Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo

International Association of Cooperative Law Journal

ISSN: 1134-993X

ISSN-e: 2386-4893

DOI: https://doi.org/10.18543/baidc

No. 69 (2026)

DOI: https://doi.org/10.18543/baidc692026

Artículos

Comentario jurídico sobre el nuevo Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi, aprobado por el Decreto 227/2025, de 25 de noviembre, con relación a sus novedades respecto a su predecesor

(Legal analysis of the new Regulation of the Basque Cooperatives Act, approved by Decree 227/2025 of November 25, regarding its key developments compared to its predecessor)

Asier Sanz García[1]

Asagar Law (España)

doi: https://doi.org/10.18543/baidc.3462

Recibido: 30.12.2025

Aceptado: 01.08.2026

Fecha de publicación en línea: noviembre de 2026

Sumario: Al tratarse de un comentario jurídico, presenta la misma estructura que el propio Decreto.

Summary: Given its nature as a legal commentary, its structure mirrors that of the Decree itself.

Resumen:

Se trata de un comentario jurídico del reciente Decreto aprobado por el Gobierno Vasco – Eusko Jaurlaritza, por el cual se ha procedido a desarrollar la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi (en lo sucesivo LCE) y a derogar el anterior Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi, esto es el Decreto 58/2005, de 29 de marzo. El comentario se estructura en una Introducción, seguida del propio Comentario jurídico y finalizando con el correspondiente apartado de Conclusiones.

Palabras clave:

Reglamento; Ley de Cooperativas de Euskadi; Decreto; novedades.

Abstract:

This is a legal commentary on the recent Decree approved by the Basque Government – Eusko Jaurlaritza, which implements the Basque Cooperatives Act 11/2019, of December 20 (hereinafter LCE) and repeals the previous Regulation of the Basque Cooperatives Act, namely Decree 58/2005, of March 29. The commentary is structured into an Introduction, followed by the Legal Commentary itself, and concludes with a section for Conclusions

Keywords:

Regulation; Basque Cooperatives Acta; Decree; Key developments.

I. Introducción 

El Gobierno Vasco – Eusko Jaurlaritza, con la presente disposición normativa, ha procedido a desarrollar la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi (en lo sucesivo LCE) y a derogar el anterior Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi, esto es el Decreto 58/2005, de 29 de marzo, salvo aquellos artículos que se incorporaron ya en la LCE, sin menoscabo de que gran parte de su articulado mantiene la regulación del derogado Decreto.

Todo ello tiene su razón de ser, habida cuenta que la vigente LCE reproduce en su articulado gran parte de la derogada Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, ya que, en opinión de este autor, dicha normativa, fue la referente de una época, tanto a nivel nacional como internacional.

Sin más dilación, este autor procede a dar paso a continuación comentario jurídico del articulado del reciente Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi (en lo sucesivo RLCE).

II. Comentario jurídico al reglamento 

Tal y como se ha expuesto en el punto precedente, a continuación, se procede con desarrollo del comentario jurídico del articulado del RLCE:

CAPITULO I.
DISPOSICIONES GENERALES DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA

Articulo 1.— Participación en la actividad cooperativizada.

1.– La actividad cooperativa o cooperativizada es la actividad que realizan las personas socias de una cooperativa, que puede ser en forma de trabajo, entrega de bienes, explotación y/o adquisiciones en común, servicios o cualquier otra actividad.

2.– Las referencias que la Ley realiza a la participación de las personas socias en las actividades cooperativizadas podrán tener, a efectos de su medición y si los estatutos expresamente así lo autorizasen, una base plurianual, que no podrá superar los cinco años.

Comentario — Principales novedades:

El contenido de su apartado 1 es nuevo y determina las posibles actividades cooperativizadas, que ya de por si se desprenden del articulado de las diferentes clases de sociedades reguladas en la LCE.

El contenido de su aparado 2, reproduce íntegramente el apartado 2 del artículo 1 del anterior RLCE.

Artículo 2.— De las personas socias.

1.– Son personas titulares de partes sociales con voto las personas socias minoritarias en las cooperativas mixtas reguladas en el artículo 155 de la Ley.

La condición de persona titular de partes sociales con voto será compatible con la de cualquier clase o modalidad de persona socia. Si los estatutos lo prevén las partes sociales con voto podrán ser libremente negociables en el mercado, pudiendo adquirirse también por todas las personas socias de las cooperativas. Estas personas socias tendrán derecho preferente para su adquisición, si así lo prevén los estatutos.

2.– En relación con la participación en la actividad de la cooperativa de las distintas clases o modalidades de personas socias, o bien específicamente con respecto a las personas socias de trabajo, los estatutos de las cooperativas podrán regular:

a) Los criterios de contabilización diferenciada que procedan.

b) Los criterios para la medición de la actividad cooperativizada que se utilizarán, en su caso, para la distribución diferenciada de los excedentes positivos y negativos con respecto a cada clase o modalidad de personas socias.

En su caso, los estatutos podrán limitar el porcentaje de los excedentes sujeto a distribución por clases o modalidades de personas socias.

3.– La persona socia en excedencia es una situación temporal que sobrevendrá por las razones que se regulen en los estatutos sociales o en el reglamento interno. Los estatutos o el reglamento de régimen interno deberán regular los derechos y obligaciones de las personas socias que se encuentren en situación de excedencia.

Comentario — Principales novedades:

Su apartado 1, es idéntico al 5, del mismo artículo del anterior RLCE, sustituyendo la referencia del derogado art. 136 de la anterior LCE por el vigente art. 155 que es el que regula las Cooperativas mixtas. Con la inclusión del lenguaje de género.

Su apartado 2, es idéntico al 6, del mismo artículo del anterior RLCE, con la inclusión del lenguaje de género.

Su apartado 3, es nuevo, se refiere a la persona socia en excedencia y al desarrollo de la misma, considerando como tal una situación temporal de la persona socia, por las razones que se regulen en los Estatutos Sociales o en el Reglamento Interno de la Cooperativa. Debiéndose regular, en la misma normativa interna los derechos y obligaciones de la persona socia en excedencia.

En nuestra opinión, teniendo en cuenta la regulación de los arts. 19 apartados 2.b) y 4 y del 31.4 de la LCE , las personas socias en excedencia, son una clase de socias.

La regulación de los derechos y obligaciones de las personas socias en excedencia, mientras están en dicha situación, no pueden, en nuestra opinión regularse vía reglamento interno, ya que dicha regulación debe efectuarse únicamente por vía estatutaria, a tenor de lo dispuesto en el art. 31.4 de la LCE.

Por todo lo expuesto, en mi opinión, la persona socia en excedencia, es una clase de socia, diferente de las otras clases de socias que se tipifican en la LCE, de carácter temporal, que finalizará una vez desaparecida la causa de la excedencia, volviendo la persona socia a su anterior condición societaria, una vez desaparecida la causa de excedencia prevista en los Estatutos Sociales de la Cooperativa. En idéntico sentido se pronuncian Badiola y Arrieta 2021[2].

En su apartado 4, del art. 2, es nuevo, versa sobre el supuesto de una relación societaria, con periodo de prueba, en el cual, si es resuelta por cualquiera de las partes, se determina, de forma imperativa, que la relación laboral anterior, que vinculaba a ambas partes, esto es a la Cooperativa y a la entonces trabajadora por cuenta ajena, que no había finalizado, queda renovada en los mismos términos que estaban previstos en la misma —siempre que la legislación laboral así lo posibilite—.

Siendo la aportación esencial, del desarrollo reglamentario recogido en el RLCE, la acotación/remisión que se realiza a la legislación laboral, por lo que, si en la legislación laboral no fuese posible renovar la anterior situación contractual laboral, entre la persona que deja de ser aspirante a socia trabajadora, no podrá pasar a ser trabajadora por cuenta ajena. En cuyo caso, la resolución del contrato societario, por cualquiera de las partes, conllevaría su cese como aspirante a socia, así como su no recuperación de su anterior condición de trabajadora por cuenta ajena.

Artículo 3. – Ejercicio de la opción para ser persona socia trabajadora o de trabajo de duración indefinida.

1.– Las personas socias trabajadoras o de trabajo titulares de contratos de duración determinada que acumulen un período de tres años en esa situación ejercitarán la opción de adquirir la condición de persona socia de duración indefinida, antes de llegar a los cinco años, siempre que esté en vigor la relación societaria. Una vez finalizada esta relación no podrán ejercitar la opción. En todo caso, el derecho a ejercer esta opción se reflejará en el contrato de sociedad de la persona socia trabajadora o de trabajo de duración determinada.

2.– Los estatutos sociales de la cooperativa podrán regular que no se exija la cuota de ingreso a las personas socias de duración determinada hasta que, en su caso, se produzca su incorporación como persona socia de duración indefinida.

Comentario — Principales novedades:

Su apartado 1, es idéntico al art. 4 del anterior RLCE.

Su apartado 2, es nuevo, posibilita que en los Estatutos Sociales se pueda eximir, a las personas socias de duración determinada, de realizar la cuota de ingreso, hasta cuando se produzcan su incorporación como personas socias de duración indefinida.

En mi opinión, se podría haber dejado constancia, que el montante de la cuota de ingreso que deberá abonar cuando pase a ser socia de duración indefinida, será sobre el importe de la aportación obligatoria inicial vigente en la fecha de su incorporación como socia trabajadora.

Artículo 4. – Calificación de la baja por finalización del vínculo social temporal.

1.– Los contratos de sociedad de duración determinada se extinguirán por el vencimiento del plazo convenido que conllevará la baja automática en la entidad sin necesidad de cumplimiento de requisito formal alguno. Tampoco será necesario el acuerdo de las personas administradoras y tendrá la consideración de baja obligatoria justificada.

2.– En el caso de baja de la persona socia trabajadora de duración determinada por expiración de la duración del vínculo social, la persona socia tiene derecho al reembolso de sus aportaciones a capital en el plazo establecido en los estatutos sociales, sin que en ningún caso este plazo pueda ser superior a 1 año a contar desde la fecha efectiva de la baja, con el abono, en ese caso, como mínimo, del interés legal del dinero correspondiente a dicho plazo.

Comentario — Principales novedades:

Su apartado 1, reproduce íntegramente el art. 5 del anterior RLCE, si bien incorpora como novedad que no es necesario, en este supuesto, el acuerdo del Órgano de Administración de la Cooperativa y que tendrá la consideración de baja obligatoria justificada. Todo ello sin menoscabo de lo previsto en el art. 27 de la LCE.

Su apartado 2, es nuevo, sin que tenga nada que ver con la calificación de la baja por la finalización del vínculo social temporal, sino con los efectos que conlleva el acuerdo que se adopte por el Órgano de Administración con respecto al reembolso de las aportaciones de las personas socias de duración determinada, una vez expirado su periodo temporal, ya que si bien se determina que el plazo de reembolso lo determina el Órgano de Administración , teniendo en cuenta la regulación estatutaria, sin que en ningún caso pueda superar el plazo de 1 año, a computar desde la fecha de efectos de la baja, debiendo en dicho caso que tener que abonar a la persona exsocia el tipo interés legal del dinero, por el tiempo que transcurra entre la fecha de efectos y la puesta a disposición del montante del reembolso de sus aportaciones.

Artículo 5.— La baja obligatoria de la persona socia.

1.– En caso de que la baja obligatoria sea solicitada por la persona socia o sea debida al fallecimiento, resolución firme de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, no será necesario el trámite de audiencia previa a la persona socia interesada.

Tampoco será necesaria en las cooperativas de enseñanza cuando la causa de la baja obligatoria responda a no estar el alumno o alumna matriculada en la cooperativa, cuando esta asocie a padres o madres de alumnos o alumnas, a sus representantes legales o al propio alumnado.

2.– Cuando se otorgue audiencia previa a la persona socia afectada por el eventual acuerdo de baja obligatoria, aquella audiencia podrá llevarse a cabo bien por escrito, mediante requerimiento expreso para que la persona socia formule sus alegaciones, bien de manera presencial, siendo perceptiva su asistencia, a decisión de las personas administradoras.

Comentario — Principales novedades:

Su apartado 1, es nuevo, se refiere a los supuestos en los que la baja obligatoria sea:

a) solicitada por la persona socia o

b) debida al fallecimiento,

c) debida a una resolución firme de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez,

Precisando el RLCE, que, en dichos supuestos, no será necesario el trámite de audiencia previa a la persona socia interesada.

Todo ello sin menoscabo de lo previsto en el art. 27.2 de la LCE, que exige, en la tramitación de las bajas obligatorias de las personas socias, la audiencia preceptiva de la persona interesada.

Así mismo, en este mismo apartado 1, in fine, se determina que no será necesaria en las Cooperativas de Enseñanza cuando la causa de la baja obligatoria responda a no estar el alumno o alumna matriculada en la Cooperativa, cuando ésta asocie a padres o madres de alumnos o alumnas, a sus representantes legales o al propio alumnado.

Su apartado 2, también es nuevo, precisando que cuando se otorgue audiencia previa a la persona socia afectada por el eventual acuerdo de baja obligatoria, se determina que la citada audiencia podrá llevarse a cabo bien por escrito, mediante requerimiento expreso para que la persona socia formule sus alegaciones, o bien de manera presencial, siendo perceptiva su asistencia, cuando así lo decida el Órgano de Administración. En todo caso lo aquí expuesto será posible en tanto en cuanto no se haya establecido otra operativa para los Administradores por parte de la Asamblea General, en su autorregulación en los Estatutos Sociales.

Artículo 6.— Capital social.

1.– El capital social de la cooperativa estará compuesto por las siguientes partidas:

a) Aportaciones al capital social del artículo 60.1 de la Ley.

b) Aportaciones financieras subordinadas que, de acuerdo con el artículo 60.6 de la Ley, tienen la consideración de capital social.

c) Partes sociales con voto de las cooperativas mixtas del artículo 155 de la Ley.

2.– A efectos de lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley, serán aportaciones obligatorias aquellas que deben realizar las personas socias por disposición estatutaria o por acuerdo expreso de la asamblea general, e incluye la aportación inicial, las realizadas para mantener la aportación mínima estatutaria, las nuevas posteriores expresamente acordadas o la propia capitalización de los intereses, retornos o anticipos laborales.

Comentario — Principales novedades:

Su apartado 1, es idéntico al contenido del art. 6 del anterior RLCE, con las correspondientes remisiones a los artículos de la vigente LCE.

Su apartado 2, es nuevo, se refiere a las aportaciones obligatorias previstas en el art. 60.1 de la LCE, precisando, que las integran (las aportaciones obligatorias) las siguientes:

a) La aportación obligatoria inicial.

b) Las aportaciones que en su caso tengan que realizar las personas socias para mantener el importe de la aportación mínima establecida en los estatutos.

c) Las nuevas aportaciones obligatorias, ya sean acordadas de forma expresa por la Asamblea General.

d) La capitalización de retornos, siempre que en la Asamblea General se decida que se integren como aportaciones obligatorias.

e) La capitalización de intereses, siempre que en la Asamblea General se decida que se integren como aportaciones obligatorias.

f) La capitalización de anticipos laborales de las personas socias trabajadoras o de trabajo, siempre que en la Asamblea General se decida que se integren como aportaciones obligatorias.

Artículo 7. – Destino de la reserva de regularización de balance al capital social.

1.– Las aportaciones de las personas socias al capital social de la cooperativa, tanto las obligatorias como las voluntarias se actualizarán, en su caso, en la proporción que acuerde la asamblea general, respetándose las previsiones del artículo 64 de la Ley. Estatutariamente se podrá establecer que el destino al capital de las plusvalías previsto en dicho artículo se materializará total o parcialmente en aportaciones subordinadas financieras del artículo 60.6 de la Ley.

2.– Los criterios de atribución entre las personas socias de las plusvalías resultantes de la regularización de balance destinadas al capital social deberán ser aprobados por la asamblea general y podrán relacionarse bien con el saldo de las aportaciones de capital de cada persona socia realmente desembolsado o bien con su respectiva participación en la actividad cooperativizada desde la última actualización practicada, respetándose, en todo caso, las previsiones establecidas en el párrafo 3 del presente artículo.

3.– En la actualización de las aportaciones se tomará como fecha de devengo la del acuerdo de regularización de balance o acuerdo de disposición de las reservas de regularización adoptado por la asamblea general, teniendo derecho a dicha actualización todas aquellas personas socias que lo fuesen a la fecha de devengo elegida, con independencia de que aquellos causen baja como personas socias con posterioridad a dicha fecha. Una vez que la cuenta de actualización sea disponible, el citado derecho solamente se podrá ejercitar desde la fecha del acuerdo de disposición adoptado por la asamblea general.

Comentario — Principales novedades:

Su apartado 1, es idéntico al contenido del apartado 1 del art. 7 del anterior RLCE, con las correspondientes remisiones a los artículos de la vigente LCE, además de incorporar en su redacción un lenguaje inclusivo.

Su apartado 2, es idéntico al contenido del apartado 2 del art. 7 del anterior, si bien en su redacción se incorpora un lenguaje inclusivo.

Su apartado 3, es idéntico al contenido del apartado 3 del art. 7 del anterior, si bien en su redacción se incorpora un lenguaje inclusivo.

Artículo 8. – Reembolso de aportaciones.

1.– El reembolso de las aportaciones al capital social del artículo 60.1 de la Ley a las personas socias de la cooperativa, se efectuará de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales de la cooperativa, sea por acuerdo de la asamblea general de reducción de capital social, sea por baja de la persona socia, sea por reducción de la actividad cooperativizada.

2.– En el caso de que el reembolso se produzca por baja de una persona socia, el reembolso se acordará una vez se hayan aprobado las cuentas anuales del ejercicio en que causó baja.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán producir reembolsos anticipados en cuyo caso se considerarán como un anticipo a cuenta abonado por la cooperativa a la persona socia. Las personas administradoras podrán acordar el reembolso de las aportaciones en el momento que se adopte el acuerdo de baja, fijando provisionalmente su importe, pendiente de concretar la cuantía que en su caso le corresponda a la persona exsocia por los resultados del ejercicio en que ha causado baja. En este caso también, las personas administradoras deberán fijar el importe definitivo del reembolso de las aportaciones en el plazo de tres meses a contar desde la aprobación por parte de la asamblea general de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio en que causó baja la persona socia.

Así mismo, las personas administradoras dejarán constancia expresa a la persona exsocia de su participación en fondos o cuentas de actualización si la cooperativa se hubiese acogido a la regularización de balances y no hubiese podido disponer de los mismos por disposición legal expresa, siempre que cuando se proceda a su distribución su destino único o parcial fuese la actualización de las aportaciones al capital social de las personas socias.

En el caso en el que los estatutos sociales, el contrato de sociedad o un acuerdo de la asamblea general de emisión de aportaciones voluntarias lo hubiesen previsto expresamente, las personas socias con aportaciones voluntarias podrán comprometerse a renunciar a su derecho a exigir el reembolso anticipado de las mismas en el caso de que causasen baja con fecha anterior a la preestablecida para el reembolso de dichas aportaciones voluntarias.

3.– Las personas titulares de las aportaciones cuyo reembolso ha sido rehusado, tendrán derecho a ser informadas anualmente sobre los aspectos que incidan sobre sus aportaciones, además de las otras informaciones que pueda decidir el consejo rector.

Con carácter general, el reembolso de las aportaciones rehusadas deberá hacerse efectivo por orden de antigüedad de la fecha de la baja de sus titulares como personas socias. No obstante, los estatutos sociales podrán fijar los criterios para proceder al reembolso preferente de determinados colectivos, como los que causan baja obligatoria en la cooperativa, las personas socias de mayor edad u otros criterios objetivos que puedan fijarse.

El rehúse de las aportaciones también afecta a aquellas personas socias que causan baja en la cooperativa y simultáneamente se incorporan como personas socias de otra cooperativa.

Las aportaciones cuyo rembolso ha sido rehusado serán acreedoras de un interés si se retribuyen las aportaciones a capital de las personas socias de la cooperativa.

4.– Si la persona socia que causa baja no solicita el reembolso de sus aportaciones al capital social dentro del plazo de 5 años su importe se destinará al fondo de reserva obligatorio de la cooperativa. Dicho plazo se contará a partir del momento en que se produzca la baja de dicha persona socia.

En todo caso, para que la persona que haya causado baja pueda hacer efectivo su derecho de reembolso, la cooperativa deberá dirigir comunicación en este sentido al domicilio que figure en el libro registro de personas socias, o a través de cualquier otro medio que sea fehaciente.

5.– El hecho de reducir la actividad cooperativizada, por parte de la persona socia, por el motivo que sea, y aun siendo esta definitiva, sin causar baja en la cooperativa, no dará derecho al reembolso parcial de las aportaciones al capital social, salvo que exista una previsión estatutaria expresa que los posibilite.

6.– En caso de que el reembolso se produzca por acuerdo de la asamblea general de reducción del capital social podrán aplicarse los supuestos de rescate establecidos para las aportaciones financieras subordinadas del artículo 60.6 de la Ley.

Si la reducción de capital afecta a todas las personas socias de la cooperativa, la devolución de las aportaciones se hará a prorrata del importe de sus aportaciones, salvo que se acuerde otro sistema. En cambio, si el acuerdo de reducción no afecta a todas las personas socias, será preciso el consentimiento de las personas socias titulares de las aportaciones que serán reembolsadas.

Comentario — Principales novedades:

Su apartado 1, es idéntico al contenido del apartado 1 del art. 8 del anterior RLCE, con la correspondiente remisión al artículo aplicable de la vigente LCE, además de incorporar en su redacción un lenguaje inclusivo.

Su apartado 2, es idéntico al contenido del apartado 2 del art. 8 del anterior RLCE, en todos sus párrafos, excepto en el segundo que lo modifica parcialmente, incorporando en su redacción un lenguaje inclusivo.

La diferencia que se da en el párrafo segundo de este apartado 2, es la siguiente: Reordena la potestad de los Administradores, ya que les reconoce la posibilidad de acordar el reembolso de las aportaciones en el momento que se adopte el acuerdo de baja, fijando provisionalmente su importe, pendiente de concretar la cuantía que en su caso le corresponda a la ex persona socia por los resultados del ejercicio en que ha causado baja.

Acotando, como ya se hacía también en el párrafo segundo del apartado 2 del art. 8 del anterior RLCE, el plazo que tenían para fijar el importe definitivo, del reembolso de las aportaciones de las personas exsocias, de tres meses, a contar desde la fecha de la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio en que causo baja en la Cooperativa.

Su apartado 3, es nuevo, reconociéndose a las personas titulares de las aportaciones cuyo reembolso ha sido rehusado, el derecho a ser informadas anualmente sobre los aspectos que incidan sobre sus aportaciones, además de las otras informaciones que pueda decidir —estas otras informaciones son potestativas— el Consejo Rector.

Por otra parte, se establece con carácter general, que el reembolso de las aportaciones rehusadas deberá hacerse efectivo de la siguiente forma:

— Por orden de antigüedad de la fecha de la baja de sus titulares como personas socias.

— Se posibilita que en los Estatutos Sociales se puedan fijar los criterios para proceder al reembolso preferente de determinados colectivos, como los siguientes:

• Los que causan baja obligatoria en la Cooperativa,

• las personas socias de mayor edad

• u otros criterios objetivos que puedan fijarse.

También se concreta que el rehúse de las aportaciones afecta a aquellas personas socias que causan baja en la Cooperativa y simultáneamente se incorporan como personas socias de otra Cooperativa.

Por último, se determina, que las aportaciones cuyo rembolso ha sido rehusado, serán acreedoras de un interés, si se retribuyen las aportaciones a capital de las personas socias de la Cooperativa. Si bien tenemos que tener en cuenta que ya LCE determina, en su art. 63.4, que deberá fijarse, ese tipo de interés, en los Estatutos, que deberá ser un interés preferencial o una remuneración preferente, esto es superior al tipo de interés que se fije por la Asamblea General a las personas socias en activo.

Su apartado 4, es nuevo, precisando, en su párrafo primero, que transcurrido el plazo de 5 años desde la baja de la persona socia en la Cooperativa sin que solicite el reembolso de sus aportaciones a capital, su importe se destinará al Fondo de Reserva Obligatorio de la Cooperativa.

En el párrafo segundo, del apartado 4, se concreta que para que pueda hacer efectivo el derecho de rembolso de sus aportaciones de las personas que hubiesen causado baja, la Cooperativa debe dirigirle una comunicación, esto es un escrito, reconociéndole el reembolso de sus aportaciones, al domicilio que figure en el Libro Registro de Personas Socias o mediante cualquier otro medio que sea fehaciente.

Su apartado 5, es idéntico al contenido del apartado 3 del art. 8 del anterior RLCE, además de incorporar en su redacción un lenguaje inclusivo.

Su apartado 6, párrafo primero, es idéntico al contenido del apartado 4 del art. 8 del anterior RLCE, además de incorporar en su redacción un lenguaje inclusivo.

Su párrafo segundo, del apartado 6, es nuevo, estableciendo que en el caso de que la reducción de capital afecta a todas las personas socias de la Cooperativa, la devolución de las aportaciones se hará a prorrata del importe de sus aportaciones, salvo que se acuerde otro sistema por parte de la Asamblea General.

Sin embargo, si el acuerdo de reducción no afecta a todas las personas socias, será preciso el consentimiento de las personas socias titulares de las aportaciones a las que le serán reembolsadas.

Artículo 9. – Transmisibilidad de las aportaciones.

A los efectos de la transmisibilidad de las aportaciones obligatorias y voluntarias a otra persona socia o a terceras personas, estas podrán transformarse en aportaciones financieras subordinadas del artículo 60.6 de la Ley, previo acuerdo de las personas administradoras y siempre que los estatutos sociales regulasen esta posibilidad de transformación. Así mismo, las personas administradoras podrán autorizar previamente de forma genérica estas transformaciones, estableciendo las condiciones de las mismas de acuerdo con la regulación recogida en los estatutos sociales.

Comentario — Principales novedades:

Su contenido es idéntico al art. 9 del anterior RLCE, con la correspondiente remisión al artículo aplicable de la vigente LCE, además de incorporar en su redacción un lenguaje inclusivo.

Artículo 10. – Aportaciones Financieras Subordinadas con consideración de Capital Social.

1.– Cualquier aportación financiera que cumpla los requisitos previstos al efecto en el artículo 60.6 de la Ley tendrá la consideración de capital social.

2.– Las personas administradoras podrán aprobar la contratación de aportaciones del artículo 60.6 de la Ley siempre que no se realice una emisión en serie de las mismas o suponga una modificación sustancial de su estructura económica según sus estatutos sociales.

3.– El acuerdo de contratación o de emisión de las aportaciones del artículo 60.6 de la Ley deberá concretar el modo en que se va a articular el derecho de suscripción preferente de las personas socias y trabajadoras asalariadas de la cooperativa regulado en la Ley. El derecho de suscripción preferente podrá consistir, entre otros, en la concesión de plazos preferentes de suscripción no inferiores a 24 horas, establecimiento de tramos diferenciados, criterios de prorrateo en el reparto, así como cualquier otro mecanismo que garantice la preferencia mencionada.

4.– Según lo previsto en el artículo 60.6 de la Ley, las aportaciones financieras subordinadas podrán ser reembolsables o adquiridas en cartera mediante las garantías que se regulan en el presente artículo.

5.– Las aportaciones financieras subordinadas que tengan la consideración de capital podrán ser reembolsadas anticipadamente a la liquidación de la cooperativa para su amortización con el acuerdo del órgano que aprobó su emisión o contratación salvo que dicho órgano hubiese delegado dicha función y con el derecho de las personas acreedoras a oponerse al reembolso.

El acuerdo de reembolso deberá publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco y en dos diarios de gran circulación en el territorio histórico en que tenga el domicilio social la cooperativa haciendo mención expresa al derecho de oposición de las personas acreedoras.

El reembolso no podrá materializarse antes de que transcurra un mes desde el último de los anuncios previstos y si durante este plazo alguna persona acreedora de la cooperativa se opusiera por escrito al reembolso, no podrá llevarse a efecto si sus créditos no son enteramente satisfechos o si la cooperativa no aporta garantía suficiente. En tal caso, los acreedores no podrán oponerse al pago, aunque se trate de créditos no vencidos.

Se considerará que la cooperativa aporta garantía suficiente y las personas acreedoras no podrán oponerse al reembolso, no siendo necesario publicar el acuerdo de reembolso por los medios regulados en el presente artículo, en los siguientes casos:

a) Cuando se constituya una reserva bien con cargo a excedentes o bien con cargo a reservas voluntarias de libre disposición por un importe igual al percibido por las personas titulares en concepto de reembolso de las aportaciones. La indicada reserva será indisponible hasta transcurridos cinco años desde el reembolso de las aportaciones, salvo que se hayan satisfecho todas las deudas sociales contraídas con anterioridad, o las personas acreedoras no hayan ejercido su derecho de oposición con la publicación de los anuncios referidos en este párrafo.

b) Cuando las aportaciones a reembolsar se compensen con nuevas aportaciones financieras subordinadas del artículo 60.6 de la Ley.

c) Cuando el valor nominal de las aportaciones a reembolsar no exceda de la cuantía que resulte del 10 % de la suma del capital social más los fondos de reserva obligatorios de la cooperativa.

d) Cuando conforme a las condiciones de la emisión o contratación de las aportaciones, las personas titulares a los que se les hubiesen reembolsado las mismas resultaran responsables solidarios entre sí y con la cooperativa del pago de las deudas sociales hasta el límite de lo percibido por cada titular. La responsabilidad de los títulos no prescribirá hasta transcurridos cinco años desde la última publicación de los anuncios.

e) Cuando el activo de la sociedad, en el caso de que se amorticen estas aportaciones financieras subordinadas, sea superior en un 50 % a las deudas contraídas por la misma, aún en el caso de que estas no sean exigibles.

6.– Las aportaciones financieras subordinadas que tengan la consideración de capital social podrán ser adquiridas en cartera por la cooperativa con el acuerdo del órgano que aprobó su emisión o contratación, salvo que dicho órgano hubiese delegado dicha función, siempre y cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a) Se establezca en el pasivo del balance una reserva indisponible equivalente a las aportaciones adquiridas que figuren en el activo con cargo a reservas disponibles o excedentes acumulados pendientes de distribución. Dicha reserva indisponible deberá mantenerse en tanto las aportaciones no sean amortizadas con los requisitos de reembolso establecidos en el número anterior, o sean transmitidos.

b) Las aportaciones adquiridas en cartera se compensen con nuevas aportaciones financieras subordinadas del artículo 60.6 de la Ley.

No obstante, no será necesaria la constitución de la reserva indisponible ni la compensación con nuevas aportaciones a capital en los siguientes supuestos:

a) Cuando las aportaciones se adquieran para su amortización. En este caso, no obstante, se aplicará la regulación del párrafo 4 anterior.

b) Cuando las aportaciones se adquieren formando parte de un patrimonio adquirido a título universal.

c) Cuando las aportaciones se adquieran a título gratuito.

d) Cuando las aportaciones se adquieran como consecuencia de una adjudicación judicial para satisfacer un crédito de la cooperativa frente al titular de las aportaciones.

e) Cuando el valor nominal de las aportaciones adquiridas por la cooperativa y sus filiales no exceda de la cuantía que resulte de sumar el 10 % del capital social y los fondos de reserva obligatorios de la cooperativa.

f) Cuando el activo de la cooperativa, minorado en el importe de las aportaciones adquiridas en cartera por la cooperativa y sus filiales, sea superior en un 50 % a las deudas contraídas por la misma, aún en el caso de que estas no sean exigibles.

7.– Las personas socias cooperadoras responderán, en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellas con la cooperativa en los términos legales y estatutariamente establecidos, de las reducciones de recursos propios generadas, mientras mantengan su condición de personas socias, por el reembolso a sus titulares de aportaciones de capital, en la cuantía en que la garantía de las personas acreedoras no se haya cubierto mediante cualquiera de los procedimientos previstos al respecto en el artículo 60.6 de la Ley. En este caso, la responsabilidad se mantendrá en los términos previstos en el párrafo 4 salvo que anteriormente se recupere la cifra de recursos propios o se hubiese constituido una dotación que cubra los importes no garantizados.

Comentario — Principales novedades:

Sus siete apartados coinciden con la redacción de los siete apartados del art. 10 del anterior RLCE, con la correspondiente remisión de los artículos aplicables de la vigente LCE, además de incorporar en su redacción un lenguaje inclusivo.

Artículo 11. – Destino de las reservas disponibles.

1.– Los fondos de reserva voluntarios generados pueden tener carácter irrepartible o repartible. En el segundo de los casos, los estatutos sociales o la asamblea general podrán establecer los criterios de individualización de los mismos.

2.– Las reservas disponibles repartibles podrán tener cualquiera de los siguientes destinos, que en su caso determine la asamblea general de la cooperativa:

a) Capitalización o monetarización a favor de las personas socias de forma proporcional a la actividad cooperativizada realizada por cada una de ellas, en el período en que se generaron o de forma proporcional a su actividad cooperativizada en el ejercicio económico en que se distribuya. Si las reservas disponibles se destinan a este fin, las personas trabajadoras asalariadas participarán en la cuantía prevista en los estatutos sociales de la cooperativa o según la previsión del artículo 103.5 de la Ley.

b) Retribución de las aportaciones al capital social, ya sean obligatorias o voluntarias.

c) Incremento o mejoramiento de los fondos obligatorios –Fondo de Reserva Obligatorio, Contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público– o reservas estatutarias o voluntarias irrepartibles.

d) Compensación parcial o total de pérdidas

e) Actualización de aportaciones.

f) Otros no previstos en los párrafos precedentes.

3.– Cualquiera de los destinos previstos en el párrafo anterior, tendrá en cuenta las limitaciones legales, estatutarias o las fijadas por la asamblea general, en sus acuerdos válidamente adoptados, referidos a dicha materia.

4.– Las reservas voluntarias irrepartibles o restringidas podrán tener cualquiera de los siguientes destinos, que en su caso determine la asamblea general de la cooperativa:

a) La compensación de pérdidas.

b) La posibilidad de afrontar las exigencias de amortización anticipada de financiación subordinada.

c) Cualesquiera otros destinos que decida la asamblea general en el marco de sus competencias.

Comentario — Principales novedades:

Su apartado 1, es idéntico al apartado 1 del art. 11 del anterior RLCE, con la incorporación en su redacción un lenguaje inclusivo.

Su aparatado 2, es idéntico al apartado 2 del art. 11 del anterior RLCE, con la correspondiente remisión de los artículos aplicables de la vigente LCE, sustituyendo el derogado FEPC por la contribución para la educación y promoción Cooperativa y otros fines de interés público, además de incorporar en su redacción un lenguaje inclusivo.

Su apartado 3, es idéntico al apartado 3 del art. 11 del anterior RLCE, con la incorporación en su redacción de un lenguaje inclusivo.

Su apartado 4, es nuevo y versa sobre los destinos que la Asamblea General, puede dar, a las reservas voluntarias irrepartibles o restringidas, de entre los siguientes:

a) La compensación de pérdidas.

b) La posibilidad de afrontar las exigencias de amortización anticipada de financiación subordinada.

c) Cualesquiera otros destinos que decida en el marco de sus competencias (la Asamblea General).

Artículo 12. – Imputación de pérdidas.

1.– En consonancia con lo regulado en el artículo 73.1.c) de la Ley, las personas socias cooperadoras asumirán, en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos con la cooperativa en los términos legal y estatutariamente establecidos, las pérdidas generadas mientras mantengan su condición de personas socias y pendientes de compensación exceptuando las asignadas para su futura compensación con cargo a fondos de reserva de actualización ya existentes pero todavía no disponibles. En el caso de las personas socias no cooperadoras, se está a lo dispuesto en la Ley, los estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por la cooperativa.

2.– La cuenta especial regulada en el artículo 73.3 de la Ley estará debe estar individualizada entre las personas socias en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellas con la cooperativa, al objeto de que las pérdidas contenidas en dicha cuenta puedan ser descontadas de la aportación al capital de la persona socia en caso de baja o deban ser asumidas por la persona socia en el caso de que transcurra el plazo máximo de 5 años previsto en la Ley para su compensación.

Los estatutos, o en su caso la asamblea general, regularán el criterio de compensación de las pérdidas imputadas a esta cuenta especial cuando se obtengan resultados positivos en los ejercicios siguientes.

Comentario — Principales novedades:

Su apartado1, es idéntico al apartado 1 del art. 12 de anterior RLCE, hasta su primer punto y seguido, con la correspondiente remisión de los artículos aplicables de la vigente LCE , además de la incorporación en su redacción un lenguaje inclusivo. Después del primer punto y seguido, del apartado 1, se adiciona, como novedad, la referencia para con las personas socias no cooperadoras, en el sentido de que en esta materia, se estará, a lo dispuesto en la Ley, los Estatutos y en, en su caso en los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales en la Cooperativa.

Su apartado 2, es nuevo, hace referencia a que la cuenta especial regulada en el art. 73.3 de la LCE, tiene que estar individualizada entre las personas socias en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada una de ellas con la Cooperativa, al objeto de que las pérdidas contenidas en dicha cuenta puedan ser descontadas de la aportación al capital de la persona socia en caso de baja o deban ser asumidas por la persona socia en el caso de que transcurra el plazo máximo de 5 años previsto en la Ley para su compensación.

Así mismo se precisa que los Estatutos, o en su caso la Asamblea General, deben regular el criterio de compensación de las pérdidas imputadas a esta cuenta especial cuando se obtengan resultados positivos en los ejercicios siguientes.

Debe tenerse muy claro que la utilización de estas cuentas individualizadas en los términos previstos en el presente RLCE conlleva que las personas socias están asumiendo las pérdidas por importes superiores al montante de sus aportaciones al capital social, lo que conlleva superar la responsabilidad limitada general de las personas socias en las Cooperativas, consagrado en el art. 59.2 de la LCE 11/2019, que solamente se puede excepcionar en los supuestos previstos en el apartado 4 del citado art. 59 de la LCE.

Por último, debemos resaltar que el presente RLCE ha suprimido la regulación anterior que posibilitaba, en el apartado 2 del derogado art. 12 del anterior RLCE, a las Cooperativas exigir, como un crédito, a las personas socias que causasen baja voluntaria u obligatoria, las pérdidas que tuviesen asumidas y no compensadas.

Artículo 13. – Participación de las personas trabajadoras asalariadas en los resultados.

1.– Las cooperativas que en virtud de sus estatutos sociales o según la previsión del artículo 103.5 de la Ley reconozcan a sus personas trabajadoras asalariadas una participación en sus resultados, podrán tratar dicha asignación como un gasto contable previo a la propia distribución de los excedentes, dada la naturaleza salarial de dicha participación, aun cuando la asamblea general ordinaria no hubiese aprobado las cuentas anuales de dicho ejercicio ni la distribución de los excedentes.

2.– El importe reconocido a las personas asalariadas, en concepto de participación en los resultados de la cooperativa, se entenderá como un importe íntegro del que se deducirán las cotizaciones sociales, fiscales u otras derivadas para la cooperativa con sus personas trabajadoras asalariadas.

Comentario — Principales novedades:

Sus apartados 1 y 2, son idénticos a los apartados 1 y 2 del art. 13 de anterior RLCE, con la correspondiente remisión del artículo aplicable de la vigente LCE , además de la incorporación en su redacción un lenguaje inclusivo.

Artículo 14. – Contribución para la educación y promoción Cooperativa y otros fines de interés público.

1.– Para el cumplimiento de los fines de la contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público se podrá colaborar con otras sociedades y entidades, pudiendo aportarse a las mismas total o parcialmente, su dotación, para que las destinen a cualquiera de los fines previstos legalmente para dicha contribución.

2.– En concreto, la contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público podrá destinarse a su finalidad a través de cooperativas de segundo o ulterior grado, entidades asociativas de cooperativas o entidades de otro tipo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entrega esté condicionada al destino de las cantidades correspondientes por parte de la entidad colaboradora a finalidades incluidas entre los destinos legalmente previstos para la Contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público.

b) Que dichas finalidades pactadas sean coherentes con las finalidades estatutarias de la entidad colaboradora que canaliza los recursos.

3.– El informe de gestión o, en su caso, la memoria de la cooperativa recogerá las cantidades que con cargo a dicha contribución se hayan destinado a los fines de la misma, con indicación de la labor realizada y, en su caso, mención de las sociedades o entidades citadas en el párrafo 1 del presente artículo a las que se remitieron para el cumplimento de sus fines.

Comentario — Principales novedades:

Se sustituye la anterior denominación del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa por la de contribución para la educación y promoción Cooperativa y otros fines de interés público.

Sus apartados 1 y 2, son idénticos a los apartados 1 y 2 del art. 14 del anterior RLCE, con el cambio de la denominación ya citada en el párrafo precedente.

Su apartado 3, es idéntico al apartado 4 del anterior RLCE, con el cambio de la denominación ya citada en el párrafo precedente.

Se ha suprimido el apartado 3 del anterior RLCE por la derogación de su contenido que tuvo lugar ya con la anterior LCE.

Artículo 15. – Transformación de Cooperativas.

El Consejo Superior de Cooperativas comprobará que la tramitación del proceso de transformación de la cooperativa en sociedad civil o mercantil se ha realizado conforme a las exigencias legales previstas en el artículo 89 de la Ley, y que especialmente, se ha adoptado la decisión previa memoria comunicada de las personas administradoras al propio Consejo y el acuerdo expreso ulterior y favorable de la asamblea general de la cooperativa en el que se garanticen las cantidades en su favor a las que hace referencia el artículo 89.4 de la Ley.

Comentario — Principales novedades:

Este artículo es nuevo con respecto al anterior RLCE, del art. 15 del anterior RLCE.

En él se realiza la correspondiente remisión, de los artículos aplicables de la vigente LCE, además de la incorporación, en su redacción, de un lenguaje inclusivo.

Asimismo, se determina que el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi – Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua (en adelante CSCE —EKGK) comprobará:

• Por una parte, que la tramitación, del proceso de transformación de la Cooperativa en sociedad civil o mercantil, se ha realizado conforme a las exigencias legales previstas en el art. 89 de la LCE.

• Por otra parte, que se haya adoptado la decisión, previa memoria comunicada de las personas administradoras al propio CSCE — EKGK.

• Que la Asamblea General haya adoptado el acuerdo, expreso ulterior y favorable, en el que se garanticen las cantidades en su favor, a las que hace referencia el art. 89.4 de la Ley.

Artículo 16. – Anticipos laborales.

1.– Los anticipos laborales de las personas socias trabajadoras y de trabajo, previstos en los artículos 69.2 y 103.6 de la Ley, incluyen tanto las percepciones abonadas con carácter periódico o esporádico como las percepciones devengadas al cierre del ejercicio económico en función de la evolución de la actividad, y abonadas ya sea en metálico o mediante la entrega de participaciones con carácter gratuito o por precio inferior al mercado dentro de la política retributiva general de la cooperativa siempre que la suma de dichos importes no supere las retribuciones normales en la zona para el sector de actividad correspondiente.

2.– La actividad desarrollada como administradoras por las personas socias trabajadoras o de trabajo se considerará como actividad cooperativizada, de manera que la retribución que perciban de la cooperativa tiene la consideración de anticipo laboral según lo dispuesto en la Ley.

Comentario — Principales novedades:

Su apartado 1, es idéntico al contenido del art. 16 del anterior RLCE, con la correspondiente remisión de los artículos aplicables de la vigente LCE , además de la incorporación en su redacción un lenguaje inclusivo.

Su apartado 2, es nuevo. Determina que la actividad desarrollada como administradoras, por las personas socias trabajadoras o de trabajo, se considerará como actividad cooperativizada, de manera que la retribución que perciban, en su caso, por la Cooperativa, por la realización de sus funciones como administradoras, tendría la consideración de anticipo laboral.

Artículo 17. – Régimen económico en el proceso de liquidación.

1.– Desde el momento en que la cooperativa adopte el acuerdo de disolución no se observarán las normas legales y estatutarias aplicables sobre la determinación y distribución de excedentes, ni tampoco las referentes a la imputación de pérdidas. Así mismo, de producirse plusvalías en el referido periodo no se distribuirán entre las personas socias ni se destinarán a los fondos obligatorios ya que las mismas tendrán la consideración de sobrante del haber líquido de la cooperativa y tendrán el destino al que hace referencia la letra d) del punto 2 del artículo 98 de la Ley.

2.– Durante el periodo liquidatario la cooperativa no estará obligada a la formulación de las cuentas anuales. En caso de que la liquidación se prolongase por un plazo superior al previsto para la aprobación de las cuentas anuales, las personas liquidadoras presentarán en la asamblea general, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, las cuentas anuales de la sociedad y un informe sobre el estado de la liquidación.

3.– En todo caso, la cooperativa podrá acordar la disolución y liquidación de la cooperativa de forma simultánea en la misma asamblea general, siempre que no existan deudas o créditos pendientes.

Comentario — Principales novedades:

Su apartado 1, es idéntico al contenido del art. 17 del anterior RLCE, con la correspondiente remisión del artículo aplicable de la vigente LCE , además de la incorporación en su redacción un lenguaje inclusivo.

Su apartado 2, es nuevo. En él se concreta que durante el periodo liquidatario la Cooperativa no estará obligada al depósito de cuentas anuales.

Así mismo se precisa que sí la liquidación se prolongase por un plazo superior al previsto para la aprobación de las cuentas anuales, las personas liquidadoras tendrán que presentar en la Asamblea General, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, las cuentas anuales de la sociedad y un informe sobre el estado de a liquidación.

Su apartado 3, es nuevo. En él se reconoce que se podrá acordar la disolución y liquidación de la Cooperativa de forma simultánea en la misma Asamblea General, siempre que no existan deudas o créditos pendientes.

Artículo 18. – Voto proporcional por clases o modalidades de personas socias diferenciadas.

Los estatutos sociales podrán atribuir un voto proporcional a cada una de las clases y modalidades de personas socias que puedan existir en la cooperativa. Asimismo, en los estatutos sociales, podrá atribuirse a cada una de las clases de personas socias un determinado porcentaje en la distribución de excedentes que, en todo caso, será proporcional a su participación en la actividad cooperativizada.

Comentario — Principales novedades:

Su redacción es idéntica art. 18 del RLCE, si bien en su redacción se ha utilizado un lenguaje inclusivo.

Artículo 19.— Desarrollo de la asamblea general.

1.– La asamblea general podrá celebrarse total o parcialmente de forma telemática.

En el caso de que haya personas socias que deseen participar en la asamblea de forma presencial, lo deberán comunicar en el plazo de 5 días a partir de la publicación de la convocatoria o en el plazo que determinen los estatutos.

2.– Cabe la posibilidad de que las juntas preparatorias a las que se refiere el artículo 40 de la Ley al regular las asambleas de delegados y delegadas, se celebren, total o parcialmente, de manera telemática o por cualquier otro sistema similar que la tecnología permita.

3.– La asamblea General y el consejo rector pueden autorizar la asistencia a la asamblea, sin derecho a voto, de cualquier persona cuya presencia sea de interés para el buen funcionamiento de la cooperativa.

4.– Los acuerdos adoptados por la asamblea son ejecutivos desde la fecha que determine la asamblea o, si no lo ha determinado, a partir de la fecha en que se celebró la asamblea, salvo que por Ley se exija otra cosa. Sin embargo, los acuerdos cuya inscripción tenga efectos constitutivos, tienen eficacia jurídica a partir de su inscripción en el Registro de Cooperativas.

Comentario — Principales novedades:

La redacción de este artículo es nueva y su finalidad es la regulación de las Asambleas Generales telemáticas.

En su apartado 1, se determina que la Asamblea General podrá celebrarse total o parcialmente de forma telemática, lo cual ya estaba previsto en el párrafo segundo del art. 36 de la LCE.

Lo que, si hace el RLCE en este apartado 1, es precisar que cuando haya personas socias que deseen participar de forma presencial, en la asamblea general que estaba convocada como telemática, lo debe hacer con una antelación de 5 días, a partir de la publicación de la convocatoria o en el plazo que determinen los Estatutos.

Así pues, la Cooperativa, en opinión de este autor, deberá tener en cuenta dicha previsión y deberá dejar constancia de ello de forma expresa en la convocatoria de la Asamblea General a celebrar en formato telemático,

En su apartado 2, se expone la posibilidad de que las juntas preparatorias a las que se refiere el art. 40 de la LCE, al regular las Asambleas de Delegados y Delegadas, se celebren, total o parcialmente, de manera telemática o por cualquier otro sistema similar que la tecnología permita.

En su apartado 3, se concreta que tanto la Asamblea General como el Consejo Rector pueden autorizar la asistencia a la Asamblea General, sin derecho a voto, de cualquier persona cuya presencia sea de interés para el buen funcionamiento de la Cooperativa, desarrollando la previsión del apartado 10 del art. 36 de la LCE.

En su apartado 4, se delimita lo siguiente;

a) Que los acuerdos adoptados por la Asamblea General son ejecutivos desde la fecha que determine la Asamblea o, si no lo ha determinado, a partir de la fecha en que se celebró la Asamblea, salvo que por Ley se exija otra cosa. Por ello, en opinión de este autor, la Cooperativa deberá tener en cuenta la previsión del apartado 5 del art. 39 de la LCE, que determina de forma imperativa «que los acuerdos producirán efectos a ellos inherentes desde el momento en que hayan sido adoptados».

b) La aprobación del acta es condición resolutoria de la efectividad de estos actos.

c) Lo dispuesto en el apartado b) no se aplica en el caso de que los acuerdos adoptados por la Asamblea General tengan efectos constitutivos, en cuyo caso, dichos acuerdos solamente tendrán eficacia jurídica a partir de su inscripción en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

CAPITULO II
CLASES DE COOPERATIVAS

Artículo 20.— Periodo de prueba en cooperativas de trabajo asociado.

No se podrá establecer el periodo de prueba regulado en el artículo 104 de la Ley como requisito para la admisión societaria si en la relación laboral anterior se estableció y se superó un periodo de prueba, salvo en el caso de que la nueva persona socia vaya a ocupar un puesto distinto o a desempeñar diferentes funciones a las que venía desempeñando con anterioridad, o el periodo de prueba se refiera a la evaluación de los aspectos relativos a la relación exclusivamente societaria y no el desempeño en el puesto.

Comentario — Principales novedades:

La redacción de este artículo es nueva.

Se determina que no se podrá establecer, el periodo de prueba regulado en el art. 104 de LCE, como requisito para la admisión societaria si en la relación laboral anterior se estableció y se superó un periodo de prueba.

Lo anteriormente expuesto se excepciona en los siguientes supuestos:

a) en el caso de que, la nueva persona socia, vaya a ocupar un puesto distinto o a desempeñar diferentes funciones a las que venía desempeñando con anterioridad.

b) cuando el periodo de prueba se refiera a la evaluación de los aspectos relativos a la relación exclusivamente societaria y no el desempeño en el puesto.

Artículo 21. – Centro de trabajo subordinado o accesorio.

A los efectos previstos en el artículo 103.4 de la Ley, se considerará centro de trabajo subordinado o accesorio aquel en el que se desarrollen actividades auxiliares tales como almacenamiento o aprovisionamiento, logística, asistencia técnica, comercial y las de ejecución de proyectos elaborados en la cooperativa.

Comentario — Principales novedades:

Su redacción es idéntica al art. 22 del anterior RLCE, salvo el lenguaje inclusivo incorporado en su redacción.

Artículo 22.— De los expedientes sancionadores.

Los expedientes sancionadores referidos a personas socias trabajadoras se incoarán y tramitarán con arreglo al régimen sancionador sociolaboral o, en su caso, al societario, en función de cuál de ambos contenga la normativa aplicar en atención a la naturaleza de la infracción.

Comentario — Principales novedades:

Su contenido es nuevo y de sentido común. Pues ciertamente, los expedientes sancionadores que se pueden incoar en una Cooperativa, solamente pueden ser de dos clases:

a) Expedientes sancionadores sociales

b) Expedientes sancionadores sociolaborales

Ambo expedientes están basados en la regulación prevista al efecto en la Ley, los Estatutos Sociales, Reglamento de Régimen Interior, acuerdo de Asamblea General o en la propia remisión a la normativa laboral, sobre todo en lo referido a los expedientes sancionadores sociolaborales cuando en los Estatutos Sociales, en dicha materia, se remita a la normativa laboral ordinaria aplicable a los trabajadores por cuenta ajena, todo ello en base al derecho a la autorregulación que en dicha materia que tienen las Cooperativas, o cuando en la Cooperativa no se hace uso de dicha autorregulación y el procedimiento sancionador por actuaciones relacionadas con la prestación del trabajo, se aplicarán por analogía las disposiciones de la legislación laboral, tal como se determina en el art. 107.3 de la LCE.

Por último, el citado artículo determina que nunca se pueden acumular ambos procedimientos. Con lo que estamos totalmente de acuerdo.

Artículo 23.— Cuestiones contenciosas en las Cooperativas de trabajo asociado.

La competencia jurisdiccional a la que se refiere el artículo 107 de la Ley se entenderá sin perjuicio de que la cooperativa disponga de cláusula de sometimiento al arbitraje del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi de conformidad con el artículo 165.2.f) de la Ley.

Comentario — Principales novedades:

Su redacción es nueva.

Determina que la competencia jurisdiccional a la que se refiere el art. 107 de la Ley se entenderá sin perjuicio de que la Cooperativa disponga de cláusula de sometimiento al arbitraje del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi de conformidad con el art. 165.1.f) de la Ley.

Su redacción debe tener en cuenta, no solo lo dispuesto en el art. 107 de la LCE. sino también las previsiones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social y de la jurisprudencia vigente en dicha materia.

Por todo lo expuesto se recomienda que en la cláusula compromisoria se determinen las materias concretas, que sean de libre disposición entre las partes, que se desea que se pueda conocer por la vía del arbitraje cooperativo.

En el RLCE nada se determina con respecto a las cuestiones contenciosas en las otras clases de Cooperativas que no sean de trabajo asociado.

Artículo 24.— Plataformas Cooperativas.

1.– Las cooperativas de trabajo asociado podrán constituirse como plataformas cooperativas ofertando la venta de productos o la prestación de servicios a terceros a través de un algoritmo. La titularidad o control efectivo de este algoritmo deberá recaer en la cooperativa para la organización y funcionamiento de la actividad empresarial.

2.– El algoritmo que utilice la plataforma digital cooperativa para articular su actividad deberá ser elaborado atendiendo a los principios cooperativos que hagan posible que la organización y gestión de la plataforma digital cooperativa se realice de forma democrática y transparente.

Comentario — Principales novedades:

Es un artículo nuevo.

En su apartado 1, se determina que las Cooperativas de trabajo asociado podrán constituirse como plataformas Cooperativas ofertando la venta de productos o la prestación de servicios a terceros a través de un algoritmo.

Se determina que en todo caso la titularidad o control efectivo de este algoritmo deberá recaer en la Cooperativa para la organización y funcionamiento de la actividad empresarial.

En su aparatado 2, se concreta que el algoritmo que utilice la plataforma digital Cooperativa, para articular su actividad, deberá ser elaborado atendiendo a los principios cooperativos que, hagan posible que la organización y gestión de la plataforma digital Cooperativa, se realice de forma democrática y transparente.

Artículo 25.— Cooperativas de viviendas.

1.– El proyecto promovido que deberá contener la escritura de constitución podrá serlo el proyecto básico o de ejecución de la promoción debidamente suscrito por técnico competente, o manifestación del notario/a autorizante acerca del emplazamiento y contenido de la citada promoción o detalle del número de viviendas y/o locales proyectados.

2.– La obligatoriedad de contar con letrado o letrada asesora en estas cooperativas, de conformidad con el artículo 121 de la ley, subsistirá hasta la aprobación por la asamblea general del balance final y el proyecto de distribución del haber social.

3.– En las promociones de viviendas de promoción pública, los contratos a los que se refiere el artículo 121 de la Ley podrán estar sometidos a las condiciones que se determinen a través de la normativa que regule estas promociones, incluidos todos aquellos que deba dictaminar el letrado o letrada asesora.

4.– Las cooperativas de viviendas que promuevan actuaciones concertadas impulsadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como las conveniadas con una o varias administraciones o entidades públicas, serán consideradas de utilidad pública.

Comentario — Principales novedades:

Es un artículo nuevo.

Su apartado 1, viene a precisar que, el proyecto promovido que deberá contener la escritura de constitución, podrá serlo:

a) el proyecto básico o de ejecución de la promoción debidamente suscrito por técnico competente, o

b) la manifestación del Notario/a autorizante acerca del emplazamiento y contenido de la citada promoción o detalle del número de viviendas y/o locales proyectados.

En todo caso, en nuestra opinión se debe tener en cuenta la previsión del art. 119.1 de la LCE, que exige que en la escritura de constitución se debe aportar el proyecto promovido.

En su apartado 2, se recoge la obligatoriedad de contar con letrado o letrada asesora en estas Cooperativas, de conformidad con el art. 121 de la LCE, subsistirá hasta la aprobación por la Asamblea General del balance final y el proyecto de distribución del haber social.

En su apartado 3, se determina que, en el caso de las promociones de viviendas de promoción pública, los contratos a los que se refiere el art. 121 de la Ley podrán estar sometidos a las condiciones que se determinen a través de la normativa que regule estas promociones, incluidos todos aquellos que deba dictaminar el letrado o letrada asesora.

En su apartado 4, se precisa cuando serán consideradas de utilidad pública las Cooperativas de viviendas: aquellas que promuevan actuaciones concertadas impulsadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como las conveniadas con una o varias administraciones o entidades públicas.

Artículo 26.— Cooperativas de fomento empresarial.

1.– Las cooperativas de fomento empresarial tienen como finalidad la creación y crecimiento de actividades económicas y sociales desarrolladas por nuevas personas emprendedoras.

2.– En estas entidades pueden coexistir dos tipos de personas socias cooperadoras:

a) Las personas socias promotoras, que serán aquellas personas jurídicas en cuyo objeto social se encuentre, entre otros, la promoción de empresas cooperativas y el cooperativismo, y que promuevan la creación de la cooperativa y facilitadoras de las prestaciones de orientación, formación, tutoría y demás actividades que se ofrezcan a las personas emprendedoras.

Podrán tener la condición de persona socia promotora las personas jurídicas, públicas o privadas, con las salvedades establecidas en el Título II de la Ley.

b) Las personas socias usuarias serán aquellas personas físicas que resultan beneficiarias de las prestaciones.

En todo caso, la cooperativa de fomento empresarial podrá contar con cualesquiera otras clases o modalidades de personas socias contempladas en la Ley.

3.– Cuando en la cooperativa de fomento empresarial coexistan personas socias promotoras y personas socias usuarias, les será de aplicación lo regulado en el presente reglamento sobre las cooperativas integrales.

4.– Las personas socias usuarias adquirirán de forma prioritaria la condición de personas socias de trabajo sin perjuicio de la duración temporal que necesariamente tenga la promoción de la empresa cooperativa que se trate de crear.

No obstante, podrán ser contratadas como trabajadoras por cuenta ajena de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral vigente.

Comentario — Principales novedades:

Es un artículo nuevo. Es necesario, habida cuenta la inacabada regulación de dicha clase de Cooperativa, en el art. 135 de la LCE.

En su apartado 1, se delimita como, finalidad, de esta clase de Cooperativas, la creación y crecimiento de actividades económicas y sociales desarrolladas por nuevos emprendedores o emprendedoras, tal como por otra parte ya se determina en el apartado 1 del art. 135 de la LCE.

En su apartado 2, se determina que en esta clase de Cooperativas pueden coexistir dos tipos de personas socias cooperadoras:

a) Las personas socias promotoras: que tiene que ser personas jurídicas, públicas o privadas (con las salvedades establecidas en el Título II de la LCE). en cuyo objeto social se encuentre, entre otros, la promoción de empresas Cooperativas y el cooperativismo, y que promuevan la creación de la Cooperativa y facilitadoras de las prestaciones de orientación, formación, tutoría y demás actividades que se ofrezcan a las personas emprendedoras.

b) Las personas socias usuarias serán aquellas personas físicas que resultan beneficiarias de las prestaciones.

Asimismo, podrá contar con cualesquiera otras clases o modalidades de personas socias contempladas en la LCE.

En su apartado 3, se determina que cuando en estas Cooperativas coexistan personas socias promotoras y personas socias usuarias, les será de aplicación lo regulado en el RLCE sobre las Cooperativas integrales.

En su apartado 4, se concreta que las personas socias usuarias adquirirán, de forma prioritaria, la condición de personas socias de trabajo, sin perjuicio de la duración temporal que necesariamente tenga la promoción de la empresa Cooperativa que se trate de crear.

Aun cuando se posibilita que puedan, las personas socias usuarias, ser contratadas como trabajadoras por cuenta ajena, de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral vigente.

Artículo 27. – Cooperativas Mixtas.

1.– Los estatutos podrán establecer que en la distribución de los excedentes previstos en el artículo 155.4 de la Ley a las personas socias cooperadoras se incluya la retribución del capital de estas personas socias cooperadoras además de la participación en retornos.

2.– Los derechos y obligaciones que correspondan a las distintas modalidades de personas socias cooperadoras se calcularán sobre el porcentaje que en total corresponda a las personas socias cooperadoras excluyendo a los titulares de partes sociales con voto.

Comentario — Principales novedades:

Su apartado 1, es idéntico al apartado 2, del art. 23 del anterior RLCE, salvo el lenguaje inclusivo incorporado en su redacción.

Su apartado 2, es idéntico al apartado 3, del art. 23 del anterior RLCE, salvo el lenguaje inclusivo incorporado en su redacción.

El apartado 1 del anterior RLCE, que no se recoge en el vigente RLCE, se incorporó en el apartado 2 del art. 155 de la LCE.

Artículo 28. – Cooperativas integrales.

1.– Se considerarán cooperativas integrales aquellas que cumplan las finalidades propias de diferentes clases de cooperativas de una misma sociedad y en las que cada clase de personas socias disponga, como mínimo, del diez por ciento de los votos en la asamblea general.

2.– Cada clase o modalidad de personas socias de las cooperativas integrales podrá configurarse como sección, sin perjuicio de que, cumpliendo con los requisitos estatutarios previstos a los efectos, una misma persona pudiera ostentar una doble condición societaria.

3.– En los órganos sociales de las cooperativas integrales deberá haber siempre representación de las diferentes clases o modalidades de personas socias integradas en la cooperativa. Los estatutos podrán reservar el cargo de presidente/a o vicepresidente/a a una determinada clase o modalidad de personas socias.

4.– Se considerarán también cooperativas integrales las cooperativas de trabajo asociado en las que se atribuya un derecho de voto máximo del cuarenta y nueve por ciento a personas socias usuarias.

Comentario — Principales novedades:

Su apartado 1, es idéntico al apartado 2, del art. 24 del anterior RLCE, salvo el lenguaje inclusivo incorporado en su redacción.

Su apartado 2, es idéntico, en su primera parte, al apartado 2, del art. 24 del anterior RLCE, salvo el lenguaje inclusivo incorporado en su redacción. Se adiciona, la siguiente expresión: «sin perjuicio de que, cumpliendo con los requisitos estatutarios previstos a los efectos, una misma persona pudiera ostentar una doble condición societaria.»

Su apartado 3, es idéntico al apartado 3, del art. 24 del anterior RLCE, salvo el lenguaje inclusivo incorporado en su redacción.

Su apartado 4, es idéntico al apartado 4, del art. 24 del anterior RLCE, salvo el lenguaje inclusivo incorporado en su redacción.

III. Conclusiones 

A continuación, se procede a traer a colación las siete conclusiones que este autor extrae del presente comentario jurídico al RLCE:

PRIMERA.— La concerniente a la continuidad y seguridad jurídica.

El vigente RLCE mantiene una línea de continuidad con el Decreto 58/2005. Una gran parte de su articulado reproduce íntegramente o con ligeras adaptaciones la normativa anterior, lo cual es coherente con el hecho de que la vigente LCE 11/2019 hereda el espíritu de la anterior Ley Cooperativa (LCE 4/1993), considerada por este autor como una de las mejor elaboradas técnicamente, tanto en el ámbito nacional como internacional.

SEGUNDA.— La concerniente a la modernización y lenguaje inclusivo.

Se observa un esfuerzo sistemático por actualizar la terminología, sustituyendo conceptos derogados (como el FEPC por la nueva contribución para la educación y promoción cooperativa) e integrando de forma transversal el lenguaje de género e inclusivo en la redacción de casi todos los artículos.

TERCERA.— La concerniente a la adaptación a la era digital.

Una de las novedades más relevantes es la regulación detallada de las Asambleas Generales telemáticas, permitiendo sesiones totales o parciales por medios electrónicos. Asimismo, se destaca la creación de la figura de las plataformas cooperativas, regulando el uso de algoritmos bajo principios de control democrático y transparencia.

CUARTA.— La concerniente a las nuevas figuras de personas socias y relaciones laborales.

El RLCE introduce y desarrolla la figura de la persona socia en excedencia. Sin embargo, existe una advertencia doctrinal importante: su regulación de derechos y obligaciones debería ser abordada por la vía estrictamente estatutaria y no mediante reglamento de régimen interno. También se clarifica la conexión con la legislación laboral en los periodos de prueba y la recuperación de la condición de trabajador por cuenta ajena.

QUINTA.— La concerniente a riesgos en la imputación de pérdidas.

Se debe prestar especial atención al art. 12 del RLCE, que regula las cuentas individuales para la imputación de pérdidas. El autor advierte que este mecanismo podría llevar a las personas socias a asumir pérdidas superiores a su aportación al capital, lo cual podría colisionar con el principio general de responsabilidad limitada.

SEXTA.— La concerniente a la simplificación y eficacia administrativa.

Se introducen mejoras procedimentales, como la posibilidad de realizar la disolución y liquidación simultánea de la cooperativa si no existen deudas pendientes, aun cuando ya se venían re , o la eliminación del trámite de audiencia previa en ciertos supuestos de baja obligatoria (fallecimiento, incapacidad o solicitud del propio socio) para agilizar la gestión.

SÉPTIMA.— La concerniente al desarrollo de clases específicas.

El RLCE completa la regulación de figuras que quedaron inacabadas en la Ley, como las Cooperativas de Fomento Empresarial , y refuerza las garantías en las Cooperativas de Viviendas mediante la obligatoriedad del letrado asesor hasta la liquidación final.

IV. Bibliografía 

BADIOLA LÓPEZ , Jaione, y ARRIETA IDIAKEZ, Francisco Javier., 2021. «De las personas socias» En: Glosa a la Ley de Cooperativas de Euskadi (coord..: Merino Hernández, S.). Vitoria-Gasteiz Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, pp. 57-110.

V. Legislación 

LEY 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi. Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) núm. 135, 19 de julio de 1993.

LEY 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi . Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) núm. 247, 30 de diciembre de 2019.

DECRETO 58/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi. Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) núm.73 , de 19 de abril de 2005.

DECRETO 227/2025, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi. Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) núm. 240, de 12 de diciembre de 2025.

Notas

[1] Abogado especializado en Derecho Cooperativo de Euskadi | Asagar Law. Doctor en Derecho Cooperativo por la Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea, Profesor de Grado y Posgrado de Derecho Mercantil en la Universidad de Mondragon — Mondragon Unibertsitatea. Email: asanz@asagarlaw.com

[2] Así se precisa por parte de BADIOLA LÓPEZ, Jaione y ARRIETA IDIAKEZ, Francisco Javier, 2021, En: Glosa a la Ley de Cooperativas de Euskadi, (coord.: Merino Hernández, S.), Edita Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi , p. 109, que concretan lo siguiente: «Es decir, se trata de una modalidad de persona socia inactiva que se caracteriza por el hecho de que su inactividad es temporal. Al contrario de lo que se prevé para con las personas socias inactivas o no usuarias, no se hace referencia alguna a que pueda accederse a esta situación «por cualquier causa justificada» y a partir de una antigüedad mínima a concretar por los estatutos. Es decir, parece deducirse que en el supuesto de las personas socias en excedencia los estatutos pueden limitar las causas para su acceso, a saber, concretarlas sin esperar a que sea la persona socia quien las alegue para su posterior valoración. El silencio que guarda quien legisla para con la referencia de la antigüedad mínima no parece de mayor importancia, pues los estatutos podrán pronunciarse igualmente sobre esta cuestión.

Con la creación de la modalidad de persona socia en excedencia se amplían aún más las posibilidades de contar en las cooperativas con personas socias no típicas que, pese a no realizar la actividad cooperativizada, sobre todo en las cooperativas de reducido censo social, hacen posible disponer del capital social necesario para desarrollar la actividad cooperativizada. Sin duda, la regulación de la persona socia en excedencia en dichos términos por los estatutos podrá contemplar situaciones que permitan su tránsito de momentos de actividad a momentos de inactividad, y a la inversa, en la cooperativa, sin perder por ello el estatus de persona socia, aunque se limiten algunos de sus derechos como consecuencia lógica de su inactividad (v.gr. pérdida del derecho al retorno, imposibilidad de ser miembro de los órganos rectores de la cooperativa, pérdida del derecho de voto en la asamblea general). Así, los estatutos pueden tipificar como excedencias tanto las de carácter voluntario, incluyendo las debidas al cuidado de menores y de familiares, como las de carácter forzoso, configurándolas por analogía con las laborales, como suspensiones por ejercicio de cargo público o de cargo en el movimiento cooperativo, por designación o elección».

 

Derechos de autores/as y Acceso abierto

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