Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo

International Association of Cooperative Law Journal

ISSN: 1134-993X

ISSN-e: 2386-4893

DOI: https://doi.org/10.18543/baidc

No. 69 (2026)

DOI: https://doi.org/10.18543/baidc692026

Artículos

Descalificación de Sociedades Cooperativas[1]

(Disqualification of Cooperative Societies)

Rosario Cañabate Pozo[2]

Universidad de Almería (España)

doi: https://doi.org/10.18543/baidc.3540

Recibido: 02.06.2026

Aceptado: 10.08.2026

Fecha de publicación en línea: noviembre de 2026

Sumario: I. Introducción: justificación de la reforma y aspectos esenciales de la modificación del artículo 116 LCOOP. II. La defensa de la identidad cooperativa. III. Causas de descalificación de las sociedades cooperativas. A. Presunción de inactividad de la sociedad cooperativa. B. Nueva causa de descalificación: cláusula general y supuestos específicos. IV. Fortalecimiento de los controles administrativos de legalidad de la sociedad cooperativa. V. Conclusiones. Bibliografía.

Summary: I. Introduction: justification for the reform and key aspects of the amendment to Article 116 of the LCOOP. II. Defending the cooperative identity. III. Grounds for the disqualification of cooperative societies. A. Presumption of inactivity of the cooperative society. B. New ground for disqualification: general clause and specific instances. IV. Strengthening administrative controls regarding the legality of cooperative societies. V. Conclusions. Bibliography.

Resumen:

La adecuación y actualización del régimen jurídico de las sociedades cooperativas es una de las pretensiones declaradas por la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que ha reformado la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. En ese marco, se protege la identidad cooperativa y, con tan noble afán, ha operado la modificación del artículo 116 LCOOP, relativo a la descalificación de las sociedades cooperativas. En tal sentido, se concretan supuestos de descalificación que, bajo la apariencia de sociedades cooperativas, persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él. En ese contexto, el presente trabajo de investigación analiza la relevancia y oportunidad de la modificación producida en aras, fundamentalmente, de la defensa del modelo social cooperativo.

Palabras clave:

Cooperativas; Normativa estatal y autonómica; Descalificación; Falsas cooperativas; Identidad cooperativa.

Abstract:

Updating and improving the legal framework governing cooperative societies represents a key objective of the Comprehensive Social Economy Promotion Act, which amends Law 27/1999 of July 16 on Cooperatives. This framework safeguards cooperative identity through amendments to article 116 LCOOP concerning cooperative society disqualification. The legislation establishes specific grounds for administrative disqualification of entities that, while appearing to be cooperative societies, pursue objectives prohibited by or inconsistent with applicable law. This research examines the significance and appropriateness of these amendments, particularly regarding the protection of the cooperative social model.

Keywords:

Cooperatives; Legal regime and regional laws; Disqualification; Pseudo-cooperatives; Cooperative identity.

I. Introducción: justificación de la reforma y aspectos esenciales de la modificación del artículo 116 LCOOP 

La Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social (LIIES)[3] ha modificado sustancialmente la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (LCOOP), en aspectos muy relevantes de su régimen jurídico, que se encontraban necesitados de una profunda adecuación y actualización. Esa es la finalidad esencial perseguida por la LIIES, en lo que se refiere a la modificación del régimen de la LCOOP[4].

Entre los aspectos modificados o introducidos ex novo en la LCOOP por la LIIES destaca, especialmente, la modificación que se ha realizado al artículo 116 LCOOP, relativo a la descalificación de las sociedades cooperativas (artículo primero, treinta y uno LIIES)[5]. Como se señala en el apartado I del preámbulo de la LIIES «…se da prioridad a la identidad cooperativa, recogida en el artículo 1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional, al concretar los supuestos de descalificación administrativa de entidades que, bajo la apariencia de cooperativas, persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él».

En tal sentido, se modifica el régimen jurídico previsto para la descalificación de las sociedades cooperativas en favor de su configuración tipológica. El genuino tipo social cooperativo no puede amparar o dar cobertura a organizaciones societarias que no se ajustan al modelo social cooperativo. Por ello, puede decirse que se redefinen las causas de descalificación y que, grosso modo, junto a las causas de descalificación de las sociedades cooperativas que ya se encontraban conectadas con las causas de disolución[6] o con la comisión de infracciones muy graves[7], la LIIES incorpora a la LCOOP una tipificación mucho más precisa de causas de descalificación en las que se aprecia la utilización instrumental o fraudulenta de la forma social cooperativa.

Así, de un lado, con relación a los supuestos de descalificación de las sociedades cooperativas vinculados a las causas de disolución, previstas en el artículo 70 LCOOP, en concreto con la establecida en el apartado 1,c) del artículo 70 LCOOP[8], se incorpora la presunción de inactividad de la sociedad cooperativa cuando no se presenten sus cuentas en el Registro de Sociedades Cooperativas[9], ni declaraciones fiscales obligatorias y, además, los cargos sociales se encuentren caducados.

De otro lado, la realidad operativa de las sociedades cooperativas había dado muestras de supuestos en los que se impedía la participación democrática de las personas miembros de la cooperativa, otros en los que se reservaba la gestión societaria a una sola clase de personas socias, de sociedades cooperativas que operaban con dependencia económica extrema, casos en los que se carecía de estructura propia societaria y en las que la actuación de la cooperativa se limitaba a la puesta a disposición de personas trabajadoras en favor de terceros, también, situaciones en las que la cooperativa ofrecía sólo servicios de facturación o de altas y de bajas en la seguridad social o de cooperativas en las que se privaba a las personas socias de las decisiones propias en una actividad autopromoción.

De esa manera, junto a la previsión de lo que puede denominarse cláusula genérica de descalificación, artículo 116.1.c) LCOOP, a continuación, se establecen a modo de ejemplo cinco situaciones determinantes de la descalificación de las sociedades cooperativas. Se trata de supuestos en los que la actuación o actividad de la sociedad cooperativa atenta directamente al modelo social cooperativo y por ello no son admisibles[10]. Algunas de ellos, como se verá, vinculados a determinadas clases cooperativas como cooperativas de trabajo asociado, cooperativas titulares de autorización de transporte público por carretera o de cooperativas de viviendas, artículo 116.1.c), 1.º a 5.º LCOOP, cuando concurran determinadas circunstancias desvirtuadoras de su clase social[11].

Con ello, se trata de evitar el fraude y el intrusismo cooperativo, que tanto desde organizaciones sindicales como desde la propia administración pública, a través de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social[12], habían sido reprobadas por la utilización abusiva del modelo social cooperativo, amén del impacto negativo que se genera a todo el sector cooperativo[13] cuando la forma social cooperativa da cobertura a las realidades anteriormente advertidas que, desde luego, son ajenas a la naturaleza jurídica de las sociedades cooperativas[14]. En muchas ocasiones, con la instrumentación de falsas cooperativas de servicios y falsas cooperativas de trabajo asociado con simulaciones de trabajadores dependientes y de profesionales autónomos[15].

En los demás aspectos que han sido modificados, el artículo 116 LCOOP no ha experimentado alteraciones sustanciales. No obstante debe resaltarse, la aclaración que supone, haber incluido en dicho precepto la presunción de inactividad de la sociedad cooperativa, artículo 116.1.a) LCOOP. En la línea de mera adecuación jurídica al derecho vigente, puede indicarse la referencia a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), por la que se rige el procedimiento para la descalificación de las sociedades cooperativas, artículo 116.2 LCOOP[16], añadiéndose dos particularidades a las que ya se contenían en la LCOOP. La primera de ellas, para determinar a quién corresponde acordar la resolución administrativa de descalificación de la sociedad cooperativa, que se atribuye a la «persona titular del ministerio con competencia en la materia de economía social» en sustitución del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, artículo 116.2. d) LCOOP. Se trata de un cambio funcional que, ante eventuales reorganizaciones ministeriales, evita la obsolescencia de la norma y liga la competencia administrativa para acordar la descalificación al ámbito de la economía social; dentro de ese ámbito las cooperativas se erigen como sus entidades prototípicas.

La segunda de ellas, para establecer el plazo máximo de seis meses para la resolución del procedimiento administrativo de descalificación de la sociedad cooperativa, artículo 116.2.e) LCOOP[17]. Sin duda, esta segunda particularidad ofrece mayor seguridad jurídica y garantía al procedimiento de descalificación como respuesta administrativa a la perdida de la condición de cooperativa[18]. Al respecto, conviene precisar que el artículo 116 LCOOP no fijaba explícitamente un plazo de resolución, por ello resultaba de aplicación el artículo 21.3 LPACAP que, en tales supuestos —cuando las normas reguladoras de un procedimiento no fijen un plazo máximo de resolución—, este será de tres meses[19]. La ampliación del plazo de resolución a seis meses obedece a razones de eficacia e instrucción; tres meses es un plazo muy breve por la complejidad de las causas de descalificación y su conciliación con el principio de contradicción, derecho de defensa y seguridad jurídica que, por la brevedad de sólo tres meses, podría traducirse en impunidad material por la caducidad formal del expediente[20].

En dichos términos queda sistematizado el nuevo artículo 116 LCOOP con regulación, en la misma línea de la normativa autonómica sobre cooperativas, de las causas de descalificación y del procedimiento administrativo, con señalamiento de sus especialidades, para su realización.

Por todo ello, la mayor relevancia de la modificación operada al artículo 116 LCOOP puede situarse en sede identitaria: defensa del modelo social cooperativo. Y, aunque la tramitación parlamentaria de la LIIES dio muestras de posturas enfrentadas, entre los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y en el Senado, el diálogo y consenso del sector, a través de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y del tejido asociativo cooperativo más representativo, ayudó a su aprobación final[21]. Respecto del artículo 116 LCOOP, se reclamaba mayor eficacia y supuestos más claros que permitieran la descalificación de las sociedades cooperativas a fin de arrojar del mercado entidades que no pueden considerarse verdaderas cooperativas[22].

Con lo que antecede, son muchos y relevantes los aspectos que se consideran de interés. Así, el alcance y significado que supone la nueva tipificación de las causas de descalificación; la presunción de inactividad de la sociedad cooperativa con constatación de requisitos acumulativos; y, desde luego, el señalamiento del plazo máximo de seis meses para la resolución administrativa del procedimiento de descalificación que, como opción lege data, es acertada por las repercusiones que conlleva el procedimiento de descalificación de cooperativas al suponer su extinción.

En el escenario descrito, de justificación de la reforma y de aspectos esenciales de la modificación del artículo 116 LCOOP, puede decirse que, la pretensión de la norma no es sólo sancionar a la cooperativa privándole de su condición societaria que supone, una vez firme la resolución, la disolución y liquidación de la cooperativa, artículo 116.3 LCOOP[23], sino que busca, también, depurar el mercado para asegurar que solo las entidades que respondan al modelo de sociedad cooperativa puedan seguir actuando como cooperativas y quedar amparadas en la LCOOP[24].

II. La defensa de la identidad cooperativa 

La LIIES bajo el prisma de la defensa de la identidad cooperativa, que ha llevado aparejada también la modificación del artículo 1 LCOOP, encomienda a la administración pública su tutela o protección, a través del mecanismo legal de la descalificación de la sociedad cooperativa. En tal sentido, puede decirse que, obedece un nuevo sistema jurídico administrativo de blindaje del modelo social cooperativo —a raíz de los supuestos de descalificación tipificados en el artículo 116 LCOOP— que queda amparado en el sistema de vigilancia que la administración pública ejerce sobre las cooperativas. Ello en atención a su naturaleza jurídica societaria y, como consecuencia, en razón a la protección del referido modelo socioeconómico que debe ser fomentado, mediante una legislación adecuada, por parte de la administración pública, artículo 129.2 CE[25], en defensa del interés público[26]. Huelga referir su función social. Como contrapeso a la promoción y fomento del cooperativismo se atribuye, también, a la administración pública la potestad en materia sancionadora y de inspección de las sociedades cooperativas[27]; no se promocionan ni fomentan las demás sociedades mercantiles o civiles —sociedades agrarias de transformación-[28], para las que no obedece, tampoco, un sistema de descalificación.

Así, la concurrencia en la sociedad cooperativa de alguna de las causas legales de descalificación habilita para la incoación del correspondiente procedimiento administrativo de descalificación. En tal sentido, la administración pública sirve a la depuración del sistema cooperativo para evitar su existencia en el mercado empresarial como sociedad cooperativa habida cuenta de la inacción societaria y de su operativa o actuación de forma anómala en el tráfico jurídico[29]. De esa forma, la descalificación se erige como la sanción administrativa más severa[30] reservada para supuestos en los que, como se ha anticipado, la sociedad cooperativa deja de cumplir los requisitos sustantivos que definen su identidad, actúa o realiza actividades de forma contraria a su naturaleza cooperativa, se manifiestan algunas de las causas de disolución de la sociedad cooperativa o se han cometido infracciones muy graves de normas imperativas o prohibitivas[31].

Conforme a ello, resulta conveniente recordar que, la cooperativa es una empresa que tiene por objeto prioritario la promoción de actividades económicas y sociales de sus miembros y la satisfacción de sus necesidades con la participación activa de los mismos, observando los principios cooperativos y atendiendo a la comunidad de su entorno[32]. Como elemento clave conceptual se considera la participación en la empresa común y en la forma que se implementa en los principios cooperativos[33]. En defensa de la identidad cooperativa, la LIIES reforma el artículo 1 LCOOP con señalamiento de los principios cooperativos de la ACI, en los términos establecidos en la LCOOP[34]. De esa manera, con la nueva definición o concepto de sociedad cooperativa se han incluido explícitamente los principios cooperativos de la ACI y aunque, ciertamente, dicho reconocimiento no significa per se su elevación a rango legal[35], si puede afirmarse que, en los términos establecidos en la LCOOP, sirven a la concreción de la validez de la forma jurídica cooperativa y al mantenimiento de su forma social, que no deben pervertirse en la actuación o en el funcionamiento de la sociedad cooperativa[36].

En sede de descalificación cooperativa, la doctrina había advertido de la oportunidad de incluir en las leyes cooperativas como causas de descalificación el incumplimiento de los fines y principios que son propios de las sociedades cooperativas[37]. En tal sentido, el alejamiento de los valores y principios cooperativos que las inspiran constituye un elemento relevante para la detección de entidades que tratan de acomodarse a su forma jurídica y utilizar los beneficios que se les vincula olvidando, de forma consciente o inconsciente, su actuación y proyección como una verdadera cooperativa[38].

Al respecto, aunque no con referencia exclusiva al incumplimiento de los principios cooperativos, la normativa autonómica sobre cooperativas ha tipificado como causa de descalificación «la comisión de cualquier infracción calificada como muy grave, cuando provoque o pueda provocar importantes perjuicios económicos o sociales, o suponga vulneración esencial de los principios cooperativos»[39], o suponga una vulneración «… reiterada y esencial de los principios cooperativos»[40], o una «vulneración reiterada y relevante de los principios cooperativos»[41]. También podrá ser causa de descalificación como sociedad cooperativa, «…la comisión de infracciones muy graves de normas imperativas o prohibitivas…, que revistan especial trascendencia económica o social o que se cometan con reiteración o con insistencia continuada, siempre que ello suponga una vulneración reiterada de los principios cooperativos esenciales»[42]. Asimismo, cuando con ocasión de la tipificación como infracción muy grave se establece «…utilizar la sociedad cooperativa para encubrir finalidades ajenas a este tipo de entidades o de forma manifiestamente contraria a los principios…» generales que informan la constitución y funcionamiento de las sociedades cooperativas[43] y las infracciones muy graves acarrean la descalificación de la sociedad cooperativa al ser «susceptibles de provocar graves perjuicios económicos o sociales, o concurra reincidencia»[44].

Como se observa, en la normativa autonómica, se exige la comisión de una infracción tipificada como muy grave que suponga una vulneración esencial, reiterada, reiterada y esencial o reiterada y relevante de los principios cooperativos[45]. En tal sentido, se ha considerado que los principios cooperativos no operan, por si mismos, en sede de descalificación ni son elementos esenciales de la noción cooperativa[46]. Desde luego, la adjetivación del incumplimiento de los principios cooperativos dificulta su apreciación y no ayuda a la estimación de su presencia como causa de descalificación[47]. Así, aun el reconocimiento legal en la normativa autonómica cooperativa de la posible descalificación de la sociedad cooperativa por transgredir los principios cooperativos, en defensa de su configuración tipológica, se evidencia más una apariencia que realidad[48].

No obstante ello, la doctrina no es unánime y se alzan voces que encuentran en los principios cooperativos, que sirven al logro de sus valores cooperativos (como directrices para la puesta en práctica de sus valores)[49], la esencia y rasgos de identidad de lo que son y deben ser las sociedades cooperativas intimando la base nuclear de las sociedades cooperativas[50] o de los elementos configuradores fundamentales del modelo de cooperativismo con identidad propia y específica discerniendo entre las falsas y auténticas cooperativas[51]. Por ello, no deben ser vulnerados, la legislación adecuada que demanda el artículo 129.2 CE debe ser respetuosa con los principios cooperativos y, por ende, con la naturaleza jurídica de las sociedades cooperativas[52] y, su incumplimiento, considerado como causa de descalificación.

La nueva causa de descalificación, artículo 116.1.c) LCOOP, como se verá seguidamente, atisba su reconocimiento y como consecuencia de su vulneración la manifestación en la sociedad cooperativa de causa o motivo de descalificación. De esa manera, es significativa la relevancia del artículo 116 LCOOP, que acoge en el derecho positivo estatal cooperativo la manifestación de formas de actuación o del ejercicio de la actividad contrarios a la esencia cooperativa. Frente a la normativa autonómica sobre cooperativas referida, no se ha señalado, en el artículo 116 LCOOP, de forma explícita la vulneración de los principios cooperativos como causa de descalificación si bien de la conjugación del artículo 1 LCOOP con el artículo 116.3 LCOOP se advierte su conexión al enraizarse la nueva causa de descalificación con la vulneración de la esencia del cooperativismo y, con ello, de los principios cooperativos.

En definitiva, el concepto de sociedad cooperativa delimitado en el artículo 1 LCOOP, conforme a los principios cooperativos de la ACI, en los términos de la LCOOP, encuentra en el artículo 116 LCOOP un sistema de control administrativo de preservación del modelo de cooperativa definido en la LCOOP; con ello, se expulsan del mercado a aquellas cooperativas que, al vulnerar dichos principios, incurren en la desnaturalización insubsanable de su causa societaria, penalizando la existencia de fraude de la Ley o de falsas cooperativas que abjuran los principios de la ACI[53].

III. Causas de descalificación de las sociedades cooperativas 

El artículo 116 LCOOP ofrece el catálogo de causas legales de descalificación de la sociedad cooperativa. No existe modificación alguna en ese aspecto, salvo en lo referido a la nueva redacción del apartado 1 del artículo 116 LCOOP, que no altera su sentido gramatical[54]; la descalificación sigue siendo, también, la respuesta administrativa más drástica por el efecto extintivo que conlleva la constatación de su causa[55], una vez firme la resolución administrativa de descalificación, artículo 116.3 LCOOP[56]. No es necesario acuerdo de disolución de la asamblea general ni, tampoco, resolución judicial alguna; con la excepción de que la firmeza resolutiva haya sido obtenida tras el recurso ante los tribunales contra la resolución administrativa de descalificación[57]. Dicha firmeza devendría tras la interposición del oportuno recurso contencioso administrativo, con obtención de sentencia firme, ya que la resolución administrativa de descalificación, dictada por la persona titular del ministerio competente en materia de economía social, artículo 116.2.c) LCOOP, agota la vía administrativa[58].

Conforme al referido artículo 116.3 LCOOP «…una vez firme…. implicará la disolución de la sociedad cooperativa seguida de su liquidación», extinguiéndose la cooperativa como persona jurídica[59]; en alguna normativa autonómica sobre cooperativas, la disolución societaria se prevé como efecto alternativo cuando la sociedad no se ha transformado en otro tipo social dentro del plazo que se determine en la normativa autonómica cooperativa respectiva, generalmente, seis meses[60], habiéndose recogido también la disolución de la cooperativa, en otras normativas autonómicas cooperativas, como efecto subsidiario de la remoción de la causa de descalificación, ya que la inobservancia de la referida exigencia llevaría aparejada la apertura del expediente de descalificación[61] y, como resultado, su descalificación cuando devenga firme la resolución. En la normativa estatal cooperativa, en los términos anticipados, opera la disolución extintiva de la sociedad cooperativa sin admisión legal de la transformación en otro tipo social[62].

Además, habiendo constatado que en todas las leyes, estatal y autonómicas sobre cooperativas, la comisión de infracciones muy graves de normas imperativas o prohibitivas es causa de descalificación[63] y que, no existen criterios homogéneos en la normativa autonómica sobre cooperativas respecto de la consideración como causa de descalificación de algunos supuestos que constituyen causas de disolución de la sociedad cooperativa[64], se resaltan, seguidamente, las causas de descalificación que, con ocasión de la aprobación de la LIIES, se incluyen ex novo en el artículo 116 LCOOP. No sin antes referir que, conforme a lo anticipado, la reactivación de la sociedad cooperativa no opera en los supuestos de disolución por descalificación[65].

A. Presunción de inactividad de la sociedad cooperativa 

Dentro de las causas de descalificación conectadas con las causas de disolución, esto es, las establecidas en el artículo 70.1.c), d), e) y g) LCOOP[66], la LIIES ha incorporado al artículo 116.1.a) LCOOP una presunción de inactividad. Dicha presunción sirve a la concreción de la causa de disolución, que actúa como causa de descalificación, señalada en el artículo 70.1.c) LCOOP, relativa a «… la paralización de los órganos sociales o de la actividad cooperativizada durante dos años, sin causa justificada, de tal modo que imposibilite su funcionamiento». A esos efectos, el artículo 116.1.a) LCOOP establece que «se presumirá que una cooperativa está inactiva cuando no presente sus cuentas en el Registro de Sociedades Cooperativas, ni las declaraciones fiscales obligatorias y, además, sus cargos sociales se encuentren caducados».

Con ello, se intenta evitar el mantenimiento meramente formal de la sociedad cooperativa en el mercado pero ciertamente letárgica. Ello podría dar una imagen distorsionada y, desde luego, no deseada del sector cooperativo. Se trata, además, de una presunción iuris tantum de inactividad de la sociedad cooperativa que dimana, de un lado, de su conexión con el artículo 70.1.c) LCOOP, que señala como presupuesto de la descalificación la paralización de la actividad cooperativizada «…sin causa justificada…» y, de otro lado, por la articulación del procedimiento de descalificación con trámite de audiencia a la sociedad cooperativa[67]. De esa forma, la sociedad cooperativa puede manifestar causa legítima o justificada de la paralización de su actividad o subsistencia de actividad cooperativizada[68], con mantenimiento de relaciones jurídico-económicas aún el incumplimiento de las obligaciones exigidas de depósito de cuentas, presentación de declaraciones fiscales y existencia de cargos sociales caducados, conforme a lo que consta en el registro de sociedades cooperativas.

En tal sentido, la administración pública entenderá que existe inactividad y, por tanto, puede activar el procedimiento de descalificación de la sociedad cooperativa cuando concurran los tres requisitos necesarios de presunción de inactividad: ausencia de depósito de las cuentas anuales en el registro de sociedades cooperativas, ausencia de presentación de declaraciones fiscales obligatorias y caducidad formal de los cargos sociales vigentes. Conforme a ello, dichos requisitos son acumulativos y compete a la administración la verificación simultánea de los mismos para fundamentar la existencia de la causa de descalificación.

A esos efectos, debe observarse, asimismo, el término de dos años señalado en el artículo 70.1.c) LCOOP; sin embargo, en alguna normativa autonómica sobre cooperativas, la activación de la causa de descalificación fundamentada, aunque con matices, en el referido motivo establece un plazo mayor[69]. Por ello, puede decirse que en la LCOOP, a efectos de la descalificación, el mecanismo de control externo de las sociedades cooperativas que compete a la administración se activa en el mismo plazo que el establecido para el mecanismo de control interno de las propias sociedades cooperativas, como causa de disolución societaria. De esa forma, se activa la causa de disolución societaria o compete el inicio del procedimiento de descalificación.

No obstante, a efectos de la suspensión de las actividades de la sociedad cooperativa, el Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas regula que, cuando se prevea dicha suspensión, por un plazo superior a un año, debe comunicarlo registro de sociedades cooperativas para la correspondiente anotación de suspensión de actividad[70]. Además, si la sociedad cooperativa no presenta en el referido registro actos de inscripción o de depósito obligatorio durante dos años consecutivos, el registro deberá iniciar las actuaciones para su esclarecimiento o para la suspensión de la efectividad de los correspondientes asientos registrales[71].

También, puede decirse que, aunque en sede de sociedades de capital no existe el procedimiento de descalificación, en razón de la especialidad societaria de las sociedades cooperativas y de sus señas propias de identidad, que erigen a la administración pública como valedora, en última instancia, de la identidad cooperativa, los efectos derivados del incumplimiento de las obligaciones activadoras de la presunción de inactividad, señaladas en el artículo 116.1.a) LCOOP, son similares.

De forma breve, por la extensión requerida a trabajos de investigación de esta naturaleza, el incumplimiento del depósito de las cuentas anuales en el registro mercantil, para sociedades capitalistas, y en el registro de sociedades cooperativas, para sociedades cooperativas, conlleva efectos similares (imposición de multas y, en su caso, derivación de responsabilidad de los órganos sociales) aunque el cierre registral no se ha previsto, de forma expresa, en la normativa estatal cooperativa a diferencia de alguna normativa autonómica, como ocurre con las sociedades capitalistas[72]. El incumplimiento de presentación de declaraciones fiscales obligatorias, por el régimen fiscal de las sociedades cooperativas, puede acarrear la pérdida de la condición de cooperativa protegida, con graves consecuencias jurídicas, también, para sociedades capitalistas. De la existencia de cargos caducados deriva la doctrina de los administradores de hecho, que no les exime de responsabilidad por incumplimiento de sus deberes[73].

B. Nueva causa de descalificación: cláusula general y supuestos específicos 

La nueva causa de descalificación, artículo 116.1.c) LCOOP, previene de las falsas cooperativas y, a esos efectos, se ha diseñado un sistema en el que a partir de una cláusula general, a fin de desenmascarar a cooperativas que abusan de esa forma social para encubrir otras realidades jurídicas que no son acordes a su naturaleza jurídica, se presenta una lista de supuestos típicos que encubren, de facto, el uso fraudulento de la forma social cooperativa. Así, el artículo 116.1.c) y los apartados 1.º a 5.º, respectivamente. El clamor en la lucha contra las falsas cooperativas demandaba la respuesta del legislador que, como en muchos otros ejemplos, ha venido tras números abusos de la forma social cooperativa y pronunciamientos judiciales[74] con procesos, asimismo en sede administrativa, de descalificación de cooperativas. Aunque no de forma exclusiva, en gran medida se han encontrado vinculados a cooperativas de trabajo asociado con señalamiento, asimismo, de cooperativas vinculadas al sector del transporte y de cooperativas de viviendas[75].

La cláusula general no ha estado exentas de reservas por el uso de términos jurídicos indeterminados (participación efectiva, ámbito de organización y dirección, finalidades propias de otras sociedades o dependencia de otras entidades) que quebrarían el principio de tipicidad propio del derecho sancionador y que, en este caso, supone la descalificación de la sociedad cooperativa. Por ello, con la intención de aclarar su alcance y contenido, se señalan determinadas circunstancias que afloran la causa de descalificación.

En tal sentido, por el orden en el que aparecen determinadas en la LCOOP, artículo 116.1.c).1.º LCOOP, es causa de descalificación impedir la participación y gestión democrática de las personas socias en los órganos sociales, o que la participación vinculada a la forma social cooperativa no se realice en condiciones de igualdad. Como ejemplos de esas posibles situaciones, que sirven a la conformación del supuesto, se señalan no convocar a las personas socias a las asambleas generales o reuniones de otros órganos sociales, ni permitir la asistencia a las reuniones de dichos órganos, no permitir el ejercicio del derecho de voz y de voto, no permitir la presentación de candidaturas para formar parte de los órganos sociales, la vulneración del derecho de información o reservar la gestión y participación en la sociedad cooperativa a una sola clase de personas socias.

Con ello, se alcanza a cooperativas que solo utilizan formalmente la forma social cooperativa, ya que la participación y gestión de la cooperativa, el poder efectivo se concentra sólo en parte de las personas que la integran vulnerándose las reglas esenciales de la organización cooperativa[76]. Se vulneran, en definitiva, los rasgos configuradores de las sociedades cooperativas ligados, en esencia, a los valores y principios cooperativos. La participación democrática de los socios no es sólo un derecho sino un deber cooperativo; los socios participan de forma efectiva en la organización y en el control de la sociedad cooperativa y la sociedad cooperativa ha de contar con la organización, infraestructura material y organizativa que lo permita y evidencie la actividad económica que desarrolla la cooperativa en beneficio de los socios[77].

Al respecto, debe considerarse la diferencia entre infracciones procedimentales aisladas y verdaderos abusos de la forma social cooperativa que, entendemos, son los que deberían quedan amparados en la norma a efectos de descalificación.

Como se ha anticipado, se delimitan supuestos vinculados a cooperativas de trabajo de asociado, definidas conforme a los artículos 1 y 80 LCOOP, cuyos elementos sustanciales devienen de la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros, es decir, de la facilitación por la cooperativa de estructuras organizativas, materiales, financieras, de gestión, o de cualquier otra clase, que favorezcan y contribuyan a la más eficaz prestación del trabajo autónomo a través de la puesta en común del trabajo personal y directo de los socios trabajadores que la integran[78].

En tal sentido, en segundo lugar, para cooperativas de trabajo asociado, artículo 116.1.c).2.º LCOOP, a fin de evitar su actuación mediante subcontratación mercantil. El ordenamiento jurídico no puede albergar, de un lado, que la actividad principal de la cooperativa de trabajo asociado sea la realización, mediante subcontratación mercantil, de toda o parte de la propia actividad o de la actividad principal de otra empresa o grupo empresarial o cuando realiza actividad económica de mercado para un solo cliente del que depende al menos el 75 % de la facturación anual. De otro lado, tampoco puede amparar que dicha labor de subcontratación se desarrolle sin estructura propia organizativa, material, financiera y de gestión, limitándose la cooperativa a facilitar el trabajo personal de las personas socias y su integración en la organización productiva controlada, dirigida y organizada por la empresa cliente.

Como fue anticipado, el supuesto aludido resultó concretado a raíz de una enmienda de modificación a fin de la posible descalificación de cooperativas que, además de subcontratar o actuar para otra empresa, no dispongan de medios propios o estructuras, limitándose únicamente a facilitar el trabajo individual de los socios, que trabajan realmente bajo la organización y control de la empresa cliente. Se describe, de esa manera, una situación en la que la cooperativa no es una entidad autónoma, sino simplemente un intermediario para colocar trabajadores en otra empresa, lo que contradice la esencia cooperativa de autogestión[79].

Se trata, por tanto, de impedir la existencia de falsas cooperativas de trabajo asociado que actúan, en realidad, como meras intermediarias eludiendo costes laborales y de seguridad social, con ofrecimiento de puesto de trabajo en precario y en competencia desleal con el sector cooperativo verdadero. En el ámbito autonómico habían sido advertidas situaciones de esas características y, en algunas normas sobre cooperativas, se han incluido modificaciones en el régimen jurídico de las cooperativas de trabajo asociado respecto de cooperativas económicamente dependientes, que no se han extendido al conjunto de la legislación autonómica cooperativa[80]. La doctrina había advertido de la posible vulneración de principios cooperativos, como la participación, gestión democrática e independencia, con la aplicación a las personas socias de la regulación laboral propia de los trabajadores por cuenta ajena en detrimento de la libertad en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo[81].

Así, en el ámbito de detectar el fraude, las previsiones arbitradas en el artículo 116.1.c).2.º LCOOP resultan de interés a la defensa del modelo cooperativo y a la erradicación de los falsas cooperativas y falsos cooperativistas[82]. La causa de descalificación se activa cuando las personas socias de la cooperativa quedan sometida a órdenes directas de otra empresa cliente (actuando como falsos autónomos o falsos cooperativistas). No obstante, el señalamiento del umbral cuantitativo —del 75% o más de facturación a un único cliente— genera distorsiones por el ámbito de aplicación de la LCOOP y las normas autonómicas que no lo contemplan, en detrimento de la unidad de mercado, amén de poder suponer un riesgo para cooperativas en las fases iniciales para su consolidación.

En tercer lugar, para cooperativas de trabajo asociado, artículo 116.1.c).3.º LCOOP, que solo prestan servicios administrativos y de facturación y/o altas y bajas en el sistema de seguridad social a las personas socias trabajadoras y el cliente sea aportado por la persona socia trabajadora. Con esa actuación, la cooperativa prácticamente no aporta una organización real. Se trata de evitar la existencia de cooperativas que realmente son estructuras de facturación encubierta, en las que la actuación de la sociedad cooperativa se encuentra al servicio de la regularización formal de la situación laboral o fiscal de personas que trabajan como autónomos o para terceras personas, al margen del ámbito cooperativo. En este apartado, quedan excluidas de forma expresa las cooperativas de prestación de servicios públicos, mutualidades y cualquier otro tipo que se determine reglamentariamente. Puede recordarse que en el ámbito cooperativo el objeto social puede ser, precisamente, la mutualización de servicios de gestión, asesoría jurídica o de facturación para profesionales independientes y ha quedado pendiente, la determinación reglamentaria de otras entidades excluidas.

Dicho supuesto ha tenido una significación relevante y, generalmente, al hilo de cooperativas online de trabajo asociado se ofrecían meros servicios de facturación y, en su caso, de asesoramiento; con ellas, se eludían los elementos identificadores de las sociedades cooperativas de trabajo asociado y, realmente, se configuraban para evitar cargas sociales y fiscales[83], observando un mero carácter instrumental de la forma social cooperativa. En tal sentido, no proporcionan puestos de trabajo a los socios a través de la organización en común de la producción de bienes y/o servicios para terceros; el socio trabajador tampoco percibe su retribución a través de los anticipos societarios mensuales, a cuenta de los excedentes, o del retorno cooperativos sino de sus propios clientes; y no existe un verdadero control democrático por parte de los miembros de la cooperativa, que sólo opera cuando el, mal denominado, socio trabajador presta su servicio y cobra por el mismo, sin participar en un proyecto empresarial participativo[84]. A este respecto, de acreditación de la habitualidad en el desarrollo de la actividad, ha sido considerada la cuantía de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada por el socio, si superaba o no la cuantía del SMI, como determinante o simple indicador de la habitualidad[85].

En cuarto lugar, conforme al artículo 116.1.c).4.º LCOOP, para cooperativas que sean titulares de autorización de transporte público por carretera y no ajusten su organización y funcionamiento a la legislación sectorial de transporte, o bien carezcan de actividad económica real propia, o cuando sus personas socias carezcan de capacidad organizativa propia e independiente en el ámbito de la actividad cooperativizada.

Se trata, por ello, de sociedades cooperativas que ostentan la titularidad de la autorización de transporte público por carretera[86], como característica de la relación societaria regulada en el artículo 80 LCOOP, ajena a las cooperativas de servicios de transporte del artículo 100 LCOOP, desnaturalizándose la esencia de su clase cooperativa[87]; éstas se encuentran integradas por transportistas autónomos y, por ello, el supuesto se proyecta en el carácter instrumental de la cooperativa. El legislador anuda descalificación a la ausencia de una verdadera affectio societatis y a la falta de autonomía empresarial, erigiendo este precepto en un mecanismo de control de legalidad frente a la precarización laboral del sector y el uso fraudulento de la fórmula cooperativa. No puede infringirse la normativa sectorial de transportes, el requerimiento real de estructura empresarial, la asunción de los riesgos que ello conlleva y, por supuesto, es precisa una verdadera actividad económica en la cooperativa. La jurisprudencia ha apreciado las características que ha de tener una cooperativa de transportes y como debe desarrollarse su actuación en el mercado y así contar con estructura organizativa propia o actividad económica real[88].

Se intenta evitar otra forma instrumental de utilización de la sociedad cooperativa omitiendo sus elementos identificadores tratando de eludir, con ello, la aplicación de la legislación laboral[89] y, al mismo tiempo prácticas desleales en el sector de transportes.

En quinto lugar, para cooperativas de viviendas sin ejercicio de una verdadera actuación de autopromoción, artículo 116.1.c).5.º LCOOP, cuando las decisiones esenciales de esta clase de cooperativa como la adquisición del suelo, financiación, proyecto técnico para su realización, dirección de la obra y de su ejecución, así como contratación de profesionales para la construcción de las viviendas, no sean adoptadas por las personas socias de la cooperativa y no exista un verdadero proceso de autopromoción por parte de las personas socias cooperativistas. Se trata de impedir la existencia de cooperativas de viviendas que encubren a promotoras inmobiliarias con el uso instrumental de la forma jurídica de la sociedad cooperativa.

Al respecto, aún la loable intención del legislador, no debe olvidarse que en el caso de las cooperativas de viviendas los socios cooperativistas delegan, por desconocimiento del sector de la construcción, en sociedades gestoras, profesionales de ese ámbito, y que no se determina qué debe entenderse por proceso de autopromoción por parte de las personas socias cooperativistas y que, frente al riesgo de la descalificación puede amenazar, también, el acceso a la financiación bancaria para la realización de las viviendas que, realmente, es la aspiración de los socios cooperativistas.

IV. Fortalecimiento de los controles administrativos de legalidad de la sociedad cooperativa 

En la evidencia operativa en el mercado de entidades constituidas formalmente como sociedades cooperativas, que realizan una actividad cooperativizada que no es acorde a su forma jurídica o sin responder a las características o principios que rigen su actuación y funcionamiento, se considera necesario el fortalecimiento de los sistemas de control administrativos a los que quedan sometidas las sociedades cooperativas[90]. Ello como medidas de actuación temprana, que detecten la existencia fraudulenta de cooperativas que puedan ser reconducidas sin concluir, conforme a lo expuesto, a la medida más extrema de la descalificación de la sociedad cooperativa.

Las cooperativas descalificadas es claro que habían sido calificadas como verdaderas sociedades cooperativas[91]. De forma muy sucinta, ese primer control se produce con la constitución de las sociedades cooperativas siguiendo un procedimiento que, como se sabe, culmina con la inscripción de la sociedad cooperativa en el registro de sociedades cooperativas (estatal o autonómico)[92]. Antes de la inscripción opera la calificación registral[93] y con la inscripción registral la sociedad cooperativa adquiere personalidad jurídica, artículo 7 LCOOP. Ello les permite el desarrollo en el mercado de la actividad cooperativizada, conforme a las particularidades de su forma jurídica societaria y clase concreta de sociedad cooperativa, que han sido controladas administrativamente en el momento de su constitución.

De esa manera, formalmente constituidas como cooperativas se utilizan con fines o propósitos alejados o incompatibles con los valores y principios cooperativos[94]. En sede de descalificación, la cooperativa se ve incursa en algunas causas de disolución que acarrean la descalificación, ha cometido infracciones muy graves de normas imperativas o prohibidas, o atentan a la esencia cooperativa con actuaciones o actividades ajenas a su naturaleza jurídica societaria. En tal sentido, ha fallado el mecanismo de control registral o, por el contrario, la documentación social —escritura y estatutos sociales— era adecuada y no han servido controles de actuación interna cooperativa y externa administrativa respecto de la actuación de sociedad cooperativa y/o de la actividad cooperativizada[95], en momentos posteriores de la vida de la sociedad cooperativa.

Así, en el ámbito interno cooperativo, se considera esencial mayor información, educación, formación de lo que es y de lo que no deber ser una sociedad cooperativa[96]; sólo el mejor conocimiento puede servir a la defensa de las sociedades cooperativas y defensa, asimismo, de la posición jurídica del socio cooperativista que, en ocasiones, puede desconocer que es un falso cooperativista[97]. Por su parte, en el ámbito externo cooperativo, se hace necesario un mayor refuerzo de los sistemas de vigilancia y control que deberían servir a la preservación del modelo cooperativo y evitar con ello, si es posible, la medida más drástica de la descalificación cooperativa[98]. En ese escenario, compete al registro de cooperativas la constatación de los elementos, que ya han sido referidos, respecto de la presunción de inactividad de la sociedad cooperativa, que activan el sistema registral cooperativo, con alerta de la peor sanción de la descalificación cooperativa[99]. Desde el ámbito registral, cuando la resolución de descalificación es firme surte efectos registrales de oficio, deviene en liquidación extintiva[100], con activación del sistema de responsabilidad para miembros del órgano de administración y, en su caso, personas liquidadoras respondiendo personal y solidariamente de las deudas sociales producidas tras la incoación del procedimiento de liquidación, o desde la firmeza de la descalificación cooperativa[101].

La actividad de inspección administrativa deviene, también, relevante en aras de cumplimiento de la legislación cooperativa[102]. En tal sentido, la inspección de trabajo y seguridad social que no sólo actúa en orden a la actividad sancionadora sino que sirve a la prevención de riesgos y al restablecimiento de la legalidad en el sector de las cooperativas y señala a las entidades cooperativas que no respetan los elementos esenciales de su configuración jurídica[103], así como la actuación de la tesorería general de la seguridad social, en su ámbito de actuación.

En última instancia, el procedimiento de descalificación ofrece, asimismo, el cauce de la audiencia a la propia sociedad y el informe preceptivo, pero no vinculante, de la inspección de trabajo y seguridad social, que integran dicho control de legalidad y operan como garantías procedimentales en defensa de las verdaderas sociedades cooperativas[104] y de la descalificación de falsas, fraudulentas o ficticias sociedades cooperativas.

V. Conclusiones 

El legislador ha sido consciente de la necesidad de modificar el artículo 116 LCOOP relativo a la descalificación de las sociedades cooperativas en aras, fundamentalmente, de preservar el modelo social cooperativo, con identidad y sustantividad propia y específica, que no debe pervertirse. El mandato constitucional del artículo 129.2 CE, en virtud del cual los poderes públicos están llamados a fomentar las sociedades cooperativas mediante una legislación adecuada, encuentra una manifestación renovada en el artículo 116 LCOOP, como mecanismo administrativo de defensa identitaria de las sociedades cooperativas, que sólo puede amparar a verdaderas cooperativas. En el ámbito autonómico, la legislación sobre cooperativas ya había dado muestras de ello con medidas similares, en el terreno de la descalificación, por la desnaturalización de las sociedades cooperativas sin atender a los rasgos de su fisonomía societaria.

Así, se considera oportuno el sistema de blindaje arbitrado en defensa de la naturaleza jurídica cooperativa perfeccionando el procedimiento de descalificación administrativa, con adecuación del plazo para resolver el procedimiento, en la lucha contra la instrumentación fraudulenta, ficticia o falsa de las sociedades cooperativas. La sistematización de la nueva causa de descalificación, con señalamiento de circunstancias que no pueden manifestarse en las sociedades cooperativas, alumbra sobre la forma como deben actuar y desarrollar su actividad. En ellas se encuentra presente el respeto a los valores y principios cooperativos, ayuda mutua, responsabilidad, igualdad, gestión democrática, participación y colaboración, autonomía o independencia. No obstante, de un lado, la utilización de determinados términos no perfectamente delimitados no ayudará a su concreción por parte de las autoridades administrativas y, de otro lado, la evidencia de la actuación en el mercado de falsas cooperativas que, como medida más drástica, acaban descalificadas, intima al refuerzo de los sistemas de fiscalización o de control preventivo de las sociedades cooperativas. Las cooperativas descalificadas han sido constituidas con arreglo a las formalidades legales exigidas, pero no han actuado conforme a los elementos configuradores de su tipo social, sustentados en los valores y principios que informan al movimiento cooperativo y los posibles controles, tras su constitución, no han sido efectivos; por ello, estando presente una causa de descalificación opera la apertura del procedimiento de descalificación de la sociedad cooperativa que, una vez firme, surte efectos registrales de oficio e implica la disolución de la cooperativa seguida de su liquidación.

Para proteger el modelo cooperativo y evitar la descalificación sería conveniente, tras la constitución como sociedad cooperativa, un mayor refuerzo de los sistemas de control interno en favor de la identidad cooperativa. Se reclaman también, mayores sistemas de supervisión y control externo de las sociedades cooperativas, con mecanismos de inspección (inspección de trabajo y seguridad de social) que en su ámbito competencial alumbren de situación no deseadas en el sector cooperativo y, desde luego, se aboga por la información, formación y educación por parte de las personas cooperativistas ya que la existencia de falsas cooperativas se sostiene con la presencia de falsos cooperativistas.

Con todo lo expuesto, la forma social cooperativa ha de respetar su esencia democrática y mutualismo asociativo, contando con la organización que le permita el ejercicio de la actividad cooperativizada, de forma independiente y autogestionada; así, quedan proscritas y penalizadas, con la descalificación, su utilización espuria como mera pantalla de precarización laboral o de intermediación fraudulenta. Sólo en aquellos términos, acordes a su forma jurídica, tiene sentido el mandato constitucional del artículo 129.2 CE, al que contribuye el nuevo artículo 116 LCOOP.

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Notas

[1] Esta publicación es uno de los resultados del proyecto de I+D+i de generación de conocimiento titulado «El papel transformador de la economía social y solidaria. Un estudio comparado y multidisciplinar de su respuesta frente a los principales desafíos socioeconómicos de la actualidad», (TRANSFESS, PID2024-156788OB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación, desarrollado en el ámbito del Centro de Investigación CIDES-UAL.

[2] Profesora Titular de Derecho Mercantil, Universidad de Almería. Email: rcpozo@ual.es.

[3] Vid., BOE núm. 87, de 9 de abril de 2026. Conforme a la disposición final quinta LIIES, la entrada en vigor de la LIIES, con excepción de la obligación para las cooperativas de más de quinientas personas socias de tener una página web corporativa (nuevo artículo 3 bis 1, párrafo segundo, LCCOP), que entrará en vigor al año de la entrada en vigor de la LIIES, se produce al día siguiente de su publicación en el BOE, 10 de abril de 2026.

[4] La LIIES también ha reformado otras leyes que, como señala el preámbulo de la LIIES, responden a «las transformaciones de la economía y de nuestra sociedad, sometidas a una aceleración sin precedentes tras la crisis sanitaria y el contexto de incertidumbre actual». Por ello se hace necesaria la adecuación y actualización de determinadas normas, a las que la LIIES dedica distintos artículos. El artículo primero LIIES se refiere a la modificación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. El artículo segundo LIIES se dedica a la modificación de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción. El artículo tercero LIIES tiene por objeto la reforma de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social y el artículo cuarto LIIES la modificación de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. Todo ello con el objetivo, declarado en el preámbulo LIIES, de diseñar «… un marco legal comprensivo e integral favorable al mejor desarrollo de la actividad de los principales actores de la economía social, contribuyendo con ello a una mayor cohesión social y a un progreso más sostenible».

[5] El artículo primero de la LIIES, con el que obedece la modificación de la LCOOP, consta de treinta y ocho apartados través de los cuales se realiza la adecuación y actualización preconizada de la LCOOP que, dicho de forma muy general, se han centrado en diferentes aspectos de su régimen jurídico: derechos digitales de las personas socias, funcionamiento telemático de la sociedad cooperativa con el uso de medios electrónicos por los órganos de gobierno y la consolidación de la web corporativa y falsas cooperativas que incluye la modificación del régimen de la descalificación de las sociedades cooperativas, artículo primero, treinta y uno LIIES.

[6] En tal sentido, en algunas normas autonómicas sobre cooperativas se conectan, igualmente, las causas de descalificación con algunas de las causas de disolución de la cooperativa. Así, en Cataluña, en el País Vasco, artículo 153.1 LCC o artículo 161 LCPV, entre otras. Por ello, la causa de disolución da lugar a la descalificación si la disolución no es acordada por la sociedad cooperativa. Por el contrario, en las Isla Canarias las causas de descalificación no se conectan con ninguna de las causas de disolución, artículo 155 LCIC, cfr., PUYALTO FRANCO, M. .ª J., «La administración pública y las cooperativas», en Régimen jurídico de las sociedades cooperativas canarias (ley 2/20233, de 31 de octubre, de sociedades cooperativas canarias, Alfonso Sánchez, R., y Domínguez Cabrera, M. del P., (Dirs.), 2025, p. 564.

[7] En la normativa autonómica cooperativa, en algunas normas, se conecta a infracciones graves y/o muy graves, con o sin anudar circunstancias agravantes, BURZACO SAMPER, M., «La intervención pública en las sociedades cooperativas: la necesidad de revisar el modelo de «tutela administrativa», CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, núm. 39, 2021, p. 124.

[8] El artículo 70.1.c) LCOOP se refiere a la «…. paralización de los órganos sociales o de la actividad cooperativizada durante dos años, sin causa justificada, de tal modo que imposibilite su funcionamiento».

[9] Recientemente, la Orden TES/539/2026, de 25 de mayo, por la que se regula la legalización en formato electrónico de libros en el ámbito del Registro de Sociedades Cooperativas, regula dicho procedimiento respecto de los libros de las sociedades cooperativas que incluyen junto al libro de inventarios y cuentas anuales y libro diario, el libro registro de socios, el libro registro de aportaciones al capital social, los libros de actas de la asamblea general, del consejo rector, de los liquidadores y, en su caso, del comité de recursos y de las juntas preparatorias, así como cualesquiera otros que vengan exigidos por disposiciones legales, artículo 1 de la referida Orden TES/539/2026.

[10] Ello sirve de orientación tanto a los órganos inspectores como a las personas socias cooperativistas de lo que es una sociedad cooperativa y de la actuación y actividades que no pueden amparar una sociedad cooperativa.

[11] Particularmente, han sido relevantes los usos fraudulentos y abusivos de las cooperativas de trabajo asociado en, lo que se ha denominado, huida del derecho laboral. En esta clase de cooperativas, como ha señalado GARCÍA JIMÉNEZ, M., «Falsas cooperativas, usos abusivos y derechos de los trabajadores. Análisis jurisprudencial y propuestas de actuación», CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, 2018, núm. 33, p. 32, no deben desvirtuarse la propiedad compartida de los medios de producción y la unidad organizativa de la producción, gestionada democráticamente por los socios trabajadores, con su trabajo en común, sustentado en una relación de trabajo asociado. Al hilo, puede recordarse, la Recomendación núm. 93 de la OIT sobre la promoción de las cooperativas (2002), que señala la necesidad de promover la aplicación de las normas fundamentales del trabajo de la OIT y de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a todos los trabajadores de las cooperativas, sin distinción alguna; así como velar por que las cooperativas no se creen ni utilicen para evadir la legislación del trabajo, ni sirvan para establecer relaciones de trabajo encubiertas (apartado 81).

[12] La Tesorería General de la Seguridad Social también ha ocupado un papel relevante y en algunos supuestos de falsas cooperativas se ha personado como acusación cuando la sociedad cooperativa no había satisfecho las cuotas del RETA (régimen especial de trabajadores autónomos).

[13] Cfr., SORIANO CORTÉS, D., «Falsas cooperativas: indicios identificativos e instrumentos para combatir el fraude», en Las cooperativas como instrumento de política de empleo ante los nuevos retos del mundo del trabajo, Arrieta Idiakez, F. J., (Dir.), Dykinson, 2023, p. 857 y p. 868.

[14] En tal sentido, entre multitud de casos que han llamado la atención de la doctrina y la intervención judicial, pueden recordarse los casos de Servicarne o de Factoo que evidenciaron la utilización instrumental de la forma social cooperativa. Servicarne, dentro del sector cárnico, representó un verdadero fraude al modelo cooperativo, por la apariencia de una cooperativa de trabajo asociado que, en realidad, operaba como una mera empresa de provisión de mano de obra (cooperativa de servicios). Se vulneraron el principio de autonomía y autogestión, ya que los socios trabajadores no ostentaban control alguno sobre la cooperativa, sino que estaban plenamente insertos en el círculo organizativo y de dirección de las empresas clientes (mataderos e industrias cárnicas). Con este caso se consolidó el concepto de «falsos autónomos cooperativizados». La Inspección de Trabajo determinó que la cooperativa carecía de estructura empresarial y que actuaba como pantalla para encubrir una cesión ilegal de trabajadores, permitiendo a las empresas clientes eludir la aplicación de los convenios colectivos del sector y reducir drásticamente sus costes de seguridad social, cfr., ARNAU COSÍN, M.J.: «Cooperativa de trabajo asociado en fraude de ley», CIRIEC, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, núm. 45, 2024, pp. 343-363; ROJO TORRECILLA, E., «Falso cooperativismo y existencia de relación laboral (caso Servicarne)», Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 9, 2024, pp. 1-9; BAYLOS GRAU, A.: « Dos sentencias y un mismo problema: los falsos autónomos del sector cárnico», 2021 en https://baylos.blogspot.com/2021/08/; ÍSCAR DE ROJAS, P., «Cooperativas y falsos cooperativistas. Un comentario al hilo de la Sentencia 785/2019, del juzgado núm. 2 de León, de 7 de noviembre de 2010», Revista de Derecho de Sociedades, núm. 59, 2020, pp. 1-16; GARCÍA JIMÉNEZ, M., «Falsas cooperativas, usos abusivos y derechos de los trabajadores. Análisis jurisprudencial y propuestas de actuación», op. cit., p. 7 y pp. 9-13, con análisis de jurisprudencia sustentada en la cesión ilegal de trabajadores; MONREAL BRINGSVAERD, E.J., «Servicarne y sus contratas: un cierre en falso de su carácter fraudulento por parte de la STS (4.ª), de 24 de septiembre de 2024», Trabajo y Derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, núm. 124, 2025, con critica del procedimiento de descalificación e imputación incorrecta de la infracción cometida, señalando que el verdadero abuso de la cooperativa se encuentran en captar socios trabajadores en beneficio de sus empresas comitentes y en el derecho al desarrollo de la actividad cooperativizada y no tanto en la tipificación de los contratos como cesiones ilegales de trabajadores. Por su parte, Fidelis Factu, S. Coop., propietaria de la marca factoo, descalificada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2017, sirvió para la introducción de una anomalía distinta, denominada cooperativa de facturación. Aquí se posibilitaba que profesionales independientes pudieran facturar sus trabajos sin cumplir con la obligación de darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La sociedad carecía de afectio societatis y de actividad cooperativizada, ya que su única función era actuar como un vehículo de facturación que simulaba relaciones laborales por días u horas para reducir el coste prestacional. Las cooperativas de trabajo asociado exigen actividad común y estructura organizativa para ello, que no formaban parte del modelo que se había arbitrado «pago por uso» de la personalidad jurídica social cooperativa, al respecto, cfr., LACOMBA PÉREZ, F.R., «El dudoso fenómeno de las cooperativas «online» de trabajo asociado o cooperativas de facturación», Lex Social, núm. 2, vol.7, 2017, pp. 275-276.

[15] Cfr., SÁNCHEZ PACHÓN, L.A., «Creación de falsas cooperativas y controles de legalidad», en Innovación social y elementos diferenciales de la economía social y cooperativa, op. cit., pp. 126-131.

[16] El artículo 116.2 LCOOP se refería a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que, como se sabe, fue derogada con ocasión de la entrada en vigor (el 2 de octubre 2015) de la LPACAP y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez transcurrido el plazo de vacatio legis que preveían sus propias disposiciones transitorias.

[17] Su incorporación es resultado de la enmienda núm. 55 del grupo parlamentario socialistas y del grupo parlamentario plurinacional SUMAR, presentada en el Congreso de los Diputados al Proyecto de LIIES, con la justificación expresada de la dificultad para resolver el procedimiento de descalificación en el plazo de tres meses con operativa de la institución de la caducidad, implicando una carga de trabajo adicional para la Administración, al tener que comenzar de nuevo el procedimiento desde el principio. Por tanto, la necesidad de establecer el plazo máximo de seis meses para resolver el procedimiento de descalificación, que permite el artículo 21.2 LPACAP asegurando así la conclusión de estos con el respeto a las máximas garantías legales en su tramitación.

[18] En efecto, el procedimiento de descalificación remite su régimen jurídico a la LPACAP, con determinadas particularidades. Al margen de las introducidas por la LIIES, se exige el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, artículo 116.2.a) LCOOP, se establece la previsión de un trámite de audiencia que contempla la personación del consejo rector o, en su defecto, de un número de personas socias no inferior a tres, así como que cuando no se produjese o no fuese posible dicha comparecencia, el trámite de audiencia se entenderá cumplido con la publicación del correspondiente aviso en el BOE, artículo 116.2.b) LCOOP y, finalmente, se establece que la resolución administrativa de descalificación será revisable en vía judicial y que no será ejecutiva hasta que recaiga sentencia firme, artículo 116.2.c) LCOOP.

[19] El artículo 21.3 LPACAP establece que «Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación».

[20] El artículo 25.1.b) LPACAP regula que ««En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: [...] b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad». Así se justificó el señalamiento del plazo máximo de resolución del procedimiento de descalificación, resultado de la enmienda núm. 55 del grupo parlamentario socialistas y del grupo parlamentario plurinacional SUMAR, en el Congreso de los Diputados, que implicaba una «carga de trabajo adicional para la Administración, al tener que comenzar de nuevo el procedimiento desde el principio», Vid., BOCG, de 16 de junio de 2025, que puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-36-3.PDF#page=1.

[22] El texto del artículo 116 LCOOP contenido originariamente en el Proyecto de LIIES no difiere notablemente del texto resultante con la aprobación de la LIIES; se han concretado algunas circunstancias determinantes de causa de descalificación, artículo 116.1.c) apartado 2.º y la incorporación del apartado e) al artículo 116.2 LCOOP, relativo al plazo máximo de resolución del procedimiento de descalificación, anteriormente referido (nota núm. 16). El Proyecto de LIIES se encuentra publicado en BOCG de 18 de octubre de 2024, Congreso de los Diputados, serie A, núm. 36-1. Proyectos de Ley. En la cámara baja se presentó una sola enmienda, la núm. 55 del grupo parlamentario socialistas y del grupo parlamentario plurinacional SUMAR, con las concreciones indicadas, y ninguna en la cámara alta. En concreto, junto al plazo máximo para resolver los procedimientos de descalificación, se propuso la siguiente modificación al apartado 2.º del artículo 116.1.c) LCOOP «…así como cuando su actividad principal sea la realización, mediante subcontratación mercantil de obras o servicios, de toda o parte de la propia actividad o de la actividad principal de otra empresa o empresas o grupos empresariales contratistas y se desarrolle sin tener o sin aportar estructuras organizativas, materiales, financieras de gestión que permitan la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros limitándose a facilitar el trabajo personal de los socios y su integración en una organización productiva controlada, dirigida y organizada por la empresa cliente». La Ponencia encargada de redactar el informe sobre la Proyecto de LIIES, por mayoría, acordó su incorporación al Proyecto de LIIES de la referida enmienda, que fue aprobada por la Comisión con competencia legislativa plena, vid., BOCG, de 22 de diciembre de 2025, que puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-36-5.PDF#page=1.

[23] En tal sentido, BORJABAD GONZALO, P., Derecho Cooperativa Catalán, Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, 2025, p. 312, define a la descalificación de las cooperativas como la resolución administrativa que implica la disolución y la liquidación de la sociedad cooperativa.

[24] Cfr., SORIANO CORTÉS, D., «Falsas cooperativas: indicios identificativos e instrumentos para combatir el fraude», en Las cooperativas como instrumento de política de empleo ante los nuevos retos del mundo del trabajo, op. cit., p. 861 y p. 869.

[25] Cfr., BRETOS, I., DÍAZ-FONCEA, M., Y MARCUELLO, C., «Las Cooperativas y la Constitución Española de 1978: una mirada retrospectiva», CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, núm. extraordinario, 2018, pp. 127-140; respecto del propósito del artículo 129.2 CE, vid., BURZACO SAMPER, M., «La intervención pública en las sociedades cooperativas. El inadecuado papel de las administraciones públicas como garantes de los principios y valores cooperativos mediante el ejercicio de la potestad sancionadora», CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, núm. 27, 2015, p. 7.

[26] Cfr., BURZACO SAMPER, M., «La intervención pública en las sociedades cooperativas: la necesidad de revisar el modelo de «tutela administrativa», op. cit., p. 106 y pp. 112-118, sobre el principio de fomento del cooperativismo y su materialización.

[27] Cfr., BURZACO SAMPER, M., «La intervención pública en las sociedades cooperativas: la necesidad de revisar el modelo de «tutela administrativa», op. cit., 118-127. Sobre la conveniencia de diferenciar entre actividad sancionadora y de inspección, vid., CASTRO LÓPEZ, M.d.P., «La inspección y el régimen sancionador en materia de cooperativas», capitulo IV «Administraciones públicas y cooperativas» en Tratado de Derecho de Cooperativas, Tomo I, Peinado Gracia, J.I., (Dir.) y Vázquez Ruano, T., (Coord.), Tirant lo Blanch, 2019, pp. 296-300.

[28] Ello se enmarca en el sistema de vigilancia administrativa al que quedan sometidas las cooperativas que se concreta, además de en el ámbito del procedimiento de descalificación, en el régimen sancionador y en el sistema de intervención administrativa, junto con la labor inspectora en el ámbito estatal, a través de la inspección de trabajo y seguridad social, y los correspondientes a nivel autonómico, cfr., SANTOS DOMÍNGUEZ, M.A., El poder de decisión del socio en las sociedades cooperativas: la asamblea general, Civitas, 2014, p. 201.

[29] Cfr., BOTANA AGRA, M., «Disolución», capítulo IX «Extinción de la cooperativa», en Tratado de Derecho de Cooperativas, Tomo II, Peinado Gracia, J.I., (Dir.) y Vázquez Ruano, T., (Coord.), Tirant lo Blanch, 2019, p. 1136, quien señala que la descalificación de la sociedad cooperativa opera como causa de disolución de pleno derecho, por la concurrencia de la causa de descalificación que no requiere acuerdo de la asamblea general de la sociedad cooperativa.

[30] La doctrina no se muestra unánime y existen partidarios de eliminar el régimen de descalificación de las sociedades cooperativas y partidarios de su mantenimiento, vid., SANTOS DOMÍNGUEZ, M.A., El poder de decisión del socio en las sociedades cooperativas: la asamblea general, op. cit., p. 208, nota 428, con cita de la doctrina jurídica en favor y en contra de la eliminación, por diferentes motivaciones, del régimen de descalificación. Tradicionalmente, por quedar en instancias administrativas y no judiciales una medida tan extrema que hace perder la condición de sociedad cooperativa, vid., BURZACO SAMPER, M., «La potestad administrativa sancionadora en la Ley 8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad Valenciana», CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, núm. 18, 2007, p. 27.

[31] Las tradicionales causas que han posibilitado la descalificación de una sociedad cooperativa han sido clasificadas, con carácter general, en dos grupos. Por un lado, las que se han encontrado enlazadas con las causas de disolución y, por otro lado, las que van unidas a la comisión de infracciones graves y/o muy graves, y que, en su caso, pueden ir también trabadas a la existencia, además, de ciertas circunstancias de agravación de las sanciones, cfr., BURZACO SAMPER, M., «La intervención pública en las sociedades cooperativas. El inadecuado papel de las administraciones públicas como garantes de los principios y valores cooperativos mediante el ejercicio de la potestad sancionadora», op. cit., p. 28, quien, conforme a ello, plantea la naturaleza jurídica de la descalificación como acción declarativa o como acción sancionadora apostando, firmemente en la p. 29, por el carácter sancionador de la descalificación, al encontrarse siempre vinculada con la comisión de infracciones de mayor gravedad. También, CASTRO LÓPEZ, M.d.P., «La inspección y el régimen sancionador en materia de cooperativas», en Tratado de Derecho de Cooperativas, Tomo I, op. cit., p 305.

[32] Cfr., VARGAS VASSEROT, C., GADEA SOLER, E., Y SACRISTÁN BERGIA, F., Derecho de las sociedades cooperativas. Introducción, constitución, estatuto del socio y órganos sociales, La Ley, 2014, p. 23; VARGAS VASSEROT, C., «Disposiciones generales», en Retos y oportunidades de las sociedades cooperativas andaluzas ante su nuevo marco legal. Comentario a la Ley 14/2011, de Sociedades Cooperativas Andaluzas y a su Reglamento de desarrollo (Decreto 123/2014), Morillas Jarillo, M.J., y Vargas Vasserot, C., (Dirs.), Cano Ortega, C., (Coord.), Dykinson, 2017, p. 41; MARTÍNEZ ETXEBERRIA, G., «Un doble fraude en el ámbito laboral y en el de los valores y principios cooperativos: las falsas cooperativas», Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 253, 2022, p. 12; SÁNCHEZ PACHÓN, L.A., «Creación de falsas cooperativas y controles de legalidad», en Innovación social y elementos diferenciales de la economía social y cooperativa, op. cit., 2022, pp. 120-122, entre otros.

[33] Así, GARCÍA JIMÉNEZ, M., «Falsas cooperativas, usos abusivos y derechos de los trabajadores. Análisis jurisprudencial y propuestas de actuación», op. cit., p. 33, ofreciendo la propuesta de unificar, en el conjunto de la legislación española, el concepto de cooperativa conforme a la definición de la ACI.

[34] El artículo 1 LCOOP establece que «1. La cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades económicas, encaminadas a satisfacer sus comunes necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con participación económica de las personas socias, autonomía e independencia, educación, formación e información; cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad, conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional, en los términos de la presente ley». Para una aproximación legal y conceptual de la sociedad cooperativa, en el ámbito normativo autonómico, vid., MARTÍNEZ ETXEBERRIA, G., «Un doble fraude en el ámbito laboral y en el de los valores y principios cooperativos: las falsas cooperativas», op. cit., pp. 3-4. Sobre el reconocimiento de los principios cooperativos en la legislación autonómica cooperativa, vid., FAJARDO GARCÍA, G., «Reconocimiento legal y social de los valores y principios cooperativos como rasgos de identidad de las cooperativas», Deusto Estudios Cooperativos, núm. 25, 2025, pp. 93-94.

[35] Vid., SANTOS DOMÍNGUEZ, M.A., «La ajuridicidad de los principios cooperativos. Su naturaleza moral», en Los principios cooperativos y su incidencia en el régimen legal y fiscal de las cooperativas, Aguilar Rubio, M., y Vargas Vasserot, C., (Dirs.), Hernández Cáceres, D., (Coord.), 2024, Dykinson, pp. 107-144; SANTOS DOMÍNGUEZ, M.A., El poder de decisión del socio en las sociedades cooperativas: la asamblea general, op. cit., pp. 122-264.

[36] El apartado III del preámbulo de la LIIES establece que la modificación de las causas de descalificación obedece a la facilitación de un instrumento que contribuya a levantar el velo en aquellas de situaciones alejadas de la realidad de los principios y valores por los que se guían y mueven las sociedades cooperativas poniendo de manifiesto la existencia de falsas cooperativas, sin perjuicio de cuál sea el régimen jurídico real que haya que aplicar. Cfr., FAJARDO GARCÍA, G., «Reconocimiento legal y social de los valores y principios cooperativos como rasgos de identidad de las cooperativas», op. cit., pp. 93-94, nota píe de página núm. 52.

[37] Cfr., FAJARDO GARCÍA, G., «Falsas cooperativas de trabajadores y medidas adoptadas por los poderes públicos en España para combatirlas», CIRIEC 2019/30, p. 33, señalando que serían falsas cooperativas; SORIANO CORTÉS, D., «Falsas cooperativas: indicios identificativos e instrumentos para combatir el fraude», en Las cooperativas como instrumento de política de empleo ante los nuevos retos del mundo del trabajo, op. cit., p. 851.

[38] Cfr., MARTÍNEZ ETXEBERRIA, G., «Un doble fraude en el ámbito laboral y en el de los valores y principios cooperativos: las falsas cooperativas», op. cit., p. 6 y p. 12; FAJARDO GARCÍA, G., «Reconocimiento legal y social de los valores y principios cooperativos como rasgos de identidad de las cooperativas», op. cit. p. 93.

[39] Vid., artículo 162.b) LCC-LM.

[40] Vid., artículo 155 LCIC y artículo 140.1 LCRM.

[41] Vid., artículo 161.1.a) LCPV. Al respecto, el artículo 159.2.d) LCPV establece que constituye una infracción muy grave «La transgresión manifiesta de los principios cooperativos reconocidos en esta ley o la utilización instrumental o ficticia de la figura cooperativa para encubrir finalidades ajenas a las que son propias de estas entidades».

[42] Vid., artículo 143.1 LCM y artículos 141.1.5.b) y 142.2 LCM. En el mismo sentido, artículo 149.2.b) LCIB que establece como causas de descalificación de la sociedad cooperativa «Las transgresiones muy graves de las disposiciones imperativas de esta ley cuando provoquen o puedan provocar importantes perjuicios económicos o sociales que supongan vulneración reiterada y esencial de los principios cooperativos».

[43] Vid., artículo 123.4.t) LSCA. Los principios generales que informan la constitución y funcionamiento de las sociedades cooperativas andaluzas, se recogen en el artículo 4 LSCA: libre adhesión y baja voluntaria de los socios y socias; estructura, gestión y control democráticos; igualdad de derechos y obligaciones de las personas socias; participación de los socios y socias en la actividad de la cooperativa, así como en los resultados obtenidos en proporción a dicha actividad; autonomía e independencia; promoción de la formación e información de sus miembros; cooperación empresarial y, en especial, intercooperación; fomento del empleo estable y de calidad, con singular incidencia en la conciliación de la vida laboral y familiar; igualdad de género, con carácter transversal al resto de principios; sostenibilidad empresarial y medioambiental; compromiso con la comunidad y difusión de estos principios en su entorno.

[44] Vid., artículos 124.1.c) y 126.2.b) LSCA; en términos similares, artículos 121.1.a) y 117.4.a) LCCV.

[45] Cfr., MORILLAS JARILLO, M.J., «Concepto y clases de cooperativas», capitulo II, en Tratado de Derecho de Cooperativas, Tomo I, Peinado Gracia, J.I., (Dir.) y Vázquez Ruano, T., (Coord.), Tirant lo Blanch, 2019, pp. 147-149.

[46] Cfr., SANTOS DOMÍNGUEZ, M.A., El poder de decisión del socio en las sociedades cooperativas: la asamblea general, op. cit., pp. 208-210. Por su parte, CRACOGNA, D., «Los principios cooperativos en la actualidad», Deusto Estudios Cooperativos, núm. 25, 2025, pp. 11-26, destaca la importancia de la ACI en el ámbito de los principios cooperativos y alerta de la necesidad de profundizar en la identidad cooperativa sin forzar reformas que no ayuden a conocer los rasgos esenciales caracterizadores de las sociedades cooperativas sustentados en los valores y principios cooperativos.

[47] Cfr., BURZACO SAMPER, M., «La intervención pública en las sociedades cooperativas: la necesidad de revisar el modelo de «tutela administrativa», op. cit., p. 124; BURZACO SAMPER, M., «La intervención pública en las sociedades cooperativas. El inadecuado papel de las administraciones públicas como garantes de los principios y valores cooperativos mediante el ejercicio de la potestad sancionadora», op. cit. pp. 30-31; BURZACO SAMPER, M., «La potestad administrativa sancionadora en la Ley 8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad Valenciana», op. cit., p. 19.

[48] Cfr., FAJARDO GARCÍA, G., «Reconocimiento legal y social de los valores y principios cooperativos como rasgos de identidad de las cooperativas», op. cit., p. 95; BURZACO SAMPER, M., «La intervención pública en las sociedades cooperativas. El inadecuado papel de las administraciones públicas como garantes de los principios y valores cooperativos mediante el ejercicio de la potestad sancionadora», op. cit., p. 31.

[49] Cfr., FAJARDO GARCÍA, G., «Reconocimiento legal y social de los valores y principios cooperativos como rasgos de identidad de las cooperativas», op. cit., p. 74 y p. 76, encontrándose implícitos en la organización y funcionamiento de las sociedades cooperativas como rasgos propios derivados de su naturaleza mutualista, sean o no reconocidos en la legislación.

[50] Cfr. TRUJILLO DIEZ, I.J., «El valor jurídico de los principios cooperativos. A propósito de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 76 (658), 2000, p. 1331, al describir lo que son y lo que deberían ser las cooperativas. Indicando, asimismo, en las pp. 1331 y 1337, que nuestro país es, posiblemente, uno de los más imbuidos por los principios de la ACI (2015); FAJARDO GARCÍA, G., «Reconocimiento legal y social de los valores y principios cooperativos como rasgos de identidad de las cooperativas», op. cit., pp. 84. Por su parte, JULIÁ IGUAL, J.F., y GALLEGO SEVILLA, L.P., «Principios cooperativos y legislación de la sociedad cooperativa española. El camino hacia el fortalecimiento de su carácter empresarial», REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, núm. 70, 2000, p. 126, sostienen que constituyen la estructura normativa mínima que toda sociedad cooperativa debe poseer; BURZACO SAMPER, M., «La intervención pública en las sociedades cooperativas: la necesidad de revisar el modelo de «tutela administrativa», op. cit., p. 108. En favor de la validez normativa directa de los principios cooperativos, PANIAGUA ZURERA, M., «La sociedad cooperativa. Las sociedades mutuas de seguros y las mutualidades de previsión social», en La sociedad cooperativa. Las sociedades mutuas y las entidades mutuales. Las sociedades laborales. La sociedad de garantía recíproca, Tomo XII: Tratado de Derecho mercantil, vol. 1, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2005, pp. 36-37; SANZ JARQUE, J.J., Cooperación, teoría general y régimen de las sociedades cooperativas. El nuevo Derecho cooperativo, Editorial Comares, Granada, 1994, pp. 158-159, y MARTÍNEZ SEGOVIA, F. J., «Un nuevo reto para el Derecho cooperativo: la sociedad cooperativa especial de la Ley 8/2006, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de Extremadura», Revista Derecho de Sociedades, núm. 28, 2007, pp. 439-450. En contra, SANTOS DOMÍNGUEZ, M.A., «La relación de los principios cooperativos con el derecho», CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, núm. 27, 2015, pp. 87-132. Sobre su naturaleza moral y función interpretativa, vid. SANTOS DOMÍNGUEZ, M.A., El poder de decisión del socio en las sociedades cooperativas: la asamblea general, op. cit., pp. 241-258 y 258-264.

[51] Cfr., Cfr. VARGAS VASSEROT, C., «Disposiciones generales (arts. 1-7)», en Retos y oportunidades de las sociedades cooperativas andaluzas ante su nuevo marco legal: Comentario a la Ley 14/2011, de Sociedades Cooperativas Andaluzas y a su Reglamento de desarrollo (Decreto 123/2014), MORILLAS JARILLO, M.J., VARGAS VASSEROT, C. (Dirs.) y CANO ORTEGA, C. (Coord.), Dykinson, Madrid, 2017, p. 39 y GARCÍA ÁLVAREZ, B., «Sobre la noción de interés social en las sociedades cooperativas y los principios cooperativos», CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, núm. 34, 2019, p. 11. VERGEZ SÁNCHEZ, M., El derecho de las cooperativas y su reforma, Civitas, 1973, p. 17.

[52] Cfr., Cfr., BURZACO SAMPER, M., «La intervención pública en las sociedades cooperativas: la necesidad de revisar el modelo de «tutela administrativa», op. cit., p. 107; BURZACO SAMPER, M., «La intervención pública en las sociedades cooperativas. El inadecuado papel de las administraciones públicas como garantes de los principios y valores cooperativos mediante el ejercicio de la potestad sancionadora», op. cit., p. 9.

[53] Como ha señalado BURZACO SAMPER, M., «La intervención pública en las sociedades cooperativas. El inadecuado papel de las administraciones públicas como garantes de los principios y valores cooperativos mediante el ejercicio de la potestad sancionadora», op. cit., p. 32 «la Administración asume un papel de garante de la pureza en el cumplimiento de los principios cooperativos, determinando que su vulneración habilita la puesta en marcha del poder administrativo punitivo. Guardián de los mismos principios que el propio legislador se está ocupando de diluir».

[54] Establece el artículo 116.1 LCOOP «Serán causa de descalificación de una sociedad cooperativa, entre otras»; establecía el artículo 116.1 LCOOP «Podrán ser causa de descalificación de una sociedad cooperativa».

[55] Se impide seguir funcionando como sociedad cooperativa, cfr., SANZ GARCÍA, A., «La disolución y la liquidación de las sociedades cooperativas en Euskadi: enumeración de los antecedentes normativos y su actual regulación en la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi. Propuestas de mejora», GIZAEKOA, Revista Vasca de Economía Social, núm. 19, 2022, p. 76.

[56] Como establece el artículo 116.2.c) LCOOP «La resolución administrativa de descalificación será revisable en vía judicial y, si se recurriera, no será ejecutiva mientras no recaiga sentencia firme». Se trata de una garantía en favor de la cooperativa afectada, que traslada uno de los criterios esenciales en la adopción de medidas cautelares conocido como «periculim in mora» a fin de evitar un perjuicio de imposible o difícil reparación, cfr., BURZACO SAMPER, M., «La potestad administrativa sancionadora en la Ley 8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad Valenciana», op. cit., p. 30.

[57] Cfr., SANZ GARCÍA, A., «La disolución y la liquidación de las sociedades cooperativas en Euskadi: enumeración de los antecedentes normativos y su actual regulación en la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi. Propuestas de mejora», op. cit., p. 76.

[58] También es posible el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución de descalificación, en el plazo de un mes o, como se ha dicho, optar directamente por la vía jurisdiccional mediante el recurso contencioso-administrativo, en el término de dos meses, desde la fecha de la resolución administrativa de descalificación, quedando suspendida la eficacia de la disolución automática hasta la firmeza en derecho del acto o de la posterior resolución judicial.

[59] También, en el ámbito autonómico cooperativo, artículo 95.4 LCA; artículo 208.3 LCPA; artículo 148.5 LCCAN; artículo 139.3.d) LCCL; artículo 141.3 LCG; artículo 62.1 LCN y artículo 142.3 LCLR, entre otras; el apartado 5 del artículo 142 LCLR establece, no obstante, que antes de dictarse la resolución de descalificación la sociedad cooperativa podrá transformarse en sociedad civil o mercantil, siempre que no se haya incurrido en la comisión de infracción muy grave de normas imperativas o prohibitivas.

[60] Vid., artículo 189.3 LSCE; artículo 143.3 LCM; artículo 141.3 LCRM; artículo 126.4 LSCA; artículo 121.2 LSCV; artículo 145.4 LCIC; artículo 162.2 LCC-LM; artículo 161.4 LCPV; artículo 153.6 LCC. De esa manera se atempera el radical efecto de disolución de la descalificación, cfr., BURZACO SAMPER, M., «La potestad administrativa sancionadora en la Ley 8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad Valenciana», op. cit., p. 30.

[61] Vid., artículo 149.3 LCIB cuando establece que la advertencia, por la autoridad administrativa competente, de una causa de descalificación, exige requerir a la cooperativa para que la enmiende y el incumplimiento del requerimiento origina la incoación del expediente de descalificación; artículo 161.2 LCPV; artículo 103.1 LCC que exige, además, «...que se mantengan todos los requisitos necesarios para ser cooperativa y que aún no haya iniciado el reembolso de las aportaciones a sus socios».

[62] Cfr., ALFONSO SÁNCHEZ, R., «Transformación», capitulo VIII «modificaciones estructurales», en Tratado de derecho de cooperativas, Tomo I, Peinado Gracia, J.I., (Dir.) y Vázquez Ruano, T., (Coord.), Tirant lo Blanch, 2019, pp. 1048-1049, con cita de doctrina en favor del acogimiento de la transformación como alternativa para la regularización de sociedades cooperativas que incurran en causas de descalificación; BOTANA AGRA, M., «Disolución», capítulo IX «Extinción de la cooperativa», en Tratado de Derecho de Cooperativas, Tomo II, op. cit., pp. 1151-1152 y p. 1155; FAJARDO GARCÍA, G., «Reconocimiento legal y social de los valores y principios cooperativos como rasgos de identidad de las cooperativas», op. cit., p. 93, siendo recomendable la admisión legal, de su transformación en otra forma jurídica.

[63] La comisión de infracciones muy graves llevan aparejada la imposición de multas a la sociedad cooperativa y, en algunos supuestos, además, la posibilidad de descalificación de la sociedad cooperativa, artículo 151.1.c) LCC, artículo 118.1 LCCV, artículo 124.1.c) LSCA; en ningún caso opera por la comisión de infracciones leves y en algunos casos por la comisión de infracciones graves o su reiteración, artículo 186.4 LSCE.

[64] En tal sentido, el artículo 155 LCIC no refiere como causa de descalificación algunos de los supuestos de causas de disolución; por el contrario, si son contempladas como causas de descalificación algunos de los casos previstos como causa de disolución en el artículo 116 LCOOP, artículo 153.1 LCC, artículo 161 LCPV, artículo 126.2.a) LSCA o artículo 81.1.i) LCCV que señala que la sociedad cooperativa quedará disuelta, salvo los casos de fusión y escisión, por la descalificación de la cooperativa.

[65] Cfr., BOTANA AGRA, M., «Disolución», capítulo IX «Extinción de la cooperativa», en Tratado de Derecho de Cooperativas, Tomo II, op. cit., p. 1160; SANZ GARCÍA, A., «La disolución y la liquidación de las sociedades cooperativas en Euskadi: enumeración de los antecedentes normativos y su actual regulación en la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi. Propuestas de mejora», op. cit., pp. 59-60. Por su parte, el artículo 103.1 LCC establece que «en cualquier momento, la asamblea general puede adoptar un acuerdo de reactivación de la cooperativa, siempre que se elimine la causa que motivó su disolución, voluntaria o por descalificación, que se mantengan todos los requisitos necesarios para ser cooperativa y que aún no haya iniciado el reembolso de las aportaciones a sus socios».

[66] El artículo 70.1 LCOOP refiere las causas de disolución de la sociedad cooperativa. De las referidas causas sólo algunas son consideradas como causas de descalificación. En concreto, al margen de la establecida en el apartado c) del artículo 70.1. LCOOP, cuya concreción ha sido incorporada al artículo 116.1.a) LCOOP, tienen con objeto: «…la reducción del número de socios por debajo de los mínimos establecidos en la presente Ley o del capital social por debajo del mínimo establecido estatutariamente, sin que se restablezcan en el plazo de un año», artículo 70. 1.d) LCOOP: «… la realización del objeto social o la imposibilidad de su cumplimiento», artículo 70.1.e) LCOOP; y «cualquier otra causa establecida en la Ley…», artículo 70.1.g) LCOOP.

[67] Así, como particularidad del procedimiento de descalificación, el artículo 116.2.b) LCOOP regula que «En el trámite de audiencia a la sociedad, se personará el Consejo Rector o, en su defecto, un número de personas socias no inferior a tres. Cuando no se produjese o no fuese posible dicha comparecencia, el trámite se cumplirá publicando el correspondiente aviso en el Boletín Oficial del Estado».

[68] Cfr., SANZ GARCÍA, A., «La disolución y la liquidación de las sociedades cooperativas en Euskadi: enumeración de los antecedentes normativos y su actual regulación en la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi. Propuestas de mejora», op. cit., p. 52, a efectos de diferenciar entre actividad cooperativizada y actividad cooperativa señalando que cuando «la causa de disolución se refiere a la actividad cooperativa, ello hace que la Sociedad Cooperativa pueda evitar esta causa de disolución realizando cualquier actividad, aunque no esté dentro de las que se comprenden en su objeto social recogido en los estatutos sociales de la Sociedad Cooperativa, sin embargo ello no sería posible en el caso de que la interrupción se refiriese a las actividades cooperativizadas».

[69] Cfr., artículo 91.3 LCPV, relativo a las causas de disolución, que refiere «La paralización o inactividad de los órganos sociales o la interrupción sin causa justificada de la actividad cooperativa, en ambos casos durante dos años consecutivos» y el artículo 161.1.b) LCPV, relativo a las causas de descalificación, que establece «La inactividad de los órganos sociales necesarios o la no realización del objeto social durante más de tres años consecutivos». Así, a efectos de descalificación se toman como referencia sólo los órganos sociales necesarios y el objeto social delimitado en los estatutos. En otras normativas autonómicas sobre cooperativas se observa el mismo plazo de dos años consecutivos, artículo 79.1. c) e i) LCSA relativo a causa de disolución y artículo 126.2.a) LSCA como causa de descalificación; artículo 81.1.c) LCCV y artículo 121.1.b) y c) LCCV, relativos a causas de disolución y como causas de descalificación, respectivamente.

[70] Vid., artículo 30.1 Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas, dicha anotación tendrá sus efectos en relación a lo establecido en el artículo 38,3,a), del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

[71] Vid., artículo 30.2 Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas. Conforme al referido precepto, con carácter previo, el registro comunicará a la sociedad las circunstancias apreciadas, para que en plazo de un mes manifieste lo que corresponda o para que proceda a su regularización.

[72] Vid., artículos 282 y 283 TRLSC. Artículos 61.4 y 109 LCOOP; artículos 4.2 y 28 Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas. En la normativa autonómica de Cataluña, el artículo 151.1 LCC ha regulado con carácter cumulativo a la sanción económica correspondiente por el incumplimiento de la obligación de depósito de las cuentas anuales el cierre registral y con ello que la persona encargada del registro de cooperativa de Cataluña no pueda inscribir ningún otro asiento en la hoja correspondiente a la sociedad cooperativa hasta que se produzca el depósito de las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, con las excepciones previstas en el artículo 151.7 LCC. Cfr., PUYALTO FRANCO, M. .ª J., «La administración pública y las cooperativas», en Régimen jurídico de las sociedades cooperativas canarias, op. cit., pp. 563-564; VARGAS VASSEROT, C., «El sistema de publicidad legal de las cooperativas. Un problema pendiente de resolución, Revista Derecho de Sociedades, núm. 32, 2009, p. 132.

[73] Vid., artículo 35.1 LCOOP.

[74] Cfr., TODOLÍ SIGNES, A.: «La jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de falsas cooperativas», en La promoción del emprendimiento y la inserción social desde la economía social, Fajardo García, G., (Coord.), CIRIEC-España, 2018, pp. 87-90.

[75] Cfr., SORIANO CORTÉS, D., «Falsas cooperativas: indicios identificativos e instrumentos para combatir el fraude», en Las cooperativas como instrumento de política de empleo ante los nuevos retos del mundo del trabajo, op. cit., p. 851; MARTÍNEZ ETXEBERRIA, G., «Un doble fraude en el ámbito laboral y en el de los valores y principios cooperativos: las falsas cooperativas», op. cit., pp. 8-11; SÁNCHEZ PACHÓN, L.A., «Creación de falsas cooperativas y controles de legalidad», en Innovación social y elementos diferenciales de la economía social y cooperativa, op. cit., pp. 124-125.

[76] Vid., VÁZQUEZ RUANO, M.T., «Propósitos reglamentarios sobre la igualdad de género en la gestión cooperativa» CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, 2024, núm. 111, p. 30 y p. 34, respecto de su repercusión por la inobservancia de las condiciones de igualdad exigidas; CAÑABATE POZO, R., «La Comisión de Igualdad en el organigrama de las sociedades cooperativas: Propuesta de reforma de la ley estatal de cooperativas en materia de igualdad», en Empresas sociales, emprendimiento social y sostenibilidad empresarial, VARGAS VASSEROT, C., (Dir.)., Montiel Vargas, A., (Coord.), 2025, pp. 606-607.

[77] Cfr., SORIANO CORTÉS, D., «Falsas cooperativas: indicios identificativos e instrumentos para combatir el fraude», en Las cooperativas como instrumento de política de empleo ante los nuevos retos del mundo del trabajo, op. cit., p. 853 y p. 855.

[78] Cfr., SORIANO CORTÉS, D., «Falsas cooperativas: indicios identificativos e instrumentos para combatir el fraude», en Las cooperativas como instrumento de política de empleo ante los nuevos retos del mundo del trabajo, op. cit., p. 850 y p. 853-854.

[79] Se trató de la enmienda núm. 55, del grupo parlamentario socialistas y del grupo parlamentario plurinacional SUMAR, presentada en el Congreso de los Diputados, con la siguiente justificación, en lo referido a la concreción del supuesto tipificado: «… incorporar, en aras de una mayor seguridad jurídica, la doctrina del Tribunal Supremo (STS 1154/2024) respecto de las falsas cooperativas, debiendo garantizar el cumplimiento de las notas características de estas sociedades». Vid., BOCG, de 16 de junio de 2025, que puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-36-3.PDF#page=1

[80] Vid., artículo 132.5 y 9 LCC y artículo 149.3.2.º LSCE. Cfr., SORIANO CORTÉS, D., «Falsas cooperativas: indicios identificativos e instrumentos para combatir el fraude», en Las cooperativas como instrumento de política de empleo ante los nuevos retos del mundo del trabajo, op. cit., pp. 866-867.

[81] Cfr., SÁNCHEZ PACHÓN, L.A., «Creación de falsas cooperativas y controles de legalidad», en Innovación social y elementos diferenciales de la economía social y cooperativa, op. cit., p. 131 y p. 135; FAJARDO GARCÍA, G., «Falsas cooperativas de trabajadores y medidas adoptadas por los poderes públicos en España para combatirlas», CIRIEC, 2019, p. 16, y GARCÍA JIMÉNEZ, M., «Falsas cooperativas, usos abusivos y derechos de los trabajadores. Análisis jurisprudencial y propuestas de actuación», op. cit., pp. 24-26, respecto de su acogimiento de la normativa cooperativa de Cataluña y pp. 26-27, con relación a la normativa cooperativa de Extremadura.

[82] Cfr., MARTÍNEZ ETXEBERRIA, G., «Un doble fraude en el ámbito laboral y en el de los valores y principios cooperativos: las falsas cooperativas», op. cit., pp. 6-7.

[83] Cfr., LACOMBA PÉREZ, F.R., «El dudoso fenómeno de las cooperativas «online» de trabajo asociado o cooperativas de facturación», op. cit., pp. 274-276, con ejemplos de sociedades cooperativas de trabajo asociado de esa naturaleza y de la explicación de su funcionamiento.

[84] Cfr., LACOMBA PÉREZ, F.R., «El dudoso fenómeno de las cooperativas «online» de trabajo asociado o cooperativas de facturación», op. cit., pp. 282-284; FERRANDO GARCÍA, F., «El recurso a las cooperativas de trabajo asociado como mecanismo de subcontratación en la economía de plataformas», en Digitalización de la actividad societaria de Cooperativas y Sociedades Laborales, Alfonso Sánchez, R., y Andreu Martí, M. del M., (Dirs.), 2021, Thomson Reuters Aranzadi, pp. 502-504.

[85] Cfr., FERRANDO GARCÍA, F., «El recurso a las cooperativas de trabajo asociado como mecanismo de subcontratación en la economía de plataformas», op. cit., pp. 504-505, sin que exista un criterio jurisprudencial unánime.

[86] A esos efectos, las autoridades administrativas competentes de la concesión de la autorización han de verificar el cumplimiento de las exigencias debidas en la legislación sectorial del transporte y retirar en caso de incumplimiento la autorización concedida.

[87] Cfr., FAJARDO GARCÍA, G., «Las cooperativas de transporte, socios colaboradores y falsas cooperativas. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 2263/2018, de 18 de mayo (Social)», Revista de Derecho Mercantil, núm. 313, 2019, pp. 9-11, sobre la distinción entre cooperativa de transportes y cooperativa de transportistas y el trabajador asociado entre el trabajador autónomo y el trabajador dependiente; con referencia a la misma sentencia (STS 2263/2018), análisis jurisprudencial de distintas resoluciones judiciales y distinción entre cooperativa de trabajo asociado y cooperativa de servicios, GARCÍA JIMÉNEZ, M., «Falsas cooperativas, usos abusivos y derechos de los trabajadores. Análisis jurisprudencial y propuestas de actuación», op. cit., pp. 14-22 y p. 31, situando como elemento esencial a las cooperativas de trabajo asociado de transportes la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros, promoviendo de estructura organizativa, material, etc., de gestión, o de otra clase, que posibilite la prestación del trabajo por parte de los socios con la puesta en común del trabajo de los socios que la integran; en otros casos, se trataría de una actuación interpuesta de la sociedad cooperativa. También, SÁNCHEZ PACHÓN, L.A., «Creación de falsas cooperativas y controles de legalidad», en Innovación social y elementos diferenciales de la economía social y cooperativa, op. cit., pp. 128-129. Sobre las sociedades cooperativas de transportes previstas en la LCOOP, vid., MUNDO GUINOT, M.E., Las sociedades cooperativas de transporte: régimen jurídico y aspectos controvertidos, 2013, Marcial Pons, pp. 82-99.

[88] CASCALES MORENO, F.J., «La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2018, sobre falsas cooperativas de transporte (mercancías por carretera)», Tráfico y Seguridad Social, núm. 230, 2018, pp. 1-2.

[89] Cfr., ARNAU COSÍN, M.J., «Cooperativa de trabajo asociado en fraude de ley», op. cit., pp. 343-363.

[90] En algunos casos, con ejemplos de sociedades cooperativas de trabajo asociado han sido fácilmente detectadas con simple comprobación del cumplimiento de los principios cooperativos. La información pública de cooperativas online de trabajo asociado o de cooperativas de facturación han dado muestra de su verdadera intención y, al mismo tiempo, reclamo para emprendedores (sus verdaderos clientes) es eludir obligaciones de Seguridad Social y fiscales (pagar menos cotizaciones y menos impuestos), sirviéndose para ello de la utilización desviada de la forma social cooperativa.

[91] Algunas normas autonómicas incluyen como causa de descalificación la pérdida o incumplimiento de los requisitos necesarios para la calificación de la sociedad como sociedad cooperativa, artículo 155 LCIC: también, artículo 189.1.g) LSCE.

[92] Junto al registro estatal de cooperativas, dependiente de la administración general del estado, se encuentran los correspondientes registros autonómicos de cooperativas en los que se produce la mayoría de las inscripciones registrales por la delimitación de su ámbito de aplicación territorial de aplicación, cfr., VARGAS VASSEROT, C., «El sistema de publicidad legal de las cooperativas. Un problema pendiente de resolución, Revista Derecho de Sociedades, núm. 32, 2009, pp. 129-131 y p. 138, destacando la falta de coordinación entre ellos y con el registro mercantil.

[93] Dicha calificación registral se produce en el seno de un órgano puramente administrativo, a cargo de funcionarios públicos integrados en la estructura orgánica de un Ministerio o Consejería competente, que actúan bajo dependencia jerárquica directa de sus superiores políticos; sobre su consideración como registro administrativo y no jurídico, vid., CAÑABATE POZO, R., «Las inscripciones registrales de las cooperativas agrarias y de las sociedades agrarias de transformación», en Cooperativas Agrarias y Sociedades Agrarias de Transformación, Pulgar Ezquerra, J., (Dir.), y Vargas Vasserot, C., (Coord.), Madrid, Dykinson, 2006, p. 124; VARGAS VASSEROT, C., «El sistema de publicidad legal de las cooperativas. Un problema pendiente de resolución», op. cit., pp. 138-139.

[94] Cfr., SÁNCHEZ PACHÓN, L.A., «Creación de falsas cooperativas y controles de legalidad», en Innovación social y elementos diferenciales de la economía social y cooperativa, op. cit., pp. 122-125.

[95] Debe recordarse la ausencia en la LCCOP de un régimen sobre nulidad de sociedades cooperativas inscritas, aunque se cuenta con la doctrina de las sociedades defectuosas con efectos jurídicos similares, cfr., SÁNCHEZ PACHÓN, L.A., «Creación de falsas cooperativas y controles de legalidad», en Innovación social y elementos diferenciales de la economía social y cooperativa, op. cit., pp. 131-133 y pp. 134-135, con defensa de la simulación causal de la sociedad cooperativa como causa de invalidez frente a la aleatoria y, en ocasiones, arbitraria teoría del levantamiento de velo de la personalidad jurídica. En la normativa autonómica cooperativa, el artículo 14 LCPV regula la nulidad de las cooperativas con remisión a las causas y efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. Como salvedad se regula que la concurrencia en el acto constitutivo de la voluntad efectiva de dos personas socias fundadoras queda sustituida por la del número mínimo de personas socias establecido por la LCPV. En conexión con las causas de descalificación, el artículo 161.1.c) LCPV establece que la pérdida o incumplimiento de los requisitos necesarios para la calificación como cooperativa es causa de descalificación salvo que fuese causa de nulidad de la sociedad cooperativa.

[96] A esos efectos, las cooperativas han de constituir un fondo con esos fines, en esencia, de los valores y principios cooperativos aun la presencia en la normativa autonómica cooperativa de otros posibles fines, cfr., FAJARDO GARCÍA, G., «Reconocimiento legal y social de los valores y principios cooperativos como rasgos de identidad de las cooperativas», op. cit., pp. 91-92.

[97] El principio de educación sirve al conocimiento por parte de los socios que forman parte de la cooperativa a que comprendan sus derechos y obligaciones, cfr., MARTÍNEZ CHARTERINA, A., «Estado y evolución de los principios cooperativos como parte esencial de la identidad cooperativa», Deusto Estudios Cooperativos, núm. 25, 2025, pp. 35-36.

[98] El artículo 113 LCOOP atribuye la labor inspectora respecto del cumplimiento de la normativa sobre cooperativa al Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección de Trabajo, sin perjuicio de las funciones inspectoras que correspondan a los distintos Departamentos ministeriales de acuerdo con sus respectivas competencias; asimismo, dentro de la función inspectora que corresponde ejercer al Cuerpo de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, el artículo 12.1, f) de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social les confiere la tarea de llevar a cabo la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la legalidad, concretamente, en materia cooperativa; e igualmente, el artículo 19.1.f) les atribuye dentro de su ámbito de actuación la de «las sociedades cooperativas en relación a su constitución y funcionamiento y al cumplimiento de las normas del orden social en relación a sus socios trabajadores o socios de trabajo», cfr., SORIANO CORTÉS, D., «Falsas cooperativas: indicios identificativos e instrumentos para combatir el fraude», en Las cooperativas como instrumento de política de empleo ante los nuevos retos del mundo del trabajo, op. cit., pp. 859-860, respecto del necesario refuerzo de la labor inspectora sobre las cooperativas.

[99] En tal sentido, artículo 121.1 LCCV para supuestos de inactividad de los órganos sociales durante dos años consecutivos y de no realización del objeto o fines sociales durante dos años consecutivos, la administración requerirá a la entidad afectada a fin de que, en un plazo no superior a tres meses, adopte las medidas necesarias para corregir la irregularidad. Cuando no sea atendida En caso de ser desatendido el requerimiento se iniciaría el procedimiento de descalificación. Asimismo, el artículo 161.2 LCPV establece que cuando el departamento del Gobierno Vasco con competencia en materia de trabajo tenga conocimiento de que una cooperativa incurre en causa de descalificación, requerirá a la cooperativa para que lo subsane en un plazo no superior a los seis meses desde la notificación o la publicación de dicho requerimiento. Su incumplimiento originará la incoación del expediente de descalificación.

[100] En la normativa autonómica cooperativa, como se ha señalado, cabe la convocatoria de la asamblea general para acordar, en su caso, la transformación de la sociedad cooperativa.

[101] Cfr., VAZQUEZ RUANO, T., «Disolución, liquidación, extinción y renovación de la sociedad cooperativa canaria», en Régimen jurídico de las sociedades cooperativas canarias (ley 2/20233, de 31 de octubre, de sociedades cooperativas canarias, Alfonso Sánchez, R., y Domínguez Cabrera, M. del P., (Dirs.), 2025, p. 418.

[102] En el ámbito social, el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, dedica el capítulo V, artículo 38, a las infracciones en materia de sociedades cooperativas.

[103] Cfr., PUYALTO FRANCO, M. .ª J., «La administración pública y las cooperativas», en Régimen jurídico de las sociedades cooperativas canarias, op. cit., pp. 552-553 y DÍEZ ACIMAS, L.A.: «La función inspectora en materia de sociedades cooperativas», Deusto Estudios Cooperativos, núm. 5, 2014, págs. 43-75.

[104] Así, dentro del procedimiento de descalificación, el artículo 153.4.a) LCC establece que una vez incoado el expediente de descalificación, en relación a determinadas causas (inactividad de los órganos sociales durante dos años consecutivos; no realización del objeto social durante dos años consecutivos; reducción del número de socios por debajo del mínimo legal por un período superior a un año y no incorporación de un tercer socio, en las cooperativas constituidas con dos socios, en el plazo y en la forma que se establece en la Ley) el departamento competente en materia de cooperativas debe notificar la incoación y dar un plazo mínimo de dos meses a la cooperativa, a contar desde la fecha de la notificación, para que subsane la causa de descalificación o para que, dentro de este plazo, presente las alegaciones, documentos y justificaciones que estime pertinentes. En el supuesto relativo a la comisión de una infracción muy grave de normas imperativas o prohibitivas de la presente ley, si es de grado máximo, debe darse audiencia a la cooperativa, que puede presentar, en un plazo no inferior a quince días ni superior a un mes, las alegaciones, documentos y justificaciones que estime pertinentes. También, el artículo 189.2.b) LSCE regula que una vez incoado el expediente de descalificación se le deberá notificar la incoación y conceder a la sociedad cooperativa un plazo mínimo de dos meses, a contar desde la fecha de notificación, para que subsane la causa de descalificación o para que, dentro de este plazo, presente las alegaciones, documentos y justificantes que estime pertinentes.

 

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a) The authors retain the intellectual property rights to their work, but grant the Publisher (University of Deusto) the exclusive, royalty-free right to first publish, exploit and sub-license the work worldwide, in all forms and media, for the purposes of information, dissemination, public outreach, education and research, including its inclusion in the databases in which the journal is indexed and in the institutional repository of the University of Deusto.

b) The authors retain the right to present, display, distribute, adapt and publish their work in order to further their academic careers, provided they give due credit to their original publication in BAIDC. In this regard, they may make their article available for archiving in repositories or on personal websites, as well as use copies for teaching purposes or as a basis for future research, provided they give due credit to the original source. Furthermore, they may subsequently publish the work in other media or journals, provided that the first footnote clearly states that the work was originally published in BAIDC (including the issue number, year, page numbers and DOI), and in a manner that does not suggest that the Journal and/or the Publisher (University of Deusto) endorses such subsequent publication or the other media or journals in which it appears.

c) The authors warrant that no permissions, authorisations or licences of any kind have been or will be granted that might infringe the rights granted to the Publisher.

3. Legal notice

Responsibility for the content of published works lies solely with the authors. Furthermore, they undertake to obtain the necessary permissions for the reproduction of any text, material or illustration sourced from third parties. Consequently, they shall be solely liable for any claims of plagiarism or infringement of intellectual property rights.

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