, (ii) por su socios y (iii) sus trabajadores.
Como tratamiento inicial, y dentro de ámbito específico (a) ad extra, el concepto de empresario[5] no aparece expresamente regulado en nuestro Código de comercio[6] (en adelante Cc), puesto que únicamente se detalla los sujetos mercantiles y la definición de comerciante[7], que hoy por hoy, no se corresponde con toda la actividad mercantil, ya que hace referencia a un único sector de esa actividad. De hecho, la moderna legislación mercantil presta especial atención al concepto legal de empresario, que se puede deducir del análisis de la normativa en vigor, apreciando que el mismo se manifiesta como derivación del concepto económico el cual identifica al empresario con «la persona que directamente y por sí misma coordina y dirige diferentes factores de la producción, interponiéndose entre ellos para ajustar el proceso productivo a un plan o programa determinado»[8]. La figura del empresario además puede quedar clasificada en (i) persona física o natural y (ii) persona jurídica.
(i) la persona física[9] debe cumplir con los requisitos legalmente establecidos para la adquisición válida de dicha condición[10], teniendo siempre la consideración de empresario privado. Por su parte, estos empresarios personas físicas, privadas pueden ser (1) comerciales, industriales y de servicios por razón de la actividad a la que se dediquen. Además, y pese a que en nuestra legislación mercantil el estatuto jurídico del empresario tiene carácter unitario, también es cierto, que a efectos contables ésta deba acomodarse a la actividad empresarial desarrollada, por ello, en atención a las dimensiones de la empresa se hace alusión a (2) pequeños y grandes empresarios. Así, atendiendo al ejercicio directo o interpuesto de la actividad empresarial se habla de un empresario (3) aparente o interpuesto. En el caso del empresario aparente éste ejercita en nombre propio la actividad constitutiva de empresa y el empresario interpuesto u oculto lo que hace es proporcionarle a aquél los medios económicos necesarios para el ejercicio de dicha actividad, dirigiendo la empresa y haciendo suyos los beneficios obtenidos como consecuencia del desarrollo de dicha actividad económica, luego esta situación toma relevancia jurídica cuando dicho empresario aparente se encuentra en una situación de insolvencia, pues los terceros que han contratado con éste pueden tener dificultades para ver satisfechas las obligaciones contraídas, «el riesgo de la empresa no es soportado por el empresario real y efectivo, sino que se hace gravitar sobre los acreedores»[11].
(ii) la persona jurídica[12] donde el empresario es la sociedad y no las personas físicas o jurídicas que forman parte de ella, ni tan siquiera sus administradores. Este empresario, igualmente, ha debido cumplir los trámites legalmente establecidos para que se le otorgue la personalidad jurídica y, por lo tanto, haber adquirido la consideración de sujeto de derecho. Por su parte, el empresario social puede ser (a) público o privado, en relación con la titularidad de las participaciones sociales o acciones en que está dividido su capital social. Además, en atención a la actividad a la que se dedique ese empresario se habla de (b) comerciales, industriales y de servicios. Con relación a la forma social elegida para su constitución; (c) sociedad colectiva[13], comanditaria simple[14], comanditaria por acciones, sociedad anónima, de responsabilidad limitada[15] y de base mutualista[16]. Si se atiende al tipo de contabilidad que está obligado a llevar el empresario social; (d) pequeño, mediano y gran empresario. Por su parte, si la actividad empresarial es ejercida indirectamente por persona interpuesta, (e) empresario aparente y empresario oculto. La referencia a la falta de cumplimiento de los requisitos para la constitución social permite delimitar (f) empresario social en formación[17], el empresario social irregular[18] y sociedades de hecho[19]. En virtud, de la ausencia absoluta de personalidad jurídica; (g) los entes sin personalidad jurídica (v. gr. comunidad de propietarios) y las masas patrimoniales separadas (v. gr. comunidad de bienes). Además, atendiendo al vínculo establecido ad extra entre empresas agrupadas la doctrina[20] diferencia entre; (h) uniones consorciales y grupos de sociedades.
En relación con las (h) uniones consorciales las empresas agrupadas persiguen básicamente, el desarrollo de sus propias actividades a través de la cooperación común (v.gr. abaratar costes de explotación), sin que suponga la unificación de sus políticas empresariales. Estas uniones tienen su manifestación jurídica, fundamentalmente por medio de; la agrupación de interés económico[21] y la unión temporal de empresas[22].
La referencia a (h) los grupos de sociedades[23] supone partir de su existencia cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras, presumiéndose que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en atención a la concurrencia de unas situaciones que hacen referencia a derechos de naturaleza político funcional a favor de la sociedad dominante[24].
Por su parte, si desde el ámbito de actuación estricta ad intra del empresario social se decide desarrollar, dentro su objeto, actividades económico-sociales específicas, con autonomía de gestión, patrimonio separado y cuentas de explotación diferenciada, se hace alusión a (i) las secciones[25].
A contrario sensu, no podrán adquirir la condición de empresario aquellos que no cumplan con los requisitos delimitadores del tipo, además, de los que el legislador mercantil ha querido excluir expresamente y que hacen referencia; (a) a los agricultores y los ganaderos[26] cuando su actividad está directamente ligada al fundo, sin transformación o comercialización de productos agrícolas y ganaderos y (b) a los artesanos[27] cuya actividad de producción, transformación y reparación de bienes o prestación de servicios «se realiza mediante un proceso en el que la intervención personal constituye un factor predominante, obteniéndose un resultado final individualizado que no se acomoda a la producción industrial, totalmente mecanizada o en grandes series»[28].
Por su parte, en lo atinente a los (iii) consumidores, como integrantes del presupuesto subjetivo de esta relación surgida a raíz del reconocimiento del RSE, el concepto que se establezca del mismo permitirá su encaje y sometimiento a este ámbito jurídico.
La política legislativa de protección del consumidor tiene su punto de origen en la economía de contratación de masas y en su consideración de la existencia de éste como parte débil cuyos derechos deben ser protegidos particularmente. Nuestra Constitución, ha consagrado como Principio General la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores, cuya manifestación comunitaria parte de una ingente normativa proteccionista, absolutamente convencida de que dicha fórmula permitirá el desarrollo comunitario.
Tanto en el ámbito legislativo comunitario como en el ámbito legislativo interno no se ha configurado un concepto unívoco del término consumidor. De hecho, hay tantos conceptos de consumidor como ámbitos de protección se pretenden delimitar. En todo caso y en lo que afecta a la legislación española, atenderemos a la norma de mayor aplicación; Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios[29] (en adelante TRLGDCU) a través de la cual se pretende, aproximar la legislación nacional en materia de protección de los consumidores y usuarios a la legislación comunitaria y también en la terminología utilizada[30]. El concepto de consumidor[31] allí recogido, mantiene las peculiaridades de nuestro ordenamiento jurídico en relación con las personas jurídicas en tanto en cuanto, se entiende consumidor a la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, lo que significa que su intervención debe quedar circunscrita a las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros[32]. Es por ello, que partimos de la consideración de un consumidor que adquiere energía, bienes o servicios con el objetivo de darle un fin doméstico, ajeno a toda actividad profesional que permita su reincorporación al mercado económico.
El concepto amplio de consumidor recogido en el TRLGDCU comprende la exigencia de los siguientes requisitos tanto expresa o implícitamente:
1.º) Toda persona tanto física como jurídica.
2.º) La finalidad perseguida con la adquisición, disfrute o utilización del bien o servicio debe ser el de consumo extraeconómico[33].
3.º) En particular y en lo que afecta a la persona jurídica, como destinatario final e interpretado a sensu contrario, no podrá realizar con el servicio o bien adquirido ninguna actividad de producción, comercialización o transformación. Como consecuencia de lo anterior, implícitamente se configura la necesaria falta de ánimo de reventa y finalidad lucrativa del sujeto que adquiere.
Por su parte, esta RSE afecta a (iv) otros empresarios como sujetos pasivos de la actividad económica entendidos a éstos tanto en su consideración de (i) empresario persona física como (ii) empresario persona jurídica. Ciertamente, en este ámbito de actuación de las relaciones comerciales, estictu sensus, éstos aparecen protegidos por la normativa específica y atinente al objeto y marco relativo a las operaciones desarrolladas. Sucede que la RSE, en atención a su objetivo, debe ser entendida como un plus de actuación, y por ello, como la asunción de principios de naturaleza vinculante y obligatoria, en el marco de la correspondiente actividad de referencia, además de ser referente de la capacidad de autorregulación entendido como mecanismo que permite dotarse de sus propias normas y, de quedar sometido, incluso a reglas emanadas por otras entidades empresariales[34].
En el ámbito de actuación de las (v) administraciones públicas, tanto en su aspecto activo y pasivo, ha llevado a la exigencia de un mayor grado de responsabilidad de estas, impulsándose, no hace mucho en nuestro país, la idea de la necesidad de prestar especial atención a la RSE.
La administración pública[35] puede ser considerada, en cuanto a su concepto, fundamentalmente, desde dos puntos de vista; (i) subjetivo como conjunto de órganos y (ii) objetivo como una actividad. En atención con la doctrina preponderante prestando atención a una concepción formal del objeto de esta rama del ordenamiento jurídico, la administración pública consiste en un complejo orgánico y una serie de entes —los entes públicos menores— encuadrado en el poder ejecutivo. Estos órganos y entes realizan funciones legislativas, jurisdiccionales y ejecutivas, constituyendo la administración pública en sentido objetivo. Luego a sensu contrario, no puede hablarse de una función administrativa desarrollada por los órganos legislativos o jurisdiccionales. Y, dentro del poder ejecutivo se comprende también el Gobierno, por lo que no puede establecerse una igualdad entre aquél y la administración pública.
Lo verdaderamente novedoso de la inclusión de la administración pública como elemento subjetivo en su vertiente activa y pasiva de la RSE es el de reconocerle su labor de mediador en cuanto a fomentar la implementación de las medidas que garanticen la RSE, y además, el de ser, por sí, una organización de referencia en lo que su actuación interno y externo supone, por lo tanto, el exigírsele el mismo grado de responsabilidad que al resto de los sujetos implicados.
Dicho esto, y dentro de la consideración (i) subjetiva de la administración pública, se reconoce este carácter a (1) las sociedades mercantiles estatales, (2) las sociedades mercantiles autonómicas o locales creadas o participadas por las entidades que integran la organización territorial del Estado y sus correspondientes organismos públicos y (3) las personas jurídico-privadas con capital o patrimonio perteneciente o derivado de administraciones públicas.
A su vez, los sujetos integrantes de la RSE (b) ad intra; (i) el empresario como sujeto activo de la actividad económica afectante, (ii) sus socios y (iii) sus trabajadores.
En este sentido, y a los efectos de la relación ad intra tienen la consideración de (i) empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes[36] que reciban la prestación de servicios de los trabajadores, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas[37].
En relación con los (ii) socios de una empresa persona jurídica, se parte de la consideración de que con la actitud activa de estos y proclive la implantación de la RSE permiten que sea asumida los principios de transparencia, característicos de dicha responsabilidad[38]. En todo caso, con carácter general, estamos haciendo referencia a un socio (a) persona física y/o (b) persona jurídica, que tal y como se establece legalmente, el reconocimiento de la personalidad jurídica[39] al empresario social supone otorgarle una personalidad distinta a la de los socios que la integran, siendo éste titular de derechos y obligaciones propios, además de poseer la consideración de empresario, con la asignación de un nombre, domicilio y nacionalidad, sin olvidar que es titular de un patrimonio propio con el que da respuesta a las obligaciones asumidas en cuanto sujeto social.
Y, finalmente, en relación específica y afectante a (iii) los trabajadores[40] en sus relaciones internas con la empresa, la RSE se convierte en vehículo impulsor de medidas que aseguran la estabilidad en el funcionamiento, y en última instancia, económico de esa organización de la que forman parte, y que se manifiesta en el hecho de que cualquier medida socialmente responsable, debe ser adoptada y puesta en práctica en el marco de un proceso de diálogo con los representantes de los trabajadores[41]. Con carácter general, la legislación laboral delimita el concepto de trabajador a aquellos que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.
Como consecuencia de lo anteriormente señalado, los sujetos que integran este vínculo directo de actuación aparecen delimitados (a) ad extra; por (i) el empresario como sujeto activo de la actividad económica afectante, diferenciando entre el (i) empresario natural y (ii) empresario jurídico. Dentro de la consideración de (i) empresario natural, se distingue; los (1) comerciales, industriales y de servicios, (2) pequeños medianos y grandes empresarios, (3) aparente o interpuesto. En lo referente al (ii) empresario social la clasificación permite diferenciar entre; (1) público o privado, (2) comerciales, industriales y de servicios (3) sociedad colectiva, comanditaria simple, comanditaria por acciones, sociedad anónima, de responsabilidad limitada y de base mutualista, (4) pequeño, mediano y gran empresario, (5) empresario aparente y empresario oculto, (6) empresario social en formación, el empresario social irregular y sociedades de hecho, (7) los entes sin personalidad jurídica y las masas patrimoniales separadas, (8) uniones consorciales (la agrupación de interés económico y la unión temporal de empresas), grupos de sociedades y las secciones. Por su parte, (iii) los consumidores, (iv) otros empresarios como sujetos pasivos de la actividad económica a ellos afectantes, (v) las administraciones públicas con carácter general en su parcela de actuación tanto activa como pasiva, esto permite su inclusión a (1) las sociedades mercantiles estatales, (2) las sociedades mercantiles autonómicas o locales creadas o participadas por las entidades que integran la organización territorial del Estado y sus correspondientes organismos públicos y (3) las personas jurídico-privadas con capital o patrimonio perteneciente o derivado de administraciones públicas. Por su parte, y referido al mecanismo de relación (b) ad intra; se hace alusión a (i) el empresario como sujeto activo de la actividad económica afectante, a (ii) sus socios, tanto (a) persona física y/o (b) persona jurídica y (iii) sus trabajadores.
3. La implantación de la RSE en el ámbito cooperativo
Las sociedades cooperativas son figuras empresariales que se acomodan a los planteamientos de la RSE, tanto por los valores[42] como por los principios que caracterizan el funcionamiento de estas, ciertamente, la cooperativa es generadora en sí misma de confianza por su carácter social y responsable, y éste es un rasgo cada vez más apreciado por los consumidores a la hora de adoptar su decisión de compra. El concepto de RSE que se ha ido difundiendo ampliamente entre las empresas capitalistas en los últimos años, las cuales han adoptado de manera voluntaria, códigos de conducta que tienen efectos positivos sobre el bienestar de la sociedad, de igual forma, las empresas de economía social incluyen expresamente[43] dentro de sus principios cooperativos la responsabilidad social y actúan en beneficio tanto de sus asociados como de su comunidad (preocupaciones sociales, ambientales y éticas que revierten en una mejora directa de la actividad empresarial en sentido estricto, alcanzando una mayor satisfacción tanto a nivel interno —empleados, trabajadores y/o socios— como externo (proveedores, clientes, instituciones, etc).
Hemos de resaltar la Comunicación de la Comisión Europea (2002)[44] que indicaba que «Las cooperativas y otras empresas de tipo mutualista y asociativo tienen una larga tradición en combinar viabilidad económica y responsabilidad social gracias al diálogo entre las partes interesadas y a la gestión participativa, y pueden servir de referencia a otras organizaciones». Reconociéndose expresamente la menor dificultad de implantación de la RSE en atención, además, a que el cooperativismo en sí, es una actividad empresarial que no termina en la rentabilidad, sino en el bienestar de las personas y de las familias que la integran y dependen de ella.
La RSE comprende características que incorporan distintas perspectivas de la incidencia de la actividad empresarial:
1. Compromiso de las empresas: Referido a la responsabilidad o compromiso de las compañías de operar de tal forma que agregue valor a la sociedad.
2. Decisión voluntaria: Varias definiciones resaltan el enfoque de carácter exclusivamente voluntario de la RSE y no regulada por ley.
3. Beneficios para la sociedad y públicos de interés: Este es un tema amplio, sin embargo algunas definiciones son especificas en listar a las comunidades, clientes, proveedores, empleados y familias como parte de la sociedad que debe beneficiarse de las operaciones de la compañía.
4. Conducta ética: La ética en estas definiciones se mueve mas allá de las expectativas tradicionales de los negocios, e incluye las expectativas de la sociedad acerca de lo que significa prácticas de negocios aceptables.
5. Desempeño ambiental: Aunque la RSE es un concepto amplio que atañe varios aspectos de la operación del negocio en distintos ámbitos, el desempeño en el cuidado del medio ambiente comúnmente resaltado.
6. Adaptabilidad: Una de las definiciones hace referencia a la importancia de adaptar la RSE al contexto y realidad de las sociedades en la que operan las empresas, es decir, en diseñar un modelo de RSE que considere las particularidades del entorno en que se desenvuelven.
La Responsabilidad Social Corporativa se vincula a la creencia en valores éticos, que guían la conducta empresarial de cada compañía y la relación que ella desarrolla con su entorno. Entre estos valores tenemos, los Derechos Humanos, el Bien Común, la Solidaridad, la Transparencia, la Probidad, la Honestidad y el Desarrollo, que no solo se ejecutan cumpliendo las leyes vigentes, sino que debe implicar el desarrollo de iniciativas por parte de quienes pretenden asumir esta responsabilidad, actuando de forma propositiva y proactiva.
La conciencia de una Responsabilidad Social Corporativa parte del reconocimiento que la empresa no es solamente una institución que se dedica a vender productos servicios para obtener ganancias, sino que dependiendo y nutriéndose de su entorno, ella influye necesariamente sobre este. Suele afirmarse que la empresa debe ser un ente de naturaleza social con una misión de servicios a la comunidad y con gran de solidaridad y preocupación por el bienestar colectivo. Esto significa que debe ocuparse no solo de su crecimiento económico, sino también del bienestar comunitario. En la ética empresarial que se origina en esta concepción, las utilidades constituyen una justa retribución al capital, contribuyendo así al desarrollo de la sociedad a través de la justa remuneración del trabajo.
En la práctica, la responsabilidad social es una forma de asumir la dirección estratégica de la empresa. Constituye un planteamiento integral para el manejo organizacional. No son acciones filantrópicas, desarticuladas de la dinámica de la empresa y su entorno. La responsabilidad social busca un mayor compromiso de los trabajadores para con los objetivos y la misión de la empresa, para incrementar la productividad, busca tener una comunidad estable, con buenos niveles de salud y educación para proveerse de mano de obra capacitada y saludable, bajos índices de criminalidad y buenas relaciones con las instituciones, que garanticen el normal ejercicio de sus operaciones y mantener un medio ambiente limpio, implementando procesos de tratamiento de residuos y que permitan la reutilización de estos; con la finalidad de optimizar la utilización de los insumos y la reducción de los desperdicios, todo esto con el objetivo de mejorar las utilidades de la empresa y garantizar sus sostenibilidad a largo plazo.
4. Aproximación jurisprudencial a la RSE
Resulta claro que la situación jurídica actual de la RSE, nos lleva a relacionarlo a nivel jurisprudencial con la vinculación jurídica de las buenas prácticas y que su plasmación en las resoluciones judiciales es muy escasa, de hecho, se constata en líneas generales que sus efectos jurídicos vinculantes quedan al sometimiento y dictado de lo que voluntariamente han aceptado las partes en su aplicación.
Así, pasamos a señalar algunas resoluciones merecedoras de tenerse en cuenta, aunque no directamente referidas a la RSE, si es cierto que analógicamente puede ser equiparada a la remisión de los buenos usos y prácticas
1.— En lo que respecta a las sentencias adoptadas por el Tribunal Supremo;
A) Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), sentencia núm. 1137/2000 de 14 diciembre, la cual tiene sus antecedentes la formulación de demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra el Banco Español de Crédito, SA sobre indemnización de daños y perjuicios con el fin de que «A) Se declare: 1) que el Banco Español de Crédito incumplió los buenos usos y prácticas bancarias a que venía obligado con mi representada respecto a la operación que se le encomendó de gestionar el cobro del pagaré de 10.000.000 de ptas. vencimiento 30 de junio de 1992 referenciado en la demanda. 2) Que se han producido a mi representada daños por el importe del pagaré. 3) Que se han producido perjuicios a mi representada que se determinarán en ejecución de Sentencia calculados desde el 30 de junio de 1992 y hasta la fecha del efectivo resarcimiento del daño sobre la base del interés que la entidad demandada haya venido aplicando en todo el período a los descubiertos en cuenta, o subsidiariamente, sobre la base del interés legal del dinero fijado por el Banco de España y, en este último caso, con un incremento de dos puntos desde la fecha de la Sentencia hasta la del efectivo pago. Y en consecuencia, se condene al Banco Español de Crédito como responsable a resarcir a mi representada mediante el pago a la misma de tales daños y perjuicios. Y en cualquier caso, que se condene al Banco demandado a las costas causadas por la temeridad con que ha actuado».
La juez a quo, dictó sentencia cuyo fallo es el siguiente: «Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador señor A. B. en nombre y representación de Mas del Bordellet contra Banco Español de Crédito, condeno a la entidad demandada a abonar a la actora la suma de diez millones, importe del pagaré en cuya gestión de cobro el Banco incumplió los buenos usos y prácticas bancarias a que venía obligado más los intereses legales del art. 921 de la LECiv de dicha suma desde la fecha en que se dicte sentencia. No procede hacer expresa imposición de las costas».
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Que estimando como estimamos, en parte, el Recurso de Apelación formulado por entidad «Banco Español de Crédito, SA», representado por doña Dolores Luisa V. L., Procurador de los Tribunales, asistido del letrado don Javier C. I. «Juicio Declarativo Ordinario de Menor Cuantía núm. 165/1994, Recurso núm. 503/1994; Juzgado de Primera Instancia de don Benito-2», y desestimando el mantenido por adhesión por la entidad «Sociedad Agraria de Transformación» núm. 7497, denominada «Mas del Bordellet», contra la sentencia recaída en la instancia, debemos revocar y revocamos, en parte, la meritada resolución y a tan sólo a los efectos de disminuir la indemnización acordada por la Sentencia de instancia y por el concepto de daños y perjuicios a la cantidad de quinientas mil ptas., manteniendo el resto de aludida resolución y sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas de la alzada a excepción de las causadas por la adherencia al recurso que se imponen a la adherente».
Se formaliza el recurso de casación por la representación procesal de la entidad «Sociedad Agraria de Transformación» y la sentencia hace constar en su fundamento de derecho séptimo:
«(…) El motivo ha de ser acogido, al menos en parte. El Tribunal de apelación ha valorado sin duda insuficientemente el grave trastorno económico que para una empresa de las características de la demandante suponía el anuncio y posterior pérdida de un incremento patrimonial esperado, la inquietud generada por la falta de respuesta inicial a su queja por parte de instituciones específicas de la mercantil demandada (el Defensor del cliente) y, posteriormente, por la ausencia de actuaciones significativas y compensatorias del Banco gestor, como reacción ante el informe del Banco de España que la acusaba de negligencia en una actuación no ajustada a los buenos usos y prácticas del sector en que desenvuelve su actividad».
B) Por su parte, el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), sentencia de 17 noviembre 2009, donde se hace alusión al código de buenas prácticas agrícolas en relación con el nitrógeno, y por lo tanto su reconocimiento de su carácter vinculante para las partes, aunque en el presente caso no se acredite que el sistema aplicado obstaculice los criterios de aplicación de fertilizantes del código de buenas prácticas agrícolas en relación con el nitrógeno.
2.— Por su parte, las resoluciones adoptadas por las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, permite destacar las siguientes:
A) la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 8.ª), sentencia núm. 190/2000 de 13 marzo, a raíz de la acción de responsabilidad por vicios constructivos, con la correspondiente imputación de esta al arquitecto técnico y contratista, debido a las deficiencias en la ejecución de la obra por falta de aplicación de las buenas prácticas constructivas.
B) la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 7.ª), sentencia núm. 57/2003 de 6 febrero, con relación a la acción de responsabilidad por vicios constructivos y la imputación de la responsabilidad solidaria de arquitecto técnico, arquitecto y constructor por incorrecta vigilancia, vicios de la dirección y mala ejecución contraria a las buenas prácticas constructivas
C) la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10.ª), sentencia núm. 633/2004 de 17 mayo, que reconoce la procedencia de la responsabilidad en la actuación de la demandada por no estar ajustada a las buenas prácticas del mercado de valores.
D) la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 1.ª), sentencia núm. 430/2004 de 14 octubre, como consecuencia de la existencia de un contrato bancario entre las partes, el reconocimiento del incumplimiento de buenos usos y prácticas bancarias.
E) el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Contencioso— Administrativo, Sección 1.ª), sentencia núm. 387/2006 de 19 mayo, a raíz de la falta de controles y precauciones exigibles en la actividad de elaboración y venta de productos reposteros, habiéndose ocasionado brote de salmonelosis detectado en consumidores de productos de establecimiento determinado, pues el origen del brote estuvo en la contaminación inicial por salmonella de los productos durante la manipulación posterior a la elaboración, siendo los manipuladores de la panadería-bollería los responsables de esta contaminación, por incumplimiento de las buenas prácticas de manipulación y buenos hábitos higiénicos.
3.— Y, parece interesante la remisión a la sentencia de Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta), en el caso Portugal contra Comisión de las Comunidades Europeas, sentencia de 12 julio 2001, que en relación a la política agrícola común y en particular lo que afecta al control sanitario en el sector veterinario y zootécnico, con la enfermedad animal de encefalopatía espongiforme bovina, se requirió la adopción de medidas de emergencia en Portugal (Decisión 99/517/CE), solicitándose su anulación por improcedencia al Tribunal de Justicia, con el fin de que se declara que la Decisión 99/517/CE entre otros motivos, suponía vulneración del código zoosanitario; así como vulneración de normas de procedimiento y buenas prácticas administrativas.
Lo verdaderamente atrayente de las resoluciones reseñadas es que hacen mención a la consideración específica de las buenas prácticas, puesto que, en algunos casos, las menos, fueron consideras con carácter vinculante.
A pesar de ser difícil de delimitar el origen exacto de la preocupación por la RSE, es a partir de los años 90 cuando adquiere a nivel empresarial relevancia y se comienza a dar especial atención a los temas sociales y medioambientales y a los impactos que sobre ellos tienen las empresas. El entorno con el que interactúa la empresa le pide que sea responsable más allá del aspecto económico, es decir, que asuman sus responsabilidades sociales y medioambientales. Diversos estudios ponen de manifiesto que los consumidores prefieren los productos de empresas que invierten en acciones de protección del medioambiente y mantienen un buen comportamiento con la sociedad, indicándose que «se ha de considerar la RSE como una ventaja competitiva de las empresas, la sociedad antes elegirá los productos ofertados por una empresa que sea responsable socialmente y que tenga como prioridad el cuidado del medioambiente que los productos de otra empresa que no tenga en cuenta todas estas medidas».
El interés por la RSE ha sido puesto de manifiesto tanto por los numerosos estudios internacionales publicados hasta el momento, como por la pluralidad de normas, principios o recomendaciones que han sido elaboradas por organismos, gubernamentales y no gubernamentales, al objeto de poder delimitar los principios que rigen en ella y que delimitan a las empresas socialmente responsables.
La RSE se ha convertido en un modelo de gestión que toma en consideración las implicaciones sociales y medioambientales de sus actuaciones, además de considerar como objetivo estratégico la creación de valor para todos sus stakeholders, entre los que se encuentran sus accionistas o socios, trabajadores, clientes, proveedores y sociedad en general. Estos stakeholders son los que juzgan las actuaciones empresariales, y en función de que las acepten o no, influirán en la permanencia y sostenibilidad de las empresas.
Son diversas las teorías que tratan de analizar la razón de ser de la RSE, buscando dar una explicación a la necesidad de las empresas de ser socialmente responsables, siendo la Teoría de los grupos implicados o Stakeholders Theory, en sus distintos enfoques, discrecional, instrumental y normativo, su máxima representante. Esta última teoría se encuentra en íntima relación con la razón de ser de las sociedades cooperativas, existiendo un vínculo evidente y estrecho entre la RSE y las sociedades cooperativas, cuyo punto de encuentro reside en los valores y principios que rigen en ambas y que configuran a la sociedad cooperativa como entidad exponente de los principios de RSE, la cual puede servir de guía al resto de entidades. Además, en la medida que en las sociedades cooperativas sus socios asumen múltiples roles de stakeholder (socios, proveedores, clientes, trabajadores, etc..) perseguirán las necesidades de estos grupos de interés e incluso contarán con su participación, contribuyendo a alcanzar sus objetivos económicos y sociales de forma coordinada e integrada.
Además de la revisión teórica, este trabajo tenía como objetivo buscar la relación entre la responsabilidad social corporativa y los principios cooperativos, así como poner de manifiesto si la RSE está entroncada en los valores y principios cooperativos que constituye la ideología innata al cooperativismo. La aportación fundamental de este trabajo es haber conseguido plasmar la relación de la Responsabilidad Social corporativa y las sociedades cooperativas a través de la relación de sus respectivos principios básicos.
La incorporación de una definición normativa de RSE en Canarias (Ley 3/2022) confirma la consolidación de este concepto como criterio estructural de las entidades de economía social, situando a la comunidad autónoma como referente normativo en España.
Como resultado del trabajo, consideramos que, en definitiva, la RSE se configura como un aspecto intrínseco a la propia naturaleza de las sociedades cooperativas, forma parte de su razón de ser o ADN. Las sociedades cooperativas por naturaleza han de desarrollar su actividad de forma responsable, tanto con socios como con la sociedad en general, sin renunciar a su viabilidad económica, y esta responsabilidad es la guía de sus actuaciones empresariales.
Este avance legislativo abre la puerta a futuras reformas en otras Comunidades Autónomas y, eventualmente, a la armonización en la normativa estatal, lo que permitiría establecer un marco común que refuerce la integración de la RSE en todas las formas empresariales. Asimismo, se plantea la necesidad de evaluar el impacto práctico de estas disposiciones en la gestión cooperativa y en la competitividad del sector, así como su potencial para inspirar políticas europeas orientadas a la sostenibilidad y la responsabilidad social.
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Notas
[1] Directora de la Cátedra Universitaria de Economía Social de Gran Canaria (ULPGC–Cabildo de Gran Canaria) y miembro de CIRIEC-España. Email: mariadelpino.dominguez@ulpgc.es
[2] Análisis económicos realizados por diversos autores han revelado que los buenos resultados sociales y medioambientales benefician a la cuenta de resultados, aumentando el valor económico de la empresa. Simpson, W. G., & Kohers, T. (2002). The link between corporate social and financial performance: Evidence from the banking industry. Journal of Business Ethics, 35(2), 97-109. Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of Management Review, 16(4), 691-718.
[3] Estos diez Principios del Pacto Mundial toman su fundamento en Declaraciones y Convenciones Universales. Inicialmente sólo se contaba con nueve principios: dos sobre derechos humanos basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; cuatro laborales, inspirados en la Declaración de la OIT sobre Principios fundamentales; y Derechos Laborales, tres sobre medio ambiente tomando como referencia la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Fue a mediados de 2004 cuando se refuerzan los nueve principios ya existentes con uno décimo de lucha contra la corrupción, basándose en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Los Principios son los siguientes: 1.— Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia (la empresas tratan la cuestión de los derechos humanos a raíz del necesario (a) cumplimiento del derecho nacional e internacional garantizándose que sus actividades se llevan a cabo de acuerdo con la legalidad vigente en el país en el que desarrollan su actividad, (b) con la promoción de los principios de derecho todas las empresas que operan fuera de sus países de origen pueden aprovechar su presencia en ellos para incentivar el respeto a los principios de derecho y respecto a los derechos humanos, (c) con el acercamiento a las preocupaciones de los consumidores mediante el acceso a la información global lo que permite que los consumidores estén cada vez más informados sobre el origen de los productos que consumen y sobre las condiciones en que éstos se fabrican., (d) con la gestión de la cadena de suministros que exige el conocimiento de las responsabilidades relativas a los derechos humanos en toda la cadena productiva, (e) con el incremento de la productividad del trabajador y permanencia a través de un trato digno de los éstos con una retribución justa y equitativa, (f) con la mejora de las relaciones en el seno de la sociedad local,, (g) con la inclusión de los derechos humanos en la política y cultura empresariales. 2.— Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. 3.— Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 4.— Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción 5.— Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 6.— Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 7.— Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 8.— Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental 9.— Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 10.— Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. United Nations Global Compact. (2004). The ten principles of the UN Global Compact. Retrieved from http://www.pactomundial.org/
[4] Para un análisis del perfil jurídico de la RSE, el interesante y profundo trabajo del profesor EMBID IRUJO, J-M (2004): Perfil jurídico de la responsabilidad social corporativa, Revista valenciana de economía y hacienda, (12), 51-76.
[5] Para el estudio del concepto de empresario se ha tenido en cuenta la doctrina existente al respecto, teniendo en cuenta, que toda ella no es unánime en cuanto al significado del término. Rojo, A. (2009). El empresario. En A. Menéndez (Dir.), Lecciones de Derecho Mercantil (7.ª ed., pp. 41-192). Navarra.. Paz-Ares, C. (2009). Derecho de sociedades. En A. Menéndez (Dir.), Lecciones de Derecho Mercantil (7.ª ed., pp. 287-326). Navarra. García de Enterría, J. (2009). La sociedad anónima: principios fundamentales. En A. Menéndez (Dir.), Lecciones de Derecho Mercantil (7.ª ed.). Navarra. Broseta Pont, M., & Martínez Sanz, F. (2009). Manual de Derecho Mercantil (16.ª ed., Vol. I). Madrid.
[6] Código de Comercio de 1885.
[7] Establece el artículo 1 Cc, lo siguiente: «Son comerciantes para los efectos de este Código:
1.— Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente.
2.— Las Compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este Código».
[8] Rojo, Á. (2009). El empresario. En A. Menéndez (Dir.), Lecciones de Derecho Mercantil (7.ª ed., p. 42). Navarra.
[9] los artículos 1.1.º y 14 Cc.
[10] los artículos 4 Cc en relación con los artículos 35 y 38 Constitución.
[11] Rojo, A. (2009). El empresario. En A. Menéndez (Dir.), Lecciones de Derecho Mercantil (7.ª ed., p. 51). Navarra.
[12] los artículos 1. 2.º, 127, 148.I Cc.
[13] el artículo 125 Cc.
[14] los artículos 145 y ss Cc.
[15] Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC).
[16] Estas sociedades tienen como características comunes; (i) el ejercicio y desarrollo de la empresa social persigue la satisfacción común de las necesidades de los socios, (ii) por ello, tienen un capital variable, lo que comporta la posibilidad de entrada y salida de ellas, sin tener que efectuar la operación jurídica consistente en la modificación estatutaria y (iii) sus socios tienen reconocidos una posición jurídica especial dentro de la estructura social. Por su parte, son sociedades de base mutualista las siguientes; Las sociedades cooperativas (Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas), las sociedades mutuas de seguros (Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados), las sociedades de garantía recíproca (Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca) y las sociedades laborales y participadas (Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas). Vergez, M. (2009). Las sociedades de base mutualista. En A. Menéndez (Dir.), Lecciones de Derecho Mercantil (7.ª ed., pp. 555–568). Navarra.
[17] En este supuesto se hace alusión a una sociedad de objeto mercantil —en los supuestos de sociedad anónima, limitada y comanditaria por acciones— formalizada su constitución en escritura pública pero que aún no ha sido inscrita en el Registro Mercantil, pero con voluntad de hacerlo (arts. 36-38 LSC).
[18] En este supuesto se hace referencia a una sociedad de objeto mercantil —en los supuestos de sociedad anónima, limitada y comanditaria por acciones— cuya constitución social se ha formalizado mediante escritura pública, pero con voluntad de que no sea inscrita en el Registro Mercantil o en aquellos casos en los que, tras haber transcurrido un año desde el otorgamiento de la escritura no se ha solicitado su inscripción (arts. 39 y 40 LSC). Díaz Moreno, A. (2009). Las sociedades mercantiles. En G. J. Jiménez Sánchez (Coord.), Lecciones de Derecho Mercantil (13.ª ed., pp. 149-163). Madrid.
[19] Se hace referencia a aquellas sociedades —doctrina de las sociedades de hecho— que pese a estar afectadas de un vicio de nulidad o anulabilidad, han venido actuando en el tráfico y por lo tanto relacionándose con terceros, requiriéndose de un tratamiento específico consistente en considerar la sociedad válida hasta el momento en que es anulada o declarada nula por los tribunales y en los casos en los que se procede a liquidar la sociedad de acuerdo con las normas aplicables al tipo defectuosamente o viciosamente constituido. La finalidad es la de garantizar la posición de los terceros que contrataron con la sociedad. Embid Irujo, J. M. (2008). Un paso adelante y varios atrás: sobre las vicisitudes recientes del concepto legislativo del grupo en el ordenamiento español. Revista de Derecho de Sociedades, (30), 9-30.
[20] El fenómeno de unión de los empresarios ha sido regulado de forma muy general por medio de la defensa de la competencia (Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia) el artículo 38 de la Constitución por medio del reconocimiento de la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes públicos, de acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su caso, de la planificación, ha hecho necesario que ante la existencia de una competencia efectiva entre las empresas como uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. La creciente importancia de la defensa de la competencia es un instrumento de primer orden utilizado para promover la productividad de los factores y la competitividad general de la economía. Como consecuencia de ello, resulta preciso disponer de un sistema que, sin intervenir de forma innecesaria en la libre toma de decisiones empresariales, permita contar con los instrumentos adecuados para garantizar el buen funcionamiento de los procesos del mercado. Con carácter general, y sin dar una definición «cerrada de las formas de vinculación empresarial» las uniones de empresas vienen caracterizadas por estar formadas por un conjunto de empresarios que con el mantenimiento de su independencia jurídica, quedan sometidos a una dirección unitaria con el fin de satisfacer sus fines económicos. Paz-Ares, C. (2009). Uniones de empresas y grupos de sociedades. En A. Menéndez (Dir.), Lecciones de Derecho Mercantil (7.ª ed., pp. 569-589). Navarra. Madrid Parra, A. (2009). Uniones y agrupaciones de empresarios. Los grupos de sociedades. En G. J. Jiménez Sánchez (Coord.), Lecciones de Derecho Mercantil (13.ª ed., pp. 309-322). Madrid.
[21] Los artículos 2 y 3 de la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, señala que la finalidad de esta es facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios, cuyo objeto queda limitado exclusivamente a una actividad económica auxiliar de la que desarrollen sus socios.
[22] El artículo séptimo de Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional, establece que dicha unión cumple con el sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro, eso sí, no tiene personalidad jurídica propia.
[23] el artículo 42.1 Cc.
[24] La doctrina señala como la regulación de grupo contenida en el Cc no presta atención al criterio de dirección unitaria efectiva como característica delimitadora del tipo, haciéndose hincapié en la relación de dominio o control, frente a otros textos legales (art. 78 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, art. 7 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia) que por el contrario la noción de grupo en ellos contenidos parten de la consideración de dirección unitaria. Paz-Ares, C. (2009). Uniones de empresas y grupos de sociedades. En A. Menéndez (Dir.), Lecciones de Derecho Mercantil (7.ª ed., pp. 569-589). Navarra.. Por su parte, señala el profesor Embid que «(…) el grupo no se constituye u organiza para contemplar impávidamente la evolución del mercado y de la realidad económica, sino para actuar —entiéndase, en la realidad empresarial— como conjunto unitario de acuerdo con su especial ordenación y articulación interna. La mera tenencia o disfrute de participaciones en el capital de otra u otras sociedades, aunque sea de dominio, no genera una especial necesidad de tratamiento normativo, ni manifiesta en el mercado un designio de actividad empresarial conjunta. Sólo desde esta perspectiva de actividad conjunta —de intensidad, claro está, variable, según el grupo de que se trate— que se hace perceptible y posible mediante la unidad de decisión puede entenderse el relieve que nuestra figura llega a alcanzar en sectores jurídicos tan significativos como el Derecho de la competencia o el Derecho concursal». Embid Irujo, J. M. (2008). Un paso adelante y varios atrás: sobre las vicisitudes recientes del concepto legislativo del grupo en el ordenamiento español. Revista de Derecho de Sociedades, (30), 9-30., además al mismo autor Embid Irujo, J. M. (2009). Los grupos de sociedades en el código unificado de gobierno corporativo. Revista de Derecho del Mercado de Valores, (5), 9-22, así mismo, con carácter general Embid Irujo, J. M. (2003). Introducción al derecho de los grupos de sociedades. Granada. Por su parte, Sánchez Álvarez, M. M. (1998). Grupos de sociedades y responsabilidad de los administradores. Revista de Derecho Mercantil, (227), 117-154.También resulta clarificador prestar atención a las conclusiones establecidas por y el mismo autor Sánchez Álvarez, M. M. (2004). Grupo de empresas y el concurso de acreedores. En L. Fernández de la Gándara & M. M. Sánchez Álvarez (Coords.), Comentarios a la Ley Concursal (pp. 737-770). Madrid.
[25] Expresamente aparecen reguladas en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, en su artículo 5, que señala: «1. Los Estatutos de la cooperativa podrán prever y regular la constitución y funcionamiento de secciones, que desarrollen, dentro del objeto social, actividades económico-sociales específicas con autonomía de gestión, patrimonio separado y cuentas de explotación diferenciadas, sin perjuicio de la contabilidad general de la cooperativa. La representación y gestión de la sección corresponderá, en todo caso, al Consejo Rector de la Cooperativa
2. Del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la actividad de la sección responden, en primer lugar, las aportaciones hechas o prometidas y las garantías presentadas por los socios integrados en la sección, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal de la cooperativa, de Salvo disposición estatutaria en contra, la distribución excedente será diferenciada.
3. La Asamblea General de la cooperativa podrá acordar la suspensión de los acuerdos de la Asamblea de socios de una sección, que considere contrarios a la ley, a los estatutos o al interés general de la cooperativa.
4. Las cooperativas de cualquier clase excepto las de crédito, podrán tener, si sus Estatutos lo prevén, una sección de crédito, sin personalidad jurídica independiente de la cooperativa de la que forma parte, limitando sus operaciones activas y pasivas a la propia cooperativa y a sus socios, sin perjuicio de poder rentabilizar sus excesos de tesorería a través de entidades financieras El volumen de las operaciones activas de la sección de crédito en ningún caso podrá superar el 50 % de los recursos propios de la cooperativa.
5. Las cooperativas que dispongan de alguna sección estarán obligadas a auditar sus cuentas anuales».
[26] Señala el artículo 326 Cc, lo siguiente: «No se reputarán mercantiles:
1 las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de las personas por cuyo encargo se adquieren.
2 las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos de los frutos o productos de sus cosechas o ganado, o de las especies en que se les paguen las rentas.
3 las ventas que de los objetos construidos o fabricados por los artesanos hicieren éstos en sus talleres.
4 la reventa que haga cualquier persona no comerciante del resto de los acopios que hizo para su consumo».
[27] el artículo 326.3.º Cc.
[28] Rojo, A. (2009). El empresario. En A. Menéndez (Dir.), Lecciones de Derecho Mercantil (7.ª ed., p. 50). Navarra.
[29] Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
[30] La determinación de quién debe ser considerado como consumidor o usuario, y por lo tanto beneficiario de la protección legal, plantea dificultades que surgen porque no se aplica la protección legal de manera expresa a los consumidores y usuarios, aunque la norma tenga evidentemente esa finalidad. La definición recogida en el TRLGDCU no rige para la aplicación de todas las normas dirigidas a proteger a todos los consumidores, obsérvese que el ámbito de aplicación subjetivo de las normas de protección de los consumidores varía según la finalidad de cada Ley. Hay leyes que se remiten específicamente a la noción de la TRLGDCU, y en otros casos, la noción no coincide. Así, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, se declara también en el Preámbulo que «de conformidad con la Directiva traspuesta, el consumidor protegido será no sólo el destinatario final de los bienes y servicios objeto del contrato, sino cualquier persona que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional». En todo caso, ciertamente y por razones de seguridad jurídica, sería recomendable mantener la misma noción de consumidor y usuario que aparece en la Ley de defensa del consumidor. Consejo Económico y Social. (1999). Los derechos del consumidor y la transparencia del mercado. Informe aprobado en sesión plenaria del 17 de febrero de 1999.
[31] Como regula el artículo 3 TRLGDCU; «A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional».
[32] Apartado III de la Exposición de Motivos de TRLGDCU.
[33] La profesora Álvarez Vega identifica el concepto de consumidor con persona no jurídica que no es comerciante. Álvarez Vega, I. (2008). El concurso del consumidor en España. En J. Tomillo Urbina & J. Álvarez Rubio (Coords.), El futuro de la protección jurídica de los consumidores (pp. 329-330). Navarra. El hecho de que por consumidor se pueda entender tanto a las personas físicas como a las jurídicas, se ha cuestionado por la doctrina, que ha pedido la adecuación a las directivas comunitarias, cuyo concepto es reservado a las personas físicas. Bercovitz Rodríguez-Cano. (2007). Apuntes de derecho mercantil. Navarra. Otras autoras, tras la entrada en vigor del nuevo TRLGDCU señalan que la consideración de consumidores a las personas jurídicas sólo podrá referirse a entes asociativos —excluyendo a las asociaciones de empresarios o profesionales— excluyendo por ello a los tipos sociales cuya mercantilidad viene determinada por su forma —S.A. y S.R.L., aunque desarrollen una actividad sin ánimo de lucro—. En este sentido, Carrasco Perera. (2008). Texto refundido de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios. Aranzadi Civil, (5). Ámbito de aplicación y alcance de la refundición)», Aranzadi Civil, 5/2008. Cavanillas Múgica. (2008). El Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios. Aranzadi Civil, (1).
[34] Esta capacidad de autorregulación es importante, por su influencia sobre el funcionamiento del Mercado y el Derecho de la Competencia, Tato Plaza, A. (2002). Los códigos de conducta ante el Derecho de Defensa de la Competencia. Anuario de la Competencia, 389-398. Por su parte, en el ámbito de la autorregulación publicitaria, el amplio estudio realizado por De la Cuesta Rute, J. M., & Núñez Rodríguez, E. (2007). Sobre la autorregulación de la publicidad y la competencia mercantil. Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, 95-128 y los también realizados por De la Cuesta Rute, J. M. (2005). Un límite al poder autorregulador de la publicidad derivado del Derecho de la Competencia. Revista de Derecho Mercantil, (256), 675-695 y De la Cuesta Rute, J. M. (2005). Un límite al poder autorregulador de Autocontrol de la Publicidad. Cuadernos de Derecho y Comercio, (43), 11-36.
[35] Para un estudio en profundidad del concepto de administración pública Entrena Cuesta, R. (1960). El concepto de administración pública en la doctrina y el derecho positivo españoles. Revista de Administración Pública, (32), 55-74. También del mismo autor Entrena Cuesta, R. (1985). El concepto de administración pública en el Proyecto de Ley orgánica del Poder Judicial. En Estudios sobre el proyecto de ley orgánica del poder judicial (pp. 93-112).
[36] Las masas patrimoniales separadas.
[37] el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
[38] Para un estudio en este sentido Valor Martínez, C., & Palomo Zurdo, R. J. (2005). El activismo de los socios como catalizador de la responsabilidad social de la empresa: aplicación a las organizaciones de participación. CIRIEC-Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, (50), 167-190. En este análisis sus autores destacan como «el activismo de los socios o accionistas ha servido para que la empresa asuma los principios de transparencia y de responsabilidad social».
[39] el artículo 116.2 Cc.
[40] Calvo Gallego, F. J. (2009). Códigos éticos y derechos de los trabajadores. Una aproximación a la práctica en las empresas españolas. Albacete. Baylos Grau, A., & Merino Segovia, A. (2008). Códigos de conducta negociados. En F. Valdés Dal-Ré (Dir.) & J. Lahera Forteza (Coord.), Manual jurídico de negociación colectiva (pp. 1021-1049). Madrid. Goerlich Peset, J. M.ª. (2007). Los acuerdos de empresa. En I. Albiol Montesinos, Convenios colectivos y acuerdos de empresa en el Derecho español del Trabajo (p. 328). Valencia.
[41] Baz Tejedor, J. A. (2007). Responsabilidad social empresarial y participación de los trabajadores. En Gobierno de la empresa y participación de los trabajadores y nuevas formas institucionales (pp. 86-196). Madrid: Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
[42] Alianza Cooperativa Internacional. (1995). Declaración sobre la Identidad Cooperativa. Manchester.
[43] Señala Montolio, Aparece explicitado en el principio cooperativo interés por la comunidad, incorporado por la Alianza Cooperativa Internacional en 1995 reconociendo su promoción del desarrollo sostenible de sus comunidades a través de las políticas aprobadas por sus socios. Montolio, J. M. (2002). Economía social: concepto, contenido y significación en España. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, (42), 5-31. En esta línea investigaciones actuales confirman que la RSE no solo se adapta al modelo cooperativo, sino que constituye un elemento estratégico para su competitividad y legitimidad social Domínguez Cabrera, M. del P. (2023). El aspecto jurídico-práctico de la responsabilidad social empresarial. CIRIEC-Costa Rica: Revista de Economía Social y Solidaria, 2(1), 129-138.
[44] Comisión Europea. (2002). Comunicación relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible (COM(2002) 347 final). Bruselas.
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