Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo
International Association of Cooperative Law Journal
ISSN: 1134-993X
ISSN-e: 2386-4893
DOI: https://doi.org/10.18543/baidc
No. 69 (2026)
Artículos
Las asociaciones públicas y privadas de fieles como formas premodernas de organización participativa: aportaciones del Derecho canónico al Derecho cooperativo contemporáneo
(Public and Private Associations of the Faithful as Pre-Modern Forms of Participatory Organisation: Contributions of Canon Law to Contemporary Cooperative Law)
Néstor Soler Del Toro[1]
Investigador independiente (España)
doi: https://doi.org/10.18543/baidc.3511
Recibido: 14.04.2026
Aceptado: 31.07.2026
Fecha de publicación en línea: noviembre de 2026
Sumario: 1. Introducción. 2. Marco teórico y metodológico: la comparación jurídica diacrónica. 3. Las asociaciones de fieles en el CIC 1983: régimen jurídico sistemático. 3.1. Tipología: asociaciones públicas y privadas. 3.2. Personalidad jurídica canónica. 3.3. Autonomía estatutaria. 3.4. Régimen de los socios. 3.5. Organización interna y estructura de gobierno. 3.6. Finalidad no lucrativa y régimen patrimonial. 4. Elementos estructurales comunes: análisis jurídico-comparado. 4.1. Participación democrática. 4.2. Finalidad común no lucrativa. 4.3. Autonomía estatutaria. 4.4. Personalidad jurídica instrumental. 4.5. Primacía del fin social sobre el capital. 5. Perspectiva histórica: mediaciones y continuidades. 5.1. Cofradías, gremios y hermandades medievales. 5.2. La codificación canónica de 1917 y el primer Derecho cooperativo español. 5.3. La Doctrina Social de la Iglesia como puente institucional. 5.4. El cooperativismo social europeo de inspiración cristiana. 6. Valoración crítica y conclusiones. 7. Bibliografía.
Summary: 1. Introduction. 2. Theoretical and methodological framework. 3. Associations of the faithful under the 1983 CIC. 3.1. Typology. 3.2. Canon legal personality. 3.3. Statutory autonomy. 3.4. Regime of members. 3.5. Internal organisation. 3.6. Non-profit purpose and patrimony. 4. Common structural elements. 4.1. Democratic participation. 4.2. Shared non-profit purpose. 4.3. Statutory autonomy. 4.4. Instrumental legal personality. 4.5. Primacy of social purpose. 5. Historical perspective. 5.1. Medieval confraternities. 5.2. The 1917 codification. 5.3. Social Doctrine of the Church. 5.4. European Christian-inspired social cooperativism. 6. Critical assessment and conclusions. 7. Bibliography.
Resumen:
El presente artículo analiza las asociaciones públicas y privadas de fieles reguladas en los cánones 298-329 del Código de Derecho Canónico de 1983 como formas premodernas de organización colectiva que presentan una homología estructural con las cooperativas contemporáneas. Mediante un método de comparación jurídica diacrónica, se identifican cinco elementos estructurales comunes: participación democrática, finalidad común no lucrativa, autonomía estatutaria, personalidad jurídica de carácter instrumental y primacía del fin social sobre el capital. La tesis central es que el Derecho canónico, lejos de ser una reliquia histórica en este ámbito, ofrece una dogmática asociativa elaborada durante siglos que puede enriquecer la doctrina y la práctica del Derecho cooperativo contemporáneo. El análisis revela, asimismo, que la genealogía jurídica del cooperativismo moderno es más profunda de lo que habitualmente reconoce la doctrina, y que la mediación canónica —a través de cofradías medievales, gremios y la Doctrina Social de la Iglesia— ha sido decisiva en la configuración de sus estructuras fundamentales.
Palabras clave:
Asociaciones de fieles; Cooperativas; Personalidad jurídica; Autonomía estatutaria; Derecho canónico; Derecho cooperativo; Participación democrática.
Abstract:
This article analyses the public and private associations of the faithful regulated in canons 298-329 of the 1983 Code of Canon Law as pre-modern forms of collective organisation that display a structural homology with contemporary cooperatives. Through a method of diachronic legal comparison, five common structural elements are identified: democratic participation, shared non-profit purpose, statutory autonomy, instrumental legal personality, and the primacy of social purpose over capital. The central thesis is that Canon Law, far from being a historical relic in this field, offers an associative dogmatics developed over centuries that can enrich the doctrine and practice of contemporary cooperative law. The analysis also reveals that the legal genealogy of modern cooperativism is deeper than the doctrine usually acknowledges, and that canonical mediation —through medieval confraternities, guilds, and the Social Doctrine of the Church— has been decisive in shaping its fundamental structures.
Keywords:
Associations of the faithful; Cooperatives; Legal personality; Statutory autonomy; Canon Law; Cooperative law; Democratic participation.
El Derecho cooperativo es habitualmente presentado como un producto jurídico genuinamente moderno, cuyo hito fundacional se sitúa en la Rochdale Society of Equitable Pioneers (1844) y cuya sistematización legislativa no arranca en Europa continental hasta finales del siglo xix e inicios del xx. Esta narrativa, fijada por la historiografía clásica del cooperativismo (Holyoake 1857; Cole 1944; Lambert 1959), tiene la virtud de la precisión cronológica, pero el inconveniente de presentar las estructuras jurídicas cooperativas como un hallazgo sin genealogía. Las categorías que definen hoy a la cooperativa —personalidad jurídica instrumentalizada en favor del fin colectivo, gobierno democrático de los miembros, autonomía estatutaria amplia, régimen patrimonial con fondos irrepartibles— no surgieron ex nihilo en la Lancashire de mediados del siglo xix.
El Código de Derecho Canónico de 1983 (en adelante, CIC) recoge en los cánones 298 a 329 un régimen completo de las asociaciones de fieles, distinguiendo entre las de carácter público (cc. 312-320) y privado (cc. 321-326). Esta regulación, depurada a lo largo de siglos de práctica jurídica eclesiástica y sistematizada por vez primera en el CIC piobenedictino de 1917, articula una arquitectura jurídica que guarda con la cooperativa moderna una homología estructural que la doctrina —tanto canonística como cooperativista— ha ignorado en su mayor parte.
La pregunta que articula el presente trabajo es la siguiente: ¿en qué medida las categorías canónicas de asociación de fieles prefiguran, o presentan homología estructural con, los elementos constitutivos de la cooperativa contemporánea? La respuesta que se defiende es que dicha homología existe, es sistemática y afecta a los cinco elementos nucleares del sistema cooperativo: participación democrática, finalidad común no lucrativa, autonomía estatutaria, personalidad jurídica instrumental y primacía del fin social sobre el capital. Sostener esta tesis no implica afirmar una influencia histórica directa e identificable —cuestión que requeriría una investigación de historia del Derecho de mayor alcance—, sino algo más preciso y metodológicamente más sólido: que ambos sistemas han resuelto de forma funcionalmente equivalente el problema de organizar jurídicamente a un grupo de personas unidas por un fin colectivo sin ánimo de lucro privado.
El trabajo se estructura en cinco partes. En la primera se expone el marco teórico y metodológico que justifica el enfoque comparado. La segunda desarrolla el régimen jurídico de las asociaciones de fieles en el CIC 1983 con la extensión necesaria para sustentar el análisis posterior. La tercera construye el análisis comparado elemento por elemento. La cuarta ofrece la perspectiva histórica que contextualiza la homología. La quinta realiza una valoración crítica de las aportaciones y los límites del Derecho canónico para el Derecho cooperativo y recoge las conclusiones del trabajo.
1 La bibliografía cooperativa reciente acusa la misma laguna. Ni la monumental obra de Gadea Soler (2009) sobre el Derecho cooperativo vasco, ni el estudio comparado de Münkner (1988), ni el tratamiento sistemático de Paniagua Zurera (2005) contienen referencia alguna a las asociaciones canónicas de fieles como antecedente estructural.
2. Marco teórico y metodológico: la comparación jurídica diacrónica
El derecho comparado ha recurrido tradicionalmente a la comparación sincrónica: se confrontan dos o más sistemas jurídicos vigentes en el mismo período para identificar convergencias, divergencias y posibles trasplantes normativos (Zweigert y Kötz 1998, 34-40; Sacco 1991, 1-30). Sin embargo, la comparación diacrónica —el análisis de sistemas jurídicos de épocas y naturalezas distintas a partir de sus soluciones funcionales— ha ganado terreno como instrumento epistemológico en la historia del Derecho y en la teoría jurídica general (Glenn 2010, 25-58). Es este segundo método el que se adopta en el presente trabajo.
El concepto operativo central es el de homología funcional o estructural, tomado de la biología comparada y trasladado al ámbito jurídico por la tradición del funcionalismo comparativo (Rheinstein 1968; Zweigert y Kötz 1998, 34). Dos instituciones jurídicas son estructuralmente homólogas cuando comparten los mismos elementos funcionales básicos y resuelven los mismos problemas organizativos, con independencia de su origen histórico inmediato o del ordenamiento en que operan. La homología no implica identidad ni filiación genealógica directa: afirma equivalencia funcional.
Esta precisión metodológica es importante porque delimita lo que el presente trabajo pretende demostrar y lo que no. No se sostiene aquí que los redactores de la Ley de Cooperativas española de 1931 tomaran como modelo las asociaciones canónicas. Lo que se defiende es que, al construir el tipo jurídico cooperativo, la legislación moderna ha convergido independientemente —o a través de mediaciones históricas que se analizarán— con soluciones que el Derecho canónico había articulado con rigor técnico varios siglos antes. Esta convergencia es el objeto del análisis; su explicación causal —que exigiría una historia del Derecho de mayor alcance— queda fuera del ámbito de este trabajo, aunque se apuntan las principales vías de mediación histórica.
El Derecho canónico debe ser tratado en este análisis como lo que es: un ordenamiento jurídico primario, completo y vigente, con categorías propias depuradas a lo largo de veinte siglos (Hervada 2001, 23-45; Lombardía 1992, 15-38). No es una mera fuente histórica ni un conjunto de normas morales disfrazadas de jurídicas. Su capacidad para generar soluciones técnicas sofisticadas en materia de personas jurídicas, estatutos, gobierno corporativo y responsabilidad patrimonial lo convierte en un interlocutor genuino para la dogmática cooperativa, no en un antecedente pintoresco.
En cuanto a las fuentes normativas, el análisis se apoya, en lo canónico, en los cánones 298-329 del CIC 1983, en la doctrina canónica más representativa (Hervada 1987; Viana 2004; Arrieta 2015; Otaduy, Viana y Sedano 2011) y en la jurisprudencia eclesiástica relevante. En lo cooperativo, el referente principal es la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, sin perjuicio de referencias a la legislación autonómica más relevante —en particular la Ley 4/1993 del País Vasco (reformada por la Ley 1/2000) y la Ley 2/1999 de Andalucía— y a los Principios Cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en su versión de 1995, que constituyen el parámetro axiológico de referencia en el Derecho cooperativo contemporáneo.
2 La Alianza Cooperativa Internacional, fundada en 1895, define siete principios cooperativos en la Declaración de Manchester de 1995: adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática por parte de los socios; participación económica de los socios; autonomía e independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas; e interés por la comunidad. Estos principios, aunque no son normas jurídicas directamente aplicables, informan la interpretación de la legislación cooperativa y son reconocidos expresamente por el art. 1.1 de la Ley 27/1999.
3. Las asociaciones de fieles en el CIC 1983: régimen jurídico sistemático
Antes de abordar la comparación es imprescindible exponer con suficiente detalle el régimen jurídico de las asociaciones de fieles en el CIC 1983, pues la doctrina cooperativa lo desconoce en su práctica totalidad. El Libro II del CIC («El Pueblo de Dios»), en su Título V (cc. 298-329), regula las asociaciones de fieles con un nivel de elaboración técnica que sorprende al jurista secular familiarizado solo con el estereotipo de norma religiosa de contenido exclusivamente moral.
3.1. Tipología: asociaciones públicas y privadas
La distinción fundamental del sistema es la que separa asociaciones públicas y privadas de fieles. El c. 301 §1 establece que corresponde exclusivamente a la autoridad eclesiástica erigir asociaciones de fieles que se propongan transmitir la doctrina cristiana o promover el culto público, o que tengan otros fines cuya consecución se reserve por naturaleza a la misma autoridad eclesiástica. El c. 312 §1 añade que la autoridad competente para erigir asociaciones públicas es la Santa Sede, la Conferencia Episcopal o el obispo diocesano, según el ámbito de actuación previsto. La erección se realiza mediante decreto formal y configura el acto constitutivo de la asociación pública (c. 313).
Las asociaciones privadas, en cambio, nacen de la libre iniciativa de los fieles, que se reúnen para alcanzar, de mutuo acuerdo, los fines indicados en el c. 298 sin que medie erección por parte de la autoridad eclesiástica (c. 299 §1). Esta distinción no es meramente terminológica: tiene consecuencias sustanciales en cuanto al régimen de control, la adquisición de personalidad jurídica, la gestión patrimonial y el grado de autonomía organizativa. Las asociaciones públicas están integradas en la estructura jerárquica de la Iglesia; las privadas actúan en el espacio de la iniciativa personal de los fieles, aunque sujetas a la vigilancia de la autoridad eclesiástica (c. 305).
Esta doble tipología tiene, como se verá, un correlato funcional en el Derecho cooperativo. La legislación española distingue también entre cooperativas constituidas por iniciativa privada de los socios —que es la modalidad general— y cooperativas de iniciativa social o de integración promovidas o participadas por entidades públicas, con diferencias relevantes en el régimen de supervisión y en la composición orgánica (arts. 106-113 Ley 27/1999). El eje clasificador —origen en la iniciativa pública o privada, con consecuencias sobre el régimen de control externo— es funcionalmente homólogo, aunque el contenido específico de cada categoría difiera.
3 Sobre la distinción entre asociaciones públicas y privadas en el derecho canónico, véase ampliamente Viana (2004, 53-92), quien señala que el criterio determinante no es la naturaleza del fin, sino el modo en que la asociación se integra en la estructura jurídica de la Iglesia: en nombre propio (asociación privada) o en nombre de la Iglesia (asociación pública). Esta distinción tiene un paralelo nítido en el Derecho administrativo secular, donde se distingue entre entidades privadas de interés general y entidades instrumentales de la Administración.
3.2. Personalidad jurídica canónica
La persona jurídica canónica es regulada con notable precisión técnica en el Libro I del CIC (cc. 113-123) antes de que las disposiciones propias de las asociaciones concreten su aplicación. El c. 113 §1 proclama que la Iglesia católica y la Sede Apostólica son personas morales por institución divina. El c. 114 §1 define el concepto de persona jurídica como «un conjunto de personas o de cosas, ordenado a un fin que corresponda a la misión de la Iglesia, y que supere el fin de los individuos». El §2 exige que los fines perseguidos sean «verdaderamente útiles» y que «no puedan ser eficazmente alcanzados de otra manera».
La adquisición de personalidad jurídica por las asociaciones canónicas sigue vías distintas según su naturaleza. Las asociaciones públicas la adquieren por el propio decreto de erección (c. 313): la autoridad eclesiástica, al erigirlas, les confiere simultáneamente la personalidad jurídica. Las asociaciones privadas la adquieren mediante un decreto de la autoridad competente que aprueba expresamente sus estatutos a tal efecto, siendo necesario que hayan demostrado su utilidad y hayan dado señales de poder perdurar (c. 322 §1). No basta la mera constitución formal: se exige una evaluación previa de la viabilidad y utilidad de la asociación.
Lo que distingue estructuralmente a la persona jurídica canónica de la societaria es su carácter marcadamente instrumental respecto del fin. La personalidad jurídica en el Derecho canónico no existe para proteger el patrimonio de quienes integran la asociación frente a sus acreedores —función central de la personalidad jurídica en el Derecho de sociedades de capital—, sino para dotar al grupo de una subjetividad jurídica que facilite el cumplimiento del fin colectivo. Esta concepción, que arranca de la elaboración medieval de la persona ficta por Sinibaldo Fieschi (el futuro Inocencio IV) en el siglo xiii (Maitland 1900, 27-45), determina toda la estructura patrimonial y orgánica del tipo jurídico.
El paralelismo con la cooperativa es inmediato. El art. 7 de la Ley 27/1999 atribuye a las cooperativas personalidad jurídica propia desde su inscripción en el Registro de Cooperativas, pero el art. 1.1 deja claro que dicha personalidad está al servicio del objeto social cooperativo, definido como la satisfacción de las necesidades y aspiraciones económicas y sociales de los socios. La doctrina cooperativa (Paz Canalejo 1994, 45-60; Paniagua Zurera 2005, 89-112) ha subrayado reiteradamente que la cooperativa se distingue de la sociedad de capital precisamente porque en ella la personalidad jurídica no protege el capital sino que instrumenta la actividad en beneficio de los socios como personas.
4 La construcción canonística medieval de la persona ficta o corpus mysticum como sujeto de derechos distinto de sus miembros ha sido señalada por Kantorowicz (1957) y Gierke (1900) como uno de los hitos más relevantes en la historia del Derecho de organizaciones occidental. Que el Derecho canónico haya precedido en varios siglos a la teoría jurídica secular en este punto es un dato que la doctrina cooperativa habitualmente no registra.
El c. 304 §1 establece que todas las asociaciones de fieles, públicas o privadas, deben regirse por sus propios estatutos, en los que se ha de determinar el nombre de la asociación, la sede, el fin u objeto social, las condiciones de admisión de los miembros, los derechos y deberes de estos, los órganos de gobierno y sus competencias, y las causas de disolución con el correspondiente régimen del patrimonio. El §2 añade que los estatutos deben ser aprobados por la autoridad eclesiástica competente —lo que en las asociaciones privadas equivale al control de legalidad, no al control de oportunidad—, y que la asociación puede modificarlos conforme a lo en ellos previsto.
Este diseño estatutario —contenido mínimo obligatorio más libertad de configuración en todo lo demás— reproduce con precisión la estructura de la autonomía estatutaria cooperativa. El art. 11 de la Ley 27/1999 enumera las menciones obligatorias de los estatutos cooperativos: denominación, domicilio, objeto social, capital mínimo, número mínimo de socios, duración de la sociedad y régimen de las aportaciones sociales. Todo lo que no esté reservado a la ley es libremente configurable por los socios mediante los estatutos. Los arts. 12 y 13 complementan este régimen con el Reglamento de Régimen Interno, instrumento que guarda una estrecha analogía con los directorios y reglamentos previstos en algunos estatutos de asociaciones canónicas complejas.
El principio que subyace a ambos diseños es el de autolegislación o autorregulación: el grupo de personas que forma la asociación o la cooperativa tiene el poder —y, en cierta medida, el deber— de darse a sí mismo su propia norma fundamental. Este principio, que la teoría democrática moderna vincula a la idea de autonomía colectiva (Habermas 1998, 169-201), tiene una expresión técnica muy elaborada en el Derecho canónico de las asociaciones, que lo ha practicado durante siglos como instrumento de gobierno eclesial descentralizado.
5 El Reglamento de Régimen Interno previsto en el art. 13 de la Ley 27/1999 es un instrumento infraestatutario que desarrolla la organización interna de la cooperativa. Su función es análoga a la de los reglamentos internos que los estatutos de las asociaciones canónicas más complejas suelen prever para regular el funcionamiento ordinario de sus órganos. En ambos casos, se trata de normas de segundo rango que permiten adaptar la regulación general a las circunstancias concretas de la organización sin necesidad de modificar los estatutos.
3.4. Régimen de los socios (fieles)
Los cc. 307-308 regulan el régimen de los miembros de las asociaciones con una estructura que anticipa con sorprendente fidelidad la del socio cooperativo. El c. 307 §1 establece que la adquisición de la condición de miembro se rige por los estatutos de cada asociación, dentro de los límites del derecho universal y particular. El §3 añade que un mismo fiel puede pertenecer a varias asociaciones. El c. 308 prohíbe que nadie sea removido arbitrariamente de la asociación a la que pertenece legítimamente, disponiendo que la remoción habrá de ajustarse al procedimiento establecido en los estatutos y en el derecho.
El catálogo de derechos y deberes de los miembros no aparece fijado taxativamente en el CIC —que deja amplio margen a la autonomía estatutaria—, pero la doctrina canónica ha sistematizado los siguientes derechos mínimos: derecho a participar en las actividades de la asociación conforme a sus estatutos (c. 307); derecho a recibir información sobre la situación de la asociación; derecho a votar en las asambleas con arreglo a los estatutos (c. 309); y derecho a no ser removido sino por causa justificada y conforme al procedimiento estatutario (c. 308). En el plano de los deberes, los más relevantes son la observancia de los estatutos y la contribución al sostenimiento de los fines asociativos (Arrieta 2015, 110-125).
La estructura del régimen del socio cooperativo en los arts. 15-19 de la Ley 27/1999 es funcionalmente idéntica en todos sus elementos esenciales. El art. 15 enumera los derechos del socio: participar en la actividad cooperativizada (§1.a), ejercer el sufragio activo y pasivo (§1.b), recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos (§1.c), y participar en los excedentes (§1.g). El art. 16 enumera las obligaciones: participar en las actividades y servicios de la cooperativa (§1.a), guardar secreto sobre los asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación pueda perjudicarla (§1.d), y aceptar los cargos para los que sea elegido (§1.e). Los arts. 17–19 regulan la baja del socio —voluntaria o por causa justificada— con plenas garantías procedimentales, en particular el derecho a la tutela arbitral o judicial.
La homología no debe ocultar, sin embargo, una diferencia de fundamento que el análisis comparado ha de registrar con precisión. Las causas que legitiman la expulsión responden en cada ordenamiento a lógicas materiales distintas. En el Derecho canónico, la remoción del miembro puede obedecer no solo al incumplimiento de los deberes estatutarios, sino también a razones de comunión eclesial, de disciplina o de fe: el c. 316 §1 dispone que quien haya abandonado públicamente la fe católica o se haya apartado de la comunión eclesiástica, o haya incurrido en excomunión impuesta o declarada, no puede ser válidamente admitido en las asociaciones públicas; y el §2 ordena que el miembro ya inscrito que incurra en tales situaciones sea expulsado, previa amonestación, observando los estatutos y quedando a salvo su derecho de recurso ante la autoridad eclesiástica. En el Derecho cooperativo, en cambio, las causas de expulsión del art. 18 de la Ley 27/1999 son de naturaleza predominantemente estatutaria o socioeconómica: el socio solo puede ser expulsado por falta muy grave tipificada en los estatutos, ligada por lo común al incumplimiento de las obligaciones sociales o económicas derivadas de la actividad cooperativizada. La doctrina canónica reciente ha subrayado, en esta línea, que la expulsión del miembro debe estar prevista en los estatutos y rodeada de las garantías mínimas del procedimiento administrativo canónico —audiencia del interesado, motivación de la decisión y posibilidad de recurso—, con aplicación analógica de las exigencias de forma escrita y motivación del c. 51 (Soler del Toro 2026, 219). Existe, pues, una similitud funcional innegable —ambos sistemas someten la expulsión a causa tasada, procedimiento reglado y control ulterior—, pero los fundamentos jurídicos son heterogéneos: en un caso, la tutela de la comunión eclesial y de la integridad de la fe; en el otro, la protección del interés mutualista y de la disciplina societaria.
6 La garantía frente a la expulsión arbitraria contenida en el c. 308 CIC tiene su paralelo en el art. 18 de la Ley 27/1999, que exige que la expulsión del socio sea acordada motivadamente por el Consejo Rector y notificada por escrito, con derecho del expulsado a recurrir ante la Asamblea General y, en última instancia, ante los tribunales ordinarios. Ambas normas responden a la misma idea: la pertenencia al grupo genera un derecho subjetivo que no puede ser suprimido unilateralmente por los órganos directivos sin control.
3.5. Organización interna y estructura de gobierno
El CIC no impone un modelo orgánico rígido para las asociaciones de fieles, pero sí exige que los estatutos determinen el gobierno de la asociación (c. 304 §1, 3.º). La práctica canónica —expresada en los estatutos tipo aprobados por las conferencias episcopales y en la doctrina— ha consolidado una estructura tripartita: asamblea general de todos los socios, junta directiva o consejo de gobierno, y moderador o presidente. Esta estructura reproduce la lógica del gobierno colegiado y representativo que se asienta sobre el principio asambleario: la soberanía organizativa reside en la reunión de todos los miembros.
El c. 317 establece que el moderador de una asociación pública es nombrado por la autoridad eclesiástica competente, salvo que los estatutos dispongan otra cosa o la autoridad ratifique la elección hecha por la propia asociación. Para las asociaciones privadas, el c. 321 reconoce que se rigen y se administran según sus propios estatutos, lo que equivale a otorgarles plena autonomía organizativa. El c. 309 reconoce a las asociaciones legítimamente constituidas el derecho de darse sus propias normas, celebrar reuniones, designar dirigentes, oficiales y apoderados, y gestionar sus bienes.
La estructura orgánica de la cooperativa española recogida en los arts. 21-47 de la Ley 27/1999 reproduce este modelo tripartito con una precisión que sorprende al canonista. La Asamblea General es el «órgano supremo de expresión de la voluntad social en las materias cuyo conocimiento le atribuye esta Ley o los Estatutos» (art. 21.1). El Consejo Rector es el «órgano colegiado de gobierno, gestión y representación de la cooperativa, que está sujeto a la Ley, a los Estatutos y a la política fijada por la Asamblea General» (art. 32.1). Los Interventores o la Comisión de Control de Gestión (art. 38) añaden un mecanismo de control interno que no tiene correspondencia exacta en las asociaciones canónicas, aunque su función es análoga a la de los visitadores previstos en algunos estatutos de asociaciones públicas.
7 La analogía entre la Asamblea General cooperativa y la asamblea de socios de la asociación canónica se extiende al plano de los quórums y mayorías. El art. 25 de la Ley 27/1999 distingue entre quórum de constitución (mitad más uno de los socios en primera convocatoria; sin quórum mínimo en segunda) y quórum de adopción de acuerdos (mayoría simple en general; mayorías reforzadas para modificación de estatutos, fusión, escisión y disolución). El Derecho canónico de las asociaciones recoge soluciones funcionalmente equivalentes, aunque con mayor flexibilidad en la remisión a los estatutos.
3.6. Finalidad no lucrativa y régimen patrimonial
El régimen patrimonial de las asociaciones canónicas está diseñado desde una lógica de afectación al fin que determina todas sus opciones concretas. El c. 325 §1 establece que las asociaciones privadas de fieles administran libremente los bienes que poseen según las prescripciones de sus estatutos, pero la autoridad eclesiástica competente tiene la potestad de vigilar para que los bienes sean empleados en los fines de la asociación. El §2 añade que la asociación responde de sus propias deudas, sin que la autoridad eclesiástica sea responsable de ellas.
El c. 326 §2 regula la disolución de la asociación privada y dispone que el destino de sus bienes se rige por lo establecido en los estatutos, siempre que los bienes obtenidos mediante colectas públicas se destinen al mismo fin o, si esto es imposible, a fines análogos aprobados por la autoridad eclesiástica. Este precepto introduce el principio de conservación del destino asociativo: los bienes acumulados para el cumplimiento del fin no pueden distribuirse libremente entre los miembros a título lucrativo cuando la asociación se disuelve. La razón es que esos bienes —aunque jurídicamente pertenezcan a la persona jurídica— tienen una afectación finalista que no desaparece por la mera disolución.
En el Derecho cooperativo español, el mismo principio se articula a través del régimen de fondos obligatorios. El art. 55 de la Ley 27/1999 establece el Fondo de Reserva Obligatorio (FRO), constituido con al menos el cincuenta por ciento de los excedentes netos del ejercicio, «destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa». El carácter irrepartible de este fondo —salvo en los supuestos expresamente previstos en la ley (art. 55.3)— expresa la misma idea que el c. 326 §2 canónico: el patrimonio acumulado no pertenece a los socios individualmente, sino a la organización en su función social. El art. 56 crea el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa (FEPC), igualmente irrepartible e inembargable, con el que se persigue la promoción cultural y social de los socios y de la comunidad.
8 La irrepartibilidad del Fondo de Reserva Obligatorio ha generado una extensa controversia doctrinal sobre su naturaleza jurídica. Para Paz Canalejo (1994, 320-340), se trata de un patrimonio colectivo separado. Gadea Soler (2009, 289-310) lo califica de patrimonio de afectación con estatuto propio. Paniagua Zurera (2005, 231-250) lo conecta con la idea de «empresa sin dueño» o «empresa de interés general». En todos los casos, la conclusión estructural es la misma: el capital no pertenece a los socios individualmente, lo que aproxima radicalmente la cooperativa a la asociación canónica y la aleja de la sociedad de capital.
4. Elementos estructurales comunes: análisis jurídico-comparado
Una vez expuesto el régimen jurídico de las asociaciones de fieles con la extensión necesaria, es posible construir el análisis comparado sistemático. Los cinco elementos que se analizan a continuación no son una selección arbitraria: son los que la doctrina cooperativa ha identificado como los rasgos estructurales definitorios de la cooperativa que la distinguen de otros tipos jurídicos, singularmente de la sociedad de capital (Münkner 1988, 15-45; Paniagua Zurera 2005, 43-78; Bonfante 1999, 25-60). El cuadro siguiente sistematiza la comparación antes de desarrollarla:
Tabla 1
Cuadro comparativo de elementos estructurales comunes entre asociaciones canónicas de fieles y cooperativas
Elemento estructural | Asociación de fieles (CIC 1983) | Cooperativa (Ley 27/1999 y ACI 1995) |
Base constitutiva | Acuerdo de fieles + erección/aprobación canónica | Acuerdo de socios + inscripción registral |
Personalidad jurídica | Cc. 313, 322 — instrumento al servicio del fin | Art. 7 — al servicio del objeto social cooperativo |
Autonomía estatutaria | C. 304 — contenido mínimo + libre configuración | Art. 11 — contenido mínimo + libre configuración |
Gobierno democrático | Cc. 309, 317 — asamblea de socios y junta directiva | Arts. 21, 32 — Asamblea General y Consejo Rector |
Régimen del socio | Cc. 307–308 — derechos, deberes y garantía de baja | Arts. 15–19 — catálogo de derechos, deberes y baja |
Fin social primario | C. 298 — fin colectivo que precede al régimen patrimonial | Art. 1.1 — satisfacción de necesidades de los socios |
Patrimonio irrepartible | C. 326 §2 — bienes afectos al fin, sin distribución lucrativa | Arts. 55–56 — FRO y FEPC irrepartibles e inembargables |
Control externo | Autoridad eclesiástica competente (c. 305) | Registro de Cooperativas / administración concurrente |
Fuente: elaboración propia.
4.1. Participación democrática
El principio de gobierno democrático es el más característico del cooperativismo moderno y el que más nítidamente lo distingue de la sociedad de capital. En la sociedad anónima o de responsabilidad limitada, el poder de decisión se distribuye proporcionalmente al capital aportado: quien más invierte, más vota. En la cooperativa, el principio es el opuesto: cada socio tiene un voto, con independencia de su aportación patrimonial. Esta regla, conocida como «un socio, un voto», es el cuarto principio de la ACI (1995) y está recogida con carácter imperativo en el art. 26.1 de la Ley 27/1999 para las votaciones ordinarias de la Asamblea General.
El Derecho canónico de las asociaciones de fieles aplica el mismo principio de forma natural e incuestionada. El c. 309 reconoce a los miembros el derecho a votar en las reuniones de la asociación conforme a sus estatutos. Ningún precepto canónico —ni en el CIC 1917 ni en el CIC 1983— prevé un voto ponderado en función de la aportación económica del fiel a la asociación. La razón es estructural: en la asociación canónica, como en la cooperativa, lo que otorga la condición de miembro y el consiguiente derecho de voto no es el capital aportado sino la adhesión personal al fin común. El voto del fiel y el voto del socio cooperativo son, en este sentido, expresiones análogas de lo que la teoría cooperativa denomina «soberanía del miembro» (member sovereignty)
Conviene precisar, no obstante, que la legislación cooperativa española admite modulaciones del principio democrático en casos concretos. El art. 26.2 de la Ley 27/1999 permite que los estatutos establezcan el voto plural ponderado para las cooperativas de segundo grado. El art. 26.3 prevé el voto por delegación. Estas modulaciones no contradicen el principio democrático sino que lo adaptan a la complejidad organizativa de ciertas modalidades cooperativas. El Derecho canónico permite igualmente que los estatutos introduzcan matizaciones al principio asambleario básico, siempre dentro del respeto a la estructura democrática fundamental.
9 La regla «un socio, un voto» tiene una historia larga que la doctrina cooperativa conecta usualmente con los Pioneros de Rochdale (1844). Sin embargo, la regla estaba ya consolidada en las asociaciones canónicas medievales, como atestiguan los estatutos de cofradías y hermandades de los siglos xii al xv analizados por Falvey (2006, 89-120) y por Benvenuti (2001, 34-60). La transmisión de esta regla desde las asociaciones canónicas medievales al cooperativismo moderno a través del asociacionismo obrero de inspiración cristiana es una hipótesis que merece investigación histórico-jurídica específica.
4.2. Finalidad común no lucrativa
Tanto las asociaciones canónicas como las cooperativas son instituciones teleológicamente orientadas: existen para cumplir un fin colectivo que precede y determina toda su estructura jurídica. Esta orientación finalista produce, en ambos casos, la exclusión del lucro privado como móvil organizativo dominante. La doctrina jurídica ha elaborado a este respecto una distinción de capital importancia entre lucro objetivo y lucro subjetivo. El lucro objetivo es la capacidad de la organización para generar un resultado económico positivo: ninguna de las dos instituciones excluye esta posibilidad. El lucro subjetivo es la apropiación privada de ese resultado por parte de los miembros a título de retribución del capital: esta es la posibilidad que las dos instituciones excluyen o restringen severamente (García-Gutiérrez Fernández 1988, 67-89; Münkner 1988, 45-65).
La diferencia entre cooperativa y asociación canónica en este punto es de grado, no de naturaleza. La cooperativa admite la distribución de excedentes entre los socios, pero bajo condiciones estrictas: en proporción a la actividad cooperativizada (no al capital aportado) y tras la dotación obligatoria a los fondos irrepartibles (art. 58 Ley 27/1999). Esta distribución no es una retribución del capital invertido sino una devolución al socio de lo que pagó de más por los servicios cooperativos. La asociación canónica, por su parte, no prevé en ningún caso distribución de excedentes entre sus miembros: los recursos se reinvierten íntegramente en el cumplimiento del fin asociativo. En ambos casos, la lógica organizativa es la misma: el fin social precede y condiciona el régimen patrimonial; el capital está al servicio de las personas, no las personas al servicio del capital.
La autonomía estatutaria —la capacidad del grupo de darse a sí mismo su propia norma fundamental— es uno de los rasgos estructurales más profundos de ambas instituciones y, paradójicamente, uno de los menos analizados en perspectiva comparada. En ambos sistemas, los estatutos funcionan como la constitución interna de la organización: son la norma suprema de la vida asociativa, vinculante para todos los miembros y para todos los órganos, modificable únicamente por procedimientos internos cualificados y dentro de los límites del ordenamiento superior.
El c. 304 CIC y el art. 11 de la Ley 27/1999 establecen, respectivamente, el contenido mínimo que los estatutos deben regular obligatoriamente. Fuera de ese contenido mínimo imperativo, ambos instrumentos otorgan plena libertad de configuración. Esta técnica normativa —contenido mínimo obligatorio más libertad dispositiva amplia— expresa una misma filosofía jurídica: el legislador (canónico o civil) fija los elementos imprescindibles para garantizar la seguridad jurídica y la tutela de terceros, pero deja a la autonomía colectiva el diseño de la organización interna. Esta filosofía contrasta llamativamente con el régimen de las sociedades de capital, donde el carácter imperativo de las normas sobre gobierno corporativo, responsabilidad de los administradores y protección de socios minoritarios es mucho más extenso.
Ahora bien, la homología en este punto debe ser matizada. La autonomía organizativa de que gozan las asociaciones de fieles — máxima en las privadas, que se rigen y administran según sus propios estatutos (c. 321)— no es absoluta. Todas las asociaciones, públicas y privadas, están sujetas a la vigilancia de la autoridad eclesiástica competente, a la que corresponde cuidar de que en ellas se conserve la integridad de la fe y de las costumbres, y evitar que se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica (c. 305 §1). Esa intervención se proyecta además, en determinados supuestos, sobre la propia norma estatutaria: los estatutos de las asociaciones públicas y su reforma requieren la aprobación de la autoridad eclesiástica (c. 314); las asociaciones privadas solo son reconocidas en la Iglesia si sus estatutos han sido revisados por la autoridad competente (c. 299 §3), y su acceso a la personalidad jurídica exige la aprobación expresa de aquellos (c. 322 §2). Esta arquitectura de vigilancia y aprobación marca una diferencia relevante respecto del principio civil de autonomía de la voluntad y de la democracia interna que preside el régimen cooperativo, en el que el control administrativo se agota, como regla, en la calificación registral de legalidad y no comporta juicio alguno de oportunidad sobre el contenido de los estatutos. La homología estructural —contenido mínimo obligatorio más libertad de configuración— subsiste, pero opera en el ámbito canónico dentro de un marco de supervisión jerárquica que carece de equivalente en el ordenamiento cooperativo secular. La doctrina canónica más reciente ha descrito ese entramado de instituciones —aprobación de estatutos, visita pastoral, nombramiento de comisarios y límites de la autoorganización interna— como un sistema graduado de presencia episcopal, cuya intensidad aumenta en función de la gravedad de las circunstancias, y ha caracterizado la autonomía asociativa resultante como una autonomía en la comunión: auténtica en su esfera propia, pero ordenada a la misión de la Iglesia particular (Soler del Toro 2026, 216-223). Se trata, en todo caso, de un matiz que no desmiente la tesis aquí defendida, sino que precisa su alcance.
10 La Comisión Europea ha señalado reiteradamente, en el marco de sus trabajos sobre el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (Reglamento CE 1435/2003), que la flexibilidad estatutaria es una de las señas de identidad del modelo cooperativo y uno de los obstáculos que dificultan su armonización legislativa a escala supranacional. El Derecho canónico, que ha gestionado durante siglos la coexistencia de una norma universal (el CIC) con una enorme diversidad de estatutos particulares de asociaciones, ofrece en este punto un modelo de gestión de la pluralidad normativa que podría inspirar soluciones técnicas para el Derecho cooperativo europeo.
4.4. Personalidad jurídica instrumental
En ambos sistemas, la personalidad jurídica es un medio, no un fin en sí mismo. Esta caracterización —que puede sonar a trivialidad— tiene consecuencias jurídicas de primer orden cuando se la contrasta con el modelo de la sociedad de capital. En la sociedad anónima o en la sociedad de responsabilidad limitada, la personalidad jurídica cumple una función primordial de separación patrimonial: los acreedores de la sociedad solo pueden dirigirse contra el patrimonio social, no contra el patrimonio personal de los socios. Esta separación protege al inversor y le permite asumir riesgos que de otro modo no asumiría. La personalidad jurídica en el modelo capitalista es, en este sentido, un escudo patrimonial al servicio del capital.
En la asociación canónica y en la cooperativa, la personalidad jurídica cumple una función diferente. No está diseñada principalmente para separar patrimonios ni para proteger al inversor, sino para conferir al grupo de personas que comparte un fin colectivo la capacidad de actuar jurídicamente como si fuera una sola: contratar, adquirir y transmitir bienes, ser titular de derechos y obligaciones, comparecer en juicio. Esta concepción instrumental de la persona jurídica —que, como se ha señalado, hunde sus raíces en la elaboración canonística medieval— determina toda la arquitectura jurídica del tipo: la persona jurídica existe mientras subsiste el fin; si el fin desaparece o resulta imposible, la persona jurídica debe disolverse y su patrimonio ha de destinarse a fines análogos (cc. 120 y 326 §2 CIC; art. 70 Ley 27/1999).
4.5. Primacía del fin social sobre el capital
Este es el elemento estructural más profundo y el que más claramente define la identidad de ambas instituciones frente a las organizaciones capitalistas. En la sociedad de capital, el capital organiza la empresa: quien aporta capital tiene poder de decisión y tiene derecho al rendimiento en proporción a su aportación. El capital es la categoría central en torno a la cual se articula toda la estructura jurídica. En la cooperativa y en la asociación canónica, la lógica es radicalmente inversa: el capital es un instrumento al servicio de las personas que integran la organización y del fin que esta persigue. No hay titulares del capital en el sentido capitalista: hay socios o fieles que han contribuido a dotar a la organización de los medios necesarios para cumplir su fin, pero cuya aportación no les confiere poder de decisión ni derecho al rendimiento en proporción a ella.
El art. 1.1 de la Ley 27/1999 expresa esta primacía con notable claridad: la cooperativa es «una sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático». La satisfacción de necesidades de las personas precede y condiciona la actividad empresarial. El c. 298 §1 del CIC formula su equivalente canónico: las asociaciones de fieles se constituyen para «promover una vida más perfecta, fomentar el culto público, imbuir de espíritu cristiano la vida social o llevar a cabo otras obras de apostolado, como son las destinadas a la evangelización, el ejercicio de obras de piedad o de caridad, y la animación cristiana del orden temporal». En ambos casos, la organización sirve a las personas; las personas no sirven a la organización.
11 La primacía de la persona sobre el capital en el Derecho cooperativo ha sido objeto de una extensa elaboración doctrinal en el ámbito de la teoría económica de la empresa. Hansmann (1996, 11-35) analiza las ventajas e inconvenientes de la propiedad cooperativa frente a la capitalista desde la perspectiva de los costes de transacción. Ben-Ner (1988, 13-43) estudia las condiciones bajo las cuales las cooperativas son estables como formas organizativas. Ninguno de estos autores conecta su análisis con la tradición canónica, lo que ilustra el desconocimiento mutuo entre ambas tradiciones académicas que este artículo pretende reducir.
5. Perspectiva histórica: mediaciones y continuidades
La homología estructural descrita no es un hallazgo abstracto: tiene raíces históricas concretas que permiten hablar de algo más que de mera convergencia casual. Sin pretender construir una historia completa —que exigiría una investigación de mayor alcance—, pueden identificarse tres vías históricas principales de mediación entre el Derecho canónico de asociaciones y el cooperativismo moderno.
5.1. Cofradías, gremios y hermandades medievales
Las cofradías, los gremios y las hermandades medievales constituyen el eslabón histórico más directo entre el Derecho canónico de las asociaciones y el cooperativismo moderno. Estas formas asociativas —que florecen en Europa occidental entre los siglos xii y xvi— tienen una naturaleza jurídica doble: son simultáneamente entidades canónicas (sujetas a la jurisdicción eclesiástica y dotadas de personalidad jurídica canónica) y entidades con relevancia económica y social (que gestionan recursos, prestan servicios mutuales a sus miembros y participan en la vida económica de las ciudades medievales).
Desde el punto de vista jurídico, las cofradías y hermandades medievales presentaban todos los rasgos que hemos identificado como estructurales en las asociaciones canónicas modernas: gobierno democrático a través de asambleas de cofrades, autonomía estatutaria a través de los capítulos o reglas, personalidad jurídica canónica, finalidad no lucrativa y patrimonio afecto al fin. La historiografía más reciente ha subrayado además su función económica: la cofradía medieval no era solo una asociación piadosa, sino también un instrumento de solidaridad económica entre sus miembros, que se prestaban apoyo mutuo en casos de enfermedad, vejez o muerte (Falvey 2006, 45-120; Benvenuti 2001, 15-80; Black 1989, 1-40).
Los gremios medievales, por su parte, añadían a estas características una dimensión económica más marcada: regulaban el ejercicio de un oficio, establecían condiciones de acceso a la profesión, fijaban precios y controlaban la calidad de los productos. Su organización jurídica —democrática, estatutaria, con personalidad jurídica canónica o cuasi-canónica— ha sido señalada por diversos historiadores del cooperativismo como el antecedente más directo de las cooperativas de productores y de trabajo del siglo xix (Cole 1944, 1-30; Lambert 1959, 12-45). La conexión con el Derecho canónico es aquí inmediata: los gremios medievales se constituían habitualmente bajo la advocación de un santo patrono, solicitaban la aprobación eclesiástica de sus estatutos y en muchos casos gozaban de personalidad jurídica canónica.
12 La cuestión de si los gremios medievales constituyen un antecedente «directo» o solo «analógico» del cooperativismo moderno es debatida en la historiografía. Holyoake (1857) y los primeros historiadores del movimiento cooperativo tendían a ignorar los antecedentes medievales para subrayar la originalidad del movimiento obrero del siglo xix. Cole (1944) y Lambert (1959) ofrecen una perspectiva más matizada. La investigación más reciente (Falvey 2006; Perugini 2019) ha profundizado en las estructuras jurídicas de las cofradías y hermandades medievales, confirmando su extraordinaria sofisticación técnica.
5.2. La codificación canónica de 1917 y el primer Derecho cooperativo español
La coincidencia cronológica entre la codificación del Derecho canónico en el CIC de 1917 y el período de formación del primer Derecho cooperativo español no es en sí misma prueba de influencia, pero sí proporciona el contexto histórico en que se produjo. La Ley de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906, primera norma específicamente cooperativa en España, se dictó cuando el ambiente jurídico e ideológico estaba fuertemente impregnado por las categorías del catolicismo social. El Movimiento Católico-Agrario, que impulsó directamente esta legislación, operaba en el marco doctrinal de la Rerum Novarum y las categorías organizativas que utilizaba —la asociación, los estatutos, el gobierno democrático, la finalidad social— eran categorías directamente tomadas del Derecho canónico de asociaciones.
El CIC de 1917, promulgado el 27 de mayo de ese año y en vigor desde el 19 de mayo de 1918, sistematizó por primera vez con rigor técnico el Derecho de las asociaciones de fieles, distinguiendo entre asociaciones públicas y privadas, regulando sus estatutos, su personalidad jurídica, el régimen de sus miembros y su patrimonio. Esta sistematización se produjo en el mismo período en que el cooperativismo español buscaba su encaje legislativo, culminado con la Ley de Cooperativas de 9 de septiembre de 1931. Los juristas y publicistas que intervinieron en la elaboración de esta primera legislación cooperativa española provenían en una proporción relevante del catolicismo social, y es plausible que las categorías canónicas hubieran informado, directa o indirectamente, su concepción del tipo jurídico cooperativo.
5.3. La Doctrina Social de la Iglesia como puente institucional
La mediación histórica más documentada entre el Derecho canónico y el cooperativismo moderno es la que se produce a través de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). La encíclica Rerum Novarum de León XIII (1891) constituye el punto de partida del magisterio social católico moderno y el documento que más directamente impulsó el cooperativismo de inspiración cristiana en Europa y América Latina. León XIII defiende en ella el derecho de asociación de los trabajadores, el principio de subsidiariedad —según el cual el Estado no debe hacer lo que los particulares pueden hacer por sí mismos— y la primacía de la persona sobre el capital. Estos tres principios son los pilares ideológicos del cooperativismo, y su formulación eclesiástica precede en varios decenios a su articulación jurídica en la legislación cooperativa.
Este impulso inicial recibió su formulación técnica más acabada en Quadragesimo Anno, promulgada por Pío XI en 1931 con ocasión del cuadragésimo aniversario de Rerum Novarum. La encíclica enuncia la versión clásica del principio de subsidiariedad: no es lícito quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar por sí mismas, para atribuirlo a una sociedad mayor y más elevada (QA 79). La consecuencia organizativa de este principio para el cooperativismo es directa: la cooperativa es, precisamente, el cuerpo intermedio que la subsidiariedad protege, una comunidad menor situada entre el individuo y el Estado que satisface necesidades económicas y sociales sin mediación estatal ni subordinación al capital. Junto a la subsidiariedad, el magisterio social articula el principio de solidaridad, que en el plano organizativo se traduce en los mecanismos de mutualidad, intercooperación y patrimonio colectivo irrepartible que caracterizan al tipo cooperativo. Subsidiariedad y solidaridad operan así como los dos ejes axiológicos sobre los que la DSI construyó su defensa de los cuerpos intermedios, y su correspondencia con los principios cooperativos de la ACI —autonomía e independencia, cooperación entre cooperativas, interés por la comunidad— resulta difícilmente atribuible al azar.
Las encíclicas posteriores refuerzan y desarrollan este impulso. Mater et Magistra de Juan XXIII (1961) subraya explícitamente el valor de las cooperativas como forma de empresa que respeta la dignidad del trabajador y conjuga la iniciativa privada con el fin social. Laborem Exercens de Juan Pablo II (1981) articula la distinción entre capital y trabajo en términos que guardan una estrecha relación con la distinción cooperativa entre socio capitalista y socio trabajador: el trabajo precede al capital, porque el capital es producto acumulado del trabajo y no a la inversa.
El caso de Mondragón Corporación Cooperativa —quizás el ejemplo más citado en la doctrina cooperativa internacional— ilustra esta mediación de forma paradigmática. La cooperativa fue impulsada en 1956 por José María Arizmendiarrieta, sacerdote vasco cuya formación teológica y jurídica estaba profundamente arraigada en la DSI y en las categorías del Derecho canónico de asociaciones. Aunque Mondragón ha evolucionado hasta convertirse en un grupo empresarial de escala multinacional que plantea preguntas complejas sobre los límites del modelo cooperativo (Whyte y Whyte 1991; Cheney 1999), su acta fundacional revela inequívocamente la mediación canónica en la configuración del tipo organizativo.
La trayectoria de Arizmendiarrieta ilustra con precisión el modo en que los principios de subsidiariedad y solidaridad se tradujeron en arquitectura organizativa concreta. Llegado a Mondragón en 1941, dedicó quince años a la formación técnica y humana de jóvenes trabajadores en la Escuela Profesional por él fundada antes de que sus discípulos constituyeran, en 1956, la primera cooperativa industrial del grupo. El diseño institucional posterior —soberanía de la asamblea de socios trabajadores, participación económica ligada al trabajo y no al capital, fondos irrepartibles, creación de una entidad de crédito cooperativa (Caja Laboral, 1959) y de un sistema propio de previsión social (Lagun Aro)— constituye una traducción organizativa de aquellos principios: cuerpos intermedios que se dotan a sí mismos de los instrumentos financieros, educativos y asistenciales necesarios para cumplir su fin, sin esperar su provisión por el Estado ni cederla al mercado de capitales. El desarrollo ulterior del Grupo Cooperativo Mondragón —hoy la experiencia cooperativa de mayor dimensión a escala internacional, con presencia industrial, financiera, de distribución y de conocimiento— muestra la fecundidad histórica del modelo, y su matriz institucional permanece reconociblemente deudora de la síntesis entre las categorías canónico-asociativas y el magisterio social que su fundador encarnó.
13 La influencia de Arizmendiarrieta en el movimiento cooperativo vasco y en la reflexión teórico-cooperativa internacional es ampliamente reconocida. Sus escritos y discursos, recogidos en la obra Pensamientos (1999), revelan una concepción de la empresa cooperativa como comunidad de personas que recuerda con claridad la noción canónica de asociación: un grupo de sujetos unidos por un fin común que se dota a sí mismo de los instrumentos jurídicos necesarios para alcanzarlo. La influencia directa de la DSI y, a través de ella, de las categorías canónicas de asociación en su pensamiento es manifiesta.
5.4. El cooperativismo social europeo de inspiración cristiana
La mediación descrita no es un fenómeno exclusivamente español: se reproduce, con variantes nacionales, en las principales tradiciones cooperativas europeas. El caso italiano es particularmente ilustrativo. La llamada cooperazione bianca —el cooperativismo de matriz católica articulado desde finales del siglo xix en torno a las cajas rurales y a las organizaciones del movimiento social católico— constituyó una de las dos grandes ramas del cooperativismo italiano, junto a la de inspiración socialista. De esa tradición procede en buena medida la figura de la cooperativa social, tipificada por la Legge 381/1991, que persigue el interés general de la comunidad en la promoción humana y en la integración social de los ciudadanos mediante la gestión de servicios sociosanitarios y educativos (tipo A) o la inserción laboral de personas desfavorecidas (tipo B). La cooperativa social italiana —que ha servido de modelo a otros ordenamientos y a la reflexión europea sobre la empresa social (Borzaga y Defourny 2001)— lleva al extremo la primacía del fin social sobre el capital: el beneficiario de la actividad ya no es solo el socio, sino la comunidad.
En Francia, la tradición de la économie sociale —conceptualizada en el siglo xix y renovada como economía social y solidaria por la Loi n.º 2014-856, de 31 de julio de 2014— integra a cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones bajo principios comunes: finalidad distinta del mero reparto de beneficios, gobernanza democrática y lucratividad limitada. Aunque la genealogía francesa es plural, la contribución del catolicismo social fue notable: las asociaciones obreras de producción impulsadas por Philippe Buchez en los años treinta del siglo xix —antecedente reconocido de las actuales sociedades cooperativas de producción— nacieron de un pensamiento explícitamente cristiano-social, y la reflexión del catolicismo social francés sobre los cuerpos intermedios alimentó la propia categoría de economía social.
Estas experiencias confirman, a escala europea, la tesis defendida en este trabajo: allí donde el cooperativismo ha desarrollado sus formas más orientadas al interés general —la cooperativa social italiana, la economía social y solidaria francesa—, la mediación del pensamiento social cristiano y, a través de él, de las categorías asociativas de matriz canónica resulta históricamente identificable. No se pretende con ello convertir el presente estudio en un análisis de Derecho comparado europeo, sino constatar que la homología estructural aquí descrita no es una singularidad española, sino un rasgo común de la tradición cooperativa continental.
6. Valoración crítica y conclusiones
El análisis realizado permite formular con precisión tanto las aportaciones del Derecho canónico al Derecho cooperativo como los límites que constriñen la comparación. Una valoración equilibrada exige tratar ambas con igual seriedad.
En cuanto a las aportaciones, caben destacar al menos cuatro de relevancia práctica. Primera: la elaborada dogmática canónica del régimen estatutario, que ofrece modelos técnicos para reforzar la autonomía normativa interna de las cooperativas y para articular la relación entre estatutos, reglamentos y directrices orgánicas. La experiencia acumulada por el Derecho canónico en la gestión de organizaciones con autonomía estatutaria en un marco normativo superior es directamente aprovechable para la reforma de la legislación cooperativa.
Segunda: la distinción pública/privada como criterio de configuración del control externo. La legislación cooperativa española vigente establece un régimen de supervisión administrativa relativamente uniforme que no distingue suficientemente entre cooperativas de base social amplia y cooperativas de carácter instrumental promovidas por entidades públicas. La distinción canónica entre asociaciones públicas y privadas —con sus diferentes regímenes de control— podría inspirar una modulación del régimen de supervisión cooperativa más adaptada a la diversidad real del sector.
Tercera: el tratamiento canónico de la separación y exclusión de miembros, que en algunos aspectos —singularmente en la exigencia de procedimiento estatutario específico y en la prohibición de remoción arbitraria del c. 308— es más garantista que el previsto en la legislación cooperativa española vigente para la expulsión del socio (art. 18 Ley 27/1999). La ratio canónica —que la pertenencia al grupo es un derecho subjetivo que no puede suprimirse arbitrariamente— es directamente exportable al Derecho cooperativo.
Cuarta: la gestión canónica del patrimonio afecto al fin ofrece un modelo técnico depurado para reforzar la irrepartibilidad de los fondos cooperativos. El debate sobre la distribución del Fondo de Reserva Obligatorio en casos de transformación o disolución de cooperativas, que la legislación española regula de forma no siempre coherente, podría beneficiarse de la experiencia canónica en la gestión de patrimonios con afectación finalista.
Los límites son igualmente reales e imponen cautela metodológica. El primero y más importante es la diferencia de naturaleza entre los dos ordenamientos. El Derecho canónico opera en un sistema jurídico de base confesional y comunidad voluntaria de fe, donde la autoridad normativa última es de naturaleza espiritual y trascendente. El Derecho cooperativo opera en el marco de ordenamientos estatales laicos sometidos al principio de legalidad y al control jurisdiccional ordinario. Esta diferencia de naturaleza limita la posibilidad de trasplantes normativos directos.
El segundo límite es la diferencia de finalidad. Las asociaciones canónicas persiguen fines religiosos, espirituales y de apostolado. Las cooperativas persiguen fines económicos y sociales. Esta diferencia no impide la comparación estructural —que es el objeto del presente trabajo—, pero sí obliga a extremar la cautela cuando se pretenden extraer consecuencias prácticas concretas.
El tercer límite es el control jerárquico eclesiástico, que no tiene equivalente legítimo en el Derecho cooperativo de un Estado constitucional. La sujeción de las asociaciones públicas a la autoridad eclesiástica y el derecho de vigilancia de la autoridad sobre las asociaciones privadas (c. 305) son rasgos propios de un ordenamiento confesional que no pueden trasladarse al ámbito secular sin transformar radicalmente su sentido.
14 La distinción entre comparación estructural y trasplante normativo es aquí decisiva. La comparación estructura identifica funciones equivalentes; el trasplante normativo implica adoptar una solución técnica concreta de un ordenamiento en otro. Watson (1974) acuñó el concepto de «legal transplant» para designar el movimiento de normas de un sistema a otro, señalando que es el mecanismo más frecuente de desarrollo del Derecho. El presente trabajo defiende la utilidad de la comparación estructural entre Derecho canónico y Derecho cooperativo, pero se detiene ante la propuesta de trasplantes concretos, que requerirían un análisis de compatibilidad específico.
Sobre la base de las aportaciones y de los límites expuestos, pueden formularse cuatro conclusiones de carácter sistemático, cuya solidez descansa en la argumentación desarrollada a lo largo del trabajo.
Primera: las asociaciones públicas y privadas de fieles del CIC 1983 constituyen un tipo jurídico maduro que presenta, en los cinco elementos estructurales analizados —participación democrática, finalidad común no lucrativa, autonomía estatutaria, personalidad jurídica instrumental y primacía del fin social sobre el capital—, una homología estructural sistemática con las cooperativas contemporáneas. Esta homología es el resultado de siglos de elaboración técnica de un modelo de organización colectiva sin ánimo de lucro, y no puede atribuirse a la casualidad.
Segunda: la genealogía jurídica del cooperativismo moderno es más profunda de lo que habitualmente reconoce la doctrina. Las cofradías y hermandades medievales, organizadas con arreglo al Derecho canónico de asociaciones, representan el antecedente histórico más directo de las estructuras jurídicas cooperativas. La Doctrina Social de la Iglesia, a partir de Rerum Novarum (1891), constituyó el puente doctrinal que conectó la tradición canónica con el cooperativismo obrero y agrario de los siglos xix y xx. Ignorar esta genealogía empobrece la comprensión del tipo jurídico cooperativo.
Tercera: el Derecho canónico, lejos de ser una reliquia histórica en este ámbito, ofrece una dogmática asociativa elaborada que puede enriquecer la doctrina y la práctica del Derecho cooperativo en cuatro ámbitos concretos: el régimen estatutario y su relación con las normas de segundo rango; la distinción entre modalidades de supervisión pública y privada; las garantías frente a la expulsión arbitraria de socios; y la gestión de patrimonios con afectación finalista.
Cuarta: el diálogo entre Derecho canónico y Derecho cooperativo constituye un campo de investigación jurídica escasamente explorado pero de notable fertilidad científica. La doctrina cooperativa ha ignorado sistemáticamente los antecedentes y las aportaciones canónicas. La doctrina canonística no suele dialogar con el Derecho cooperativo. El presente artículo aspira a reducir esta distancia y a demostrar que la teoría general del Derecho de organizaciones —que es, en última instancia, la que subyace tanto al Derecho canónico de asociaciones como al Derecho cooperativo— se enriquece cuando se atreve a superar los compartimentos estancos de la especialización académica.
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Notas
[1] Email: nsolerdeltoro@gmail.com.
Derechos de autores/as y Acceso abierto
Se recomienda a las personas autoras que lean atentamente sus derechos. Creemos que este enfoque garantiza un acuerdo justo para ambas partes. Estas instrucciones se leen conjuntamente con el Código Ético y las Directrices para autores/as de la revista «Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo (BAIDC)».
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1. Autoría
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Los/las autores/as garantizan que su trabajo es original; que no ha sido publicado en cualquier forma anteriormente; que no se está preparando su publicación en otra parte; que su envío y publicación no violan el Código Ético de DEC, ni los códigos de conducta, leyes o derechos de cualquier tercero.
2. Derechos de autores/as y explotación
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