Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo
International Association of Cooperative Law Journal
ISSN: 1134-993X
ISSN-e: 2386-4893
DOI: https://doi.org/10.18543/baidc
No. 69 (2026)
Artículos
Los derechos de acceder y de salir de las cooperativas. Valoración sobre su actual regulación en Cuba
(The rights to join and leave cooperatives. An assessment of their current regulation in Cuba)
Orestes Rodríguez Musa[1]
Universidad del País Vasco, EHU (España)
Orisel Hernández Aguilar[2]
Universidad de Pinar del Río (Cuba)
doi: https://doi.org/10.18543/baidc.3537
Recibido: 30.05.2026
Aceptado: 31.07.2026
Fecha de publicación en línea: noviembre de 2026
Sumario: I. Introducción. II. Derechos relativos al acceso a las cooperativas en Cuba: valoración de su regulación actual y perspectivas de perfeccionamiento. III. Derechos relativos a la renuncia o retiro de las cooperativas en Cuba: valoración de su regulación actual y perspectivas de perfeccionamiento. IV. Las garantías procesales a los derechos de acceder y de salir de las cooperativas en Cuba. V. Conclusiones.
Summary: I. Introduction. II. Rights relating to access to cooperatives in Cuba: assessment of their current regulation and prospects for improvement. III. Rights relating to resignation or withdrawal from cooperatives in Cuba: assessment of their current regulation and prospects for improvement. IV. Procedural guarantees for the rights to join and leave cooperatives in Cuba. V. Conclusions.
Resumen:
El presente trabajo se propone como objetivo valorar la actual regulación de los derechos a acceder y salir de las cooperativas en Cuba, así como las perspectivas de perfeccionamiento que se presentan en cada caso. A tales fines, se examinan por separado los derechos relativos al acceso a las cooperativas y los tocantes a la renuncia o retiro, cerrando con el análisis de las garantías que, para tales derechos, pueden implicar los procesos que se siguen en cada caso. En cada apartado se inicia con una aproximación doctrinal general al tema en comento; seguidamente se pasa al estudio, con perspectiva crítica y comparada, de las regulaciones cubanas al respecto para el sector agrario y el no agropecuario; y se concluye con el esbozo de algunas posibilidades para superar las limitaciones identificadas.
Palabras clave:
Cooperativa; Principio de adhesión abierta y voluntaria; Derecho a acceder y salir de las cooperativas.
Abstract:
This paper aims to assess the current regulations governing the rights to join and leave cooperatives in Cuba, as well as the prospects for improvement in each case. To this end, the rights related to joining cooperatives and those related to resignation or withdrawal are examined separately, concluding with an analysis of the safeguards that the processes followed in each case may offer for these rights. Each section begins with a general doctrinal overview of the topic; it then proceeds to a critical and comparative study of Cuban regulations in this regard for the agricultural and non-agricultural sectors; and concludes with an outline of some possibilities for overcoming the identified limitations.
Keywords:
Cooperative; Principle of open and voluntary membership; Right to join and leave cooperatives.
El principio de adhesión abierta y voluntaria, como parte de los principios cooperativos contemplados en la Declaración de la ACI (ACI, 1995), se erige en un paradigma o mandato de optimización (Alexy, 2003) para regular el ingreso y salida de una persona física o jurídica de una cooperativa. Este supone el punto de partida para amparar el conjunto de derechos y deberes que surgen para la persona aspirante o socia en ambos procesos. De tal forma que es posible reconocerlo como el más poderoso de todos los principios cooperativos (de Miranda, 2017).
Su relevancia estriba en que la voluntariedad de la adhesión, y con ello también de la permanencia, no solo constituye un gesto de libertad individual, sino un requisito para la supervivencia de la cooperativa. Cuando una persona se une por convicción y no por imposición, el nivel de compromiso y participación en la organización es orgánicamente más alto. Esto garantiza que el capital humano esté alineado con los objetivos comunes, conjurando los riesgos propios de las experiencias impuestas desde arriba.
En consecuencia, el adecuado tratamiento legal de los derechos que hacen parte de los procesos voluntarios de acceso y salida de las cooperativas, son un elemento central en la preservación de la identidad de la figura y en su funcionalidad. De ahí que deba procurarse una armonía entre los dos extremos: el acceso democrático, erradicando criterios de selección discriminatorios o barreras de entrada económicas excesivas que desvirtúen el carácter social; y la posibilidad de una salida fluida, de manera que el socio tenga el derecho a retirarse sin que se le retenga de manera arbitraria.
Con estas premisas, el presente trabajo se propone como objetivo valorar la actual regulación de los derechos a acceder y salir de las cooperativas en Cuba, así como las perspectivas de perfeccionamiento que se presentan en cada caso. A tales fines, se examinan por separado los derechos relativos al acceso a las cooperativas y los tocantes a la renuncia o retiro, cerrando con el análisis de las garantías que, para tales derechos, pueden implicar los procesos que se siguen en cada caso. En cada apartado se inicia con una aproximación doctrinal general al tema en comento; seguidamente se pasa al estudio, con perspectiva crítica y comparada, de las regulaciones cubanas al respecto para el sector agrario y el no agropecuario; y se concluye con el esbozo de algunas posibilidades para superar las limitaciones identificadas.
II. Derechos relativos al acceso a las cooperativas en Cuba: valoración de su regulación actual y perspectivas de perfeccionamiento
De conformidad con la naturaleza del principio de adhesión abierta y voluntaria, el acceso a la cooperativa debe combinar la posibilidad de que el ingreso esté disponible para todos aquellos que así lo soliciten y que esta sea una alternativa fundada en el respeto a la voluntad del sujeto que desea incorporarse. En correspondencia, no deberían existir indicios de trato preferente o discriminatorio en las disposiciones que ordenan el ingreso (ACI, 2015).
Sin embargo, en este último aspecto se han venido abriendo paso previsiones, a las que la legislación cubana no ha escapado, atinentes a situaciones que limitan el acceso a la condición de socio. De esta doble dimensión del asunto: la legitimación para optar por la condición de socio y sus límites se ocupa la exposición que sigue, en el entendido de que son cuestiones complementarias de una unidad.
II.1. Reconocimiento del derecho de acceso a las cooperativas en Cuba
Este reconocimiento se presenta, legalmente, en dos formas fundamentales. La primera pasa por una habitual, y relevante, acogida del principio cooperativo que expresa la formulación del derecho, dando paso a una subsecuente previsión legal más detallada y prescriptiva al respecto.
Reconocimiento genérico-principialista del derecho de acceso
Como señala Borjabad Bellido «Los principios cooperativos son, sin duda, unas directrices generales que han de presidir, no sólo la vida de las cooperativas, sino toda legislación que se promulgue sobre este modelo de sociedades» (2013, 3). Por ello, su ubicación en los textos normativos, generalmente, se encuentra al inicio. En el caso cubano, en ambos cuerpos legales, este principio aparece en los primeros incisos, lo que sugiere que constituye una piedra angular sobre la que se edifica el resto de la normativa.
El principio de adhesión voluntaria y abierta, como el resto de los principios cooperativos se ha configurado desde el ejercicio cotidiano de las organizaciones del sector y expresa una síntesis clara de su identidad (Cracogna 2025, 14). Como indica su denominación «tiene dos vertientes: la adhesión voluntaria, que significa que el que ingresa en una cooperativa lo hace porque quiere y permanecerá en la estructura social mientras esa sea su voluntad (…); y la adhesión abierta, que quiere decir que toda persona que cumpla los requisitos objetivos para ser socio puede, si lo desea, ser miembro de la sociedad» (Vargas Vasserot 2025, 41).
Para las cooperativas agropecuarias (CA) el artículo 11 del Decreto-Ley N.º 76/2023 dispone: «Las cooperativas agropecuarias se rigen por los principios siguientes: a) Voluntariedad: libre disposición de las personas naturales para incorporarse y permanecer en las cooperativas». Como se aprecia, en el sujeto de derecho se concreta a «personas naturales» con lo cual la redacción es restrictiva en cuanto a quién puede ejercer ese derecho, subrayando la naturaleza personalísima del trabajo en el campo. El núcleo del derecho se enfoca en la «libre disposición» que sugiere una protección a la voluntad individual del campesino o trabajador rural.
En el caso de las cooperativas no agropecuarias (CNA) el artículo 8 del Decreto-Ley N.º 89/2024 establece: «La cooperativa no agropecuaria se rige por los principios siguientes: a) Voluntariedad: la incorporación y permanencia de los socios en la cooperativa no agropecuaria es libre y voluntaria». Su redacción es redundante pero enfática, la adhesión es «libre y voluntaria». Las acciones amparadas aquí son dos: incorporarse y permanecer. Por otra parte, al utilizar el término «socios», la redacción presupone que el individuo ya ha adquirido una categoría legal dentro de la estructura organizativa, lo que es una contradicción.
Ambos artículos garantizan que nadie puede ser obligado a quedarse en la cooperativa contra su voluntad. Sin embargo, la redacción de las CNA es ligeramente más técnica al definirlo como un principio de gestión, mientras que en las CA se lee más como un derecho civil de disposición de la propia capacidad de trabajo. Ambos textos consagran, en su generalidad, el estándar internacional de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI): la adhesión es voluntaria, si bien no explicitan la ausencia de discriminación.
Esta primera acogida legitima al ciudadano para asociarse. Al elevar el acceso a rango de principio, se cuenta con un sustento legal importante para prevenir que normativas menores bloqueen el derecho de asociación por motivos arbitrarios. Es la garantía de que el modelo es una opción real para el trabajador cubano.
Dada la proximidad entre ambas regulaciones, las perspectivas futuras al respecto pasarían por superar las limitaciones apuntadas y asimilar el principio en una unidad. No tiene sentido en razón de los sectores, agrario o no agropecuario, de que a este nivel haya ninguna diferencia (Rodríguez Musa y Hernández Aguilar 2020).
Reconocimiento expreso del derecho de acceso
El reconocimiento del derecho de acceso se realiza en las CA por medio de los artículos 37 y 38.1 del Decreto-Ley N.º 76/2023:
Artículo 37. Tienen derecho a incorporarse como cooperativistas las personas naturales que así lo soliciten en el momento de la constitución de la cooperativa o con posterioridad a esta, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto-Ley.
Artículo 38.1. La persona natural, para ser cooperativista en una cooperativa agropecuaria requiere cumplir los requisitos siguientes:
a) Tener como mínimo diecisiete (17) años cumplidos;
b) ser residente permanente en Cuba; y
c) estar apta para realizar labores productivas o de servicios que le permitan contribuir con su trabajo a la cooperativa agropecuaria.
En las CNA este derecho se consagra a través del artículo 32 del Decreto-Ley N.º 89/2024:
Para ser socio de una cooperativa se requiere cumplir los requisitos siguientes:
a) Ser cubano con residencia efectiva o extranjero con residencia permanente en Cuba, en ambos casos mayor de dieciocho años; y
b) estar apto, y demostrar conocimientos y habilidades para realizar las labores productivas o de servicios que ejecutará en la cooperativa.
La forma en que están redactados estos artículos no es accidental y afecta su ejecución legal. Ambas requieren ser persona natural y poseer aptitud física/mental para el trabajo. Esto obedece a que, en ambos casos, el trabajo personal es la base fundamental del vínculo. Sin embargo, al menos en la primera lectura, la redacción de la CA es más técnica a los efectos de dejar sentada una formulación expresa y general del derecho, a la par que es más permisiva o amplia, lo que facilita la incorporación de jóvenes y familias rurales. La redacción del derecho en el caso de las CNA, por su lado, exige una mirada sistémica del cuerpo legal para llegar a las mismas conclusiones respecto a su contenido.
La anterior aproximación en la concepción del derecho de acceso de ambas normas se quiebra un poco más si se toman en cuenta las formulaciones de los artículos 8, 9 y 10 del Decreto-Ley N.º 76/2023 que al definir a las distintas formas cooperativas agropecuarias condicionan exigencias diferenciadas para el acceso a cada una de ellas:
Artículo 8.1. La Cooperativa de Créditos y Servicios se constituye por la incorporación voluntaria de campesinos que mantienen la propiedad o usufructo de sus respectivas tierras y otros bienes, así como de la producción que obtienen. 2. Se integra por los cooperativistas que realizan labores en beneficio colectivo, familiares de los cooperativistas y otros trabajadores contratados en labores permanentes o eventuales, siempre que, una vez vencido el término establecido, se acepten por la Asamblea General para su incorporación (…).
Artículo 9. La Cooperativa de Producción Agropecuaria se constituye por campesinos y otras personas naturales que voluntariamente deciden aportar la tierra u otros bienes y derechos de su propiedad al patrimonio de la cooperativa, que, una vez creada, puede recibir bienes en propiedad, en usufructo o en el concepto que se autorice.
Artículo 10.1. La Unidad Básica de Producción Cooperativa se constituye por personas naturales incorporadas a ella voluntariamente que aportan bienes y contribuyen con su trabajo, recibe la tierra en usufructo, y su patrimonio lo integran los bienes y derechos adquiridos por compraventa o cualquier otro título, así como los obtenidos por el resultado de los procesos productivos que desarrolle. 2. Los interesados en crear este tipo de cooperativa solicitan la tierra en usufructo al delegado municipal o provincial de la Agricultura, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente para la entrega de tierras en usufructo.
Otro tanto ocurre con las CNA al amparo del artículo 2 del Decreto-Ley N.º 89/2024:
Artículo 2.1. La cooperativa no agropecuaria es una entidad económica, de carácter empresarial, que se constituye a partir de la asociación voluntaria de personas que aportan dinero, otros bienes y derechos, para la satisfacción de necesidades económicas, sociales y culturales de sus socios propietarios, así como del interés social, sustentada en el trabajo de estos y en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo universalmente reconocidos y ratificados por el Estado cubano.
La interpretación de estas normas revela una tensión interesante entre la regla general de capacidad, que fija quién puede ser cooperativista, y las reglas de constitución o integración, que disponen quiénes fundan o componen cada tipo específico.
La contradicción fundamental en el caso de las CA radica en que los artículos 37 y 38.1 (Decreto-Ley N.º 76/2023) describen un sujeto universal, mientras que los artículos que las definen segmentan ese acceso basándose en la titularidad de medios de producción. El artículo 8 (Decreto-Ley N.º 76/2023) en las cooperativas de crédito y servicios (CCS) solo contempla a campesinos con propiedad o usufructo de tierra, con lo cual el acceso está condicionado a poseer tierra previamente. En las cooperativas de producción agropecuaria (CPA), según el artículo 9 (Decreto-Ley N.º 76/2023), se deriva de la aportación de tierra o bienes al patrimonio común. En las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC), en correspondencia con el artículo 10 (Decreto-Ley N.º 76/2023), la incorporación depende de una concesión administrativa previa del Estado, pues se va a trabajar tierra en usufructo estatal.
Para las CNA ocurre algo similar. El derecho a incorporarse no es absoluto, sino condicional. Si una persona desea ser cooperativista pero no dispone de los bienes y derechos requeridos por la definición del tipo cooperativo, o si su perfil laboral no encaja con la necesidad empresarial de la entidad, se verá limitado en su expectativa.
A fin de que el sistema legal sea coherente, no deben verse los artículos 37 y 38.1 del Decreto-Ley N.º 76/2023 y artículo 32 Decreto-Ley N.º 89/2024 como el todo de la configuración legal del derecho de acceso, sino como los presupuestos generales del mismo. Corresponde a los referidos artículos establecer la capacidad, las condiciones biológicas y legales mínimas. En tanto los artículos 8, 9 y 10 del Decreto-Ley N.º 76/2023 y 2 del Decreto-Ley N.º 89/2024 establecen la legitimación, la condición específica que debe tener ese sujeto para entrar en la cooperativa.
Para evitar opacidad jurídica, el derecho de acceso debe interpretarse, dada su configuración actual, como un principio de «puertas abiertas condicionadas». No está previsto como un derecho absoluto de entrar a cualquier cooperativa, sino el derecho de cualquier ciudadano que cumpla las exigencias generales a no ser discriminado si cumple las condiciones particulares y objetivas que distinguen al tipo cooperativo en cuestión.
Para que la legislación futura sea técnica y sistemáticamente superior convendría considerar una redacción que abandonara la dispersión actual y se organizase bajo una estructura de regla general (capacidad) y, seguidamente, regla especial (legitimación por tipo). La clave es que el derecho de acceso no se vea como una contradicción, sino como un proceso de «embudo» donde los requisitos se van especializando.
II.2. Límites del derecho de acceso
La contrapartida de lo anterior es el hecho, notorio de la lectura del articulado, de que la configuración de este derecho no carece de restricciones. Si el principio establece el marco habilitante para el acceso, el sistema normativo también prevé diversas cortapisas que, bajo criterios diversos, pueden terminar por limitar o denegar el ejercicio efectivo del derecho. A continuación, se analizarán los límites del derecho de acceso, examinando cómo estas restricciones se articulan con la autonomía organizativa de la cooperativa y el control sobre la composición de su base social.
Límites por razón de la edad
Dada la preeminencia de la actividad laboral directa de los socios en las cooperativas cubanas, un primer límite a examinar es el de la edad para acceder a las mismas. En las CA se fija la edad en diecisiete años (Artículo 38.1 inciso a) Decreto-Ley N.º 76/2023), mientras que en las CNA se exige la mayoría de edad estándar de dieciocho años (Artículo 32, a) Decreto-Ley N.º 89/2024).
La situación expuesta puede presumirse como una consecuencia de la asimetría en el umbral de la capacidad legal entre el ámbito laboral y el ámbito civil general. El Código de Trabajo, al fijar los 17 años como edad para contratar (Artículo 22, Ley N.º 116/2013), prioriza la autonomía económica y la integración temprana del joven al mercado laboral. Se entiende que, a esa edad, el individuo posee un grado de madurez suficiente para asumir las obligaciones propias de una relación trabajador-empleador. Esta concepción se corresponde con las históricas necesidades de relevo generacional en el campo y con la cultura de incorporación temprana a las labores agrícolas.
En las CNA, al exigirse los 18 años, se mantiene una visión más estándar, aparentemente enfocada a garantizar la plena capacidad de ejercicio (Artículo 29.1 inciso a) Ley N.º 59/1987). Esta previsión parece encaminada a una protección del joven ante las decisiones que ha de adoptar en el ámbito civil o administrativo y que podrían tener repercusiones patrimoniales o legales más complejas o duraderas que una relación laboral.
El análisis de la situación planteada permite vislumbrar una contradicción normativa que, en la práctica, resulta disfuncional, dada la doble naturaleza de la condición de socio. La dificultad para aceptar la distinción entre los 17 años, para las CA; y los 18 años, para las CNA, radica en que, en ambos tipos de cooperativas, el socio no es solo un trabajador, sino también un «dueño» del capital social y un participante en la gestión.
Ante una perspectiva de perfeccionamiento futuro, para solucionar esta asimetría se podría adoptar un criterio de capacidad progresiva (Valdés Díaz 2025), unificando la edad de ingreso en los 17 años para ambos tipos de cooperativas, pero con una modulación en la capacidad de ejercicio de derechos de los que deriven para su persona implicaciones civiles y administrativas. Esta solución armoniza ambos ámbitos: reconoce la madurez del joven para la actividad laboral, satisfaciendo la necesidad de integración económica; y salvaguarda su integridad patrimonial mediante la restricción temporal de aquellos derechos que supongan decisiones y consecuencias estratégicas de alta complejidad legal o financiera.
Límites por razón del número mínimo y/o máximo de socios
La determinación de los umbrales numéricos de socios —ya sean mínimos o máximos— en las sociedades cooperativas constituye una variable supeditada a la función social de la entidad, así como a criterios de viabilidad operativa y eficiencia económica.
En el marco normativo vigente en Cuba, el Decreto-Ley N.º 76/2023 (Artículo 12) exige una concurrencia mínima de once personas naturales para la conformación de las CA, cuyo factor aglutinante reside en la aportación de trabajo personal, sin menoscabo de otras contribuciones patrimoniales, obligatorias o voluntarias. Por su parte, en las CNA (Artículo 9, Decreto-Ley N.º 89/2024), clasificadas intrínsecamente como de trabajo, se prescribe un umbral constitutivo sustancialmente menor, fijado en tres socios, cuya esencia prestacional también gravita sobre la aportación de trabajo personal, en observancia de las disposiciones legales aplicables.
El análisis comparativo entre la Cooperativa Agropecuaria (CA) y la Cooperativa No Agropecuaria (CNA) revela una semejanza en cuanto al establecimiento únicamente de un número mínimo de socios para constituir. A su vez se aprecia una brecha significativa en el número previsto para cada caso. Esta asimetría podría atribuirse a la escala de las operaciones: la agropecuaria suele requerir mayor masa crítica para la gestión de extensiones de tierra y volumen productivo, mientras que la CNA posee una naturaleza atomizada o de servicios.
Una optimización de lo actualmente dispuesto debe evolucionar hacia un enfoque de proporcionalidad. Esto podría pasar por considerar la introducción, en lugar de número fijos en los mínimos y máximos, de criterios de viabilidad económica basados en el plan de negocios (Martín López, Lejarriaga Pérez de las Vacas y Iturrioz del Campo 2007), permitiendo variaciones autorizadas por el órgano regulador. De igual forma, cabría adoptar criterios de flexibilidad del mínimo legal frente a crisis operativas (Arboleda Suárez 2019), estableciendo mecanismos de «período de gracia» ante la reducción temporal de socios por causas de fuerza mayor. Otra reforma prospectiva debería valorar la implementación de cooperativas de base más reducida en el sector agropecuario, bajo figuras de agricultura familiar (Vásquez Cárdenas 2022).
Límites por razones que generan conflicto o deslealtad con la cooperativa
La exigencia de condiciones personales para el acceso a la condición de socio en entidades cooperativas constituye un mecanismo de salvaguarda de la affectio societatis y la integridad operativa de la entidad. Tales requerimientos han de sustentarse en criterios de objetividad, relevancia y causa justificada, evitando así la arbitrariedad en la selección de los aspirantes (Gaminde Egia 2017). Asimismo, la prohibición de la doble afiliación y la restricción de actividades concurrentes responden a la necesidad de prevenir conflictos de intereses y garantizar la dedicación exclusiva que la gestión cooperativa exige (García Müller 2015).
En el marco normativo cubano, el artículo 41.2 del Decreto-Ley N.º 76/2023 prohíbe la doble afiliación cooperativa, la tenencia simultánea de tierras en propiedad o usufructo y la coexistencia con actividades laborales permanentes que menoscaben el desempeño en la cooperativa para los socios de las CPA y las UBPC, quedando excluidos, los de las CCS. Por su parte, el artículo 33 del Decreto-Ley N.º 89/2024 establece un catálogo de incompatibilidades más riguroso para las CNA, incluyendo: la exclusividad de la afiliación cooperativa; la prohibición de desempeñar cargos de cuadros, funcionarios del Estado o cargos electivos profesionales; la inhabilitación por antecedentes penales asociados a hechos de corrupción; el requisito de residencia efectiva o permanente en el territorio nacional; y otros que se establezcan en los Estatutos o la legislación vigente.
Si bien ambos regímenes coinciden, en general, en la prohibición de pertenecer simultáneamente a otra cooperativa, es llamativa la exclusión de las CCS de tal previsión. La razón de esta semejanza puede atribuirse a la intención de proteger la identidad y los recursos de la entidad, asegurando que la capacidad productiva del socio esté orientada exclusivamente hacia el éxito de la cooperativa.
A su vez, el análisis comparativo permite identificar como posible fundamento de la restricción en las CA la protección de los medios de producción y eficiencia productiva y en las CNA la integridad ética, lealtad institucional y dedicación exclusiva. Consecuentemente, la naturaleza de la incompatibilidad en las CA se enfoca a la restricción en la sostenibilidad económica y el uso de la tierra y en las CNA adopta un enfoque de carácter administrativo-estatal, evitando la colisión entre el interés privado cooperativo y la función pública.
Las perspectivas de perfeccionamiento en este ámbito apuntan en varias direcciones. La primera sería la articulación de una cláusula de «flexibilización justificada», que delimite con objetividad qué constituye «detrimento del trabajo» para evitar interpretaciones subjetivas que puedan devenir en instrumentos de exclusión arbitraria. La segunda consistiría en la atribución a los estatutos internos de la facultad de definir incompatibilidades técnicas específicas ajustadas al objeto social de cada cooperativa, en el marco de la autonomía estatutaria y bajo supervisión estatal. Por último, la tercera pasaría por la previsión de mecanismos de excedencia o licencia temporal que permitan a los socios con cargos públicos coyunturales mantener su vínculo cooperativo sin incurrir en incompatibilidad permanente.
Limites por razón de la residencia
Una singular limitación es la que establecen las normas cooperativas cubanas en razón de la residencia, pues la regulación vigente tropieza con la diversidad de la terminología migratoria y su reciente actualización.
Para las CA el artículo 38.1, inciso b) del Decreto-Ley N.º 76/2023 demanda que se tenga el status de residente permanente en Cuba. Esta es una redacción abierta que no especifica nacionalidad, aunque en la práctica se orienta a ciudadanos cubanos o extranjeros con dicho estatus que trabajan la tierra.
En las CNA la técnica de redacción seguida por el artículo 32 inciso b) del Decreto-Ley N.º 89/2024 presenta un nivel de especificidad que resulta redundante o contraproducente. Distingue entre el cubano con «residencia efectiva», concepto jurídico reciente que implica presencia física real y centro de intereses en el país, y el extranjero con residencia permanente.
Si se toma en cuenta que en la Ley N.º 171/2024 De Migración la residencia permanente es una categoría migratoria (Artículo 27.1 y Artículo 48) asociada a la condición de residencia efectiva migratoria, que no hace distinción entre nacionales o extranjeros (Artículo 22.1), habría que considerar nuevamente la redacción de los artículos.
En cualquier caso, este tipo de exigencia puede tener su fundamento en el hecho de que se trata de cooperativas de trabajo. Ello supone la exigencia de la correspondiente habilitación legal para trabajar en el país, lo cual puede verse como una condición resultante de la residencia permanente en sí misma.
De igual forma, las recientes declaraciones del ministro Pérez-Oliva Fraga (2026) hacen necesario considerar las perspectivas de modificación legal de esta exigencia ante apertura de negocios a los emigrados y extranjeros, en general. Se trata de una armonización necesaria en virtud, además, del Decreto-Ley De la condición migratoria de inversores y de negocios de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior que recientemente aprobara (Artículo. 29.1, inciso c, Ley N.º 171/2024).
Límites por razones de aptitud relacionadas con el objeto o actividad de la cooperativa
Este límite se erige en torno a consideraciones relativas a las cualidades compatibles con el desempeño en función del objeto social de la cooperativa. Se trata de la existencia de una correspondencia entre los requisitos subjetivos de los socios con el objeto social de la cooperativa (Farrés 2000, 61-68) de forma tal que puedan vincularse realmente a la actividad propia desarrollada por ella.
El artículo 38.1 inciso c) del Decreto-Ley N.º 76/2023 exige en las CA el estar «apto para realizar labores» que permitan contribuir al trabajo. Es una visión más generalista basada en el esfuerzo físico o de servicios en el entorno rural. Se puede comprender que el legislador ha valorado que el componente «físico» del trabajo en la agricultura tradicional permite una flexibilidad mayor. La aptitud se entiende como una condición de salud y disponibilidad para la faena, donde el aprendizaje ocurre frecuentemente in situ. El riesgo aquí es la informalidad en la evaluación de competencias técnicas, lo que puede lastrar la productividad.
Por su lado, el artículo 32 inciso b) del Decreto-Ley N.º 89/2024 eleva la vara de exigencia en las CNA. No basta con estar apto; se requiere «demostrar conocimientos y habilidades» específicos para la labor. Esto implica que la entrada a una CNA está mediada por una validación de competencias profesionales o técnicas. Al operar mayoritariamente en sectores de servicios, manufactura o gestión tecnológica, el costo de un error operativo es más alto. Exigir «conocimientos y habilidades» no es solo un requisito burocrático, es una medida de mitigación de riesgo empresarial. Sin embargo, esta carga probatoria puede convertirse en una barrera de entrada si el sistema de certificación es ineficiente o inaccesible.
Siendo así, la demostración de idoneidad en ambos casos es diferente. En la CNA, el verbo «demostrar» impone una carga probatoria al aspirante (V. gr.: títulos, pruebas de desempeño). Mientras que en las CA la aptitud se presume o se evalúa de forma más orgánica mediante la contribución al trabajo.
Para armonizar y modernizar estas regulaciones, a futuro, podría valorarse la unificación de los criterios de evaluación, mediante una reglamentación única de selección de socios que establezca el estándar mínimo de idoneidad. Esta podría tener anexos específicos para cada especialidad, permitiendo que la «carga probatoria» sea proporcional a la complejidad del objeto social, pero bajo un procedimiento común.
III. Derechos relativos a la renuncia o retiro en las cooperativas en Cuba: valoración de su regulación actual y perspectivas de perfeccionamiento
Como señala Borjabad Bellido (2013), dentro de la libre adhesión ha de comprenderse la permanencia en el vínculo societario desde el momento de la incorporación, tanto desde la perspectiva de la protección del interés del socio como de los intereses de la cooperativa. Por ello, la legislación —y los estatutos de cada entidad— han de regular los supuestos y los efectos de la desvinculación voluntaria e involuntaria. La baja voluntaria, denominada generalmente como renuncia o retiro, es el correlato lógico del derecho de acceso y el instrumento jurídico a través del cual se materializa la libertad de salida que el principio de adhesión abierta y voluntaria consagra en su dimensión dinámica.
El marco teórico para el análisis de estos derechos parte de las «Orientaciones para la legislación cooperativa» de Henrÿ (2013, 83-84), que condensan los principios rectores en la materia. Según este autor, el derecho a retirarse debe estar garantizado por ley y ser protegido frente a disposiciones estatutarias contrarias. Puede, no obstante, ser restringido hasta el cumplimiento de un período mínimo de asociación o del pago de las obligaciones financieras contraídas, siempre que las condiciones no sean excesivas y los plazos sean razonables.
El retiro produce la terminación inmediata o diferida de los derechos y obligaciones del asociado, aunque persiste la responsabilidad económica derivada de la participación pasada; y el socio que se retira tiene derecho al reembolso de sus aportaciones, en principio por su valor nominal, pudiendo la cooperativa retener temporalmente el pago cuando un desembolso inmediato afecte seriamente su funcionamiento, en cuyo caso deberá abonar un interés limitado sobre el importe retenido.
Estos principios expresan lo que puede denominarse la «gestión de la libertad» en el seno de la cooperativa: el derecho a irse es lo que legitima el derecho a quedarse. Si la cooperativa impone barreras injustificadas al retiro, traiciona su esencia voluntaria; si permite retiros indiscriminados sin atender al impacto en la caja, traiciona su esencia solidaria e intergeneracional.
III.1. Reconocimiento del derecho de renuncia o retiro
En el ordenamiento cubano, el derecho de renuncia o retiro se reconoce en ambas normativas, si bien con énfasis distintos que revelan concepciones subyacentes diferentes.
En las CA, el artículo 40.1 inciso j) del Decreto-Ley N.º 76/2023 dispone que los socios tienen derecho a «solicitar la baja como cooperativista, previo cumplimiento de las obligaciones contraídas con la cooperativa agropecuaria y preservando el disfrute de los derechos que se le reconocen en los Estatutos». La redacción condiciona el ejercicio del derecho al cumplimiento previo de las obligaciones, adoptando lo que puede calificarse como un modelo de preeminencia del deber sobre el derecho. Esta configuración corre el riesgo de funcionar como mecanismo de retención si existen disputas sobre los montos adeudados.
En las CNA, el artículo 38, inciso j) del Decreto-Ley N.º 89/2024 establece como un derecho del socio el de «solicitar su cese como socio y cobrar los anticipos pendientes de pago, los adeudos por los bienes vendidos o dados en arrendamiento a la cooperativa, y las utilidades que le correspondan por el período que hubiera trabajado». Esta formulación invierte el énfasis: el retiro se concibe como una operación de liquidación de cuentas pendientes, en la que el elemento central es el derecho del socio a cobrar sus haberes. Sin embargo, la norma omite toda referencia a la capacidad financiera de la cooperativa para hacer frente al reembolso, lo que puede comprometer su estabilidad si el retiro coincide con una situación de tensión de liquidez.
Una normativa unificadora y técnicamente coherente debería integrar lo mejor de ambos modelos. A tal fin convendría asumir, primero, el principio de liquidación simultánea y compensable, en virtud del cual la solicitud de baja activa un proceso de liquidación de cuentas donde deudas y haberes se compensan automáticamente, evitando que el «pago previo» funcione como condición paralizante. En segundo lugar, habría de incluirse la graduación del reembolso como instrumento de protección de la entidad, incorporando la cláusula de retención temporal razonable propuesta por Henrÿ (2013) cuando el retiro masivo o de aportaciones significativas ponga en riesgo la viabilidad de la cooperativa, con obligación de abonar un interés limitado durante la retención. También debería hacerse la estandarización del contenido del reembolso, explicitando en la norma que comprende los aportes sociales, las utilidades proporcionales devengadas y los pasivos comerciales pendientes. Por último, sería oportuno hacer la fijación legal de los plazos máximos de notificación y de resolución, evitando su remisión total a los estatutos, donde pueden ser instrumentalizados en perjuicio del socio que desea retirarse.
III.2. Reconocimiento de derechos patrimoniales en caso de renuncia o retiro
El cese en la condición de socio produce, con independencia de si su causa es la renuncia libremente ejercida, el retiro o la exclusión disciplinaria, efectos patrimoniales que la legislación debe regular con precisión. Como apunta Gollena Salgado (citada por Borjabad Bellido 2013), la variabilidad del capital social en las cooperativas es consecuencia directa del principio de libre adhesión y baja voluntaria: el capital se nutre de las aportaciones de quienes ingresan y se reduce con las devoluciones a quienes se marchan.
En las CA, el artículo 44 del Decreto-Ley N.º 76/2023 reconoce el derecho de los cooperativistas que causan baja —por cualquier motivo— a percibir «los anticipos pendientes de pago, los adeudos por los bienes aportados, las utilidades que les correspondan hasta el día en que causen baja y los demás derechos reconocidos en la ley». La misma norma extiende estos derechos a los herederos del cooperativista fallecido, de conformidad con la legislación vigente.
En las CNA, el artículo 38 inciso j) del Decreto-Ley N.º 89/2024, ya citado, reconoce derechos equivalentes, añadiendo las utilidades del período trabajado. Sin embargo, aunque en el artículo 35 inciso b) del Decreto-Ley N.º 89/2024 se ha previsto que una de las causas por las que se pierde la condición de socio es el fallecimiento, el resto de la normativa no presenta pronunciamiento alguno sobre la transmisión de los derechos patrimoniales a los herederos.
El análisis comparado revela una sustancial coincidencia en el contenido patrimonial del derecho de salida, con una diferencia relevante: las CA reconocen expresamente el derecho a los «adeudos por los bienes aportados», lo que abarca la amortización pendiente de pago correspondiente a los bienes que el cooperativista transfirió al patrimonio colectivo al constituirse o al ingresar. Esta previsión tiene especial importancia en el contexto agropecuario, donde los socios frecuentemente aportan tierras, maquinaria u otros activos de valor significativo.
La gran cuestión doctrinal que subyace a esta regulación es la del valor al que debe realizarse el reembolso. Henrÿ (2013, 84) propugna, como regla general, el reembolso al valor nominal de los aportes, para evitar que la salida se convierta en un mecanismo de especulación o de apropiación individual de plusvalías generadas colectivamente. Este criterio, que se inscribe en la lógica de la indivisibilidad del capital cooperativo y de la solidaridad intergeneracional, plantea, sin embargo, un problema de justicia distributiva en contextos inflacionarios: el reembolso nominal puede representar una pérdida significativa del poder adquisitivo del socio saliente, especialmente cuando la cooperativa ha prosperado durante años acumulando reservas con la participación de ese socio.
La legislación cubana no resuelve expresamente esta tensión, dejándola a la determinación estatutaria, lo que puede generar inequidades que desincentiven la incorporación inicial. Una solución razonable podría ser la de establecer, como mínimo, la corrección monetaria del valor nominal en función de la inflación acumulada, sin llegar a la participación en las reservas indivisibles, cuya protección debe mantenerse como garantía de sostenibilidad intergeneracional.
Los derechos patrimoniales en caso de exclusión merecen una mención específica, si bien esta no supone una manifestación de salida voluntaria, sino todo lo contrario. Aunque los efectos patrimoniales son sustancialmente idénticos a los de la baja voluntaria —el excluido conserva el derecho a percibir sus haberes— la legislación cubana no establece con suficiente claridad si la medida disciplinaria puede afectar al quantum del reembolso ni bajo qué condiciones. Una regulación futura debería precisar que la exclusión no genera, por sí misma, la pérdida de los derechos patrimoniales consolidados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o pecuniarias derivadas de la conducta que motivó la medida, las cuales deberán hacerse valer mediante los cauces procesales correspondientes.
IV. Las garantías procesales a los derechos de acceder y de salir de las cooperativas en Cuba
El reconocimiento sustantivo de los derechos de acceso y de salida solo cobra plena virtualidad jurídica cuando va acompañado de procedimientos que garanticen su ejercicio efectivo y de mecanismos de impugnación que protejan al socio frente a decisiones arbitrarias. Trasladando lo que señala Henrÿ (2013, 77) a los procedimientos de admisión y baja se puede afirmar que estos no son meros actos de formalización, sino un cambio en los niveles de riesgo económico que mejora el comportamiento institucional y confiere seguridad jurídica a las partes.
IV.1. El proceso de promoción y decisión sobre el acceso
En ambas normativas cubanas, la decisión sobre la admisión de nuevos socios es competencia de la Asamblea General, que opera como órgano soberano de la cooperativa.
En las CA, el artículo 38.2 del Decreto-Ley N.º 76/2023 atribuye expresamente «la decisión sobre la incorporación de un nuevo cooperativista» a la Asamblea General. Para el período de transición previo a la admisión definitiva, el artículo 39 establece un período de prueba de hasta noventa días hábiles, transcurridos los cuales los interesados pueden solicitar su incorporación, sujeta a la aprobación del referido órgano.
En las CNA, el procedimiento de admisión posterior a la constitución contempla dos posibilidades: «Las personas que se incorporen después de su constitución pueden hacerlo como socios o como socios a prueba» (Artículo 36.2, Decreto-Ley N.º 89/2024). La decisión sobre quién se encuentra en una u otra condición es adoptada por la Asamblea General y obedece a su consideración sobre la necesidad o no de «un período de tiempo para valorar su capacidad y desempeño como socio» (Artículo 36.3, Decreto-Ley N.º 89/2024). En este caso el período de prueba lo fija el mismo órgano decisor sin que pueda excederse, en ningún caso, de nueve meses (Artículo 37.1, Decreto-Ley N.º 89/2024).
Una primera cuestión que se hace notoria en la comparación es la divergencia en la condición de la persona que es sometida a prueba y la duración de dicho período. En las CA estas personas son asimiladas a trabajadores contratados, mientras que en las CNA se les considera como socios a prueba. Los primeros, según el artículo 48.1 del Decreto-Ley N.º 76/2023 tienen los derechos y deberes que establece la legislación laboral vigente, en tanto los segundos, de conformidad con el artículo 37.3 del Decreto-Ley N.º 89/2024 tienen iguales derechos y obligaciones que los otros socios, salvo lo referido a la capacidad de ocupar cargos de dirección en la cooperativa no agropecuaria o para decidir el período de prueba y su admisión definitiva como socio.
La normativa está creando, entonces, categorías con condiciones jurídicas y derechos diferenciados durante el proceso de acceso dependiendo del sector. La solución a esta contradicción requiere unificar la naturaleza del vínculo: el periodo de prueba debe ser una etapa inicial del vínculo societario, nunca un contrato laboral ajeno a la cooperativa. Establecer un plazo mínimo de seis meses, prorrogable a otros tres por causa justificada, podría ser lo más pertinente puesto que este es el tiempo biológico y comercial suficiente para evaluar un ciclo productivo o de servicios completo.
Desde una perspectiva de garantías, además, debe valorarse la atribución de la decisión de admisión a la Asamblea General como un reflejo de la naturaleza personalista y democrática de la cooperativa. La aceptación mutua entre los socios es una condición sine qua non para el éxito de la entidad.
No obstante, la deferencia absoluta a la Asamblea puede generar riesgos de bloqueo arbitrario del acceso si no se establecen criterios objetivos de evaluación y plazos de resolución. Una regulación equilibrada debería establecer un contenido mínimo del procedimiento de admisión, susceptible de desarrollo estatutario. Dentro de dicho contenido mínimo debería incluirse: fijar un plazo máximo para la resolución de la solicitud, establecer la obligación de motivar por escrito las denegaciones, y garantizar al aspirante el derecho a conocer y rebatir los motivos de la negativa.
IV.2. El proceso de promoción y decisión sobre la renuncia o retiro
La regulación del proceso de baja en la legislación cooperativa vigente adolece de una notable dispersión y falta de uniformidad. Existe una asimetría regulatoria sensible entre las CA y las CNA que puede comprometer la seguridad jurídica del socio.
Para comenzar, en este proceso la normativa no es uniforme al esclarecer el órgano que decide. El artículo 43.1 del Decreto-Ley N.º 76/2023, si bien relaciona las causas para perder la condición de socio, solo en su inciso d), relativo a supuestos de violaciones de la disciplina en las CA, contempla la necesidad de acuerdo de la Asamblea General. Por su parte, en las CNA el artículo 35 del Decreto-Ley N.º 89/2024 en su encabezado demanda un acuerdo de la Asamblea General de Socios para todas las causales que se prevén.
En cuanto a las restantes condiciones del mismo, tampoco hay mayor precisión. La normativa de las CA contempla las causas de pérdida de la condición de cooperativista (Artículo 43.1, Decreto-Ley N.º 76/2023) y establece que, si el socio que causa baja tiene deudas pendientes, suscribirá un convenio de pago a plazos con la cooperativa, bajo apercibimiento de demanda judicial en caso de incumplimiento (Artículo 43.3, Decreto-Ley N.º 76/2023).
En las CNA, la regulación es igualmente escueta. Se recoge el derecho a solicitar el cese del socio (artículo 38 inciso j), Decreto-Ley N.º 89/2024), pero no se detallan el iter procedimental, los plazos de resolución o los mecanismos de liquidación de los haberes.
Esta parquedad normativa es problemática porque traslada íntegramente la regulación del procedimiento a los estatutos de cada cooperativa. A su vez, la ausencia de determinación legal del contenido mínimo que los estatutos han de contemplar puede generar ciertos vacíos o indeterminaciones que redunden en asimetría de poder entre el socio que desea marcharse y la organización que gestiona el proceso.
En consecuencia, de cara a su perfeccionamiento, para garantizar la efectividad del derecho de salida, la legislación debería establecer, con carácter imperativo mínimo: un plazo de notificación previa razonable; la obligación de iniciar el proceso de liquidación en un plazo determinado a partir de la solicitud; y la resolución definitiva sobre el quantum del reembolso en un plazo máximo, transcurrido el cual operaría el silencio positivo a favor del socio saliente.
IV.3. La posibilidad de impugnar las decisiones de los procesos relativos al acceso y a la renuncia o retiro
El Estado de derecho, tal como lo exige la Constitución de la República de Cuba de 2019 (Pita Simón y Gioioso 2022), no concibe que la resolución final de los conflictos quede en manos de los órganos de administración de la cooperativa sin posibilidad de revisión externa. En este sentido, el artículo 103 del Decreto-Ley N.º 76/2023 y el artículo 88 del Decreto-Ley N.º 89/2024 reconocen, con formulaciones similares, que agotado el procedimiento interno, la parte inconforme puede establecer reclamación en la vía judicial. Sin embargo, el diseño actual de los mecanismos de impugnación presenta déficits relevantes.
En primer lugar, ambas normas exigen el agotamiento previo de la vía interna antes de acceder a la tutela judicial. Esto puede considerarse negativo en ciertos casos al demorar en exceso la resolución del conflicto, especialmente si los órganos cooperativos actúan con dilación o de manera parcial.
En segundo lugar, la legislación no precisa con suficiencia qué resoluciones son impugnables, ni qué tribunal es competente, ni en qué plazos debe sustanciarse la reclamación. En este sentido se hace relevante lo regulado en la Instrucción 255 de 2020 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Por su intermedio se orienta la distribución de la competencia para el conocimiento y solución de los litigios que se suscitan a lo interno de las cooperativas no agropecuarias, estableciendo que están excluidos de la jurisdicción mercantil, «la solución de los conflictos que versan sobre los derechos en el trabajo de los socios de las cooperativas no agropecuarias derivados del incumplimiento del régimen disciplinario de la cooperativa, la pérdida de la condición de socio, la seguridad social, el régimen de trabajo y descanso, la seguridad y salud, entre otros de similar índole» (Hernández Díaz 2026). Asumiendo que idéntica indicación rija para las CA, se presenta aún más incierta la vía judicial a instar.
En tercer lugar, no se contemplan medidas cautelares que protejan al aspirante o al socio saliente durante la tramitación del procedimiento. Este particular es de interés puesto que se pueden generar daños irreversibles si la decisión impugnada produce efectos inmediatos.
A partir de lo antes apuntado convendría valorar una reforma integral de la tutela judicial de los derechos de acceso y salida. En la misma se debería: delimitar con precisión el catálogo de actos impugnables; fijar plazos procesales perentorios; atribuir la competencia a un órgano jurisdiccional especializado o con formación suficiente en materia cooperativa; y prever la posibilidad de adopción de medidas cautelares en los supuestos en que la ejecución inmediata de la resolución impugnada cause daños de difícil reparación.
Sobre la base de los análisis previos se puede arribar a las siguientes conclusiones:
1. El derecho de acceso en Cuba opera en una doble dimensión: principialista —como directriz axiológica y política de la cooperativa— y normativa —como derecho subjetivo del aspirante—. La falta de integración sistemática entre ambas dimensiones genera una tensión interpretativa que se manifiesta en la distinción entre la capacidad general para aspirar a la condición de socio y la legitimación específica exigida por cada tipo cooperativo. Una futura codificación cooperativa debería sistematizar esta distinción, configurando el derecho de acceso como un «embudo normativo» donde los requisitos se especializan progresivamente sin desvirtuar el carácter abierto del principio.
2. Las asimetrías entre la regulación de las CA y las CNA carecen, en su mayor parte, de justificación axiológica suficiente y generan incoherencias sistemáticas que comprometen la certeza jurídica. La unificación de ambos regímenes en un marco normativo común —que puede mantener módulos diferenciados para cada sector— constituye una de las reformas estructurales más necesarias en la materia.
3. Los límites al derecho de acceso —por razón de edad, número de socios, incompatibilidades, residencia y aptitud— son, en líneas generales, legítimos y proporcionados, pero adolecen de imprecisiones que los hacen susceptibles de aplicación arbitraria. Su revisión debería orientarse a la objetivación de los criterios de evaluación, la armonización con el nuevo régimen migratorio y la introducción de mecanismos de flexibilidad ante supuestos no contemplados.
4. El derecho de renuncia o retiro está reconocido en ambas normativas, pero con enfoques contrapuestos: la regulación de las CA puede convertir el cumplimiento previo de obligaciones en un instrumento de retención arbitraria; la de las CNA omite la protección de la cooperativa frente a retiros que comprometan su liquidez. La solución podría ser un modelo de liquidación simultánea y compensable, con cláusula de graduación del reembolso y plazos legales máximos, que equilibre la libertad individual con la sostenibilidad colectiva.
5. Los efectos patrimoniales de la baja presentan una regulación razonablemente coherente en cuanto a su contenido, pero incompleta en cuanto al valor del reembolso. La ausencia de una cláusula de corrección monetaria puede generar inequidades que desincentiven el ingreso cooperativo; su introducción, con los límites adecuados para preservar la indivisibilidad de las reservas, es una medida de justicia distributiva necesaria.
6. Los mecanismos de garantía procesal —tanto el procedimiento de admisión y baja como la impugnación de las decisiones correspondientes— resultan insuficientes para asegurar la efectividad de los derechos reconocidos. La reforma debería orientarse a fijar plazos imperativos, obligación de motivación y tutela judicial subsidiaria, configurando un sistema completo de garantías que proteja tanto al aspirante o socio saliente como a la cooperativa como institución colectiva.
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Notas
[1] Doctorando en Estudios sobre Desarrollo por la Universidad del País Vasco. E-mail: orodriguez069@ikasle.ehu.eus
[2] Profesora Titular de la Universidad de Pinar del Río, Cuba. E-mail: oriselha@upr.edu.cu
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