Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo
International Association of Cooperative Law Journal
ISSN: 1134-993X
ISSN-e: 2386-4893
DOI: https://doi.org/10.18543/baidc
No. 69 (2026)
Artículos
Digitalización y cooperativas: una forma de innovación[1]
(Digitalization and cooperatives. A form of innovation)
María del Pilar Galeote Múñoz[2]
IE Law School / IE University (España)
doi: https://doi.org/10.18543/baidc.3522
Recibido: 07.05.2026
Aceptado: 31.07.2026
Fecha de publicación en línea: noviembre de 2026
Sumario: I. Impacto de la digitalización en la gobernanza y la sostenibilidad de las cooperativas. II. Digitalización, sociedades de capital y cooperativas. 1. Introducción. 2. Digitalización existente en cooperativas: regulación nacional y autonómica. 3. Digitalización existente en cooperativas: regulación autonómica. III. Medidas a implementar en materia de digitalización de cooperativas. 1. Análisis general. 2. El futuro de la digitalización en la Asamblea General. 3. El futuro de la digitalización en el Consejo Rector. 4. El futuro de la digitalización en la Intervención. IV. Las cooperativas en una economía digital y sostenible. V. Instrumentos clave para conseguir la cooperación. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.
Summary: I. Impact of digitalization on the governance and sustainability of cooperatives. II. Digitalization, capital companies, and cooperatives. 1. Introduction. 2. Existing digitization in cooperatives: national and regional regulations. 3. Existing digitization in cooperatives: regional regulations. III. Measures to be implemented in the field of digitalization of cooperatives. 1. General analysis. 2. The future of digitization in the general meeting. 3. The future of digitization in the governing council. 4. The future of digitization in intervention. IV. Cooperatives in a digital and sustainable economy. V. Key instruments for achieving cooperation. VI. Conclusions. VII. Bibliography.
Resumen:
Pretendemos con este estudio realizar un análisis de las medidas eficaces para alcanzar la verdadera digitalización en materia de cooperativas. Se trata no de conseguir la digitalización por la digitalización y sí de alcanzarla como vía para fortalecer la sostenibilidad en las mismas. Tratamos de mejorar la gobernanza de las cooperativas identificando medidas que introducen la digitalización e inteligencia artificial en la Asamblea General, el Consejo Rector, la Intervención y, en definitiva, en los procesos de toma de decisiones más importantes en las mismas. Finalmente, consideramos que el fomento de la cooperación puede ayudar para conseguir los dos objetivos pretendidos: digitalización y sostenibilidad. Digitalización, sostenibilidad y cooperación es hablar de innovación en el ámbito de las cooperativas.
Palabras clave:
Cooperativas; Digitalización; Sostenibilidad; Cooperación; Innovación.
Abstract:
The aim of this study is to analize effective measures to achieve digitalization in cooperatives. It is not a question of digitalization for digitalization’s sake, but rather of achieving it as a means of strengthening sustainability in cooperatives. We seek to boost the governance of cooperatives by identifying measures that introduce digitalization and artificial intelligence into the general meeting, the governing council, the intervention, and, ultimately, the most important decision-making processes within them. Finally, we believe that promoting cooperation can help achieve the two intended goals: digitalization and sustainability. Digitalization, sustainability, and cooperation are synonymous with innovation in the cooperative sector.
Keywords:
Cooperatives; Digitalization; Sustainability; Cooperation; Innovation.
I. Impacto de la digitalización en la gobernanza y la sostenibilidad de las cooperativas
No cabe duda que la idea de implementar medidas en materia de digitalización para las cooperativas es un salto cualitativo que tiene un impacto claro en la sostenibilidad[3]. Esta idea es la que debe quedar clara al inicio de este trabajo: no proponemos la digitalización en sí misma sin más, si no que proponemos la digitalización de aquellas actividades o procedimientos de una sociedad cooperativa que pueden salir beneficiadas de su utilización. No se trata de introducir tecnología por introducir y sí introducir aquella necesaria y que genera valor.
Además, la idea anterior entronca con otra fundamental que a veces se olvida: la idea de sostenibilidad debe regir cualquier estrategia de digitalización de una empresa en cuanto a que la digitalización pretendida debe causar efectos positivos en el medioambiente, la gobernanza y el aspecto social.
Todo lo anterior implica el análisis del impacto de la digitalización en la gobernanza y la sostenibilidad de las cooperativas, por lo que consideramos que es necesario realizarlo en la Asamblea General, el Consejo Rector, la Intervención y los procesos de toma de decisiones asistidos por inteligencia artificial, entre otros.
Por otra parte, no podemos olvidar que las cooperativas se ven afectadas por toda la normativa en materia de sostenibilidad, como son: la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifican la Directiva (UE) 2019/1937 y el Reglamento (UE) 2023/2859, (CSDDD) y la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD)[4]. Normativa que hay que estudiar con cuidado y que puede afectar a las grandes cooperativas, pero que es importante que todas las tengan en cuenta.
La Directiva sobre diligencia debida amplía el concepto de diligencia debida, de la gobernanza y no solo se refiere ya al impacto medioambiental y, la Directiva CSRD, que trata fundamentalmente de la obligación de presentar determinada información sobre sostenibilidad de las empresas, puede incluir a las cooperativas.
Por último, este trabajo recoge las novedades introducidas por la Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social, en todo lo que afecta a las cooperativas en materia de derechos digitales o telemáticos y que supone una modificación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
Por todo lo anterior es por lo que merece la pena detenernos en una reflexión profunda de este tema aplicado a las cooperativas. No podemos desconocer que digitalización, gobernanza y sostenibilidad hablan siempre de una misma realidad que es la innovación, como también quedará reflejado en este trabajo.
II. Digitalización en sociedades de capital y cooperativas
Sin duda alguna, el fenómeno de la digitalización ha venido a ocasionar enormes novedades en materia de sociedades de capital[5]. Si bien era un fenómeno que se venía produciendo desde principios de este siglo xxi, es con la pandemia del covid-19 cuando se acelera todo este proceso; la presencialidad se trataba de evitar lo máximo posible por lo que la digitalización de procesos dio lugar a una verdadera transformación digital de la empresa y, por tanto, de las sociedades de capital.
Además, la salida de la pandemia coincidió con el auge en la introducción de la inteligencia artificial en las sociedades, lo que hace que la digitalización no implique ya solo el paso de lo analógico a lo digital si no también la introducción de nuevos modelos de lenguaje, de la inteligencia artificial. Así llegamos hasta este momento, donde nos encontramos con una verdadera revolución en la empresa en cuanto a la forma de hacer las cosas, pero que va más allá en cuanto a que afecta también a su propia estructura, su propio funcionamiento, la toma de decisiones internas en la misma.
En materia de sociedades de capital, si bien podríamos exponer varios ejemplos de digitalización e introducción de inteligencia artificial[6], creemos como más importantes: la posibilidad de constitución telemática actual de la sociedad limitada; la posibilidad de digitalización en sede de junta general junto a su toma de decisiones; la posibilidad de digitalización en el órgano de administración y su correspondiente toma de decisiones en él[7]. Si hablamos de todo esto es porque la regulación ha ido recogiendo estos aspectos que se le permiten a los socios, previa inclusión, en determinadas ocasiones, de determinadas previsiones estatutarias.
No escondemos que en otras ocasiones no es así, en el sentido de que es la propia sociedad la que, en determinados aspectos, adopta una mayor digitalización o no en sus procesos. Como vemos, es la propia normativa, la Ley de Sociedades de Capital en nuestro país, la que ha recogido el estado de la ciencia del momento y ha ido admitiendo estas posibilidades que veremos.
Si es así en materia de sociedades de capital, ¿qué es lo que está ocurriendo en relación con las sociedades cooperativas? Éste es el objeto de nuestro estudio, pero no desde un punto de vista de lo que está o no en la Ley y sí de lo que sería deseable, dado el estado de la materia.
Para situarnos en materia de cooperativas hemos de partir de su regulación: la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, tras la modificación introducida por la Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social, así como de toda la normativa autonómica relativa a las cooperativas y que es una singularidad de esta figura. Esta es una de las mayores complejidades que nos encontramos en esta materia puesto que, dependiendo de la Comunidad Autónoma, tendremos una regulación u otra. No podemos olvidar que las cooperativas que tienen su actividad cooperativizada en una sola Comunidad Autónoma, o en varias pero en una de ellas ejercen su actividad principal, se regirán por la ley autonómica respectiva.
Sin ser la cooperativa una sociedad de capital regulada, pero sí una sociedad con su regulación específica, en este trabajo nos planteamos hacer una comparativa entre el grado de digitalización de las sociedades de capital y las cooperativas que, siendo figuras societarias, distan mucho de aquellas.
Algo tienen en común ambas figuras y es el hecho de que la pandemia del COVID-19 supuso para ellas un punto de inflexión en cuanto a su digitalización se refiere. En este sentido, se estableció, en el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones el Consejo Rector de las sociedades cooperativas pudieran hacerse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. Igualmente ocurrió respecto a las asambleas de socios que podrían celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que los asistentes con derecho a ello o sus representados tuvieran los medios adecuados, se reconozca su identidad y así lo exprese el acta[8].
Si bien a partir de ese momento la digitalización ha sido un fenómeno imparable para las sociedades de capital en cuanto a su regulación, no ha sido el caso de las sociedades cooperativas en las que poco o nada, ha aparecido en su regulación nacional (algo más tras la Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social) y sí escasamente en la regulación autonómica. Dentro de la regulación autonómica nos vamos a referir en este trabajo a las leyes autonómicas que amparan mayor número de cooperativas.
2. Digitalización existente en cooperativas: regulación nacional y autonómica
Estudiamos el fenómeno de la digitalización en sede de constitución de las sociedades de capital y las cooperativas. Sin duda alguna, es la Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades la que introduce los principios a transponer en los países miembros y, por tanto, en España[9].
Esta regulación europea fue introducida en España con la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de directivas de la unión europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales y por la que se modifica la ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. Con esta ley se introducen en la Ley de sociedades de capital, entre otros, el artículo 22 bis y un nuevo capítulo III bis. Finalmente, lo que iba a ser una verdadera digitalización del derecho de sociedades quedó en la posibilidad de que las sociedades de responsabilidad limitada pudieran ser constituidas en línea siempre que lo aportado fuera dinerario. Igualmente, se permite que se realicen en línea otras operaciones inscribibles, posibilidad más teórica que real.[10]
Pasando ya al ámbito de las cooperativas, observamos que la Ley 27/1999, de 16 de julio en su artículo 7 establece que las sociedades cooperativas se constituyen mediante escritura pública que deberá inscribirse en el Registro de Sociedades Cooperativas. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que la aplicación de la ley estatal de cooperativas solo será si la cooperativa realiza su ámbito de actuación en más de una comunidad autónoma, salvo que en una de ellas tengan su actividad principal, o bien que la actividad cooperativizada la realicen en las ciudades de Ceuta y Melilla. Por tanto, en función de lo anterior, las cooperativas estarán inscritas en el registro estatal o bien en el autonómico.
Es con la última reforma llevada a cabo por la Ley 1/2026, cuando en el nuevo artículo 3, aparece la posibilidad de que las cooperativas puedan tener web corporativa como portal que permitirá el acceso a las personas socias a la información y a la sede electrónica de la sociedad, todo ello siempre que esté previsto en sus estatutos. Además, la ley 1/2026 introduce un nuevo artículo 3 bis en el que se establece que la página web corporativa será obligatoria para las cooperativas de más de quinientas personas socias. Además, se establece que la creación o supresión de la página web corporativa deberá aprobarse en la Asamblea General debiendo constar lo anterior en el orden del día de la misma. Igualmente, la página web y cualquiera de sus modificaciones deberá estar inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas. Corresponde al órgano de administración la prueba de la inserción de contenidos y documentos en la web, la fecha en que se hizo y el periodo en el que se mantuvo la publicación.
Igualmente, la Ley 1/2026, introduce un nuevo artículo 3 ter en la Ley 27/1999 sobre comunicaciones electrónicas con las personas socias y la participación telemática de las mismas. Para ello es necesario que la persona socia acepte así las comunicaciones y esté previsto en estatutos.
Igualmente, es en el Real Decreto 44/2015, de 2 de febrero, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de sociedades cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada mediante el sistema de tramitación telemática, donde ya se vislumbraba un intento de digitalización de las sociedades cooperativas, si bien pronto se descubre que el avance es menor puesto que solo se aplica a las cooperativas de trabajo asociado ya que quedan excluidos los sectores inmobiliario, financiero y de seguros[11].
Como establece el propio Real Decreto 44/2015, se permite que las cooperativas, sociedades civiles, sociedades limitadas laborales y comunidades de bienes utilicen el procedimiento electrónico del sistema CIRCE para llevar a cabo los trámites de creación de su empresa mediante la utilización del DUE. Algo establecido ya para la sociedad limitada, que introduce una cierta digitalización también para cooperativas pero no todas: solo las de trabajo asociado. Vemos que se han dado pasos pero que no es lo mismo el estado de desarrollo de la digitalización en las sociedades de capital y en las sociedades cooperativas[12].
3. Digitalización existente en cooperativas: regulación autonómica
No obstante, para cooperativas de segundo grado, la normativa autonómica sí que ha dado algún paso más[13] desde hace tiempo, no olvidemos que la modificación de la ley estatal es de Abril 2026. Vamos a destacar algunos de los aspectos de digitalización que podemos encontrar en algunas normas autonómicas.
Es el caso de la Ley vasca 11/2019 que, en su artículo 16.3 establece que el Registro de Cooperativas de Euskadi promoverá, en su relación con ciudadanos y ciudadanas, así como con las entidades interesadas en acceder al mismo, la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos especialmente en lo relativo a la inscripción y depósito de los actos que deban registrarse así como la resolución de consultas y expedición de certificados.
En relación a lo anterior, tenemos que señalar lo establecido en la Disposición final cuarta de la Ley 11/2019; así, se señala que en «el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno Vasco aprobará un nuevo reglamento del registro de sociedades cooperativas que prevea, expresamente, y regule la tramitación electrónica de expedientes registrales y simplifique la operatoria registral, salvaguardando la necesaria seguridad jurídica, a efectos de facilitar las relaciones con los interesados e interesadas, especialmente la inscripción y depósito de los actos sujetos al mismo, así como la resolución de consultas y la publicidad formal». Es el Decreto 84/2023, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi.
En relación a Andalucía, la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, establece en su artículo 118.3 que el registro actúe de forma telemática. Además, los estatutos sociales podrán prever la utilización de cualquier medio telemático siempre que se observen los protocolos necesarios establecidos al efecto para garantizar que los socios tengan conocimiento de la convocatoria. Igualmente, si los estatutos los prevén, las asambleas generales podrán celebrarse por medios telemáticos; así mismo, la convocatoria y las sesiones del Consejo Rector podrán realizarse por estos medios digitales previa previsión en los estatutos sociales. Igualmente, en materia de disolución, el artículo 79.2 de la Ley 14/2011 establece que se utilice la sede electrónica de la consejería competente a efectos de otorgar publicidad al acuerdo de disolución o a la resolución judicial que la declare.
Respecto a Cataluña, la Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas, se permite que las sociedades cooperativas puedan tener un sitio web corporativo (artículo 18.m de la Ley 12/2015) a través del cual se pueda convocar la Asamblea General y poner a disposición de los socios la documentación respectiva en relación a determinadas operaciones societarias como son las fusiones y las transformaciones. Se permite también la celebración de las reuniones de los órganos sociales por medios telemáticos, así como su convocatoria por medio del sitio web referido anteriormente. Se impulsa también el acceso electrónico al Registro de Cooperativas.
En relación a Valencia, el Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, el artículo 25.2 Decreto Legislativo 2/2015 establece que las comunicaciones entre cooperativa y socios podrán realizarse por medios electrónicos siempre que el socio o socia lo hubiera aceptado de forma voluntaria y expresa. Además, se podrá establecer en la web de la cooperativa (artículo 6 Decreto Legislativo 2/2015) un mecanismo que garantice la fecha de la recepción así como el contenido de los mensajes intercambiados. Igualmente, se permite que los estatutos prevean como única forma de publicación de la convocatoria de la asamblea (artículo 34 del Decreto Legislativo 2/2015).
En cuanto a la Comunidad Autónoma de Madrid, la Ley 2/2023, de 24 de febrero, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, ya en su preámbulo establece que los libros de las cooperativas, una vez cumplimentados, se presenten en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid para ser diligenciados telemáticamente. En el artículo 22.e se establece como uno de los derechos del socio el que, por ejemplo, se pueda recibir copia del acta de la asamblea que se haya celebrado de manera telemática. El artículo 31.1 que señala que los socios podrán asistir a la Asamblea por medio de videoconferencia siempre que el secretario reconozca su identidad de manera fehaciente y así lo exprese en el acta. También se permite que el socio ejerza su derecho de voto por medios telemáticos (artículo 33.5). Además, el artículo 34.1 refuerza lo anterior al establecer que el acta recogerá, en su caso, aquellos supuestos en los que se haya asistido y votado por medios telemáticos.
En relación a la Comunidad de Aragón, el Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón, en su artículo 30 establece que la convocatoria de las Asambleas generales podrá hacerse por medios telemáticos o electrónicos si así estuviera contemplado en los estatutos de la cooperativa. En Aragón, también hay que tener en consideración el Decreto 208/2019, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón, establece en su Disposición Adicional Primera, 1 y 2, todo lo relativo a la posibilidad de presentación telemática; así se podrán presentar solicitudes en materia de cooperativas en el marco de los servicios de administración electrónica del gobierno de Aragón, siempre que se disponga del correspondiente certificado electrónico o del sistema de firma electrónica.
Finalmente, analizamos Canarias, la Ley 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades cooperativas de Canarias, en su artículo 16.4 se establece que el Registro de Sociedades Cooperativas de Canarias debe disponer de los medios o dispositivos necesarios para la realización de las actividades registrales a través de medios telemáticos. Además, resultan muy interesantes los artículos 5, 6 a 7 de la referida Ley, en cuanto a la posibilidad de creación de una web corporativa, con los requisitos establecidos en la misma; la publicación de la información a través de la web corporativa y el protocolo de seguridad que debe acompañarlo y, finalmente, la posibilidad de que las comunicaciones entre los socios y la cooperativa sean realizadas por medios electrónicos siempre que esté previsto en los estatutos sociales y el socio haya aceptado las comunicaciones por estos medios electrónicos. Para ello, debe existir un dispositivo de contacto con la sociedad que permita acreditar de forma fehaciente la fecha de recepción y el contenido de los mensajes electrónicos intercambiados entre los socios y la sociedad, dejando a salvo siempre y respetando las leyes en materia de protección de datos de carácter personal. Por supuesto, cabe la posibilidad de asistencia y voto de manera telemática a las reuniones de los órganos sociales.
III. Medidas a implementar en materia de digitalización de cooperativas
Visto y analizado todo lo anterior, pasamos a diseñar los pasos por los que debería dirigirse la digitalización en el ámbito de las cooperativas, tomando como modelo la situación actual de la digitalización en el ámbito de las sociedades de capital y los pasos dados por las modificaciones introducidas por la Ley 1/2026.
Independientemente de que puedan ser otras las cuestiones o tareas que permitan ser digitalizadas, creemos que el enfoque pasa por abordar la toma de decisiones en los órganos principales de decisión de una cooperativa que son: la Asamblea General, el Consejo Rector y la Intervención, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. Finalmente, llamaremos la atención sobre la posibilidad de incluir la digitalización en la manera de resolver los conflictos del día a día de la sociedad cooperativa.
2. El futuro de la digitalización en la Asamblea General
En cuanto a la Asamblea General, comprobamos que no se parte de cero puesto que un mínimo en la normativa nacional y algo más de desarrollo en la normativa autonómica hemos encontrado. En este sentido, como se pone de manifiesto más arriba, no encontramos, hasta la Ley 1/2026, de 8 de abril, ningún rasgo de digitalización en materia de Asamblea General en la Ley 27/1999, si bien sí en el Real Decreto 44/2015, de 2 de febrero, en relación con el DUE para la puesta en marcha de sociedades cooperativas, entre otras (aún cuando solo resulta aplicable a las cooperativas de trabajo asociado).
Tras la ley 1/2026, el artículo 24 de la ley 27/1999 en materia de forma y convocatoria de la Asamblea General, permite que ésta sea convocada por medio de correo electrónico o bien mediante anuncio publicado en la página web corporativa, si lo han establecido los estatutos y garantizando siempre la recepción por todos los socios. Además se añade un nuevo artículo 24 bis, en relación al lugar de celebración de la Asamblea General, donde se admite la realizada presencialmente, así como la realizada íntegramente o parcialmente de forma telemática siempre que, en el caso de híbrida o exclusivamente telemática, siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes las representen tengan los medios para poder conectarse y se garantice su identidad.
Igualmente, el nuevo artículo 25, permite las votaciones telemáticas, que así hayan sido previstas en estatutos así como reconoce a las personas socias y legitimadas a estar en la Asamblea General a que participen telemáticamente siempre que se garanticen una serie de extremos de identidad, legitimación, seguridad y contenido de las comunicaciones, la transmisión en tiempo real con imagen y sonido de la Asamblea, el mecanismo del voto, la identidad de la persona emisora, y, en su caso, la confidencialidad del voto
En cuanto a la presencia de la digitalización en el ámbito de la normativa autonómica, en concreto con relación a la Asamblea General, destacamos que, en la gran mayoría, se permite que, si los estatutos lo prevén, las asambleas generales puedan celebrarse por medios telemáticos; lo que incluye, en muchas de ellas, que la convocatoria pueda realizarse de manera telemática, la asistencia del socio, el desarrollo de la sesión, la deliberación etc. Todo esto más o menos especificado y concretado pero, de lo que no queda ninguna duda, es de que el desarrollo normativo es escaso, lo que da lugar a una serie de lagunas que hace que la seguridad jurídica en esta materia se vea resentida.
Para evitar lo anterior y en aras a conseguir una digitalización cada vez mayor en sede de la Asamblea General de las cooperativas, creemos que el enfoque debe ser desde la toma de decisiones que se ejerce en este órgano soberano. En primer lugar, creemos que la regulación debe pasar por especificar más la diferencia entre la posibilidad de conexión digital a las asambleas generales a la posibilidad de que se puedan convocar asambleas exclusivamente telemáticas.
Sin duda alguna, el gran salto en materia de digitalización y sociedades se produce con la pandemia del COVID-19; era la imposibilidad de reuniones físicas la que impuso que estas reuniones de juntas generales y asambleas de todo tipo se produjeran por medios telemáticos. Poco a poco, la realidad se ha ido imponiendo, las ventajas de la no presencialidad obligatoria han quedado patentes si bien desventajas, como veremos, tienen también.
Debemos partir de la redacción ya dada al artículo 25 de la Ley de Cooperativas dada por el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, que añadió un nuevo apartado 4 y que hoy la Ley 1/2026 lo ha convertido en el 5 que establece que «5.— Será posible la participación telemática de las personas socias y demás legitimadas en las reuniones de las Asambleas Generales, por medios digitales, siempre que se garanticen los siguientes extremos: a) La identidad y legitimación de las personas socias, sus representantes y demás personas asistentes a la reunión. b) La seguridad y el contenido de las comunicaciones. c) La transmisión en tiempo real de la Asamblea General, con comunicación bidireccional de imagen y sonido para que todas las personas socias puedan participar en la deliberación y en la toma de acuerdos, para lo cual la cooperativa deberá implementar las medidas necesarias para asegurar su efectividad. d) El mecanismo de ejercicio del voto, la identidad de la persona emisora, y, en su caso, la confidencialidad del voto. El anuncio de convocatoria informará de los trámites y procedimientos que habrán de seguirse para el registro y formación de la lista de personas asistentes, para el ejercicio de sus derechos y para el adecuado reflejo en el acta del desarrollo de la reunión. En el acta, el secretario deberá reflejar la acreditación de la identidad de todos los asistentes.»
Sin duda alguna, esta nueva redacción del artículo 25 de Ley de Cooperativas es clave para que podamos entender lo que expondremos a continuación y para que podamos apoyar por dónde creemos que debería tenderse en la futura regulación.
Analizamos la posibilidad de que la toma de decisiones en sede de la Asamblea General sea realizada de forma híbrida o bien que se permita que la Asamblea General sea exclusivamente telemática[14], lo que hace referencia a que solo se permita la presencialidad digital y no física. Para poder analizarlo tomamos como base los artículos 182 y 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital, en comparación con lo reflejado en los artículos 24, 24 bis y apartado 5 del artículo 25 de la Ley de Cooperativas. Así, apoyándonos en la regulación existente en relación con las sociedades de capital, podemos distinguir entre asambleas generales híbridas y asambleas generales exclusivamente telemáticas.
Respecto a la Asamblea General híbrida, que es a la que se refiere la mayoría de la normativa autonómica, por seguridad, aplaudimos el que se exija que debe recogerse esta posibilidad en estatutos. Es más, el origen de la decisión de si la asamblea puede ser híbrida o exclusivamente telemática es diferente; en la híbrida es el socio el que puede decidir, en la exclusivamente telemática, debería ser el Consejo Rector el que decide en cada momento si la asamblea es exclusivamente telemática, si bien siempre previa previsión estatutaria al respecto.
Convocada la asamblea, es aconsejable que se exija que los sujetos que vayan a intervenir de manera telemática se puedan identificar por estos medios telemáticos; yendo más allá podemos plantearnos qué medios serían los adecuados. Creemos que es el estado de la técnica el que debe marcar en cada momento el abanico de medios que aseguran la identificación de los asistentes. Así las técnicas de reconocimiento facial[15], parece que pueden alterarse muy difícilmente por lo que deberían admitirse además de por su practicidad. Si bien el coste puede suponer una desventaja, además de los temas de privacidad y protección de datos, para determinadas cooperativas, parece que la instalación de un software sencillo en los ordenadores de los socios haría posible la identificación y la entrada en la reunión virtual. No obstante, pensemos en los softwares que hoy día utilizamos en móviles, tabletas y ordenadores para estos fines.
También, en este sentido, podemos pensar en la posibilidad de que los socios actúen por medio de firma digital, tan extendida hoy en día, DNI electrónico o algún sistema de doble autenticación como los que ya utilizamos en los comercios, bancos y otros establecimientos[16]. Puede haber otros sistemas como reconocimientos de voz, de huellas digitales, etc pero, llegamos, no obstante, a lo que creemos que puede ser el mejor sistema de identificación de los socios como es la utilización de tecnología de bloques o blockchain, permitiendo incluso el ejercicio del derecho de voto por medio de esta tecnología que, como sabemos, deja rastro inmutable e inmodificable de lo ocurrido lo que supone grandes ventajas en nuestro estudio.
Identificado el socio, éste puede ejercer ya el derecho de asistencia a la junta telemática, que, si es íntegramente telemática, puede plantear serios problemas en relación con la brecha digital y que no debemos desconocer. Asumir que cualquier socio va a poder conectarse por medios telemáticos, se va a lograr identificar y, lo más importante, va a poder atender y ejercitar sus derechos de información, pregunta etc., es asumir demasiado. En este sentido, destacamos positivamente que, tras la Ley 1/2026, la Ley 27/1999 de Cooperativas incluya un nuevo artículo 24 bis en el que se establezca que para ser válida la celebración de la Asamblea General por medios telemáticos, tanto híbrida como exclusivamente telemática, será necesario que las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes las representen dispongan de los medios necesarios para ello, entre otros requisitos.
Además, no podemos olvidar que puede haber socios que no saben manejar estos medios o que, simplemente, quieran acudir físicamente; éste es uno de los grandes problemas que se plantea igualmente en las sociedades de capital, cuando tratamos el tema de las juntas exclusivamente telemáticas; aparece la brecha digital que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el tipo de socios que existen y que no solo se salva por disponer o no de medios para ello. Suponer que cualquier socio va a poder conectarse porque dispone de los medios adecuados y más aún que los sepa manejar, es suponer demasiado. Somos partidarios de recomendar en cooperativas las juntas híbridas en todo caso, o bien las exclusivamente telemáticas pero dando la posibilidad al socio que no disponga de los medios, no sepa manejarlos, el que pueda acudir a determinada sede donde alguien le asistirá con medios digitales para que pueda ejercitar todos sus derechos.
Respecto al tema de derechos, aplaudimos, en materia de cooperativas, que la Ley se haya modificado en el sentido de los tiempos y que se de el salto a lo que es la verdadera digitalización que suma, que ayuda, pero que no es impuesta y resulta una traba mayor que la presencialidad. En este sentido, valoramos que, en la actualidad, la legislación en materia de cooperativas recoja la posibilidad de que se utilicen medios digitales que aseguren el ejercicio del derecho de palabra en la asamblea así como el derecho de información, propuesta y voto en tiempo real.
En este punto, es necesario hacer una referencia a la Ley de Sociedades de Capital cuando en su artículo 182, en relación a las juntas híbridas, establece que los ejercicios del derecho de Intervención y el derecho a proponer acuerdos puede estar condicionado a que los administradores hayan indicado que ha de realizarse con carácter previo a la Junta[17]. Creemos que, tras la modificación de la legislación nacional en materia de cooperativas y, dado el estado de la técnica, está bien que no se haya incluido algo así, ya que al agilidad y seguridad que se busca con la digitalización podrían quedar mermadas sin causa alguna. Además, se posibilita, en el último inciso del artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital, que las preguntas realizadas en la junta telemática pueden ser contestadas por los administradores en el mismo momento o hasta siete días después de la junta. Somos contrarios a este inciso y, por tanto, a que se tenga en cuenta para una posible introducción en la legislación en materia de cooperativas; se podría estar vulnerando el derecho de la minoría a una información en tiempo real y transparente que no sería así si se puede dar con posterioridad a la junta o asamblea, para el caso de las cooperativas, en el plazo de siete días.
Consideramos, por tanto, que la digitalización en la Asamblea General de las cooperativas puede traer grandes ventajas para todos los relacionados con ellas si la legislación y nacional y autonómica acierta en regularlo. Nos debe servir la experiencia de la digitalización en la Ley de Sociedades de Capital. En este sentido, somos partidarios de que se permita al socio acudir a una asamblea por medios telemáticos, así como participar, votar y solicitar información en ella. Respecto a la junta exclusivamente telemática, consideramos que debe analizarse muy bien el tipo de cooperativista que tiene la cooperativa en cuestión, a la hora de introducir esa posibilidad en los estatutos; podemos estar ante una brecha digital importante que quedará cubierta si se opta por la junta híbrida telemática.
3. El futuro de la digitalización en el Consejo Rector
Si bien el tratamiento de la Asamblea General de las cooperativas, en materia de digitalización, pasa por lo visto anteriormente, el tratamiento de la digitalización en el Consejo Rector pasa por el formato de las reuniones de sus miembros y el ejercicio de sus derechos, pero también por cómo pueden llevar a cabo la toma de decisiones y el protagonismo o la ayuda que, en las mismas, pueden tener la inteligencia artificial.
Según la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, en su artículo 32.1, el Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno al que corresponde, al menos, la alta gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la sociedad cooperativa. Si la cooperativa tiene un número de socios inferior a diez, los Estatutos podrán establecer la existencia de un Administrador único o dos mancomunados o solidarios, a que ostenten la condición de socio, que asumirá las competencias y funciones previstas en esta Ley para el Consejo Rector y sus personas titulares de la presidencia y de la secretaría.
En este sentido, al igual que para la Asamblea General, hay que tener en cuenta la modificación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas, llevada a cabo por el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, así como con la Ley 1/2026. Así, en la nueva redacción dada al artículo 36 de la Ley 27/1999 se contempla la posibilidad de que en los estatutos de dichas sociedades se prevea la asistencia y participación, a distancia, de sus miembros, en las comisiones, comités y comisiones ejecutivas. Al igual que para aquella, han de ser garantizadas la identidad de las personas asistentes, la seguridad y el contenido de las comunicaciones, la transmisión bidireccional y en tiempo real de imagen y sonido, así como el mecanismo de ejercicio del derecho de voto y su confidencialidad. Al igual que lo que ocurría con la Asamblea General, habrá que ver lo establecido en estatutos para ver el grado de utilización de los medios digitales en el Consejo Rector.
A partir de aquí, es necesario hacer una reflexión profunda sobre la importancia que puede tener para un Consejo Rector de una cooperativa el que se puedan utilizar cantidad ingente de datos y que se puedan valer no tanto ya de los simples medios digitales si no también y, sobre todo, de la inteligencia artificial[18]. En este escenario, hemos de distinguir a los miembros del Consejo Rector que se ayudan de los algoritmos para hacer mejor sus gestiones de aquellos casos, un tanto futuribles aún, en los que podamos plantearnos una sustitución de algún miembro por un algoritmo, algo en lo que se está avanzando mucho en cuanto a sociedades de capital[19].
En el primer escenario, nada impediría a los miembros del Consejo Rector para que utilizaran o se sirvieran de chatbots en el ejercicio de sus funciones; o bien de algoritmos que pueden ser utilizados para el manejo de una gran cantidad de datos pudiéndoles aliviar en la carga de la gestión y otras funciones del consejo. El gran salto sería considerar que alguna de las funciones del Consejo Rector pudiera ser llevada a cabo por algoritmos que fueran ellos mismos los consejeros[20]. En la actualidad esto resulta imposible ya que los consejeros tienen que ser personas físicas o jurídicas, no cabiendo la personalidad algorítmica o electrónica[21]; lo que coincide totalmente con la legislación en materia de sociedades de capital. Apostamos, por tanto, por la introducción de algoritmos en las funciones de ayuda y asistencia a los consejeros, lo que, sin duda, traerá consecuencias, en materia de responsabilidad.
Efectivamente, uno de los temas más importantes en relación con el uso de medios telemáticos, digitalización o inteligencia artificial en el seno del Consejo Rector es el de la posible responsabilidad por daños en la que se pueda incurrir por un mal uso o un uso defectuoso de estos medios. Es el artículo 43 de la Ley de cooperativas, el que nos dice que, tanto consejeros como interventores, en materia de responsabilidad, se regirán por lo dispuesto para los administradores de las sociedades anónimas, si bien los interventores no tendrán responsabilidad solidaria.
En este sentido y, al margen de la normativa autonómica al respecto, hemos de detenernos, por tanto, en el deber de diligencia recogido en el artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital, donde se hace referencia a «la diligencia de un ordenado empresario» que no incluye, por supuesto, la necesaria utilización de medios telemáticos o digitales pero que, si lo hace, sigue sujeto a sus deberes como administrador. Además, el artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital recoge la protección de la discrecionalidad empresarial que se entenderá cumplida si el administrador ha actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de la decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.
Animamos, por tanto, a que el régimen de responsabilidad de miembros del Consejo Rector e Intervención sea entendido de la manera anterior y a reflexionar sobre introducirlo en la legislación sobre cooperativas.
4. El futuro de la digitalización en la Intervención
Con respecto a la Intervención, el artículo 38 de la Ley de Cooperativas, tras la modificación de la ley 1/2026, establece que se trata de un órgano de naturaleza voluntaria en las cooperativas a las que les sea aplicable esta Ley. Es el órgano de fiscalización de la cooperativa, establecido en los estatutos y tiene como funciones, entre otras que le pueden ser asignadas en los mismos, las de consultar y comprobar toda la documentación de la cooperativa y proceder a las verificaciones que estime necesarias. El número de interventores titulares no podrá ser superior al de consejeros. Esto da lugar a pensar que podemos estar ante un solo interventor (si solo hay un consejero o administrador único) o ante varios.
Si se trata de un órgano aplicaremos todo lo dicho respecto a las reuniones digitales híbridas o exclusivamente telemáticas para la Asamblea General y el Consejo Rector, si bien, para el caso de la Intervención, vamos a destacar la importancia de asistirse por inteligencia artificial. Si el objetivo claro de la Intervención en la cooperativa es la fiscalización, dada la gran cantidad de datos, es muy importante que los algoritmos puedan ayudar en su función de análisis, de emisión de informes, de conclusiones etc. Incluso lo llevamos más allá y podemos preguntarnos si cabe el interventor algoritmo o el ciber interventor, es decir un interventor robot no humano.
Al igual que en el caso del consejero robot, hoy día, con la Ley de Cooperativas en la mano solo pueden ser interventores las personas físicas o las jurídicas. Al igual que allí, no cabe tampoco la personalidad electrónica. Creemos que es demasiado, dado el estado de la técnica actual, pensar en una sustitución total del interventor, pero no lo es pensar en un interventor que se sirva de chatbots, de algoritmos para realizar de manera más eficiente su labor.
Pensemos, por ejemplo, en una Intervención que puede trabajar en plataformas contables digitales que, con ayuda algorítmica, sea capaz de analizar cantidad ingente de datos y de llevar de forma rápida la fiscalización que antes tardaba mucho tiempo más. Como henos señalado anteriormente, los chatbots pueden ayudar a mejorar la transparencia de la cooperativa simplemente entrenándoles en dar información a los socios sobre proceso e informes y que puedan hasta resolver sus dudas financieras o de cualquier tipo; todo esto siempre con un canal de comunicación abierto entre algún miembro de la Intervención y el chatbot por si tuviera que contestarse algo que éste no pudiera.
Sin duda alguna, apoyamos una Intervención digital en las cooperativas y animamos a una reforma legislativa que lo contemple en la Ley debiendo siempre regularse en estatutos. Al igual que se menciona para la Asamblea General y el Consejo Rector, que se haga también en la Intervención.
IV. Las cooperativas en una economía digital y sostenible
Una vez que ha sido estudiado el grado de digitalización de las cooperativas en nuestro ordenamiento jurídico, nos planteamos dar un paso más allá y tratar de analizar diferentes fórmulas que, en ambientes digitales, sirven para intercambiar prestaciones de servicios, lo que nos lleva a imaginarnos la materialización de los principios del cooperativismo, en entornos digitales, no físicos. Se trata de analizar si las cooperativas pueden funcionar a través de plataformas digitales. No se trata de simples contactos entre profesionales por redes, ni de mera contratación electrónica; se trata de fenómenos de colaboración operados a través de plataformas digitales[22].
Sin duda alguna, las situaciones de crisis han producido que surja la «economía colaborativa»[23] en cuanto a situación de intercambio de prestaciones o de compartir bienes o activos que hacen que uno se pregunte si, en estas situaciones, los principios del cooperativismo están presentes o no. Es la pandemia del covid-19 la que agudiza todos estos fenómenos en los que se da prioridad al intercambio, pero también a la no presencialidad, y en los que las actividades meramente altruistas dan paso a modelos de negocio, que «suenan» a cooperativismo y que se llevan a cabo a través de plataformas digitales.
No podemos olvidar en este marco que, en la actualidad, no puede existir una transición digital sin una fuerza de trabajo que domine estas tecnologías digitales pero que, a la vez, les permitan dar el salto a la economía sostenible; no puede existir una economía o transición a lo digital sin que la actuación, en el ámbito de la cooperativa, sea cada vez más sostenible.
Nos preguntamos por el ámbito normativo en materia de sostenibilidad para las cooperativas. No encontramos nada en el ordenamiento español y hemos de detenernos en el ámbito europeo. Son dos las grandes Directivas que regulan la sostenibilidad empresarial europea, Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifican la Directiva (UE) 2019/1937 y el Reglamento (UE) 2023/2859 (CS3D) y la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022 (CSRD); igualmente, hemos de destacar, la llamada Directiva Stop the clock, Directiva (UE) 2025/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de abril de 2025, por la que se modifican las Directivas (UE) 2022/2464 y (UE) 2024/1760 en lo que respecta a las fechas a partir de las cuales los Estados miembros deben aplicar determinados requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad y de diligencia debida por parte de las empresas. Finalmente, hay que tener en cuenta la Directiva (UE) 2026/470, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 y (UE) 2024/1760 en lo que respecta a determinados requisitos de presentación de información de las empresas en materia de sostenibilidad y de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
Teniendo en cuenta toda esta normativa, si bien las cooperativas como empresas están sujetas a ellas, por tamaño y características no es una normativa aplicable a las mismas solo por la dificultad que ello generaría. Llamamos la atención sobre la importancia de que se adapten aspectos clave de estas directivas en materia de sostenibilidad propiamente para las cooperativas; resultaría sumamente importante y coherente con los principios del cooperativismo el que se reflejara en una normativa las características, derechos y deberes de la diligencia debida en el ámbito cooperativo, así como las obligaciones de información, transparencia, reportes financieros etc.
Creemos importante recordar el concepto de «sostenibilidad» como heredero de la tradicional responsabilidad social corporativa; en el ámbito cooperativo, lo podemos ver en cuanto que la actividad de la cooperativa tenga un impacto medioambiental adecuado pero también un impacto en su gobernanza interior y un impacto en el ámbito social o exterior; parecen principios, todos ellos, cercanos a los de cooperativismo.
Teniendo en cuenta lo anterior, estamos ante el caso de las llamadas cooperativas de plataforma. Respecto a éstas, fue el profesor Trebor Scholz el que primero utiliza este término[24], cuando en 2014 pide la creación de alternativas cooperativas controladas democráticamente para que no existieran intermediarios cuando los trabajadores decidieran intercambiar su trabajo. Las características, según él que definen una plataforma cooperativa son: (i) la propiedad colectiva, (ii) el pago digno y la seguridad de ingresos de sus trabajadores, (iii) la transparencia y la portabilidad de los datos creados, (iv) la apreciación y el reconocimiento del valor generado en la actividad de la plataforma, (v) la toma colectiva de decisiones, (vi) un marco legal protector, (vii) la protección transferible de los trabajadores y la cobertura de beneficios sociales, (viii) la protección contra conductas arbitrarias en el sistema de calificación, (ix) el rechazo de la supervisión excesiva en el lugar de trabajo y, finalmente, (x) el derecho de los trabajadores a desconectarse[25].
Consideramos que puede resultar acertado considerar las cooperativas de plataforma como aquellas que producen o prestan bienes, derechos o servicios a través, precisamente, de las plataformas digitales. Las cooperativas de plataforma más conocidas son las de trabajo asociado como, por ejemplo, CoopCycle; Alpha Taxi, Up&Go, etc., También existen las cooperativas de productores digitales como, en Euskadi, Euskalovo KM 0. Creemos que es importante la idea de no considerar solo las cooperativas de trabajo asociado como las únicas posibles para poder ser llevadas a cabo por medio de plataformas[26].
V. Instrumentos clave para conseguir la cooperación
Finalmente, llamamos la atención sobre la idiosincrasia propia del cooperativismo. Si en el ámbito de las cooperativas se busca el dar cumplimiento a los valores o principios del cooperativismo[27], parece que la cooperación y el sentido democrático de todas las actuaciones debería ser la máxima a seguir. Es por ello por lo que queremos hacer un ejercicio de reflexión sobre la cultura a instalar entre cooperativistas, cooperativa y terceros en sus relaciones.
Somos conscientes de que el conflicto es algo natural en la vida, en general, y en las empresas u organizaciones en particular. Debemos tratar de ir más allá de la normativa, no limitarnos a cumplir con lo que en ella se establezca y tratar de diseñar y generar protocolos de actuación que permitan que esa cooperación sea la máxima a conseguir. Nos estamos refiriendo al diseño de medidas que permitan una convivencia mejor entre cooperativistas, pero también una mejor relación con terceros. Hablamos de la instalación de una verdadera cultura de la negociación que propicie que, en los conflictos o diferencias que puedan surgir, se favorezca su resolución por medio de la negociación entre las partes.
Para todo lo anterior, como decíamos más arriba, la formación de los cooperativistas en materias como la metodología de negociación, la manera de resolver conflictos de modo duradero en el tiempo con apuesta de la relación a largo plazo, puede resultar esclarecedor a la vez que muy útil; sin olvidar, claro está, el grado de cumplimiento mucho mayor que estaríamos consiguiendo de los principios del cooperativismo. En este sentido, el conocimiento y puesta en práctica de la negociación basada en intereses[28] puede resultar clave a la hora de gestionar los conflictos internos.
Por eso, llamamos la atención sobre la importancia del diseño de protocolos de actuación o manuales de procedimiento que ayuden a solucionar conflictos que de otra manera se enquistarían.
Si bien internamente tiene importancia, donde resulta clave este aspecto es en la relación con terceros, lo que se va a articular normalmente mediante formas de aproximación a estos terceros, así como a través de cláusulas contractuales. En cuanto a la aproximación a terceros, aludimos a lo anterior; las formas de negociación basadas en intereses siempre van a propiciar acuerdos más sostenibles en el tiempo y que apuesten más por la relación a futuro. Sin duda alguna, esta forma de aproximación redundará en contratos o cláusulas contractuales más acordes con el cooperativismo.
Sin perjuicio de que todas las cláusulas estén imbuidas de este espíritu de colaboración y cooperación, creemos que es la cláusula de sometimiento a conflictos donde también puede tener un reflejo expreso. Pensemos en contratos tradicionales donde las partes someten los conflictos que pudieran surgir de esa relación o contrato a los Juzgados y Tribunales de una determinada ciudad. Si, finalmente, un conflicto surge al respecto, se hará efectivamente eso y un Juez o Tribunal resolverá; es una vía. Lo que proponemos es el sometimiento de determinados conflictos, de determinadas relaciones contractuales a negociación entre las partes, guiada o no, lo que no impide, porque así se establecerá, que si las partes no llegan a un acuerdo en determinado plazo de tiempo, las mismas puedan someter el conflicto a Juzgados y Tribunales.
Si unimos esto con la verdadera toma de decisiones empresarial, en este sentido, en el ámbito del cooperativismo, podemos estar transformando el modelo de toma de decisiones: son los referidos protocolos sobre cómo llevar a cabo aproximaciones y o negociaciones.
Estos instrumentos clave para conseguir y fomentar el cooperativismo en la cooperativa deben ponerse en relación con el contexto de transformación digital y sostenibilidad en el que queremos que convivan las cooperativas del presente y del futuro. Pensemos, a modo de ejemplo, en tecnologías como el blockchain, o tecnología de bloques, que puede ir dejando constancia o rastro de todo lo que se va produciendo y la importancia que esto puede tener para la negociación; o la utilización de determinados chatbots o algoritmos sencillos que sirvan para dar información a trabajadores, cooperativistas o terceros de los procedimientos que se van a seguir o los principios que les deben guiar. Igualmente, hemos de ver las posibilidades que esta cooperación o importancia de la negociación va a tener desde dentro, en cuanto a que los objetivos de sostenibilidad también se van a ver fortalecidos en su potencial consecución. Pensemos en los objetivos de medioambiente y lo que pueden verse fortalecidos en su consecución, si se instala la cultura de la verdadera cooperación entre los implicados; igualmente, la gobernanza de la propia cooperativa, lo que puede verse favorecida y beneficiada si existe una cultura de la negociación interna instalada que apueste por aspectos o procedimientos concretos a utilizar en la Asamblea General o en el Consejo Rector que faciliten lo que son procesos largos normalmente.
En definitiva, llamamos la atención sobre la importancia de apostar por la digitalización en materia de cooperativas, no porque haya que digitalizar sí o sí y sí por digitalizar aquello que va a redundar en mejores resultados para la convivencia. La digitalización solo puede comprenderse hoy, en materia de cooperativas también, en el marco de la sostenibilidad empresarial. Más aún, es que fomentar la propia cooperación o negociación en el cooperativismo solo redundará en una mejor consecución de lo anterior: digitalización, sostenibilidad y, en definitiva, innovación.
— Es hora ya de que se trate el tema de la digitalización de las cooperativas de una manera sólida, técnica y que incluya los necesarios apoyos legislativos. No se trata de introducir tecnología por introducir porque es algo moderno o que toca. Se trata introducir la digitalización en aquellos aspectos y áreas de las que las cooperativas pueden beneficiarse. Además, lo anterior enlaza con la vía para alcanzar la sostenibilidad en el ámbito cooperativo. De nuevo, el binomio digitalización y sostenibilidad como garante del éxito en el siglo xxi.
— Este estudio plantea y diseña medidas eficaces para alcanzar la gobernanza: Asamblea General, Consejo Rector, Intervención, procesos de toma de decisiones asistidos por inteligencia artificial etc. Todo ello demuestra que, digitalización, gobernanza y sostenibilidad hablan siempre de una misma realidad que es la innovación.
— Si bien la digitalización ha sido un fenómeno imparable en todo el ámbito societario, no podemos decir lo mismo respecto a las cooperativas, en las que poco se ha avanzado a nivel nacional y algo, pero no demasiado, a nivel autonómico, sin perjuicio de los avances que supone Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social.
— Tras la Ley 1/2026, de 8 de abril, la Ley 27/1999, de 16 de julio, ya aparecen rasgos de digitalización en materia de cooperativas estatales o de primer grado; también lo encontramos en la normativa autonómica. Igualmente en el Real Decreto 44/2015, de 2 de febrero, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de sociedades cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada mediante el sistema de tramitación telemática, si bien solo se aplica a las cooperativas de trabajo asociado ya que quedan excluidos los sectores inmobiliario, financiero y de seguros.
— Sí detectamos, a nivel legislativo, mayor concreción de la digitalización en la normativa autonómica.
— En el caso del País Vasco, la Ley 11/2019 establece que el Registro de Cooperativas de Euskadi promoverá la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos especialmente en lo relativo a la inscripción y depósito de los actos que deban registrarse y en la resolución de consultas y expedición de certificados; también existe la posibilidad, entre otras de digitalizar el depósito de las cuentas, así como la solicitud y la certificación relativa a la aprobación de cuentas.
— También en Andalucía, la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, habla de registro telemático, así como de la utilización de medios telemáticos en el seno de la cooperativa siempre que los estatutos establezcan lo correspondiente.
— En cuanto a Cataluña, la Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas, también realiza avances en su ámbito puesto que permite que las sociedades cooperativas tengan un sitio web corporativo así como la celebración de las reuniones de los órganos sociales por medios digitales.
— En Valencia, el Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, establece también la posibilidad de sitios webs corporativos y reuniones de órganos sociales por medios digitales, entre otras.
— En relación a Madrid, en la Ley 2/2023, de 24 de febrero, de cooperativas, introduce la diligencia de los libros de las cooperativas de manera telemática, las reuniones de la Asamblea General podrán ser telemáticas y los socios podrán ejercer su voto de manera digital etc.
— En Aragón, el Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de Aragón, se permite la convocatoria de las asambleas generales por medios telemáticos si así lo señalan los estatutos; presentación telemática de solicitudes etc.
— En relación a Canarias, la Ley 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades cooperativas de Canarias promueve determinados actos registrales por medios digitales; la posibilidad de creación de la web corporativa, así como determinadas comunicaciones entre socios y cooperativas sean realizadas por medios telemáticos.
— Si bien lo anterior es, en su inmensa mayoría, el panorama legislativo autonómico actual, se trata de dar un paso más allá y diseñar y establecer las medidas a implementar para potenciar la digitalización allá donde sea necesario. Por eso, el primer foco de atención debe ser la Asamblea General: proponemos prestar más atención a la diferencia entre asambleas generales híbridas y asambleas generales exclusivamente telemáticas. También se debe prestar atención a los derechos de los socios, en concreto, nos fijamos en la utilización de medios digitales que aseguren el derecho de la palabra en la asamblea así como el derecho de información, propuesta y voto en tiempo real, entre otros. Creemos que algo se ha conseguido con la Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social pero que se debe profundizar más en las medidas reguladas y en las apuntadas en este trabajo.
— El segundo foco de atención es el Consejo Rector donde merece la pena reflexionar sobre la ayuda que pueden brindar algoritmos en la gestión ingente de datos, lo que lleva acarreado el tema de la responsabilidad de consejeros e interventores, no siempre claramente delimitada. Hacemos extensivo lo referido al Consejo Rector respecto de la Intervención, en su caso.
— Analizadas las medidas a implementar en la digitalización de cooperativas en el ámbito legislativo, es necesario hacer una reflexión profunda sobre su situación en una economía digital y sostenible. Aparecen las cooperativas de plataforma como uno de los grandes retos del cooperativismo hoy.
— Finalmente, en el marco de esta sostenibilidad tan deseada, llamamos la atención sobre la importancia de instalar el principio del verdadero cooperativismo, lo que lleva a que se promuevan formas de cooperación y negociación tanto internas como en las relaciones de la cooperativa con terceros.
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Notas
[1] Este trabajo se realiza en el seno del Proyecto de Investigación, Proyectos de Generación de Conocimiento 2025, Funciones de los Administradores y Procedimientos de reestructuración en el impulso del ecosistema emprendedor PID2025-169231NB-C21 y cuya Investigadora Principal es Ana Belén Campuzano Laguillo.
[2] Directora Cátedra Cervelló; Profesora Derecho Mercantil y Negociación; IE Law School / IE University; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4270-093X. Email: pilar.galeote@ie.edu.
[3] Sobre digitalización en la sostenibilidad y gobernanza aplicados en el ámbito europeo, entre otros, María del Pilar Galeote Muñoz, «Corporate digitalization in the european context: going one step futher», Advocatus, Lima (2023): 283-298.
[4] Destacamos que el 26 de febrero de 2025 se ha aprobado una propuesta de medidas o paquete Ómnibus que simplifican las obligaciones contenidas en estas directivas en materia de sostenibilidad y que habrá que analizar cómo quedan. Además, la Directiva Stop-the-clock (UE 2025/794) o Directiva de suspensión temporal, postpone las fechas de aplicación de determinados requisitos de presentación de información corporativa y diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. También, hay que tener en cuenta la Directiva (UE) 2026/470, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 y (UE) 2024/1760 en lo que respecta a determinados requisitos de presentación de información de las empresas en materia de sostenibilidad y de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
[5] Marta García Mandaloniz, Una sociedad mercantil simplificada y digitalizada, (Madrid: Dykinson, 2020), 254-258.
[6] García Mandaloniz, Una sociedad mercantil…, 254-258.
[7] María del Pilar Galeote Muñoz, «Los administradores y su toma de decisiones en un contexto de inteligencia artificial. Estudio comparado europeo y español», Cuadernos de Derecho Transnacional, 17 (2025): 257-279, doi: 10.20318/cdt.2025.9878.
[8] Lo mismo había ocurrido respecto a la sociedades de capital, ya que se permitió celebrar reuniones digitales en sede de junta y del órgano de administración, lo que fue prorrogado hasta 2022 no inclusive. A partir de este año, se aplica la Ley de sociedades de capital en la que nada se ha establecido al respecto de la digitalización en el órgano de administración a diferencia de lo que ha ocurrido para la junta general.
[9] Hoy día, hay que tener en cuenta, además, la Directiva (UE) 2025/25 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2024, por la que se modifican las Directivas 2009/102/CE y (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la ampliación y mejora del uso de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades, que introduce una serie de novedades. Entre las novedades que introduce esta Directiva están el principio de «solo una vez» respecto a la constitución transfronteriza de filiales y sucursales; se aplican los mismos requisitos de publicidad de las sociedades de capital a las sociedades personalistas; se crea un certificado registral armonizado de la sociedad europea; aparece el poder digital europeo para realizar operaciones transfronterizas etc., El plazo de transposición de la Directiva es hasta el 31 de julio de 2027 salvo en algunas excepciones que es hasta el 1 de agosto de 2028. Además, el artículo 3.d de esta Directiva señala que la Comisión evaluará si las cooperativas deben incluirse en el ámbito de aplicación de esta Directiva.
[10] En este sentido, Mónica Fuentes Naharro, La digitalización del Derecho de Sociedades. La Directiva 2019/1151 y su transposición al Derecho Español, (Navarra: Aranzadi, 2023).
[11] Cecilio Molina Hernández, «La digitalización en la constitución y en la organización de las sociedades cooperativas», La Ley Mercantil, 121, (2025). Coincidimos con el autor en que se ha dejado pasar la oportunidad de prever un plazo reducido, que sí se ha hecho para las sociedades de responsabilidad limitada, para la inscripción registral telemática de una cooperativa de trabajo asociado.
[12] Sobre digitalización en materia de constitución de cooperativas, vide, por todos, Amalia Rodríguez González, «Instrumentos normativos para la constitución de cooperativas con medios tecnológicos», Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 67, (2025): 47-97, doi: 10.18543/baidc.3288
[13] Diego Cruz Rivero, «Utilización de los medios electrónicos de comunicación en el funcionamiento de las asambleas de las sociedades cooperativas. La experiencia de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de sociedades cooperativas andaluzas», CIRIEC-España Revista Jurídica, 32, (2018): https://hdl.handle.net/11441/176579.
[14] Carmen Boldó Roda, «La asamblea telemática en la sociedad cooperativa», e-Dictum, 112: (2021), https://dictumabogados.com/wp-content/uploads/2021/07/doctrina_julio_2021-1.pdf
[15] Lorenzo Cotino Hueso, «Reconocimiento facial automatizado y sistemas de identificación biométrica bajo la regulación superpuesta de inteligencia artificial y protección de datos», en Derecho Público de la inteligencia artificial, coord. por Francisco Balaguer Callejón, (Zaragoza: Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, 2023), 347-402 y María del Pilar Galeote Muñoz, «Sostenibilidad corporativa y digitalización en el ámbito de la junta general: problemática en la junta telemática» en Desafíos contemporáneos en el derecho penal, ética empresarial y compliance global, coord. por Roberto Cruz Palmera (Madrid: Dykinson, 2025), 526-546.
[16] Galeote Muñoz, «Sostenibilidad corporativa y digitalización en el ámbito de la junta general: problemática en la junta telemática, 526-546.
[17] Ignacio Fernández Larrea, «La junta telemática», en La transformación digital de las empresas, dir. por Cecilio Molina Hernández, (Madrid: Atelier, 2024), 153-154.
[18] Sobre las ventajas de utilizar la inteligencia artificial en el órgano de administración de una sociedad de capital, Galeote Muñoz, «Los administradores y su toma de decisiones en un contexto de inteligencia artificial. Estudio comparado europeo y español», 257-279.
[19] Natarajan Balasubramanian, Yahn Ye and Mingtao Xu, «Substituting human decision-making with machine learning: implications for organizational learning», Academy of Management Review, n.º 3, (2022): 448-465.
[20] Sobre el ciberadministrador, Galeote Muñoz, «Los administradores y su toma de decisiones en un contexto de inteligencia artificial. Estudio comparado europeo y español», 257-279 y Thomas Burri, «Free Movement of Algorithms: Artificially Intelligent Persons Conquer the European Union’s Internal Market», en Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence, ed. por Wodrow Barfield and Ugo Pagallo, (Edward Elgar: 2018) 537-559, https://ssrn.com/abstract=3010233
[21] Sobre personalidad electrónica, Ana Felicitas Muñoz, «La «inteligencia artificial (IA) autónoma» en el órgano de administración», Revista de Derecho de Sociedades, 60, (2020): 77-81.
[22] Vide, por todos, Alicia Sánchez Villalba, «Las cooperativas de trabajo asociado en las economías de plataforma», CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, 38, (2021), doi: 10.7203/CIRIEC-JUR.38.20794.
[23] La Comisión Europea ha definido la «economía colaborativa» como «un complejo sistema de servicios a la carta y utilización temporal de activos basado en el intercambio a través de plataformas en línea», Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 28-10-2015.
[24] Trebor Scholz, «Platform cooperativism vs. the sharing economy», Big data & civic engagement, 47, (2024): 47-52.
[25] Vide, por todos, Mayo Fuster Morell, Ricard Espelt, Melissa Renau-Cano, «Platform cooperativism: Analysis of the democratic qualities of cooperativism as an economic alternative in digital environments», CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 102, (2021): 5-31, doi: 10.7203/CIRIEC-E.102.18429.
[26] Vide, por todos, Francisco Javier Arrieta Idiakez, «La colaboración público-privada en el fomento de la economía colaborativa en el ámbito local: una alternativa a la economía informal que trae causa de la falsa economía colaborativa», Lan Harremanak, 41, (2019): 63-86, https://doi.org/10.1387/lan-harremanak.20966
[27] En relación a los valores y principios de cooperativismo, vide, https://ica.coop/es/cooperativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional#toc-principios-cooperativos
[28] Sobre Negociación y la metodología de negociación basada en intereses, vide, por todos, Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton, Getting to yes, (Penguin books: 2011).
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