Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo

International Association of Cooperative Law Journal

ISSN: 1134-993X

ISSN-e: 2386-4893

DOI: https://doi.org/10.18543/baidc

No. 69 (2026)

DOI: https://doi.org/10.18543/baidc692026

Artículos

Factoraje internacional y justicia financiera: una vía para fortalecer a las cooperativas cafetaleras de Honduras

(International factoring and financial justice: a way to strengthen coffee cooperatives in Honduras)

Marcos Alexis Duarte Tercero[1]

Amalia Patricia Cobos Campos[2]

Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC (Honduras)

doi: https://doi.org/10.18543/baidc.3503

Recibido: 18.03.2026

Aceptado: 03.08.2026

Fecha de publicación en línea: noviembre de 2026

Sumario: I. Introducción. II. Cooperativas y el factoraje inserto en un marco teórico conceptual. III. Honduras y sus omisiones legislativas. IV. Discusión crítica acerca de una reforma normativa. V. Principios jurídicos-operacionales aplicables. Conclusiones. Referencias bibliográficas. Glosario de acrónimos.

Summary: I. Introduction. II. Theoretical conceptual framework of cooperatives and factoring. III. Legislative omissions in Honduras. IV. Critical discussion for regulatory reform. V. Applicable legal-operational principle. Conclusions. References. Glossary of acronyms.

Resumen:

El artículo incide en el Derecho Económico Social desde la perspectiva de las personas morales que de él derivan, particularmente las sociedades cooperativas, abordándose desde el análisis de las cooperativas cafetaleras en Honduras y su factibilidad para adoptar el factoraje internacional como un contrato mercantil autónomo capaz de fortalecer su liquidez y competitividad para acceder a mejores condiciones internacionales de mercado y concomitantemente mejorar la calidad de vida de los integrantes de estas personas morales que se ven restringidos en su desarrollo por atavismos mercantiles del país, visualizándose las limitaciones normativas actuales en el mismo, comparativamente con otros países que cuentan con la regulación adecuada de esta figura como lo son Francia y México; destacándose los principios jurídico-operacionales que deben incorporarse en una eventual reforma normativa para armonizar la legislación hondureña a estándares internacionales, promoviendo la inclusión financiera y la sostenibilidad de las cooperativas cafetaleras en las cadenas globales de valor.

Palabras clave:

Factoraje internacional; Cooperativas; Café; Inclusión financiera; Honduras.

Abstract:

This article focuses on Social Economic Law from the perspective of the legal entities that derive from it, particularly cooperative societies. It addresses this through an analysis of coffee cooperatives in Honduras and their feasibility of adopting international factoring as an autonomous commercial contract capable of strengthening their liquidity and competitiveness, enabling them to access better international market conditions and, consequently, improve the quality of life of the members of these legal entities, whose development is restricted by the country’s outdated commercial practices. The article also examines the current regulatory limitations in Honduras, comparing them with other countries that have adequate regulations for this practice, such as France and Mexico. Finally, it highlights the legal and operational principles that should be incorporated into any potential regulatory reform to harmonize Honduran legislation with international standards, promoting financial inclusion and the sustainability of coffee cooperatives within global value chains.

Keywords:

International factoring; Cooperatives; Coffee; Financial inclusion; Honduras.

I. Introducción 

Como sabemos el concepto de economía social emerge en el siglo xx, asumiendo en sus diversas etapas de evolución caracteres inapropiados a su esencia, pero que se justificaban con un supuesto fin social; no entraremos en este estudio en las discusiones generadas por sus diversas facetas por ser ajeno a las pretensiones del presente trabajo, por ello bástenos decir que el concepto se va depurando y para fines de los años noventa según Fernández (2006) adquiere identidad propia y se le concibe por el Consejo de la Economía Social de la Región Valona de Bélgica como,

[...] aquella forma de economía integrada por organizaciones privadas, principalmente cooperativas, mutualidades y asociaciones, cuya ética respondiera a los siguientes principios: procesos de discusión democráticos, primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las rentas, finalidad de servicio a sus miembros o a la colectividad antes que de lucro y autonomía de gestión. (SE/INAES/UIP, s/f:8)

Otra percepción al respecto nos la da la Comisión Científica del CIRIEC de España que considera que esta disciplina está «integrada por empresas privadas que actúan en el mercado produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y cuya distribución del beneficio y toma de decisiones no están directamente ligadas con el capital aportado por cada socio. El peso y la toma de decisiones es igual para todos los socios y nunca en función del capital aportado por cada uno de ellos» (citada por López Carrasco y Ochoa Enríquez, 2002: 424)

De esta percepción de la economía social emanaron varios modelos de personas morales, todas ellas constituidas como sociedades, las cooperativas y sociedades laborales; mutualidades y mutuas; asociaciones y fundaciones entre otras entidades que respetan los principios de la Economía Social. De ellas interesan a nuestra investigación las sociedades cooperativas que serán analizadas en un apartado subsecuente de este estudio derivándolas hacia las cooperativas cafetaleras de Honduras y su problemática actual.

El Derecho Económico Social por su parte es de anterior acuñación, la doctrina jurídica nos remite al respecto a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a edificar en Europa lo que se conoció como el Estado del bienestar, así de cara a un reconocimiento internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, cobra relevancia esta disciplina que asigna al Estado la responsabilidad de proteger a los productores, trabajadores y consumidores de los países. (Witker Velásquez, 2024:153)

De ese nuevo cariz del Estado emerge lo que Witker Velásquez(2024:156) nos dice que fue denominada «revolución de los servicios»[3] en la que sobresale la vinculación de estos servicios como financieros y dinerarios que sumados a los derechos de propiedad intelectual generaron lo que el autor llama economía paralela que ostenta un carácter simbólico y va edificando un nuevo orden financiero mundial que origina la globalización con gran impacto en las economías nacionales, en particular a las sociedades constituidas bajo esquemas de índole social. Todo ello a raíz de la subordinación de los Estados-Nación a los mercados bancarios y mercantiles de orden oligopólicos, (Witker Velásquez, 2024:156) lo que inevitablemente lleva aparejada una desprotección de los derechos sociales y generando desigualdad en amplios sectores de las economías nacionales que se desdibujan sin remedio.

Guilarte Baringa y Chávez Meza (2023) consideran que la Rochdale Society of Equitable Pioneers fundada en 1844, fue la primera cooperativa del mundo contemporáneo, y de su acta constitutiva se desprende igualmente su carácter de cooperativa de consumo. Sus integrantes la formaron para defenderse de la especulación a través de la intermediación que tenía lugar en mercados en los que individualmente les era imposible competir iniciando con una tienda de comestibles y otros artículos, fue creciendo al grado de poder satisfacer las necesidades alimentarias y de vivienda de sus socios, creando posteriormente otras entidades económicas tales como un molino, una fábrica de tejidos y una sociedad de socorro por lo que desde sus inicios se visualizan como personas morales exitosas.

Por lo que respecta a Honduras se habla de que la primera persona moral de corte mutualista la Sociedad de Ladinos en 1876 (Cardona Arango, 1979) (Ardón, 2009) y posteriormente El Obrero y en 1936 se promulga la Ley de Sociedades Cooperativas; se puede hablar según Cardona Arango (1979) de varias etapas en este desarrollo de las cooperativas, hasta 1950 se habla de un desarrollo espontáneo de ellas, de 1950 a 1959 se trata de un lapso de desarrollo impulsado por el Estado; de 1960 a 1969 pasa por una etapa de desarrollo federativo que se extiende a toda América Latina y, finalmente el referido autor se refiere a una fase de desarrollo factorial que abarca de 1970 a 1980. (Cardona Arango, 1979); a las anteriores Ardón (2009) añade una etapa en la que surgen concomitantemente el desarrollo y la crisis y que abarca de 1980 al 2000 y finalmente alude a la fase del 2000 en adelante que llama actual y se refiere a ella como de reconversión social y económica. (Ardón 2009)

Lo anterior cobra relevancia en esta investigación en relación con la industria cafetalera de Honduras, en donde el Estado es corresponsable de crear las condiciones más favorables a los micro, pequeños y medianos productores del país y facilitar su inserción en los mercados internacionales; esto es así porque el café constituye uno de los principales motores de la economía hondureña, aportando aproximadamente el 5% del PIB nacional y generando empleo en comunidades rurales (PNUD 2019); asimismo, representaba en 2015 el 25% del PIB Agrícola de dicho país. (Chang López, 2017: 153)

Y, toda vez, que es este cultivo es el principal producto en 15 de los 18 departamentos que integran este país centroamericano, representa en consecuencia, no solo una importante fuente de ingresos, sino como afirma Fernández (2006), una esperanza de vida para las familias productoras.

Sin embargo, es claro que dichas cooperativas integradas por micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) cafetaleras enfrentan retos importantes como las oscilaciones del precio del café en mercados internacionales, las plagas y el cambio climático (s/a, FORBES, 2024) no obstante, su principal desafío es mejorar el acceso al crédito, es decir, a formas de financiamiento más idóneas que les permitan mejor liquidez ya que se encuentran frente a serias limitaciones con plazos diferidos de pago en sus operaciones de exportación (IHCAFE 2023) así, los pequeños productores financian a sus compradores extranjeros y esta situación afecta severamente su economía e impide su competitividad en los mercados globales y frente a productores de países con sistemas financieros más modernos.

En esta tesitura muchos países vieron en la figura del factoraje internacional una solución a los problemas de liquidez ya que este desde sus orígenes emerge como un contrato mercantil autónomo apto para transformar cuentas por cobrar en documentos de liquidez inmediata, reduciendo las contingencias comerciales y las brechas económicas mediante servicios financieros adecuados a las MIPYMES cafetaleras (Udell, Bakker y Klapper 2024) Lo que le generó una acogida por muchos países dentro de sus ordenamientos mercantiles ordinarios que demostró su eficacia al generar mayor equidad y mejores condiciones de operabilidad en los mercados internacionales.

No obstante, lo anterior, Honduras a la fecha se encuentra acéfala de una regulación legal que reconozca esta figura jurídica, lo que genera inseguridad jurídica y limita su implementación. En contraste, países como Francia y México han legislado respecto ella, otorgándole reconocimiento legal y armonizándolo con estándares internacionales (Banque de France 2024; CNBV 2024).

Este artículo propone analizar el factoraje internacional como instrumento de inclusión financiera para las cooperativas cafetaleras en Honduras, identificar las omisiones legislativas en el ordenamiento jurídico nacional y evidenciar la necesidad de una reforma normativa que lo tipifique como contrato mercantil autónomo, en consonancia con estándares internacionales.

II. Cooperativas y factoraje insertos en un marco teórico-conceptual 

Para un soporte adecuado de la investigación es necesario abordar la doctrina que rodea a las figuras jurídicas en estudio, partiendo de lo que teoría jurídica moderna ha definido como Derecho Económico Social, disciplina que surge a la vera de los derechos económicos y sociales como respuesta a la monopolización económica generada por la globalización y en busca de respuestas económicas incubadas a nivel interno por los estados para proteger las necesidades básicas de subsistencia de las personas (Pérez Luño, 2011, 193).

Emanados de esos derechos y la economía social van aflorando nuevas figuras asociativas destacando entre ellas las sociedades de producción rural y las cooperativas, siendo estas últimas las de interés para el presente trabajo. Debemos diferenciar en primer término la economía social de los referidos derechos ya que ésta se integra por empresas privadas cuya finalidad es incursionar en el mercado, bajo esquemas de producción de bienes y servicios, asegurando dichos bienes o financiándolos, con una administración y toma de decisiones igualitaria entre sus socios sin atender a montos de aportaciones como ocurre con otras personas morales.

Así entendida podemos definir a la cooperativa como «una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada» (ACI, 1995: s/p citado por Fernández S., 2006: 239)

De tal forma que según el concepto anterior, posee una serie de características esenciales como lo son su autonomía, al no depender de otras instancias para su existencia; la voluntad que implica un consentimiento libre de vicios y un fin común encaminado a satisfacer determinadas necesidades, definidas previamente a voluntad y bajo un esquema empresarial, entendiendo a la empresa concisamente como una conjunción existente entre varias personas y cosas, cuya estructura la marca el titular para efectuar una actividad onerosa, aunque no necesariamente lucrativa, de producción o intercambio de bienes y servicios enfocados hacia el mercado (Barrera Graf, 1983), también podemos definirla como «Una actividad que consiste en coordinar u organizar tanto elementos corpóreos como incorpóreos, así como el trabajo de las personas para producir o intercambiar bienes o servicios» (Dávalos Torres, 2010:101)

Luego entonces,

Cuando hablamos de la empresa lo hacemos de un sistema social, que se integra por medio de un conjunto de personas y medios que tienen un objetivo en común. En ese orden de ideas para lograr que esos objetivos sean realizados de forma eficaz y eficiente es necesaria una organización que por medio de la coordinación haga posible su actividad utilizando los recursos humanos y tecnológicos disponibles que forman parte de la misma. (Kobeh Solís,2019, pág. 209)

Así, la empresa se integra como componente ineludible de las sociedades y entre ellas de las sociedades cooperativas, al carecer la empresa como tal, de una personalidad jurídica propia asume esta forma legal con altas y bajas en su impulso al desarrollo.

Ahora bien ¿Qué son las MYPIMES? Son muchos los doctrinarios que han emprendido el estudio de ellas, el término es un acrónimo de micro, pequeñas y medianas empresas y se refiere según Arredondo Cervantes (2014) a «emprendimientos, negocios, independientes desde el punto de vista jurídico, que se clasifican así atendiendo a criterios como volumen de ventas, tamaño del capital propio, número de trabajadores o una combinación de estos». (Arredondo Cervantes (2014, pág. 2) y añade que este tipo de tipología de las empresas mundialmente son las que presentan mayor abundancia.

No obstante lo anterior y, desafortunadamente, como suele ocurrir, Latinoamérica no ha avanzado a la par que el resto del mundo en materia de MYPIMES, ya que nuestra región va a la zaga en niveles de productividad y de exportación con relación a las grandes empresas internacionales, si bien, es de aclarar que no todos los países de la región se encuentran en las mismas circunstancias de competitividad, pero en el caso de nuestro estudio, Honduras si se mantiene estructuralmente por debajo de los estándares de muchos países latinoamericanos, con las evidentes desventajas y repercusiones para su economía demandando una adecuada aplicación de políticas públicas de soporte idóneas para proteger la economía de la región.

En vista de lo anterior es esencial para una adecuada administración de dichas empresas que expandan sus fronteras, sin perder de vista que las finanzas internacionales son esenciales de cara a la creciente globalización, ello «les permite prever hechos que puedan traer a sus firmas los acontecimientos económicos internacionales, asimismo como también es una oportunidad para su crecimiento usar las herramientas financieras que esta ofrece». (Azúa Cedeño y Larrea Paredes, 2019)

La industria cafetalera a la que hemos aludido en su estructuración como cooperativas asumen esta figura de las MYPIMES ya que en su mayoría se trata de parcelas pequeñas, así lo confirma el IHCAFE, que considera que el 80% de los productores de café está representado por pequeños y medianos productores, los primeros con menos de 3.5 hectáreas cultivadas los segundos de 3.5 a 10 hectáreas cultivadas. (Ruben, Menenes, Ponsioen, Sfez, 2018)

Examinadas las figuras jurídicas que asumen las empresas cafetaleras en Honduras, analizamos ahora los contratos mercantiles en su perspectiva doctrinal, estos actos jurídicos se caracterizan por regular actividades de índole mercantil, Sandoval López (2003) asevera que el contrato comercial permite al tráfico mercantil organización y asumir disciplina. Son, en resumen, contratos mercantiles «los negocios jurídicos en los que al menos una de las partes es un operador económico (agente económico, comerciante o empresario), o la cosa objeto del mismo es mercantil (acciones, obligaciones, títulos de crédito, buques, empresas, propiedad industrial), o las leyes lo califican como tal (formalmente). (León Tovar, 2016, pág. 67)

Los avances en materia económica conllevan a la par esfuerzos en el ámbito jurídico para regular las novedosas figuras que van emergiendo en materia financiera y bancaria, la economía globalizada nos lleva a una inmersión desde lo internacional a lo local, para poder incursionar en ese mercado único en que se ha convertido el mundo, por ello los contratos y figuras jurídicas adquieren una connotación internacional, es así como se gestan contratos internacionales bajo normativas transfronterizas y el florecimiento de formulating agencies tales como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), más conocida con las siglas de su denominación en idioma inglés (UNCITRAL), de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), del Instituto para la Unificación del Derecho Privado, organismo de Naciones Unidas conocido con el nombre de UNIDROIT. (Sandoval López, 2003, pág. 9).

Así va naciendo a fines del siglo xviii el contrato de factoraje financiero cuyo nombre deriva de los elementos humanos que realizan la labor a que el contrato se contrae llamados factors , dados sus orígenes en Inglaterra para la gestión de asuntos realizados en sus territorios en América. , en el resto de Europa y Latinoamérica no se generaliza hasta después de 1970, bajo la figura de cesión de créditos; no obstante la doctrina jurídica se percató de que si bien se trata de una operación de crédito, sus características lo distinguen de los demás contratos bancarios, así países como México empezaron a regularlo con el nombre de factoraje financiero. (Díaz Bravo y Ávila Velásquez, 2017)

Alamilla Lozano y García Arteaga (2025) lo definen como «una herramienta financiera mediante la cual una empresa transfiere sus cuentas por cobrar a una institución financiera (factor), a cambio de liquidez inmediata. Este mecanismo permite reducir el ciclo del flujo de efectivo, mejorar la administración del capital y optimizar la tesorería». (Alamilla Lozano y García Arteaga, 2025, s/p)

En el factoraje podemos encontrar las siguientes características: la adquisición de créditos; la administración, incluida también la recuperación judicial de los créditos comerciales, que en su perspectiva óptima del factorado debería reabsorber su cartera de créditos, finalmente, dos variantes, a través de la asunción del riesgo de insolvencia del deudor y mediante el financiamiento del factorado. (León Tovar, 2016, pág. 622)

El factoraje va adquiriendo necesariamente un carácter internacional y bajo esta premisa podemos decir que es un contrato mercantil mediante el cual una empresa exportadora denominada cedente, transfiere sus cuentas por cobrar a una entidad financiera llamada factor que a cambio le proporciona liquidez y servicios adicionales como gestión de cobro y cobertura de riesgo de insolvencia (UNIDROIT 1988; ICC 2023).

Desde una perspectiva internacional Azúa Cerdeño y Larrea Paredes lo conciben como,

[...] un instrumento financiero que es utilizado por las empresas que desean obtener liquidez en un corto plazo (no mayor a 180 días) y para este tipo de financiamiento no es necesario de algún tipo de garantía hipotecaria o prendaria, simplemente basta con la cesión y aceptación de las facturas por parte del exportador e importador al factor (entidad financiera). (Azúa Cerdeño y Larrea Paredes, 2019, pág. 6)

Como consecuencia del reconocimiento del potencial del factoraje y su impacto global, se visualiza el requerimiento de la existencia de una asociación internacional que facilitara la inserción del factoraje a los países que no lo contemplaban en sus ordenamientos internos; así este organismo podría desarrollar un marco jurídico para el factoraje internacional que facilitara a los intermediarios financieros su labor. Para esta tarea se crea el Factors Chain International (FCI) en 1968 como organización que agrupa empresas independientes dedicadas al factoraje contando con más de 400 miembros en 90 países. (González Rogel y Pérez Elizundia, 2022)

La normatividad interna lo introduce en muchos países y lo define, verbigracia en México la LGTOC en su artículo 419 preceptuando que «por virtud del contrato de factoraje, el factorante conviene con el factorado, quien podrá ser persona física o moral, en adquirir derechos de crédito que este último tenga a su favor por un precio determinado o determinable, en moneda nacional o extranjera, independientemente de la fecha y la forma en que se pague» (Congreso de la Unión de México, 1932)

Se trata, en resumen, de un contrato mercantil, autónomo, bilateral, de tracto sucesivo oneroso, formal, conmutativo, típico y normativo. El factoraje presenta como ya se dijo, dos variantes o modalidades relevantes que la doctrina y la legislación han denominado factoraje con recurso y factoraje sin recurso, el primero se caracteriza porque existe una responsabilidad solidaria del factorado respecto del deudor en caso del incumplimiento de este, mientras que en el caso del factoraje sin recurso no existe tal responsabilidad toda vez que el factor asume el riesgo de insolvencia, opción que evidentemente ofrece mayor seguridad al factorado o cedente.

Este modelo de financiamiento, no únicamente fortalece a las empresas en aspectos de liquidez, constituye a la par un propulsor para integrar y dinamizar la cadena productiva, generando a proveedores y empresas un entorno de mayor seguridad, crecimiento y estabilidad (Franco Alonso, 2025) tornándose de esta manera en un mecanismo estratégico para las MIPYMES cafetaleras, ya que les permite acceder a financiamiento anticipado y mejorar su flujo de caja en operaciones transfronterizas (FCI 2024). Además, la estructura triangular del contrato cedente, deudor y factor facilita la gestión de riesgos y la trazabilidad financiera (Herrera 2021). Aunado al hecho de que la cobranza puede ser realizada por el factorante o por un representante debidamente autorizado, habilitándose así la cobranza directa, la delegada y la realizada mediante mandato de cobranza. (Franco Alonso, 2025)

En el ámbito internacional, el factoraje ha sido armonizado mediante instrumentos como la UNIDROIT Convention on International Factoring (1988) y las reglas de la International Chamber of Commerce (ICC 2023), que establecen principios de transparencia contractual, protección del cedente y del deudor, y equilibrio en la distribución de riesgos. Estos principios son esenciales para garantizar seguridad jurídica y confianza en las operaciones (Flores Ruiz 2018).

La experiencia comparada muestra que, en Francia, el affacturage está regulado en el Code de commerce y supervisado por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), mientras que en México la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito tipifica el contrato de factoraje, incluyendo modalidades con y sin recurso (CNBV 2024). Ambos modelos ofrecen referencias útiles para Honduras, donde aún no existe una regulación específica, solo por ejemplificar respecto de países con economías muy diversas pero a los que el factoraje internacional ha generado un entorno exitoso desde el ámbito financiero.

III. Honduras y sus omisiones legislativas 

En el ordenamiento jurídico hondureño encontramos la regulación de los contratos y operaciones mercantiles y las cooperativas en el Código de Comercio, Ley de Instituciones del Sistema Financiero Decreto N.º 170/95 y reformas, la Ley de Garantías Mobiliarias Decreto No. 65/87, Ley de Instituciones del Sistema Financiero Decreto N.º 170/95 y reformas, Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras contenida en Decreto N.º 65/87 del 30 de abril de 1987 y reformado mediante Decreto N.º 174/2013 de fecha 1 de septiembre del año 2013, Ley del Sector Social de Economía Decreto N.º 193/85, Decreto N.º 92/2015 de Exoneración de impuesto de las Cooperativas

No obstante que la legislación pareciera prolija, la realidad es que se ha centrado en cuestiones aledañas a las cooperativas buscando políticas públicas de impulsa a estas pero presenta omisión legislativa respecto a la regulación necesaria para el reconocimiento del factoraje internacional como contrato mercantil autónomo y si bien la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y la Ley de Garantías Mobiliarias permiten la utilización de cuentas por cobrar como garantía, ninguna de estas normas regula de manera específica las operaciones de factoraje internacional (Rodríguez 2022).

Esta omisión legislativa genera inseguridad jurídica para las MIPYMES cafetaleras, que requieren impostergablemente de mecanismos modernos de financiamiento para sostener sus operaciones de exportación. La ausencia de tipificación del contrato de factoraje internacional limita la confianza de las cooperativas en este instrumento y restringe su acceso a liquidez inmediata (IHCAFE 2023).

En contraste, países como Francia y México han incorporado el factoraje internacional en sus ordenamientos jurídicos, otorgándole reconocimiento legal y supervisión institucional. En Francia, el affacturage está regulado en el Code de commerce y supervisado por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Banque de France 2024). supervisado por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Esta regulación otorga seguridad jurídica al contrato, tipificándolo como una figura mercantil independiente y armonizada con estándares internacionales (Banque de France 2024). El sistema francés se caracteriza por su reconocimiento legal expreso del contrato de factoraje internacional, una supervisión financiera especializada, la inclusión de principios de transparencia contractual y protección del cedente en dicha figura así como la armonización con instrumentos internacionales como la Convención de UNIDROIT sobre Factoraje Internacional (1988). El modelo francés ha permitido que las cooperativas y pequeñas empresas exportadoras accedan a liquidez inmediata, reduciendo riesgos comerciales y fortaleciendo su competitividad en cadenas de valor globales (Udell, Bakker y Klapper 2024).

México, por su parte como ya se comentó anteriormente, regula la figura en diversos ordenamientos pero es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito la que consagra la existencia del contrato de factoraje, regulando sus modalidades con y sin recurso y ejerce control del mismo con la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV 2024), estableciendo además con claridad su definición elementos y clasificación y entre sus características está la regulación expresa del contrato de factoraje financiero y de sus ya mencionadas modalidades de y sin recurso, la ya citada supervisión por la CNBV y la inclusión de los importantes principios de trazabilidad financiera y equilibrio contractual.El modelo mexicano ha favorecido la inclusión financiera de MIPYMES exportadoras, permitiéndoles acceder a financiamiento anticipado y mejorar su flujo de caja en operaciones internacionales (Flores Ruiz 2018; LGTOC, 1932; Franco Alonso, 2025; Huici García y Sánchez Lampon 1997; Montañez Hernández, 200; entre muchos otros)

La falta de regulación en Honduras pone de manifiesto la perentoriedad de una reforma normativa que incorpore el factoraje internacional como contrato mercantil autónomo, armonizado con estándares internacionales como los de UNIDROIT, ICC y FCI. Esta reforma permitiría fortalecer la liquidez, reducir riesgos comerciales y mejorar la competitividad de las cooperativas cafetaleras en cadenas de valor globales (IFC 2024), toda vez que la experiencia internacional ya ejemplificada demuestra que el reconocimiento normativo del factoraje internacional, como contrato mercantil autónomo, ha generado entornos más seguros y competitivos para las MIPYMES exportadoras. En este sentido, los casos de Francia y México ofrecen modelos regulatorios útiles para Honduras.

La antelada comparación evidencia que tanto Francia como México han superado las omisiones legislativas mediante la tipificación del factoraje internacional como contrato mercantil autónomo. Estos modelos ofrecen referencias valiosas para Honduras, donde la ausencia de regulación específica limita la incursión de las cooperativas cafetaleras en este instrumento, del cual desconfían por su falta de conocimiento del mismo, por lo que la incorporación de elementos de ambos sistemas para su reconocimiento legal, supervisión institucional y principios jurídicos-operacionales permitiría impulsar su utilización, fortalecer la liquidez, reducir riesgos comerciales y mejorar la competitividad de las cooperativas hondureñas en cadenas de valor globales (IFC 2024).

IV. Discusión crítica acerca de una reforma normativa 

Es evidente que como reconoce expresamente Arredondo Cervantes (2014) las dificultades de las MYPIMES para poder acceder a créditos es un problema latente en Latinoamérica, los orígenes de esta situación parten de la falencia informativa que adolecen en su mayoría, de tal suerte que les resulta muy complejo conseguir las imprescindibles evaluaciones de riesgo por parte de las instituciones financieras, sumado a la ausencia de metodología para realizar la selección de los beneficiarios. El análisis del marco jurídico hondureño revela como ya dijimos, una total ausencia de regulación del factoraje internacional como contrato mercantil autónomo.

Otros modelos latinoamericanos como es el ya examinado caso de México, evidencian que la ausencia de regulación en Honduras no responde a una imposibilidad técnica, sino a una falta de voluntad legislativa para modernizar el ordenamiento mercantil, en detrimento de grandes sectores económicos del país como es el caso de nuestro análisis, el sector cafetalero que tanto impacta en la economía del referido país. Dicha reforma no solo beneficiaría al sector cafetalero, sino que también podría extender sus efectos positivos a otras MIPYMES agrícolas, promoviendo inclusión financiera y desarrollo sostenible en el ámbito rural (BID 2023; FCI 2024).

Consideramos que la reforma normativa es apremiante y que ésta deberá considerar principios jurídicos-operacionales esenciales como lo son la transparencia, la protección de los intervinientes, la trazabilidad financiera y el equilibrio en las condiciones contractuales. (Flores Ruiz 2018) que se examinarán en el siguiente apartado.

V. Principios jurídicos-operacionales aplicables 

Entendemos que definir los principios jurídicos no ha resultado una tarea sencilla para los estudiosos del derecho y la diversidad conceptual que de ellos ha emergido parten de las bases ideológicas de sus precursores, así verbigracia para Dworkin los principios jurídicos constituyen entidades lógicas, diferenciadas de las normas, y en ese tenor las considera un estándar de comportamiento. (Dworkin, 1984) Este doctrinario establece algunas diferencias relevantes entre normas y principios, ya que afirma que los principios pueden ser un simple enunciado sin contener obligación alguna, no así las normas que requieren determinar derechos adquiridos, obligaciones o deberes. En segundo lugar los principios poseen una dimensión de su peso o relevancia y son estas distinciones las que lo llevan a concluir que los principios son estándares.

Desde otra perspectiva Danci nos dice que un principio es, «[a] fundamental truth; a comprehensive law or doctrine, from which others are derived, or on which others are founded; a general truth; an elementary proposition; a maxim; an axiom; a postulate» (Daci, 2010, pág. 110)

En la materia de nuestro estudio se aplican determinados principios jurídicos-operacionales enfocados a concretizar un ámbito de seguridad, confianza y equilibrio en las operaciones y son reconocidos por la doctrina mercantil internacional examinaremos la transparencia, protección de los intereses de las partes, trazabilidad financiera y equilibrio.

V.1. Transparencia contractual

Si bien la mayoría de los doctrinarios examinan este principio con relación a la administración pública y es muy escasa la literatura que lo examina desde la perspectiva de la contratación entre entes privados; no obstante, ha ido alcanzando un rol protagónico en el Derecho privado contemporáneo, toda vez que guarda una estrecha relación con la buena fe y la preservación de los derechos de la parte débil de la relación jurídica previniendo la inserción de cláusulas abusivas.

Debemos enfatizar que la buena fe es un principio general del Derecho que se ha ido subrayando en la legislación civil en materia de contratos (Schopf Olea, 2021) y en la jurisprudencia la SCJN en México determina al respecto que «La buena fe se define como la creencia de una persona de que actúa conforme a derecho; constituye un principio general del derecho, consistente en un imperativo de conducta honesta, diligente, correcta, que exige a las personas de derecho una lealtad y honestidad que excluya toda intención maliciosa» (SCJN, 2015)

Si atendemos al sentido gramatical del vocablo, el Diccionario de la Real Academia Española lo define como «claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad» (Conde Torcal, 2014, pág. 3), Palacios González (2017) nos dice que «la falta de transparencia de una condición general de la contratación, entendida como falta de conocimiento de las consecuencias económicas del contrato que se está aceptando, debería llevar a que no se considere integrada en el mismo» (Palacios González, 2017, s/pág.)y no le falta razón toda vez que estaríamos de cara a un consentimiento viciado.

Es entonces la transparencia imprescindible en el contrato de factoraje internacional a efecto de que el contenido de su clausulado sea accesible a las partes que en él interviene, reflejando con claridad la voluntad de las partes y preservando la equidad entre ellas, evitando la inclusión de cláusulas abusivas y asegurando de esta manera el consentimiento informado del cedente y del deudor (Flores Ruiz, 2018; Palacios González, 2017; Schopf Olea, 2021; entre muchos otros), mediante este principio se espera que en el contexto hondureño, su incorporación permita fortalecer la confianza de las cooperativas cafetaleras en el uso del factoraje internacional, reduciendo la percepción de riesgo jurídico.

V.2. Protección del cedente y del deudor

Estrechamente relacionado con el de transparencia el principio de protección busca equilibrar las condiciones contractuales en el factoraje entre el cedente (cooperativa exportadora) y el deudor (comprador internacional). En los países que ya se encuentra implementado y debidamente regulado como los ejemplos ya comentados de Francia y México, la regulación del factoraje incluye disposiciones que garantizan que ambas partes cuenten con mecanismos de defensa frente a prácticas desleales (Banque de France 2024; CNBV 2024). En Honduras, su incorporación sería esencial al normar dicha figura, para evitar abusos y asegurar que las cooperativas cafetaleras puedan acceder a financiamiento sin quedar en desventaja o a merced de entidades financieras internacionales como ocurre a la fecha.

V.3. Trazabilidad financiera

La trazabilidad se visualiza desde diversas perspectivas empresariales para dar seguimiento a procesos y mercancías, es la capacidad de rastrear y documentar cada etapa de un proceso, desde la materia prima y su origen o adquisición hasta los procesos de producción, distribución y consumo. Es decir se traduce en «la habilidad de seguir (en tiempo real) o reconstruir (offline) la ruta de un producto individual o compuesto» (Souza Monteiro & Caswell, 2009, p. 95 citados por Moltoni, 2015) En otras palabras alude a la capacidad de rastrear todos los procesos, para poder aclarar «cuándo y dónde fue producido qué y por quién» (Keyence, s/f)

La trazabilidad financiera por su parte, menos examinada por la doctrina, implica la capacidad de seguir y verificar el recorrido de los créditos cedidos y los pagos realizados en cada etapa de la operación. Este principio, promovido por la Factors Chain International (FCI, 2024), asegura transparencia y previene fraudes en operaciones transfronterizas. Para las cooperativas hondureñas, la trazabilidad permitiría un mayor control sobre sus cuentas por cobrar y una mejor integración en cadenas de valor globales.

V.4. Equilibrio contractual

El equilibrio contractual se garantiza a través de una distribución justa de derechos, obligaciones y riesgos entre las partes. La legislación pertinente ha regulado el factoraje con este fin y contempla modalidades con y sin recurso, con o sin notificación, lo que permite ajustar el nivel de riesgo asumido por las partes en el contrato (LGTOC, 1932; CNBV 2024). En Honduras, la incorporación de este principio sería clave para ofrecer opciones flexibles a las cooperativas cafetaleras, adaptadas a sus necesidades de liquidez y capacidad de asumir riesgos.

Conclusiones 

El estudio confirma que el factoraje internacional constituye un instrumento jurídico-financiero capaz de fortalecer la liquidez y competitividad de las cooperativas cafetaleras en Honduras. La investigación evidencia que las omisiones legislativas en el ordenamiento hondureño particularmente en la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y la Ley de Garantías Mobiliarias han limitado la confianza y el acceso de las MIPYMES cafetaleras a este mecanismo moderno de financiamiento (Rodríguez 2022).

La comparación con otras legislaciones que prevén la figura del factoraje demuestra que la tipificación expresa del contrato de factoraje internacional como contrato mercantil autónomo ha generado entornos de mayor seguridad jurídica, transparencia contractual y trazabilidad financiera.

Dichos modelos ofrecen referencias valiosas para Honduras, donde la ausencia de regulación específica restringe la inclusión financiera y la competitividad de las cooperativas en cadenas de valor globales.

En consecuencia, se recomienda prever el factoraje internacional como contrato mercantil autónomo en el Código de Comercio hondureño, garantizando seguridad jurídica y claridad normativa, incorporando principios jurídicos-operacionales como transparencia contractual, protección del cedente y del deudor, trazabilidad financiera y equilibrio contractual que han demostrado su idoneidad para mejorar las condicionales de las pequeñas empresas en sus incursiones en el mercado global mediante el factoraje internacional .

Resulta asimismo muy relevante que la normativa hondureña alcance estándares internacionales como los de UNIDROIT, ICC y FCI, para facilitar operaciones transfronterizas y generar confianza en el mercado global.

Una vez regulado el factoraje deberá contar con mecanismos de supervisión institucional pudiendo realizar esa tarea la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) siguiendo buenas prácticas como la existentes en Francia y México.

El nivel de impacto de la figura dependerá la creación de políticas públicas de inclusión financiera para impulsar en cooperativas cafetaleras y, eventualmente, en otras MIPYMES agrícolas, el uso del factoraje internacional, generando un beneficioso impacto en el desarrollo rural y sostenible del país.

De esta manera es factible consolidar un marco jurídico moderno que permita a las cooperativas cafetaleras hondureñas un acceso a los mercados globales en mejores condiciones de competitividad.

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Glosario de acrónimos 

ACI: Alianza Cooperativa Internacional

ACPR: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Francia)

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CNBS: Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Honduras)

CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (México)

COODES: Cooperativismo y Desarrollo

FCI: Factors Chain International

ICC: International Chamber of Commerce

IFC: International Finance Corporation (Grupo Banco Mundial)

IHCAFE: Instituto Hondureño del Café

IIJ: Instituto de Investigaciones Jurídicas

INAES: Instituto Nacional de la Economía Social en México

LISF: Ley de Instituciones del Sistema Financiero (Honduras)

LGM: Ley de Garantías Mobiliarias (Honduras)

LGTOC: Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (México)

MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

SE: Secretaría de Economía de México

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México

UNIDROIT: International Institute for the Unification of Private Law

UIP: Universidad Iberoamericana de PUEBLA, México

Notas

[1] MSc., Candidato al grado de Doctor en Derecho Mercantil, Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), Honduras, Orcid: https://orcid.org/0009-0008-4523-0818; Email mduarte@unitec.edu

[2] Doctora en Derecho, profesora investigadora de la Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras y la Universidad Autónoma de Chihuahua, Sistema Nacional de Investigadores de México Nivel I, Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chihuahua Nivel II, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1979-3771 Google Scholar https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&hl=es&user=qSKKJ_EAAAAJ; Email amalia.cobos@unitec.edu y pcobos@uach.mx

[3] Comillas en el original.

 

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